PROCESOS LABORALES EN EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES DURANTE LA “REVOLUCIÓN BOLIVARIANA” (1999-2012)

PROCESOS LABORALES EN EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES DURANTE LA “REVOLUCIÓN BOLIVARIANA” (1999-2012)¹

Roberto López Sánchez². Carmen Alicia Hernández Rodríguez³. Maracaibo, Venezuela.

RESUMEN.

El trabajo resume y analiza brevemente los procesos laborales desarrollados en Venezuela a partir de 1999, en el marco de la denominada “Revolución Bolivariana”. Son estudiados el cooperativismo; los delegados de prevención y las políticas de salud y seguridad laborales; las tomas de fábricas en el marco del paro patronal-petrolero de 2002; las nacionalizaciones y el control obrero. Luego de una fracasada experiencia de promoción de cooperativas, el proceso bolivariano permitió el desarrollo de significativas experiencias de participación obrera en la gestión de la actividad productiva, creando escenarios inéditos como los delegados de prevención y los consejos de trabajadores, resaltando que las formas de organización sindical han mantenido igualmente su presencia a todo lo largo del período estudiado. Venezuela ha presenciado en la última década la democratización de escenarios productivos y de formas de organización laboral como tal vez no ocurra en otro país del mundo actual. La patria de Bolívar se ubica a la vanguardia de experiencias de transformación económica en un contexto mundial que retrocede a formas de explotación que se creían superadas por el capitalismo global.

Palabras clave: cooperativismo, control obrero, delegados de prevención.

INTRODUCCIÓN

El período de la llamada “Revolución Bolivariana” ha modificado significativamente el panorama laboral en Venezuela. Los trabajadores han intervenido como actores políticos de relevancia en el panorama nacional y han logrado significativas conquistas, lo que ha permitido colocar a Venezuela en el centro del debate mundial en cuanto a los modelos productivos y las formas de organización de la masa trabajadora. Con el presente trabajo pretendemos exponer brevemente las distintas expresiones de organización productiva que se han impulsado en Venezuela desde 1999, con el objetivo de contribuir al debate sobre un nuevo modelo de desarrollo económico que intenta abrirse paso en el marco de la crisis mundial que atraviesa el capitalismo, reflejada en el hundimiento de la Unión Europea y la debacle de la economía estadounidense. Por razones de espacio, no hemos podido incorporar el análisis de los consejos de trabajadores, que esperamos poder abordar en otro artículo.

LAS COOPERATIVAS COMO POLÍTICA DE ESTADO Y COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PRODUCTIVO

El gobierno de Hugo Chávez promovió con fuerza en sus primeros años el desarrollo del cooperativismo como modelo económico alternativo. Según algunos autores, el impulso del cooperativismo buscaba disminuir la influencia del sector privado en la economía venezolana (Vargas y Núñez, 2011: 104). Como buena parte de la gestión pública implicaba contratar con empresas privadas, el gobierno se propuso impulsar las cooperativas para que “compitieran” con el capital privado en el suministro de diversos servicios al estado, incluyendo el aspecto productivo.

En el año 2001 se promulgó la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC), con la intención de crear un tejido organizaciones de economía social, en el marco de la nueva Constitución aprobada en 1999, que consagraba el cooperativismo, las empresas comunitarias y toda forma asociativa que se guíe por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad (art. 70 de la CRBV).

El impulso del cooperativismo se desarrolló fundamentalmente a través de la Misión Vuelvan Caras, creada en 2004. En apoyo a esta iniciativa se creó el Ministerio para la Economía Popular, que ahora se denomina Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal. A este ministerio se adscribieron una serie de instituciones fomentadoras de las cooperativas, como el Banco del Pueblo Soberano, el Fondo de Desarrollo Microfinanciero, el Banco de la Mujer, el Fondo de Desarrollo para el Fomento de la Agricultura y la Pesca, el Instituto Nacional para la Pequeña y Mediana Empresa, y el Fondo de Crédito Industrial. Se crea también la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop), con el objetivo de regular la creación y funcionamiento de las mismas. Y como entes de capacitación se adscribieron el Instituto para el Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista (Vargas y Núñez, 2011: 105).

El objetivo general de la Misión Vuelvan Caras fue el de contribuir a la construcción de un nuevo modelo económico-social (Lander y Navarrete, 2009: 82). Esta misión consistía en un plan de formación profesional para desempleados. Los beneficiarios, llamados “Lanceros”, fueron organizados en cooperativas desde las mismas aulas de talleres. Al terminar la formación, podían tener acceso a un crédito para financiar un proyecto productivo (Colina Rojas, 2006: 231).

La constitución de cooperativas tuvo a partir de esta iniciativa un crecimiento verdaderamente explosivo. Para 1999 existían 820 cooperativas registradas, las cuales se elevaron levemente a 1000 cooperativas registradas para el año 2002 Luego se llegó a 104.070 registradas para enero de 2006, una cifra enorme en el contexto mundial, si se compara con un país como Brasil, el cual para 2005 tenía sólo 7.518 cooperativas registradas (Colina Rojas, 2006: 228). Para el 2007, Sunacoop tenía 193.113 cooperativas registradas en todo el país, aunque la misma superintendencia informaba que de ellas 124.598 se encontraban inactivas (Vargas y Núñez: 2011: 108).

Esta cifra de cooperativas inactivas revelaba las dificultades profundas que atravesó la iniciativa gubernamental de crear una economía social alternativa al empresariado privado. Las cooperativas eran asignadas en muchos casos a los llamados NUDES (Núcleos de Desarrollo Endógeno), los cuales tuvieron muchas dificultades en su funcionamiento debido a las trabas existentes para la transferencia de activos del Estado y de créditos para completar la infraestructura productiva (Colina Rojas, 2006: 235).

Vargas y Núñez consideran que uno de los factores que dificultó la actividad de las cooperativas fue la eliminación de la norma que prohibía registrar dos cooperativas de la misma actividad en una circunscripción (Vargas y Núñez, 2011: 110). Con esto se vulneró el principio de cooperación y se dio cabida a la competencia entre cooperativas, cuando lo ideal es que se refuercen mutuamente, para poder contrarrestar la presencia de empresas capitalistas en un sector. Los autores proponen que una futura reforma de la ley de cooperativas debería corregir esta falla.

Por otra parte, muchas de las cooperativas constituidas se contentaron con funcionar mediante los créditos que recibían del Estado, sin generar procesos productivos que condujeran a la autosuficiencia y fomentara a la vez la organización popular autónoma. Proliferaron las cooperativas “de maletín”, que permitieron el despilfarro de recursos del Estado a niveles considerables (aparte de la corrupción inherente a esta práctica).

El fomento del cooperativismo también se encontró con trabas dentro de la propia administración pública. En las prácticas tradicionales del Estado venezolano, la contratación con el empresariado privado implicaba jugosas “comisiones” para los funcionarios que decidían con cual empresa contratar. Como la entrada de las cooperativas en la escena socioeconómica no permitía la continuación de dichas prácticas corruptas, no pocas veces los mismos funcionarios del Estado sabotearon solapadamente el desarrollo de la contratación con cooperativas. Esta situación se extendió a otras manifestaciones cuando las anteriores empresas privadas que contrataban con el Estado asumieron ellas mismas la conformación como falsas cooperativas, para poder continuar contratando como antes lo hacían.

Resultando entonces que el propio Estado favorecía la perversión del cooperativismo. Una práctica deformante que también comenzó a manifestarse consistió en la burla de los derechos laborales de los trabajadores mediante el mecanismo ya mencionado de asumir las empresas capitalistas una figura jurídica de cooperativa. De esta forma, el cooperativismo comenzó a ser visto como una figura repudiada por las masas de trabajadores, puesto que sus derechos laborales consagrados en la CRBV y la LOT están exceptuados de cumplirse dentro de una cooperativa.

El explosivo crecimiento del número de cooperativas implicó también que se modificara la distribución sectorial de las mismas. Durante casi 30 años, desde 1960 hasta 1999 las cooperativas más numerosas en Venezuela fueron las de ahorro y crédito, las cuales significaban el 32 % del total de cooperativas para 1997. Para el 2005 ese porcentaje se había reducido al 1 %, pasando entonces a ocupar el papel principal las cooperativas de servicios (53 %) y las de producción de bienes (30 %).

Pero esta característica positiva (el crecimiento de las cooperativas de producción) tiende a diluirse cuando se analiza el tamaño de cada una de ellas medido por el número de miembros. En 1997 el número promedio de asociados en las cooperativas venezolanas era de 263. Actualmente las cooperativas venezolanas tienen un promedio de diez (10) asociados; mientras en los países europeos ese promedio es de 631 y en Brasil de 903.

Igual ocurre al considerar el cociente, es decir, número de asociados sobre el total de habitantes. Mientras en Europa casi la cuarta parte de la población pertenece a algún tipo de cooperativa, en el caso venezolano ese cociente apenas alcanza el 2%, siendo inferior al de otros países latinoamericanos, como Brasil (4 %), Chile (8%) y Colombia (7 %).

El pequeño número de asociados en las cooperativas venezolanas se produce incluso en sectores como las de Ahorro y Crédito y las de Consumo, en los cuales se necesita un gran número de asociados para un funcionamiento efectivo. Para 2005, las cooperativas de ahorro y crédito tenían un promedio de asociados de sólo 20 personas, y las de consumo apenas 8 personas (Colina Rojas, 2006: 242).

Estas cifras son reveladoras de mecanismos tal vez demasiado apresurados e improvisados para la creación de nuevas cooperativas. En muchos casos pareciera que la formación de cooperativas se produjo por el deseo de pocas personas por acceder en muy corto plazo a créditos del Estado. Las cifras de cooperativas inactivas (64% del total) indica que probablemente muchas de ellas se limitaron a recibir el crédito oficial, sin desarrollar posteriormente actividad alguna.

Las razones que llevaron al relativo fracaso de la propuesta cooperativista impulsada desde el Estado durante los primeros años del gobierno de Chávez pueden resumirse en:

• El haber permitido el registro de más de una cooperativa de la misma actividad en cada circunscripción territorial, lo que estableció formas de competencia entre cooperativas, abandonando el principio de complementariedad.
• El haber permitido la creación de miles de cooperativas que carecían de la más elemental formación en los principios del cooperativismo. Esta situación dio pie a la tergiversación del cooperativismo, introduciendo prácticas reñidas con el mismo que generaron entre la población un relativo desprestigio de las cooperativas como forma de organización social. La práctica más común consistió en disfrazar de cooperativas las anteriores empresas mercantiles contratistas, para poder seguir contratando con el Estado.
• El fomentar la dependencia de las cooperativas del financiamiento por parte del Estado, debilitando su capacidad productiva y su autonomía.
• Una de las prácticas perversas introducidas en esta forma de cooperativismo promovido desde el Estado fue la violación descarada de los derechos laborales de los trabajadores contratados por las cooperativas, lo que generó un repudio general entre la masa trabajadora hacia la existencia de cooperativas, pues terminaron siendo sinónimo de corrupción y manejos fraudulentos para burlar la legislación laboral. La actuación de compañías mercantiles bajo la figura jurídica de cooperativas tergiversaron los principios fundamentales del cooperativismo establecidos en la propia LEAC, tolerado por la casi nula actuación de Sunacoop.

Las condiciones de pobreza existentes en Venezuela llevaron al gobierno bolivariano a plantearse la inclusión social y la redistribución de la riqueza como objetivos de la política económica. En el marco de esa política, la Misión Vuelvan Caras terminó concentrando el gran esfuerzo cooperativista del gobierno, intentando construir una economía social como modelo alternativo al predominio de la empresa privada capitalista. Pero los errores en la implementación de esa política, junto a la escasa madurez “cooperativista” del pueblo venezolano, influyeron en el fracaso relativo de esta política, aunque las experiencias aportadas pueden contribuir en los esfuerzos futuros por alcanzar un modelo económico alternativo ante una globalización neoliberal que parece tragarse la soberanía de las naciones y los derechos de los pueblos del mundo.

LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

La defensa de la salud y seguridad en el trabajo desarrolló su base legal a partir de la Constitución de 1999 (artículos 83 y 87). Esta base legal permitió la reforma integral de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) en 2005, que supuso un salto cualitativo vital, al conquistar mecanismos de participación e instituciones que contribuyeran a garantizar la vida y la salud en el trabajo (Rondón, 2012).

A partir de la reforma de la LOPCYMAT, se creó la figura de los delegados de prevención, quienes se conciben como “representantes de los trabajadores en la promoción y defensa de la seguridad y salud en el trabajo” (art. 49 del Reglamento de la Lopcymat). Los delegados se eligen de acuerdo a la cantidad de trabajadores de la empresa, y aproximadamente son cuatro delegados para una empresa que tenga 500 trabajadores, y cinco delegados para las que tengan mil trabajadores. Estos delegados en conjunto con los representantes patronales conforman los denominados Comités de Seguridad y Salud Laboral (CSSL); en dichos comités, el número de delegados de prevención será igual al de los representantes patronales.

La elección de los delegados de prevención ha estado en manos del INPSASEL, instituto adscrito al Ministerio del Trabajo y que ha sido reactivado a partir del 2002, el cual realiza visitas en las empresas, y mediante charlas introductorias elige a los delegados y los instruye en la seguridad y prevención para el trabajo. Algunos sectores sindicales de oposición, y principalmente representantes de los empresarios, han denunciado públicamente que Inpsasel ideologiza a los trabajadores en estos cursos de formación, suministrándole “valores socialistas”, según una serie de artículos publicados en el 2009 en el Diario El Universal.

Según Inpsasel, en los dos primeros años de aplicación del plan de elección y formación de delegados de prevención (2007-2008) se habían organizado 80.900 delegados, según cifras que aporta Héctor Lucena. Jesús Rondón habla de 70.544 delegados de prevención existentes para 2011, extrayendo datos de una ponencia de la Directora General del Inpsasel, María E. Sanabria, realizada en 2011 (Rondón, 2012-b).

Sin embargo, la efectividad de estos delegados no ha tenido el impacto que pudiera pensarse de acuerdo a la cantidad de trabajadores designados para tal fin. Ha pesado la escasa cultura organizacional presente en nuestros trabajadores, y la reticencia de los patronos (tanto privados como públicos) a respetar las exigencias legales derivadas de la Lopcymat y reivindicadas por los delegados.

Para alguno analistas como Héctor Lucena, las facultades otorgadas a los delegados de prevención abarcan áreas de acción propias de los sindicatos, “sobre las cuales históricamente han acumulado un patrimonio de conquistas” (Lucena, 2010: 400). Estas áreas son: condiciones y medio ambiente de trabajo, programas e instalaciones para la recreación, utilización del tiempo libre y de descanso. De esta forma, según Lucena, los delegados de prevención introducen elementos de “fragmentación laboral”, al promoverse múltiples formas de representación en los mismos espacios productivos (Lucena, 2010: 428). Estas consideraciones de Lucena aplican de igual forma para los Consejos de Trabajadores.

No obstante, el propio Lucena reconoce que en las pequeñas empresas, en las cuales generalmente no existen sindicatos, la figura de los delegados de prevención tiende a cumplir el papel defensor de los derechos laborales de los trabajadores, siendo de esta forma un elemento positivo. Pero las críticas de Lucena, similares a otras formuladas por voceros del sindicalismo opositor (Castro, 2008), tienden a sugerir que los delegados de prevención, junto a los consejos de trabajadores, serían parte de una estrategia gubernamental destinada a debilitar la figura de los sindicatos y lograr su desplazamiento como representantes de la masa laboral. Observación que se cae por su propio peso al constatar que tanto en el acto de constitución de la nueva central bolivariana (CSBT), celebrado el 10 de noviembre de 2011, como en el acto de promulgación de la nueva Ley del Trabajo, el 30 de abril de 2012, prácticamente la totalidad de las representaciones obreras allí presentes era de sindicatos y federaciones (López, 2012)

A diferencia de las opiniones de Lucena, defensores de la figura de los delegados de prevención como Jesús Rondón, argumentan que la Lopcymat fue conquistada inicialmente en 1985, período en el cual tenía la hegemonía política la CTV y las fuerzas políticas socialdemócratas (gobierno de Jaime Lusinchi, del partido Acción Democrática). Surgida como bandera de lucha de sectores sindicales de izquierda, entre los principales promotores de la Lopcymat estuvieron Pedro Pascual Abarca, Emigdio Cañizales Guédez y Pedro Ortega Díaz. El interés del movimiento sindical clasista y revolucionario por normatizar lo referente a la salud y seguridad laboral no vendría entonces del actual gobierno de Chávez, sino que tendría antecedentes desde los años 80 (Rondón, 2012).

Las figuras de los delegados de prevención, al igual que los consejos de trabajadores (como veremos más adelante), han tendido más bien a colocarse al margen de la conducción política de la burocracia del PSUV y del Min-Trabajo, asumiendo posiciones sumamente críticas y participando activamente en marchas y conflictos desarrollados en años recientes. Se ha constituido una Coordinadora Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (CONASAT), integrada por los delegados de prevención, que se reúne regularmente en diferentes estados del país. Sus propuestas y acciones movilizadores se han ubicado en coincidencia con la UNETE y el Movimiento Nacional de Control Obrero, y bastante alejados de las instancias “oficialistas” de la CSBT.

La importancia del escenario de la seguridad y la salud laboral cobra validez si consideramos que la cifra de accidentes de trabajo mortales sólo del año 2007 se elevó a 325, en una progresión ascendente desde 95 accidentes mortales en 2005 y 224 en 2006. El total de accidentes laborales del 2007 asciende, según el Boletín Epidemiológico del INPSASEL, publicado en 2009 (Rondón, 2012-b: 5)

, a 57.646, entre leves, moderados, graves y mortales, en una relación igualmente ascendente, pues en 2005 habrían ocurrido 8.308 accidentes laborales, y 34.202 en 2006. Es probable que el crecimiento registrado se deba a la mejor estadística que se deriva de la misma existencia del INPSASEL y de los delegados de prevención a partir del 2005. Pero no por ello dejan de ser muy relevantes las cifras registradas y valoriza la existencia misma de los delegados de prevención como un importante instrumento organizativo de la clase trabajadora para velar por la salud y la seguridad laborales.

LAS TOMAS DE FÁBRICAS POR LOS TRABAJADORES LUEGO DEL PARO PATRONAL-PETROLERO. EL CASO DE INVEVAL

El paro patronal-petrolero de 2002-2003 implicó, además de la paralización de la industria petrolera, el cierre de numerosas empresas privadas, las cuales paralizaron sus actividades y dejaron de cancelarle los salarios y demás beneficios contractuales a sus trabajadores. Esta situación generó un movimiento de parte de los trabajadores de dichas empresas paradas dirigido a tomar las instalaciones de la fábrica y exigir su expropiación por parte del Estado, para retomar su funcionamiento bajo control de sus propios trabajadores. Esta situación ocurrió en Venepal (empresa fabricante de papel, ubicada en los estados Carabobo y Aragua), en Sanitarios Maracay (Aragua), y en la Constructora Nacional de Válvulas (CNV) en el estado Miranda.

La ofensiva desatada por la derecha venezolana y sus aliados internacionales durante 2002 y 2003 había generado como respuesta el nacimiento embrionario de formas de Control Obrero. En los hechos, la recuperación de la industria petrolera nacional (PDVSA), luego de la deserción masiva de más de 20.000 trabajadores de la llamada “nómina mayor” (ingenieros, profesionales en general y personal de confianza), fue producto de mecanismos espontáneos de control obrero. Miles de trabajadores ocuparon las instalaciones petroleras para retomar el funcionamiento de la industria, y basándose en sus conocimientos sobre las diversas fases del trabajo petrolero, lograron retomar de nuevo la producción de petróleo y con ello salvaron al gobierno bolivariano de su colapso inminente.

Progresivamente, a lo largo del 2003, el gobierno bolivariano reconstituyó la estructura de dirección de PDVSA, y las formas de control obrero en la industria petrolera dieron paso a la consolidación del actual esquema de gestión, el cual no se distingue mayormente del que funcionaba antes del paro. Pero los embriones de control obrero que habían nacido en torno a las fábricas privadas que se encontraban cerradas, se mantuvo y se desarrolló a lo largo de esos años, pues para los trabajadores de dichas empresas no existían alternativas distintas a la necesaria reactivación productiva de dichas industrias.

Las luchas de los trabajadores llevaron a que el propio presidente Chávez, en 2005, repitiera la consigna que enarbolaban los movimientos de trabajadores que buscaban recuperar las fábricas paradas por los patronos: “Fábrica cerrada, fábrica tomada” (Woods, 2009: 12). La ocupación por los trabajadores de las fábricas en paro encontró innumerables trabas de parte de la burocracia gubernamental. En los años siguientes al paro patronal-petrolero, 2003 y 2004, todavía la revolución bolivariana no se había definido como Socialista, y precisamente los argumentos que los burócratas gubernamentales daban para no respaldar las ocupaciones de fábricas era de que “ésta no era una revolución socialista” y que no existían instrumentos legales que respaldaran la toma de las fábricas por sus trabajadores (Sanabria y Moreno, 2009: 21).

Esta conducta gubernamental de no respaldar las ocupaciones de fábricas condujo al abandono de las tomas obreras que se realizaban en la Industrial de Perfumes-Cristine Carol, en Caracas, y Textiles Fénix, en el estado Guárico. Sus trabajadores, agotados por largos meses de ocupación de la fábrica sin recibir respuesta gubernamental, optaron por abandonar las empresas y retirarse decepcionados a sus casas (Sanabria y Moreno, 2009: 22). Pero la perseverancia de los trabajadores que ocupaban otras empresas, como Venepal, condujo a que la política gubernamental se modificara.

En el segundo semestre del 2004, luego de la victoria electoral en el Referéndum Revocatorio celebrado en agosto, el presidente Chávez aprobó la expropiación de Venepal, empresa productora de papel que se encontraba paralizada por decisión de sus dueños capitalistas y cuyos trabajadores habían ocupado desde comienzos de ese año. En su programa dominical “Aló Presidente”, Chávez solicitó que el máximo poder estuviera en la asamblea de trabajadores, que el objetivo de la empresa no debía ser el beneficio capitalista sino la satisfacción de las necesidades sociales, y que el próximo presidente de la fábrica debía ser uno de sus trabajadores (Sanabria y Moreno, 2009: 24).

La expropiación de Venepal en 2004 marcó un punto de inflexión en el proceso político bolivariano, pues el Estado comenzó a tomar decisiones influido por las luchas y propuestas de los trabajadores (como ocurriría cuatro años después con la renacionalización de Sidor). A las medidas hacia Venepal se unieron otras expropiaciones, como la de la Constructora Nacional de Válvulas (CNV), empresa paralizada desde el paro petrolero y ocupada por sus trabajadores durante más de dos años, la cual fue expropiada por el gobierno bolivariano en abril de 2005, llamándose a partir de allí INVEVAL (Industria Venezolana Endógena de Válvulas).

La propuesta de Control Obrero surgida inicialmente hacia Venepal (denominada ahora INVEPAL) no tuvo mayor desarrollo por las trabas impuestas desde varios ministerios del gobierno bolivariano. Pero en INVEVAL, gracias a condiciones propicias allí presentes (entre otras, la poca cantidad de trabajadores, apenas el centenar, y la existencia de mayores consensos entre los trabajadores para el impulso del control obrero), se logró consolidar una experiencia que aún prosigue en la cual los trabajadores han asumido directamente la conducción de la fábrica, mediante la existencia de un Consejo de Trabajadores. En esta experiencia de INVEVAL ha tenido una considerable influencia política el grupo denominado Corriente Marxista Revolucionaria (CMR), que respalda al proceso bolivariano pero que tiene un escaso desarrollo y limitada influencia dentro del movimiento de trabajadores venezolano.

La organización de los trabajadores en INVEVAL se ha desarrollado sobre la base de un Comité de Gestión General conformado por delegados de los trabajadores (una especie de Consejo de Fábrica creado en enero de 2007) que tiene por objetivo principal el Control Obrero de la empresa, y que tiene entre sus funciones (Cormenzana, 2009: 87):

• Controlar el desarrollo de la producción de la empresa en todos sus aspectos.
• Solicitar y recibir la información de los balances financieros realizados por la Junta Directiva.
• Supervisar y vigilar la actuación de la Junta Directiva.
• Supervisar el cumplimiento del presupuesto aprobado por la Asamblea General de Accionistas.
• Evaluar la gestión de los gerentes y hacer las recomendaciones pertinentes a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas.
• Solicitar y recibir toda la información que considere necesaria sobre el funcionamiento de la empresa.
• Defender los derechos laborales, sociales y económicos de los trabajadores de la empresa, velando porque se cumplan las normativas legales y constitucionales al respecto.

La experiencia exitosa de INVEVAL se ha mantenido hasta el presente, sobreviviendo las trabas y dificultades que desde el mismo Estado se formularon en ocasión del desarrollo de la propuesta de “Cogestión” que cobró fuerza en los años 2005 y 2006. La consigna lanzada por Chávez de “fábrica cerrada, fábrica expropiada” se continuó desarrollando todos estos años, y en cada una de las empresas recuperadas se han ensayado distintas formas de gestión, pero prevaleciendo en casi todas el predominio fundamental de los gerentes y directores designados por el Estado, con una escaso desarrollo de instancias efectivas de participación y control por parte de los trabajadores de dichas empresas. Estos mecanismos burocráticos de control impuestos desde el Estado han dificultado el desarrollo mismo de la capacidad productiva de muchas de estas empresas recuperadas, como sucedió con INVETEX, experiencia de cogestión entre el Estado y el empresariado privado, en donde los trabajadores no pudieron asumir instancias de decisión propia y estuvieron subordinados a las directrices emanadas desde la burocracia estatal y el empresario capitalista, y cuya producción ni siquiera llegó a iniciarse en los años posteriores a su nacionalización (Cormenzana, 2009: 94).

A iniciativa de los trabajadores de INVEVAL y VENEPAL se constituyó en febrero de 2006 el Frente Revolucionario de Trabajadores de Empresas Recuperadas y Ocupadas (FRETECO). El FRETECO no logró consolidar su estructura organizacional debido a las debilidades presentes en casi todos los movimientos de trabajadores que ocuparon empresas durante esos años. No obstante, constituyó una iniciativa significativa que sirve de ejemplo en el futuro inmediato como posible instancia de organización de los trabajadores que intentan asumir un modelo productivo alternativo al capitalismo.

El encuentro de FRETECO celebrado en octubre de 2006 formuló las siguientes propuestas referidas al Control Obrero en las empresas donde se aplicaba lo que en ese momento se denominaba “Cogestión” (y que desde 2008-2009 se ha denominado sencillamente “Control Obrero”):

• Las empresas cogestionarías deben ser propiedad del Estado.
• La producción y la administración de estas empresas debe estar bajo control de sus trabajadores.
• En la dirección de las empresas cogestionarías deben participar, junto con los trabajadores, las comunidades organizadas (Consejos Comunales) de los sectores donde estén radicadas dichas empresas.
• En cada empresa debe conformarse un Consejo de Trabajadores compuesto por voceros elegibles y revocables en todo momento, designados por la Asamblea de Trabajadores y que respondan periódicamente ante ésta.
• Toda la producción de las empresas cogestionadas debe ser previamente planificada de acuerdo a las necesidades del Estado (Cormenzana, 2009: 177)

Como afirmamos anteriormente, la experiencia de los trabajadores de INVEVAL y del FRETECO ha servido de insumo para el actual Movimiento por el Control Obrero que cobró fuerza durante 2011 en diversas regiones del país.

LAS NACIONALIZACIONES COMO POLÍTICA DE ESTADO

A partir del segundo mandato de gobierno de Hugo Chávez (2007-2012), el gobierno bolivariano inició una política de múltiples nacionalizaciones en diversas áreas estratégicas. Estas medidas hay que enmarcarlas en las definiciones existentes en el Plan Nacional de Desarrollo Simón Bolívar 2007-2013, el cual establece entre sus siete objetivos centrales el desarrollo de un nuevo Modelo Productivo Socialista (Proyecto Nacional Simón Bolívar, 2007).

La política gubernamental para el desarrollo de un modelo productivo socialista se ha fundamentado en la creación de las llamadas EPS, Empresas de Producción Social, las cuales estarían destinadas a liberar a los trabajadores asalariados de la explotación capitalista (Alvarez y Rodríguez, 2008: 73). Para autores como Alvarez y Rodríguez, el trabajo en las EPS superaría la alienación propia del sistema capitalista y se convertiría en un trabajo creador, cuyas características se pueden resumir así:

• Modificación en el tipo de propiedad, que deja de ser privada para asumir tres modalidades: colectiva, comunitaria o estatal.
• Se busca la inversión social del excedente y se abandona el lucro privado.
• La producción alienada de mercancías deja lugar a la producción de bienes destinados a satisfacer necesidades básicas y esenciales.
• La competencia capitalista se elimina por la solidaridad, la cooperación, la complementación.
• La explotación deja de existir por el desarrollo humano integral.
• La división social entre trabajo manual e intelectual es modificada eliminando privilegios derivados del tipo de trabajo o jerarquía.
• Se involucra a la comunidad para que asuma formas de control de la producción.
• Se corrige y se previene la contaminación ambiental, cuidando la salud integral de los trabajadores y comunidades.
• Se establece con el Estado una relación de apoyo y complementación, combatiendo el clientelismo, la dependencia y la corrupción (Alvarez y Rodríguez, 2008: 75).

El proceso de nacionalizaciones llevado a cabo desde 2007 podemos resumirlo así:

• Renacionalización de la CANTV (enero de 2007). El mecanismo se efectuó mediante la compra de acciones en el mercado de capitales.
• Nacionalización de las operaciones petroleras en la Faja Petrolífera del Orinoco (mayo de 2007). En 2009 se nacionalizaron 76 empresas medianas que prestaban servicios en la zona de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Se nacionaliza el servicio de transporte de gas.
• Nacionalización de las empresas eléctricas (mayo de 2007). La Electricidad de Caracas, mediante compra de acciones. Se crea CORPOELEC como corporación nacional para reorganizar todo el sector eléctrico del país.
• Renacionalización de SIDOR (abril de 2008). Estaba controlada por el grupo argentino Techint.
• Nacionalización de las empresas cementeras (junio de 2008). Se adquirieron las unidades locales de la mexicana Cemex, la suiza Holcin y la francesa Lafarge.
• Nacionalización de empresas de alimentos como La Gaviota (sardinas), Fama de América (café), Lácteos Los Andes.
• Nacionalización del Banco de Venezuela, que era filial del grupo español Santander. También fueron pasados bajo control del Estado los bancos privados intervenidos durante la crisis bancaria de finales de 2009.
• Nacionalización de tierras ociosas. Se produjo en 2010 una intervención del Estado expropiando grandes extensiones de tierras en el Sur del Lago de Maracaibo.

En todos estos procesos de nacionalización se propuso el desarrollo de mecanismos de participación mediante los Consejos de Trabajadores y el Control Obrero. Se ha desarrollado en Venezuela en estos últimos años todo un debate sobre cómo organizar el proceso económico de la forma menos burocrática, y garantizando a la vez el proceso de transición al socialismo, la soberanía productiva, tecnológica, alimentaria y financiera de la nación. Al asumir el Estado el control de todas estas empresas productivas se genera un enorme reto para no repetir las experiencias llevadas a cabo en el período de la democracia representativa o IV República (1958-1999).

El capitalismo de Estado implementado por el Puntofijismo no logró resolver los problemas de la economía venezolana, no superó la dependencia financiera y tecnológica con respecto a las multinacionales, no diversificó nuestro aparato productivo ni satisfizo las necesidades populares (Purroy, 1986: 49). Por ello es imprescindible un amplio debate para no volver a repetir el camino ya trillado por la burguesía parasitaria venezolana durante la segunda mitad del siglo XX.

En estos procesos de nacionalizaciones destacó lo sucedido en SIDOR, proceso que fue conquistado gracias a la ardua y firme lucha de sus trabajadores, y pese a que la nacionalización como tal no figuraba en los planes gubernamentales debido a los acuerdos económicos existentes entre el gobierno bolivariano y el gobierno argentino de Néstor Kichner. Luego de más de 15 meses de luchas, los trabajadores de SIDOR con el respaldo del pueblo de Guayana forzaron al gobierno a tomar el paso trascendental de pasar nuevamente dicha empresa a manos del Estado venezolano. Este proceso efectuado en la Siderúrgica abrió paso a lo que se conoce actualmente como el Plan Guayana Socialista (Pérez y otros, 2009: 23).

La lucha de los trabajadores de SIDOR generó un verdadero terremoto en la región de Guayana y en el interior del propio gobierno bolivariano. El triunfo de los trabajadores obligó a la salida del para ese entonces Ministro del Trabajo, José Ramón Rivero (militante del FSBT), quien había calificado a los trabajadores sidoristas como “contrarrevolucionarios” y había respaldado ampliamente a la empresa argentina Techint en el conflicto que mantenía con la masa laboral de la siderúrgica.

La lucha sidorista había sido reprimida fuertemente por la Guardia Nacional y la policía del Estado Bolívar el 14 de marzo de 2008, sucesos a raíz de los cuales se les abrió averiguaciones por fiscalía a más de una decena de líderes obreros, procesos que aún continúan abiertos en 2012 (una muestra de los procesos de criminalización de la lucha obrera que se han venido desarrollado a pesar de la retórica obrerista del gobierno bolivariano). La decisión de renacionalizar Sidor la toma el presidente Chávez cuando el conflicto de los trabajadores sidoristas por conquistar mejores condiciones de trabajo amenazaba con extenderse a todo el país, pues ya contaban con el apoyo de más de 100 sindicatos que en reuniones iniciaban la convocatoria a un paro nacional en solidaridad con la lucha de los siderúrgicos.

Esta forma combativa de lograr la renacionalización de la principal empresa siderúrgica del país sentó las bases para el nacimiento del denominado proceso de Control Obrero, que ha tenido su fuerte en el estado Bolívar, pero que se ha extendido a otras regiones de Venezuela.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El proceso bolivariano ha desarrollado significativas y novedosas experiencias democratizadoras en la gestión de la actividad productiva, creando escenarios inéditos de participación.

La incorporación a las políticas laborales del Estado venezolano de iniciativas como el fomento del cooperativismo y del control obrero de la producción, la constitución de nuevas formas organizativas como los delegados de prevención y los consejos de trabajadores, unido a un fortalecimiento general del Estado como principal propulsor del aparato productivo y como regulador de las relaciones de trabajo, modificaron sustancialmente el escenario laboral que existía en Venezuela para 1998.

Las observaciones realizadas por sectores de la oposición política afirmando que los delegados de prevención y los consejos de trabajadores formarían parte de una estrategia gubernamental para debilitar al sindicalismo tradicional y aminorar su capacidad de lucha (opiniones de Pablo Castro, Orlando Chirino y Héctor Lucena, entre otros), se han derrumbado con la constatación en fechas recientes de que las organizaciones nacionales de delegados de prevención y por el control obrero se han enfrentado a instituciones oficiales como el Ministerio del Trabajo y el de Industrias, al discrepar de las políticas oficialistas y acusar a personeros de gobierno como manipuladores del movimiento obrero y destructores de estas experiencias novedosas de los trabajadores venezolanos.

Estas experiencias novedosas en el escenario productivo, aunque no han logrado consolidarse, sirven como referencia fundamental para la reestructuración de la economía venezolana, considerando nuestra gran dependencia alimentaria y manufacturera y la necesidad histórica de ampliar nuestra base industrial para avanzar en la soberanía productiva. Experiencias que implican en sí mismas una democratización de los procesos productivos, avanzando en la superación de la enajenación con respecto a los medios de trabajo y para con el producto mismo del trabajo, acabando con la jerarquía del proceso laboral, y creando una dirección consciente de la producción, a través de la planificación y el control social de la economía.

La lucha del movimiento obrero venezolano será la que determine la continuidad de estas iniciativas democratizadoras del proceso productivo o que las mismas sean relegadas en el marco de una regresión a las viejas formas burguesas de administración de las empresas públicas y privadas.

Maracaibo, Tierra del Sol Amada. Octubre de 2012.

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1 El presente artículo forma parte de una investigación más amplia sobre el papel de la clase trabajadora en el proceso político venezolano entre 1999 y 2012.

2 Historiador. Profesor Titular de la Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias. Departamento de Ciencias Humanas. Correo: cruzcarrillo2001@yahoo.com.

3 Abogada Laboralista. Correo: carmenaliciahr@yahoo.com.