LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SE ACENTÚA
EN
MEDIO DE LA PANDEMIA
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
La violación a los derechos humanos fundamentales se ha profundizado en
Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro, incluso durante la cuarentena
decretada debido a la pandemia del Covid19.
Dos hechos recientes ejemplifican esta grave situación: Los disparos de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) contra ciudadanos que reclamaban
irregularidades en la cola para surtir gasolina en una estación de Aragua de
Barcelona, resultando un fallecido y un herido de bala[1].
Ante esa agresión la fiscalía designó dos fiscales para investigar los hechos y
posteriormente fueron detenidos cuatro miembros de la GNB[2]
. El pasado 15 de julio otro ciudadano resultó muerto durante una protesta
popular por irregularidades en el suministro de gasolina en Isla de Toas
(Zulia), en donde la GNB aparentemente disparó contra un pescador que
protestaba[3]. El 13 de
agosto resultó muerta otra persona en un tiroteo suscitado en una bomba de
gasolina en Maracaibo.
Desde hace meses hay graves irregularidades en las estaciones de gasolina al
momento de surtir combustible. Colas que duran hasta varios días para poder
echar gasolina, y una constante acción ilegal de los funcionarios militares en
concierto con los trabajadores de dichas estaciones de servicio, los cuales
ingresan muchos vehículos que no han hecho cola pero que sí han pagado la
respectiva “coima”, muchas veces en dólares. Las protestas de los ciudadanos
molestos y hartos son diarias a lo largo y ancho del país, y los casos de
agresión física dentro de las estaciones de gasolina se presentan con mucha
frecuencia.
El otro hecho destacado ha sido el desalojo de las residencias
estudiantiles “Livia Gouverneur” en Caracas, con el argumento de que van a ser
utilizadas para alojar pacientes del covid19. En una violación de los derechos
de los estudiantes afectados, el gobierno realizó un allanamiento a media
noche, aplicando pruebas PCR cuya veracidad fue puesta en duda por los mismos estudiantes (como se observa su
denuncia en numerosos videos)[4]. Los estudiantes
finalmente fueron desalojados por la fuerza, y algunos de ellos detenidos por un
tiempo[5]. No se
tomó en cuenta que muchos estudiantes que provienen del interior del país
trabajan a la vez que estudian (obligados por la grave crisis económica que afecta
también a sus familias), que en Caracas tienen mejor acceso a internet que en
sus lugares de origen, y que regresarlos a su casa puede significar simplemente
el abandono definitivo de sus estudios.
Otra violación reiterada de derechos humanos fundamentales,
como el derecho a la vida, son las constantes muertes de ciudadanos en
supuestos enfrentamientos con fuerzas policiales. El pasado 11 de junio en la
carretera Caracas-La Guaira, fueron asesinados cinco ciudadanos por el FAES
(Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana-PNB). Ante el
pronunciamiento público de una ministra denunciando ese asesinato[6], en lo que
calificó de “actuación aberrante de esos funcionarios”, la fiscalía ordenó la
detención de cinco integrantes del FAES, por “el exceso y uso desproporcionado
de la fuerza”[7].
La muerte de ciudadanos que supuestamente hacen “resistencia a la
autoridad” se han multiplicado exponencialmente en la última década. Connotados
investigadores universitarios[8] han
resaltado que, según las propias cifras aportadas por las autoridades, entre
los años 2010 y 2018 “han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del
Estado unas 23.688 personas”. Sólo en el año 2018 los datos oficiales reflejan
5.287 muertes a manos de las policías[9].
Provocando que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes aumentara de
2,3 % en 2010, hasta 16,6 % en 2018, un aumento del 622%.
El porcentaje de muertes en acciones policiales en comparación con el total
de homicidios en Venezuela, que en 2010 era apenas del 4%, llegó en 2018 al
33%, lo que implica que uno de cada tres homicidios en el país es consecuencia
de la acción de las fuerzas de seguridad del Estado. Son cifras más propias de
un país en guerra civil, y no de un país en supuesta paz social.
Las FAES, creadas en 2017, han terminado de consolidar una visión que
concibe la actuación policial como una cuestión militar y de seguridad
nacional. El resultado son los miles de ciudadanos asesinados en la
última década. En los hechos, el gobierno de Maduro ha implementado la pena de
muerte mediante ejecuciones sumarias de supuestos delincuentes, una violación
gravísima de nuestra Constitución Bolivariana, generando un clima de terror en
los barrios más humildes de todas las ciudades del país.
El gobierno mantiene una
constante persecución y represión hacia las organizaciones e individualidades
que le hacen oposición política, o que simplemente ejercen sus derechos
ciudadanos al denunciar irregularidades en la administración pública. Esta
represión ha llegado hasta el asesinato de dirigentes opositores como el
concejal Fernando Albán en octubre de 2018, que fue lanzado por una ventana del
10º piso del edificio del SEBIN[10] en
Caracas, luego de ser torturado mientras estaba detenido, como denunciaron sus
abogados en base a evidencias observadas en el cadáver[11].
Otro caso es el capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado mediante torturas en
junio de 2019[12]. La
represión hacia la oposición política tuvo también una expresión lamentable en
las decenas de jóvenes asesinados en las calles por los cuerpos policiales y
militares mientras se desarrollaban las protestas populares del primer semestre
de 2017.
La represión política, las
detenciones y torturas a los detenidos se extienden a dirigentes obreros y
periodistas que ejercen sus derechos constitucionales[13].
Como el caso del dirigente sindical Rubén González, sometido a tribunales
militares a pesar de su condición civil[14]
y Rodney Alvarez, ambos trabajadores de Ferrominera. Alfredo Chirinos y Aryenis
Torrealba, ingenieros de PDVSA que denunciaban casos de corrupción y fueron
detenidos y torturados por el DGCIM[15],
acusados de traidores a la patria. Javier Vivas Santana, columnista de la web
aporrea, detenido en marzo/2020 por sus escritos críticos hacia el gobierno[16]. El
dirigente político y comunicador Nicmer Evans, detenido en julio/2020, acusado
de “instigación al odio”[17]. Y
la desaparición de Alcedo Mora en 2015, luego de denunciar hechos de corrupción
en la distribución de gasolina.
La llamada “Ley contra el odio”
aprobada por la inconstitucional “Asamblea Nacional Constituyente” en noviembre
de 2017[18], ha
permitido al gobierno perseguir y silenciar a espacios comunicacionales y
dirigentes sociales que cuestionan las irregularidades en la acción gubernamental.
Es una ley que se aplica únicamente contra los que hacen oposición política al
gobierno. El mismo presidente Maduro y muchos líderes del PSUV hacen constante
apología al odio hacia sus opositores, sin que hasta el presente se haya
levantado ninguna investigación contra ellos. Es una ley “ad hoc” utilizada
como arma de control social y represión política de acuerdo a su conveniencia.
La persecución al periodismo
crítico también se expresa en el bloqueo de páginas web como aporrea. También
se persiguen los espacios de crítica y denuncia al cuestionar, el propio presidente
Maduro[19], a
la organización Provea[20], de
relevante trayectoria por 30 años en la defensa de los derechos humanos en
Venezuela.
La política ultraneoliberal de
salarios de hambre (Salario Cero) que ejecuta desde hace años el gobierno de
Maduro es otro escenario de violación de derechos humanos fundamentales y de la
propia constitución nacional[21]. La
remuneración del trabajo ha desaparecido en la Venezuela supuestamente
“socialista” de Maduro, pues hoy el salario mínimo más el bono de alimentación
apenas superan los tres (3) dólares mensuales, contrastando esa dura realidad
que vivimos todos los trabajadores en este país con los salarios mínimos del
resto de países latinoamericanos[22] que
no se reivindican como “socialistas” ni “obreristas”: Uruguay, 462 dólares
mensuales; Chile, 431; Ecuador 394; Paraguay, 355; Argentina 298; Perú, 275;
Brasil, 257; Colombia, 254; México, 156; y Haití, 59. La supervivencia de los
trabajadores y sus familias en Venezuela está en grave riesgo debido a la
imposibilidad de alimentarse y mucho menos de cubrir otros gastos básicos con
un salario de tres dólares al mes.
La violación de los derechos
humanos se extiende a múltiples expresiones de los derechos sociales consagrados
en la Constitución, como lo son:
·
El derecho a la salud. Señalando el déficit en
médicos y enfermeras debido a la enorme migración debido a los bajos salarios;
unido a las carencias de equipos, insumos médicos y medicinas para atender
pacientes en los hospitales públicos y ambulatorios. La disminución de campañas
preventivas de vacunación y la reaparición de enfermedades que estaban
erradicadas desde hace décadas (como la malaria y la tuberculosis)[23].
·
El derecho a la seguridad social, en donde resalta
la casi desaparición del valor real de las pensiones, cuyo monto hoy apenas
supera un (1) dólar mensual. Lo que ha colocado a centenares de miles de
ancianos al borde de la inanición por la incapacidad de alimentarse ni siquiera
un día con el ingreso que perciben del estado.
·
El derecho a la educación, al reducir al mínimo
y casi desaparecer los presupuestos destinados al sistema educativo en todos
sus niveles. Resaltando la desaparición absoluta del financiamiento a la
investigación científica en las universidades y de todas las actividades
relacionadas con la academia.
·
Los derechos de los pueblos indígenas, en donde
resalta todo un conjunto de violaciones ubicadas en la explotación del Arco
Minero del Orinoco[24] y
en las recientes resoluciones del CNE eliminando el voto directo de los pueblos
indígenas para elegir la Asamblea Nacional.
·
La violación de prácticamente todos los derechos
laborales consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo
(LOTTT), resaltando el memorando
2792 del ministerio del trabajo de octubre de 2018, que desconoció todas las
contrataciones colectivas vigentes en la administración pública y en el sector
privado, barriendo en un solo acto las conquistas obreras que se habían logrado
durante el período de Hugo Chávez. La política de “aplanar” las tablas
salariales, violenta el principio
constitucional de progresividad en los derechos laborales, desconoce la
antigüedad, la capacitación profesional y técnica, los grados de
responsabilidad y la meritocracia de los trabajadores.
·
Al
calificar como “bioterroristas” a los connacionales que regresan a través de
pasos fronterizos ilegales[25]
(trochas), se genera una instigación al odio y se abre la puerta a la represión
policial-militar, se expone al desprecio público y se somete de hecho a malos
tratos, a todos los ciudadanos que están regresando al país porque perdieron
sus trabajos en los respectivos países adonde habían emigradoEl llamado “plan
vuelta a la patria” de Maduro ha terminado en su contrario: “no regresen, que
aquí no los queremos”.
·
Existen
deficiencias graves en el suministro de agua, electricidad, gas doméstico,
telefonía fija y aseo urbano en buena parte del país, llegando hasta semanas,
meses y años, el tiempo en que el Estado deja de suministrar dichos servicios.
El transporte público urbano e interurbano también se ha reducido
significativamente.
La violación de los derechos humanos fundamentales consagrados en la
constitución y las leyes de la República ha sido una constante durante el
gobierno de Nicolás Maduro. De facto, el gobierno mantiene un estado de
excepción permanente, suspendiendo garantías constitucionales que no pueden ser
obviadas en ninguna circunstancia, como el derecho a la vida, la prohibición de
incomunicación y tortura, el debido proceso, el derecho a la información y
demás derechos intangibles (artículo 337 de la Constitución).
Más que denunciar esta grave situación que está convirtiendo a Venezuela en
un territorio donde no existe el imperio de las leyes, y el abuso contra los
ciudadanos es una política de estado, hoy más que nunca se plantea la necesidad
de una solución urgente a la profunda crisis que en todos los órdenes atraviesa
el país. Una solución que, como hemos propuesto reiteradamente en el último
año, debe buscarse por medios pacíficos, democráticos y constitucionales, a
partir de acuerdos consensuados entre todos los sectores políticos y sociales
del país.
República Bolivariana de Venezuela, 19 de agosto
de 2020.
Santiago Arconada, Juan García, Edgardo
Lander, Roberto López Sánchez, Gustavo Márquez Marín, Oly Millán Campos,
Esteban Emilio Mosonyi, Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio.
[10]
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
[13]
Existen hoy en Venezuela varios centenares de presos políticos, incluyendo un
centenar de militares.
[15]
Dirección general de contrainteligencia militar.
[20]
Programa Venezolano de educación-acción en derechos humanos.