LA LUCHA DE LOS
TRABAJADORES POR EL SALARIO ES LA MISMA LUCHA POR RECUPERAR LA CONSTITUCIÓN Y
LA DEMOCRACIA
Roberto López Sánchez
El problema
principal que se le plantea a la clase trabajadora venezolana, es que el nivel
de destrucción de los derechos laborales y sociales que ha ejecutado el
chavismo es tan grande, que su recuperación, al menos a los niveles de
comienzos de siglo, costará mucho tiempo, siempre y cuando se fortalezca está
unidad sindical y gremial que está surgiendo en Venezuela.
En los últimos
meses, han surgido expectativas y esperanzas en el seno de los trabajadores
venezolanos, referidas a que la actual dictadura tutelada de Delcy Rodríguez
pueda emitir un decreto de aumento salarial para toda la administración
pública. Opinamos que esas esperanzas son totalmente infundadas. La lucha
histórica de la clase trabajadora mundial ha conquistado reivindicaciones ante
el capital solo en base a su propio esfuerzo de movilización y organización.
No solamente el
gobierno de Delcy es la continuidad exacta del anterior gobierno de Maduro,
autor de la aniquilación total del derecho laboral en Venezuela, sino que por
encima de Delcy se ha colocado la garra imperial de Donald Trump, cuyos
intereses están a años luz de las aspiraciones de los trabajadores venezolanos,
y en cambio buscan en nuestra patria, únicamente, el más descarado saqueo de
nuestras abundantes riquezas naturales, como sus propios personeros lo dicen a
diario sin ningún rubor.
Los derechos de los
trabajadores sólo podremos recuperarlos los propios trabajadores. Aquí en
Venezuela se aplicó, durante la última década, el más brutal programa económico
neoliberal que haya visto y sufrido el pueblo latinoamericano. Nuestro país
pasó en un solo viaje, de aprobar una avanzada ley laboral, en 2012, la LOTTT,
a la conculcación de hecho de esos mismos derechos, mediante el Memorándum 2792
del ministerio del trabajo en 2018, el Instructivo Onapre de 2022, y el
ejercicio de una represión brutal por parte del gobierno (ministerio del
trabajo, cuerpos policiales y militares, poder judicial, fiscalía y defensoría,
y muchas otras instituciones del Estado), que despidió, persiguió, amedrentó,
chantajeó, detuvo, desapareció y condenó a decenas de dirigentes sindicales y
gremiales que intentaron hacer valer los derechos que formalmente consagra
nuestra Constitución y demás leyes.
Con la desaparición
del salario, al reducirlo a menos de 0,25 dólares mensuales, el gobierno de
Maduro, y ahora el de Delcy, destruyó todo el sistema de seguridad social que
estaba consagrado en el artículo 86 de la CRBV. Al no existir el salario, que
es la base de cálculo para determinar el financiamiento solidario que debía ser
aportado por el Estado, por los patronos privados y por los trabajadores, toda
la seguridad social desapareció, y los trabajadores perdimos la protección “en
contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades
catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida
de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de
la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social”, que están
consagradas en ese artículo 86.
El sistema de los
“bonos”, y la entrega de bolsas de alimentos, son totalmente equivalentes al
antiguo sistema de esclavitud que impuso el Estado Español durante los
trescientos años de dominio colonial. La retribución del salario como producto
del trabajo, que se generalizó en Venezuela durante el siglo XIX en la medida
en que el país se integró al sistema capitalista mundial, lo desapareció
Maduro, e impuso por la fuerza un régimen de esclavitud que apenas te aporta
miserias para que el trabajador no se muera de hambre (aunque si te puedes
morir de cualquier enfermedad simple, que no puedes tratarte por no existir el
sistema de salud contemplado también en la constitución).
Maduro, en conjunto
con Delcy, su vicepresidenta, y toda la alta dirigencia del PSUV y alto mando
militar, aniquilaron derechos laborales y sociales que se habían conquistado
desde hace casi un siglo, a partir de la huelga petrolera de 1936-37. Nos
retrocedieron a los regímenes laborales del siglo XIX, e incluso, a lo que
existió hasta 1854, la esclavitud como sistema de trabajo productivo.
Maduro-Delcy
aplanaron toda la escala salarial de la administración pública. Hoy en
Venezuela, un profesional con maestría y doctorado, obtiene un “ingreso”
exactamente igual al que recibe un trabajador recién ingresado y sin mayor
nivel educativo (menor a bachiller). No existe ningún tipo de incentivo
material para que la ciudadanía estudie y se prepare para aportar a cualquier
plan de desarrollo de la nación. Seas obrero raso, o seas doctor con varias
especialidades, tus ingresos serán iguales. Iguales de bajos, porque la sumatoria
de los bonos no llega en ningún caso ni a los 200 dólares, a pesar de que la
canasta alimentaria familiar oscila entre los 600 y 700 dólares, y la canasta
normativa está por el orden de los 1.500 dólares.
Esta política de
salario cero y de destrucción del ingreso familiar, ha servido para desmantelar
a la vez al sistema universitario, al generar una migración masiva de
profesionales de muy alta calificación. En cualquier universidad
latinoamericana, un profesor del más alto escalafón recibe un salario alrededor
de los tres mil dólares, cuando aquí en Venezuela no recibe salario, y el
“ingreso” o bonificación esclavista que instauró Maduro no llega a los 200
dólares. Más bien es milagroso que aún existan profesores universitarios en las
instituciones públicas venezolanas.
Otro elemento que
también desapareció con la política madurista de salario cero, fueron las cajas
de ahorro, que funcionaron por décadas como instituciones de mutuo auxilio,
organizadas por asociaciones de trabajadores para contribuir a las necesidades
básicas del grupo familiar de cada trabajador. Teniendo en Venezuela una
existencia de más de 80 años, en algunos casos, las cajas de ahorro funcionaron
por décadas para resolver necesidades de las familias trabajadoras que
generalmente eran de difícil solución al considerar los bajos ingresos
salariales. Al desaparecer el salario, y con ello desaparecer cualquier
posibilidad de ahorro para los trabajadores, Maduro aniquiló un mecanismo
solidario que la misma clase trabajadora había consolidado en las distintas
instituciones públicas y privadas de Venezuela.
La conclusión, que
todo trabajador venezolano conoce y sufre desde hace años, es que la
desaparición del salario y la abolición en la práctica del derecho laboral en
Venezuela, retrotrajo al país al siglo XIX. Milton Friedman, si resucitara,
iría hasta la cárcel donde tienen a Maduro para abrazarlo, porque logró
destruir lo que él siempre se propuso. Maduro aniquiló todos los derechos que
los trabajadores venezolanos conquistaron en el último siglo, y lo hizo,
irónicamente, en nombre de su supuesto “socialismo”.
Si existe un logro
histórico conquistado por el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), ha sido
la implementación más brutal del modelo de flexibilización laboral que
concibieron los teóricos neoliberales de los 70 y 80, logrando niveles de sobre
explotación del trabajo que no había logrado el capitalismo mundial ni siquiera
en las férreas dictaduras militares de esas décadas.
Yo no sé si esta
salvaje conquista del PSUV pueda calificarse como crimen de lesa humanidad. Lo
que sí puedo afirmar es que en los hechos ha sido una especie de “genocidio
programado”, al dejar sin sustento a millones de ciudadanos de la tercera edad,
que perdieron sus pensiones y jubilaciones al desaparecer el salario que las
constituía, y quedar a la buena de dios ante cualquier contingencia de salud,
que se presentan sin falta en todos los seres humanos a medida que van
envejeciendo y entran en una situación en la cual ya no pueden seguir
trabajando, aunque quieran, debido a las limitaciones físicas y mentales que
comienzan a padecer.
El salario cero, la
desaparición de las contrataciones colectivas, la aniquilación de toda la
seguridad social, el despido de los trabajadores que luchan por sus derechos
(despido, enjuiciamiento y condenas de largos años de cárcel, en muchos casos),
es una facilidad que no la van a desperdiciar las grandes multinacionales,
dueñas del mundo, al momento de venir a invertir en Venezuela.
Esta destrucción de
derechos laborales y sociales son parte de las "ventajas
comparativas" que ofrece actualmente Venezuela a los inversionistas
gringos y de cualquier otro país.
Sólo la lucha de
los trabajadores recuperará el salario como derecho constitucional, y demás
derechos sociales que se supone consagra nuestra Constitución.
Contar con los
gringos para recuperar estos derechos, es pura ilusión. Acaso aceptarán un
mínimo salarial para buscar contener la migración de trabajadores hacia USA y
América Latina (porque de hecho, la migración continúa, no se ha detenido).
Por eso es que esta
unidad sindical y gremial que estamos construyendo en Venezuela, debe seguir
actuando, aún si llegase a caer el gobierno de Delcy (por elecciones u otra
causa), y asumiera un gobierno opositor.
En todas partes del
mundo, los trabajadores se representan a sí mismos, y no esperan que las
dádivas de otras fuerzas sociales sean las que mejoren sus condiciones de vida
y de trabajo, y las de sus familias.
Vaya todo nuestro
respaldo al Acuerdo Sindical Unitario que se logró el pasado mes de diciembre
entre todas las centrales de trabajadores independientes (distintas a la
oficialista CBST), es decir, entre la CTV, CUTV, UNETE, CGT, CODESA y ASI,
acuerdo que ha impulsado las significativas jornadas de protesta laboral
desarrolladas en todos los estados del país los días 26 de febrero, 12 y 23 de
marzo, y que en este momento cuenta con la participación de más de 200 organizaciones
sindicales en todo el país.
Se ha introducido
ante el Ministerio del Trabajo y ante la Asamblea Nacional un pliego de
peticiones que resume el diagnóstico y la caracterización que el movimiento de
trabajadores de Venezuela tiene sobre esta profunda crisis laboral que vivimos,
y que exige principalmente (https://bitacoraeconomica.com/trabajadores-y-sindicatos-consignaron-pliego-de-exigencias-salariales/)
(https://lis-isl.org/es/2026/02/pliego-de-exigencias-legitimas-de-los-trabajadores-a-los-organos-del-poder-publico-de-venezuela/)
:
·
Restitución del salario como remuneración del trabajo,
a partir del art. 91 de la CRBV, que permita cubrir el costo de la canasta
básica familiar.
·
Restablecer la discusión de las contrataciones
colectivas de trabajo.
·
Libertad plena e inmediata de todos los trabajadores
que permanecen detenidos.
·
Derogar las leyes que han servido para criminalizar
las luchas de los trabajadores, como la Ley contra el odio, ley Simón Bolívar y
decreto de conmoción exterior.
·
Dejar sin efecto el Memorandum 2792 y el Instructivo
Onapre.
·
Cesar toda persecución contra la actuación de
sindicatos y dirigentes que hagan valer los derechos contemplados en la
Constitución y las leyes.
Como integrante del
Comité Nacional de Conflicto – Trabajadores en Lucha (CNC-TL), principal
espacio de unidad sindical nacional que promueve este renacer de la lucha
laboral en Venezuela, comprometemos nuestro esfuerzo, desde nuestra condición
de representante de la Asociación de Profesores de LUZ ante la Federación
Nacional FAPUV, y desde la UNASSG (Unión Nacional de Acción Social, Sindical y
Gremial del Zulia), en nuestra condición de Coordinador Gremial.
¡¡ POR LA CONQUISTA
DE UN SALARIO DIGNO ¡¡
¡¡ LA LUCHA DE LOS
TRABAJADORES APENAS COMIENZA ¡¡
Maracaibo, Tierra
del Sol Amada. 29 de marzo de 2026.
