DESARROLLO
HISTÓRICO DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL MARCO DEL CAPITALISMO GLOBALIZADO.
LA
ECONOMÍA VENEZOLANA AGROEXPORTADORA DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX.
La estructura
económica existente durante el período colonial no sufrió mayores
modificaciones con el proceso de independencia y la instauración de la
República. Esta estructura, agroexportadora y monoproductora, estaba basada en
la explotación de la mano de obra esclava en las grandes plantaciones
cacaoteras, y en la explotación del trabajo de los peones en las haciendas
ganaderas. Las relaciones sociales coloniales, incluyendo a la esclavitud,
fueron ratificadas con la Constitución de 1830. Uno de los cambios más
significativos se produjo con la incorporación de los caudillos militares a la
oligarquía dominante, en su condición de grandes terratenientes[1] y
poseedores de buena parte del poder político. El otro cambio fue el duro golpe
que sufrió el sistema esclavista durante la independencia[2],
pues pese a que el mismo se mantuvo vigente hasta 1854, la oligarquía nunca
pudo restablecer el grado de dominación social que tenía durante la colonia
(López, 2009-d: 33).
La economía
venezolana tenía un carácter agroexportador. El principal producto de
exportación de la colonia, el cacao, fue desplazado entre 1830 y 1840 por el
café, situación que se mantuvo hasta que el petróleo se convirtió en el primer
producto de exportación en 1926. Además, durante el siglo XIX Venezuela
exportaba a los mercados internacionales ganado vacuno y cueros de reses
(durante todo el período), algodón y añil (hasta la década de 1880), azúcar (se
exportó hasta 1860), tabaco (hasta los primeros años del siglo XX), dividive
(exportado a partir de 1875) y caucho (entre 1885 y 1910) (Carvallo y Ríos,
1984: 64).
Es de resaltar que
nuestra economía agroexportadora jugaba un papel sumamente secundario en el
mercado capitalista mundial. El café y el cacao constituían productos de escasa
significación para los países industrializados; y el resto de productos eran
exportados en escasas cantidades como para representar un peso significativo en
los ingresos nacionales. La nuestra era una “economía de sobremesa”, de tercer
o cuarto orden en el mundo. Venezuela era un país pobre, sin industrias, en el
cual para 1839 el 72 % de la población activa estaba dedicada a las labores
agropecuarias; esta situación se mantenía sin variar para fines de siglo: en
1894, el 71,9% de la población activa continuaba dedicándose a esas
actividades.
No existieron para
la época mayores avances en tecnología de producción para esos cultivos, que
permitiera producirlos de acuerdo a técnicas intensivas (aquí nunca se
desarrolló una tecnología en esa dirección). No obstante, sí existían en Centro
América y Colombia diversas técnicas de cultivo intensivo del café que los
hacendados venezolanos nunca aplicaron aquí. Este atraso tecnológico determinó
una baja productividad, bajos niveles de vida, cultivos extensivos, escaso
desarrollo del mercado interno, y muy escasa producción de excedentes. Por
tanto, la acumulación de capital de la economía venezolana, durante el
predominio de esta etapa agroexportadora, fue sumamente baja (Aranda, 1984:
41).
Otro elemento que
influyó en lo anterior fue el control que las casas comerciales en manos de
extranjeros tuvieron sobre el comercio de los productos agrícolas venezolanos.
El excedente generado por la economía agroexportadora tuvo como principales
beneficiarios a los comerciantes exportadores e importadores y a los grandes
hacendados. Este excedente no se revirtió de manera significativa sobre la
agricultura: las ganancias de las casas comerciales contribuyeron a la
acumulación de los grandes países capitalistas, a través de la repatriación de
los beneficios que estas casas comerciales obtenían aquí; y los excedentes
obtenidos por los hacendados se invirtió básicamente en actividades no
agrícolas (Carvallo y Ríos, 1984: 69).
Las principales
casas comerciales que dominaron la economía agroexportadora venezolana fueron:
Blohm (alemanes), opera en La Guaira desde 1835; y Boulton (ingleses), desde
1826; quienes a través de sucursales y subsidiarias mantenían una red comercial
en todo el país.
A partir del
control comercial y financiero de la actividad agroexportadora, se consolidó en
el país una clase dominante con características de burguesía embrionaria
(Carvallo y Ríos, 1984: 102). Las casas extranjeras monopolizaron el comercio
de exportación, en tanto que en el comercio de importación y en la
comercialización interna participaban también venezolanos.
La clase dominante
de la Venezuela agroexportadora se constituyó inicialmente como una alianza
entre los grandes propietarios de la región centro costera y los caudillos
militares de la independencia, encabezados por Páez. Con el paso del tiempo se
consolidó el predominio de los comerciantes y financistas, dueños de las
grandes casas comerciales, que hasta la Guerra Federal mantuvieron un
permanente conflicto con los caudillos regionales, representantes de los
intereses de los productores agropecuarios. Luego del triunfo de la federación,
los caudillos regionales se vincularon a la clase dominante al convertirse en
grandes propietarios, y en esa medida pasaron a depender del circuito comercial-financiero
que controlaban las casas extranjeras.
El poder económico
de los comerciantes-financistas era tan grande que eran ellos los que
financiaban el presupuesto del Estado. Marcado contraste con la realidad vivida
en la Venezuela petrolera surgida en el siglo XX, donde el Estado ha sido
todopoderoso, subsidiando prácticamente todas las actividades económicas no
petroleras realizadas en el país.
El cultivo del
café se realizó en dos unidades de producción básicamente distintas: la
hacienda, y la economía familiar campesina. La primera predominó en la región
centro norte, y la segunda en la región andina. En las haciendas que
originalmente cultivaban cacao y que posteriormente centraron su actividad en
la producción de café, el trabajo esclavo se combinaba desde la época colonial
con el trabajo de los peones; las características de ambas relaciones de
trabajo no diferían mucho (Carvallo y Ríos, 1984: 82): no sólo el peón y el
esclavo realizaban las mismas tareas, en las mismas condiciones, sino que ambos
debían asegurar la reproducción de su propia fuerza de trabajo en una actividad
conuquera en el ámbito de la hacienda. El peón no era un trabajador libre; por
lo menos los hacendados establecieron leyes y ordenanzas en función de lograr
la fijación permanente del trabajador a la hacienda. Además del derecho a
usufructuar una pequeña porción de tierra de la hacienda para garantizar su
subsistencia y la de su familia (en cultivo de conuco), el peón recibía como
complemento diversas formas de pago: fichas, vales, especies, efectivos o
combinación de éstas, que lo vinculaban a un limitado circuito comercial en el
cual el hacendado con frecuencia actuaba como comerciante.
La escasez de mano
de obra y el cultivo extensivo del café en las haciendas se tradujeron en un
bajo rendimiento por hectárea, comparado con otros países productores, como
Colombia. Este rendimiento fue en descenso continuo hacia fines del siglo XIX y
continuó descendiendo en las primeras décadas del XX.
La economía
familiar campesina que cobró auge en la región andina en el último tercio del
siglo XIX, se basó en el cultivo de pequeñas áreas, realizado por el grupo
familiar campesino. El cultivo del café en estas unidades se realizó en forma
intensiva, combinado con cultivos de subsistencia. El pequeño tamaño de las
unidades productivas permitió la incorporación de mayor trabajo por área en las
distintas labores, lo que permitió más altos rendimientos por hectárea en la
región andina. A diferencia del peón, cuya actividad no lo vinculaba al circuito
comercial agrícola, el campesino se vinculaba directamente al mercado local e
indirectamente al internacional. Para fines del siglo XIX, los Andes
venezolanos concentraban el mayor porcentaje en la producción nacional de café.
Junto a la
economía agroexportadora, la Venezuela del siglo XIX se inició en la
explotación de minerales con las minas de oro de Guayana, las cuales comenzaron
a explotarse a fines de la década de 1860. La explotación de oro tuvo su auge
en las dos últimas décadas del siglo XIX. Para 1883 la exportación de oro
significó el 23 % del total de las exportaciones venezolanas (Rangel, 1981:
86). Con el agotamiento de las principales minas, la explotación del oro de
Guayana dejó de tener significación en nuestra economía para la segunda década
del siglo XX. En 1914 se inició en firme la explotación petrolera en el Estado
Zulia, y para 1917 se comenzó a exportar dicho petróleo; con ello, Venezuela se
convirtió en productor de la mercancía más importante de la industria
capitalista mundial, de su fuente de energía principal, situación que cambiaría
totalmente la faz del país pobre y atrasado que fuimos mientras dependíamos de
la exportación de café.
LA
INVERSION DE CAPITALES EXTRANJEROS EN VENEZUELA.
Mucho se ha
hablado en los últimos tiempos de la necesidad de atraer al capital extranjero
como salida a la crisis que vive Venezuela. Muchas, si no todas, de las medidas
que aplicaron los paquetes neoliberales de Pérez y Caldera estaban destinadas a
crear las condiciones internas favorables para que dichos capitales ingresaran
al país. El gobierno de Chávez ha sido presionado por los representantes del
capital multinacional con el fin de que brinde todas las garantías para las
inversiones extranjeras[3].
Pero resulta que
el capital extranjero ya tiene en Venezuela, y en toda América Latina, más de
un siglo de inversiones, cuyos resultados podemos verlos en las carencias
enormes del subdesarrollo de nuestras economías, las cuales se erigieron más
para satisfacer las ambiciones de ganancias de los monopolios extranjeros, que
para cubrir las necesidades y aspiraciones de acceder a una vida mejor por
parte de nuestros pueblos.
El proceso de penetración de capitales extranjeros dio
un salto cualitativo al iniciarse la explotación de la industria petrolera en
Venezuela[4]. Desde el último tercio del siglo
XIX, el capital foráneo comenzó a intentar penetrar el área de los
hidrocarburos.
El petróleo
transformó radicalmente a la sociedad venezolana, pero no la lanzó en la senda
del desarrollo, sino que aumentó sus niveles de dependencia con relación al
capital foráneo, creando profundas deformaciones en lo económico y social, y
subordinando nuestro desarrollo político a los intereses de las grandes
transnacionales petroleras. Tal como afirma Rodríguez Gallad:
"El descubrimiento del petróleo en nuestro país
trajo consigo el monopolio de este recurso por parte de los grandes truts
internacionales ligados al capitalismo imperialista. Estos han actuado... como
agentes de descapitalización, mediatizando nuestra economía, sumiendo a la
nación en el subdesarrollo, impidiendo su independencia económica, creando un
enorme contraste entre... una minoría rica y una mayoría pobre."
(Rodríguez Gallad, 1974: 6).
Con el inicio de
la explotación petrolera, la economía venezolana se insertó profundamente en el
sistema capitalista mundial. Con el
petróleo pasamos de ser una “economía de sobremesa” a convertirnos en “la
provincia ultramarina más valiosa de todo el sistema”, según palabras de
Domingo Alberto Rangel (1977: 43), pues comenzamos a producir la fuente de
energía que movía a toda la maquinaria industrial del capitalismo.
El desarrollo
petrolero acontece en el país luego de finalizada la primera guerra mundial, en
1918. Dicho conflicto significó el colapso de la otrora gran potencia del
capitalismo mundial, Inglaterra, y el ascenso de los Estados Unidos como país
líder del desarrollo industrial. En ese momento, los Estados Unidos se
plantearon aumentar sus espacios de influencia económica para garantizar así el
crecimiento sostenido de los mercados que daban salidas a sus productos, a la
vez que aseguraban el suministro de materias primas fundamentales, como era en
nuestro caso el petróleo.
La economía
venezolana pasó de ser agraria a petrolera, pero siempre monoexportadora,
ubicada en la fase de crecimiento simple o crecimiento hacia afuera, como
exportadora de materias primas. Sólo que varió significativamente la relevancia
de lo que exportábamos. El petróleo no varió el carácter subordinado de nuestra
economía, como país periférico de los grandes centros capitalistas. Lo que se
modificó fue el dinamismo de dicha subordinación, por la importancia del
petróleo como principal fuente de energía a nivel mundial.
A partir de los
años 20, Venezuela se convirtió en uno de los centros receptores fundamentales
de las inversiones de capital provenientes de los grandes centros
imperialistas. Esta situación reforzó, profundizó y extendió los términos de
dependencia en que se hallaba nuestra economía. Particularmente, nuestro país
pasó a formar parte del “patio trasero” del imperialismo norteamericano, quien
hasta el presente continúa jugando un papel decisivo en las relaciones de poder
de nuestra sociedad.
La industria
petrolera contribuyó a desarrollar progresivamente otras ramas industriales,
como la electricidad, la construcción y la producción de alimentos. En este
proceso, las relaciones propiamente capitalistas fueron sustituyendo las viejas
relaciones propias de la sociedad agraria. Al mismo tiempo, la renta petrolera
fortaleció al Estado como nunca antes, el cual dejó atrás sus permanentes
crisis fiscales que vivió en todo el siglo XIX y comienzos del XX, y se
convirtió en un Estado poderosamente rico, que sería promotor y organizador del
desarrollo capitalista dependiente en la nación.
La economía
venezolana aumentó su dependencia. Particularmente, las amplias facilidades
dadas al capital extranjero por el gobierno de Juan Vicente Gómez afianzaron
esos nexos de dependencia. Es por ello que Liewen (1964: 41) habla de que pese
a la muerte del dictador político en 1935, Venezuela heredó un dictador
económico: la industria petrolera controlada desde el extranjero.
El proceso
histórico venezolano desde que nos constituimos como República demuestra el
escaso espíritu nacionalista de nuestras clases dirigentes, resaltando por el
contrario sus conductas complacientes y abiertamente entreguistas ante el
capital foráneo; nuestras elites, hasta 1999,
estuvieron subordinadas al imperialismo, y la superación de esta
circunstancia sigue siendo una de las tareas históricas fundamentales que se le
plantean al pueblo venezolano.
LA
INDUSTRIALIZACIÓN EN VENEZUELA.
El desarrollo
industrial en Venezuela se inició alrededor de 1880, simultáneamente con la
llegada del ferrocarril, el telégrafo, el alumbrado público por gas y, más
adelante, la energía eléctrica. El sector financiero nace con la fundación del
Banco de Maracaibo en 1882 y del Banco Caracas en 1890. Las primeras empresas
de servicio público fueron compañías privadas de electricidad y teléfonos, de
propiedad extranjera, fundadas en las últimas décadas del siglo pasado. Pero el
desarrollo de industrias en el sentido capitalista no se generalizó sino a
partir de la explotación petrolera, en la segunda década del siglo XX. La
industria petrolera constituyó la primera gran industria capitalista del país.
Las primeras décadas de explotación petrolera estuvieron signadas por el modelo
de “crecimiento simple”, como economía de “enclave”[5],
al no generar ningún proceso dinámico en lo económico al interior del país.
Desde la fase de crecimiento simple (primeras
décadas de la explotación petrolera) existía un considerable núcleo industrial,
formado por las industrias de materiales de construcción (cemento, bloques, etc.),
bebidas de consumo generalizado (gaseosas, cerveza, aguardiente), telas de
algodón, producción de alimentos (azúcar, pastas), y producción de energía
eléctrica. Dichas industrias se derivaban del crecimiento urbano y el aumento
del poder adquisitivo, y por sus características poseen una cierta “protección
natural”, por ser productos de difícil comercialización a nivel internacional.
Según el Censo Industrial de 1936 existían 8.025 establecimientos industriales,
que daban ocupación a 47.000 trabajadores, con un capital social de 295
millones de bolívares (el presupuesto nacional para 1936 fue de 235 millones de
bolívares) (Aranda, 1984: 113).
En comparación con
otros países latinoamericanos, la industria venezolana comenzó con considerable retraso. La causa
más importante de este retraso fue la identificación de la política económica
del Estado venezolano con los intereses político-económicos del capital
extranjero, cuya orientación era claramente anti-industrial. Esta orientación
se le puede atribuir tanto al sector petrolero del capital extranjero como al
sector comercial. Ambas vertientes del capital extranjero tenían su brazo
interno de acción: el capital petrolero en la burocracia estatal y el capital
comercial en la burguesía comercial criolla. Se trataba de una constelación de
intereses comunes y beneficios mutuos, donde cada polo de acción era necesario
para el funcionamiento de los demás, constituyendo el capital petrolero, sin
embargo, el eje fundamental de la constelación.
Como una
característica de la fase de crecimiento simple, el sector petrolero extranjero
no generó inicialmente el desarrollo de las fuerzas productivas internas. El
Estado no sólo no actuó contra esta desintegración productiva del sector
externo con respecto a la economía interna, sino que reforzó las tendencias
destructoras y paralizadoras del impacto petrolero por medio de su política
económica.
El crecimiento
vertiginoso del ingreso nacional se transformó en su mayor parte en consumo de
bienes y servicios importados. La gran beneficiaria era la burguesía comercial
importadora, tanto criolla como extranjera, que aumentó de esa forma su poder
económico y político. Su interés anti-industrialista se explica, ya que era
mucho más rentable, en esta primera fase, importar que producir. Por otra
parte, la burguesía importadora no es en el fondo más que un agente de ventas
del capital industrial extranjero (Purroy, 1986: 49), participando en un mismo
interés de mantener y ampliar el abastecimiento del mercado nacional con
manufacturas del exterior.
Un segundo aspecto
limitante del desarrollo industrial fue el atraso estructural del sector
agrícola. Este atraso implicó que la industria incipiente no pudiera
abastecerse de los insumos agrícolas necesarios para la producción industrial.
Para que un desarrollo industrial sea equilibrado, necesita de una mínima base
agro-industrial. Cuando ésta no existe, la industrialización se hace muy
difícil, o se realiza al margen del desarrollo agrícola, agravando así la
dependencia externa, el carácter de ensamblaje y la heterogeneidad estructural.
Aquí reside una de las causas de la deformación industrial venezolana, ya que
lo que en un primer momento fue un factor limitante, se convirtió luego en
desintegración estructural. Ante la carencia de insumos nacionales, la
industria tuvo que recurrir a insumos importados. De esta forma nació un tipo
de industria completamente adaptada a la industria de las economías
capitalistas desarrolladas y desvinculadas del resto de la economía interna.
La emergencia de la Segunda Guerra
Mundial (1939-45) trajo dificultades para continuar las importaciones
tradicionales, lo que dio un nuevo impulso a varios renglones de la producción
industrial, entre ellos a la industrialización agropecuaria, ya que hubieron de
utilizarse forzosamente materias primas nacionales, debido a la crisis de
abastecimiento internacional originada por la guerra. Con el fin del período de
industrialización forzosa debido a la guerra mundial, se perdió el germen de un
desarrollo industrial integrado y generador de empleo, volviéndose a imponer
las tendencias propias del modelo de crecimiento dependiente.
En los años
posteriores a la muerte de Gómez, durante los períodos de gobierno de López
Contreras y Medina, se comenzó a constituir en el país un vigoroso movimiento
socio-político cuyos objetivos explícitos eran el de promover los cambios
económicos y sociales que permitieran modernizar al país, dar un fuerte impulso
a la producción nacional y mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano.
Movimiento que se ubicó básicamente en las nuevas clases sociales que se habían
fortalecido debido a la expansión de la industria petrolera y el proceso de
industrialización incipiente que se comenzó a generar. De alguna manera, López
y Medina intentaron darle respuestas a esta tendencia, pero sus lazos con la
estructura socio-económica tradicional les impidieron ser más audaces en este
rumbo modernizador. Pero es a partir del golpe del 18 de octubre de 1945 que
derroca a Medina, cuando se inicia el proceso de consolidación de una
estructura capitalista interna.
En el movimiento cívico-militar
hegemonizado por Acción Democrática se confunden intereses y aspiraciones de
distintas clases sociales y sectores de clase. Los sectores populares desean
ampliar las libertades democráticas en el terreno político, sindical, y en
general en toda la actividad social. A la vez se aspira a mejores niveles de
vida y de ingreso, en cuanto a ocupación, educación, salud, vivienda, sanidad,
etc. La burguesía por su parte aspira a acceder a los recursos generados por el
aumento de la participación fiscal en el petróleo, para sobrellevar mejor la
coyuntura de crisis bélica y crear una base sólida para su expansión ulterior.
Con el
advenimiento posterior de la dictadura militar (1948-1958) se mantuvo una
continuidad en los planes de modernización del país con vista a un desarrollo
capitalista interno. Sólo cambian las líneas referidas al aspecto político, en
cuanto a cercenar las libertades políticas y sindicales, a la vez que se
desechan planes de desarrollo económico que no son compartidos por la
burguesía, como fue el caso de la Reforma Agraria. Esta continuidad se
mantendrá incluso luego de derrocada la dictadura en 1958.
LA
INDUSTRIA PETROLERA.
La
explotación del petróleo se inició en Venezuela empujada por las exigencias
energéticas de la 1ra Guerra Mundial, a partir de las concesiones otorgadas
durante los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Aunque es
necesario decir que desde mediados del siglo XIX Inglaterra y los Estados
Unidos ya demostraban interés por explorar y explotar los hidrocarburos
venezolanos (López, 1996). En 1914 se inició la producción comercial de
petróleo con el pozo Zumaque 1°, en Mene Grande, Estado Zulia. Esta primera
etapa de la explotación petrolera estuvo controlada totalmente por compañías
extranjeras, siendo las principales la Shell (anglo-holandesa) y la Standard
Oil (estadounidense).
La
economía petrolera va a tener mayor integración con el exterior que con la
economía interna no petrolera. En el país se realizaba la actividad primaria
extractiva. La refinación y la comercialización de los hidrocarburos se
realizaban en el exterior. Del exterior venían los equipos y la tecnología, y
allá es que se realizaban los mayores beneficios del negocio petrolero.
La industria petrolera nació bajo el signo
del entreguismo por parte del gobierno de Gómez hacia las grandes compañías
extranjeras. Las leyes de hidrocarburos no sólo las beneficiaban
ampliamente, sino que generalmente eran redactadas por abogados de las mismas
empresas petroleras. No obstante, personajes del gomecismo como Gumersindo
Torres, Ministro de Fomento en dos oportunidades, iniciaron desde la segunda
década del siglo XX una lucha por lograr mayores beneficios para el Estado
venezolano, proceso que se manifestó recurrentemente durante varias décadas,
hasta culminar con la nacionalización del petróleo en 1976.
1.
El
primer paso significativo se dio durante el gobierno de Isaías Medina Angarita,
con la Ley de Hidrocarburos de 1943, la cual unificó el régimen jurídico de las
concesiones, regularizó las condiciones de exploración y explotación, y aumentó
los impuestos que se debían pagar a la nación, apoyándose en la Ley de Impuesto
Sobre la Renta aprobada en 1942. A cambio, Medina otorgó y prorrogó concesiones
por 40 años.
2.
En
1946, la Asamblea Nacional Constituyente elevó el impuesto sobre la renta de
9,5 % a 26 %.
3.
Posteriormente,
en 1948, la Junta Revolucionaria de Gobierno promulgó el llamado Fifty-Fifty
(relación de 50-50 % para la participación en las ganancias entre las empresas
y el Estado).
4.
En
1958, el Presidente de la Junta Provisional de Gobierno, Edgar Sanabria,
decretó un nuevo aumento hasta el 45 % del I.S.L.R. que debían pagar las
compañías.
5.
En
1970, este impuesto se elevó a 60 %, y en 1975 alcanzaba el 72 %.
6.
Finalmente,
en 1976, la actividad petrolera sería nacionalizada durante el gobierno de
Carlos Andrés Pérez, culminando así todo
un período histórico de lucha nacionalista por tener el Estado una mayor participación
en la principal industria del país.
7.
En
ese proceso, había sido creada en 1960 la Corporación Venezolana de Petróleo,
CVP, primera empresa petrolera estatal, antecedente de PDVSA, creada en 1976
para dirigir la industria nacionalizada.
8.
También
en 1960 se fundó bajo la iniciativa venezolana la Organización de Países
Exportadores de Petróleo, OPEP, cuyo objetivo básico era la defensa de los
precios petroleros en el mercado mundial, hasta ese momento controlado por las
grandes compañías. La exitosa estrategia de la OPEP permitió que a mediados de
los 70 se produjeran históricos aumentos de los precios petroleros, los cuales
pasaron de 2-3 dólares a comienzos de la década, hasta llegar a los 35 dólares
para 1980.
A
mediados de los 80 sobrevino una caída de los precios petroleros, elemento que
repercutirá directamente en el estallido y la profundización de la crisis
económica venezolana, debido a la ya mencionada estructura económica
parasitaria que dependía casi exclusivamente del ingreso petrolero para su
financiamiento.
A
partir de 1993 el Estado venezolano inició un proceso de desnacionalización de
la industria, conocido como “Apertura Petrolera”, enmarcado en los planes
privatizadores neoliberales que comenzaron a imponerse en el país a partir de
1989. La apertura petrolera estuvo caracterizada por las grandes ventajas
concedidas a las empresas extranjeras, en perjuicio de los intereses de la
nación. Por ello ha sido criticada como profundizadora de la subordinación del
país ante el capital trasnacional, pues se ha perdido parte del control sobre
la principal actividad económica de la nación. Los objetivos de la apertura
petrolera de aumentar significativamente la producción nacional, aún violando
las cuotas establecidas por la OPEP, unido a esquemas similares que
predominaron en los países árabes, generó el derrumbe de los precios del
petróleo en 1998-99. Pero la llegada al gobierno de Hugo Chávez Frías modificó
radicalmente la política petrolera del Estado venezolano. Aplicando una
estrategia de reducción de la producción, de común acuerdo con la OPEP y con
otros países productores fuera de la OPEP, se logró recuperar los precios y
hacerlos sobrepasar la barrera de los 30 dólares por barril en marzo/2000. Al
fortalecer la OPEP, cuya presidencia recae en el Ministro de Energía y Minas
venezolano, Alí Rodríguez Araque, nuestro país contribuyó a recuperar los
deprimidos precios petroleros y retomar con ello el control del mercado mundial
de hidrocarburos.
LA
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES COMO POLÍTICA DE ESTADO (1959-1989).
Con el inicio de la producción industrial en su fase
sustitutiva o de ensamblaje, la economía venezolana entra en la fase de
“crecimiento secundario”.
Anteriormente el crecimiento era “simple”, porque la expansión del sector
petrolero externo no generaba una expansión del sistema productivo interno, ya
que la nueva demanda se satisfacía fundamentalmente a través de las
importaciones. Ahora, con el comienzo de la industrialización sustitutiva,
la demanda inducida por los ingresos petroleros va a ser satisfecha en proporciones cada vez
mayores por la industria nacional. Por esta razón, la dinámica del sector
petrolero externo tiene efectos secundarios sobre el sistema productivo
interno, sobre el desarrollo de las fuerzas productivas y el producto nacional.
Se genera un dinamismo interno “secundario”, un efecto multiplicador interno.
La misma burguesía
comercial importadora se vio en la necesidad de comenzar a importar bienes de
capital[6] y
equipos industriales como mecanismo para mantener el nivel de acumulación
alcanzado por la actividad comercial. Fue el mismo proceso de acumulación
comercial el que obligó a realizar inversiones industriales productivas. Por
otra parte, la expansión de la demanda en el mercado interno había creado las
condiciones para que surgiera un tipo de industria sustitutiva de las
importaciones. Estas dos razones, el logro del “umbral sustitutivo” y la
necesidad de abrir nuevas fuentes de acumulación orientaron a partes
importantes del capital comercial hacia el área ensambladora-industrial. Desde
el momento en que la base industrial adquirió un volumen significativo, el
capital comercial y el capital industrial estuvieron intensamente entrelazados
y formaban un complejo único de acción.
En 1937 se había
creado el Banco Industrial de Venezuela, con capital mixto, público y privado.
En 1946 se creó la Corporación Venezolana de Fomento, que al igual que el Banco
Industrial, tenían la finalidad de proporcionar créditos industriales a
empresas incipientes o asistir financieramente a empresas ya constituidas. La
acumulación de capital creció vertiginosamente a partir de las medidas tomadas
durante los gobiernos de Medina[7] y de Gallegos[8],
lo que permitió que el Estado contara con grandes excedentes que le permitieron
financiar el desarrollo de un proceso de industrialización sustitutiva a partir
de la década de los 40. La industrialización venezolana creció siempre al
amparo de la renta petrolera; de allí su secular incapacidad para crecer por sí
misma, su dependencia cada vez mayor de tecnologías foráneas e inversiones ya
sean del Estado o de multinacionales.
El sistema industrial venezolano
necesitó desde sus comienzos de una alta proporción de insumos importados,
debido a su escasa integración con los otros sectores de la economía. Esta
falta de integración se explica, por una parte, en la heterogeneidad y el
atraso de las fuerzas productivas sobre todo a nivel agrario. Y por otro lado,
la tecnología que se introduce en la industria responde a las necesidades de
las economías industrializadas (principalmente de los Estados Unidos) más que a
las propias. Por estas razones es que se puede afirmar que el desarrollo
industrial venezolano ha sido en buena parte una prolongación subsidiaria de la
industria extranjera, poco integrada al resto de la economía nacional. El
desarrollo industrial desarrolla así una profunda contradicción: al pretender
sustituir importaciones, la industrialización acentúa más la dependencia de las
importaciones.
La sustitución de
importaciones se constituyó en una política explícita del Estado venezolano
luego del derrocamiento de la dictadura y el advenimiento de la democracia. Se
establecieron una serie de disposiciones que dividían la actividad industrial
entre el sector público y el privado. La misma Constitución Nacional establecía
en su artículo 97 que las industrias básicas pesadas deben estar bajo control
del Estado; en general, la extracción y el procesamiento de las materias primas
quedaban en manos del Estado. Así fueron desarrolladas la industria petrolera
(a partir de su nacionalización en 1976), la petroquímica, la del hierro y el
acero (nacionalizada en 1975), la del aluminio y la del carbón. La manufactura
en general se dejó en manos de la empresa privada.
El Estado
venezolano promovió la industrialización por diversos medios. En primer lugar,
mediante una política arancelaria fuertemente proteccionista. Un gran número de
productos estaban en las listas de importación prohibida o de importación
reservada por el Estado. En segundo lugar, mediante el otorgamiento de
facilidades para el establecimiento de empresas, incluyendo créditos
preferenciales por más de 27 mil millones de bolívares durante el período
1960-1989. También se otorgaron exoneraciones de impuestos nacionales y municipales,
y de aranceles para la importación de bienes de capital e insumos. Por último,
el gobierno adoptó la política de “compre venezolano”, según decreto de la
Junta de Gobierno, del 9 de enero de 1959.
Según registros
del Ministerio de Fomento, fueron aprobados 9.840 proyectos industriales entre
1962 y 1989. De ellos, 1.250 en la década del 60; 3.450 en la del setenta, y
5.240 en la del ochenta. La participación de las empresas multinacionales
extranjeras no se hizo esperar, sobre todo en la industria automotriz, la
farmacéutica, la de cables, la industria del vidrio, y la de equipos
electrónicos y electrodomésticos.
La política de
sustitución de importaciones estuvo siempre llena de concesiones a las
transnacionales. La amplitud de la penetración del capital extranjero y del
grado de control sobre las actividades industriales va a contribuir
decisivamente en la frustración del esfuerzo industrializador nacional.
Virtualmente todas las empresas multinacionales que operan en el país han
estado interesadas en mantener a Venezuela como país importador de materias
primas, bienes intermedios y bienes de capital, además de asegurarse
transferencias financieras como pago de royalties, asistencia técnica,
patentes, etc. Como estas empresas multinacionales controlan o son propietarias
de las empresas que fabrican los productos de consumo final, están en
condiciones de entrabar o anular cualquier proyecto destinado a producir bienes
intermedios o materias primas para esas industrias que no estuviera en sus planes.
La
industrialización substitutiva permitió instalar en el país industrias que
actuaban con tecnología y patentes extranjeras, con materias primas y bienes
intermedios importados, y usando bienes de capital igualmente traídos del
exterior, fuerte tendencia al monopolio, producción destinada esencialmente a
los estratos de ingresos altos, usos de tecnologías sofisticadas, intensivas en
capital y ahorradoras de fuerza de trabajo (Aranda, 1984: 210). De esta forma,
nuestra industria “nacional” se construyó como una subsidiaria de las grandes
multinacionales, sin ningún aporte significativo al desarrollo económico
independiente del país.
Mientras el
capital monopólico internacional asumía de hecho el control de todos los
sectores importantes de la industria, comprometiendo así el desarrollo futuro
del país, la burguesía venezolana se dedicó a colocar sus capitales en bienes
inmobiliarios, en actividades financieras de tipo especulativo, en actividades
comerciales y en la agricultura, la construcción y el transporte[9].
Sus inversiones en la industria se mantuvieron asociadas al capital extranjero.
El crecimiento de la economía
venezolana se identifica durante la fase histórica de crecimiento secundario
con el desarrollo del sistema capitalista interno. El modo de producción
capitalista va absorbiendo y dominando sectores de producción tradicionales o
precapitalistas.
En el proceso de
crecimiento industrial, adquirió un fuerte peso el sector terciario[10],
que se manifestó en el gran incremento relativo de la producción no material y
de las actividades comerciales. En contraste, existía un reducido peso del
sector manufacturero capitalista, el que aunque crecía a un ritmo acelerado, se
veía opacado por el sector externo (petróleo) y las actividades terciarias. Por
otra parte, tanto las nuevas inversiones como las mejoras y ampliaciones
productivas se orientaron hacia el ahorro de la mano de obra. Esto produjo un
círculo vicioso pues la escasa absorción de mano de obra frena el desarrollo
del mercado interno y merma, por consiguiente, las oportunidades para nuevas
inversiones.
Se producen
igualmente cambios en la estructura de clases de la sociedad venezolana. Las
nuevas clases dominantes nacen de la fusión del capital comercial y el capital
industrial. Ellas son las beneficiarias principales de la alta productividad
del sector capitalista externo. Surgen igualmente núcleos de una burguesía
agraria, cuyo centro de gravedad será siempre la burguesía “urbana”. En el otro
extremo, los sectores de trabajo asalariado alcanzan dimensiones importantes.
Sin embargo, sigue existiendo un gran número de trabajadores “por cuenta
propia”, de personas ocupadas en el servicio doméstico y en general, en el
sector terciario de servicios. A la vez, se crean amplios sectores marginales y
cuasi-marginales, no incorporados a los cambios socio-económicos que se
desarrollan en el país. Esta conformación heterogénea dificultará el proceso de
cohesión social y el desarrollo de la lucha política de los trabajadores, a
diferencia de otros países latinoamericanos en los cuales el desarrollo de un
importante sector industrial posibilitó el surgimiento de grandes movimientos
obreros (como en México, Argentina, Chile, Brasil, Colombia).
Ya para fines de
los 60 y comienzos de los 70 empezaron a hacerse visibles los mismos signos de
agotamiento del esquema de crecimiento sustitutivo “hacia adentro”, que ya
habían hecho su aparición en otros países latinoamericanos. El Estado
interventor comenzaba a convertirse en un lastre difícil de financiar. Debido a
la desigualdad social, el mercado interno era insuficiente para sustentar las
escalas de producción requeridas. Las industrias se acostumbraron a la
protección y perpetuaron la ineficiencia. Cada día se hacía más difícil avanzar
hacia estadios más avanzados de integración industrial. Pero estos síntomas de
agotamiento fueron postergados por la coyuntura petrolera de 1973. A comienzos
de los 70, mientras Brasil, México y Argentina derivaban la tercera parte de su
producto social del sector industrial, a pesar de sufrir igualmente el
agotamiento del modelo sustitutivo, y mientras Colombia, Chile y Perú obtenían
entre un 20 y un 30 % del mismo, Venezuela no pasaba del 14 %; en muestra
evidente de nuestro atraso con relación a los propios países latinoamericanos.
Con el aumento de
precios del petróleo a comienzos de la década del setenta, la economía
venezolana recibió una masa de ingresos como nunca antes en su historia había
recibido. Sin embargo, estos ingresos tuvieron un escaso efecto dinamizador de
la economía, y por el contrario los acontecimientos de este período será el
prólogo de la profunda crisis que aún hoy atravesamos. Las expectativas y las
conductas derivadas excedieron con creces al nivel de ingresos, estimulando un
gasto fiscal desmesurado, el consumismo, el derroche, la corrupción, y la
despreocupación por los costos.
El gobierno no
sólo nacionalizó el hierro y el petróleo, sino que impulsó gigantescos
proyectos productivos en el sector público: acero y laminados de acero,
aluminio, energía hidroeléctrica, petroquímica, etc. Simultáneamente emprendió
muy importantes obras de infraestructura: autopistas en el interior del país,
remodelación y ampliación de puertos, instalación de procesamiento y almacenaje
de productos agrícolas, extensión de la red eléctrica nacional, etc. Estos
proyectos no sólo comprometieron parte de los mayores ingresos de los primeros
años, sino los ingresos del sector público cuando ya habían tenido una merma
importante, en términos reales. Es cierto que el país cuenta ahora con una
infraestructura considerablemente más amplia, moderna y eficiente, pero a costa
de desequilibrios probablemente mayores que sus ventajas. No se puede dejar de
reconocer, sin embargo, que como resultado de la disponibilidad adicional de
recursos, el país avanzó en algunos aspectos importantes de la economía y de
servicios como educación y salud.
Junto a los
proyectos faraónicos de la Gran Venezuela del primer gobierno de Pérez, se
contrajo una enorme deuda externa que hizo crisis a comienzos de los 80, cuando
el alza de las tasas de interés en la economía norteamericana, unida al
descenso de los precios de las principales materias primas en el mercado
mundial, generó la profunda crisis de todas las economías latinoamericanas,
crisis que en nuestro país se postergó unos años más debido a nuestra
envidiable posición como exportadores de petróleo y la gran masa de reservas
internacionales de que disponíamos.
Para el momento
del estallido de la crisis de la deuda, el sector privado venezolano, consciente
de la insostenibilidad de la situación, había puesto a buen resguardo en el
exterior gran parte de su patrimonio. La devaluación de febrero de 1983, y el
subsiguiente control de cambios (Recadi) no significaron ningún cambio de
rumbo, sino simplemente el intento de alargar la vida del viejo esquema por
unos años más, pero a costa de agotar las reservas internacionales,
descapitalizar las empresas públicas y someter a la población al impuesto de la
inflación.
Los gobiernos de
Pérez, Herrera y Lusinchi profundizaron los elementos causantes de la crisis.
Despilfarraron decenas de miles de millones de dólares en ingresos provenientes
del petróleo. Tal vez en la historia mundial no ha existido un ejemplo igual de
mala administración de recursos. En ese contexto, la industria nacional no fue
capaz de superar las limitaciones que arrastraba desde el inicio del proceso
sustitutivo de importaciones, y al calor de la crisis éstas se acentuaron, como
su escasa productividad, su dependencia con respecto al proteccionismo estatal,
su subordinación al capital multinacional, su incapacidad para generar empleo
creciente y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. De esta forma
se crearon las condiciones para la ruptura del modelo intervencionista y la
implantación de la apertura al mercado internacional iniciada desde febrero de
1989, cuyos resultados en una década nos hacen concluir que resultó peor el
remedio que la enfermedad.
LA
CRISIS DE LA ECONOMIA VENEZOLANA. EL AGOTAMIENTO DEL MODELO DE ACUMULACIÓN RENTISTA.
A comienzos de la
década de los 80, el modelo de acumulación basado en la apropiación de la renta
petrolera por parte del Estado venezolano, que se había desarrollado en el país
desde la década del 20 del siglo XX, entró en crisis, a causa de la caída de
los precios petroleros en el mercado mundial. Esta situación generó toda una
serie de cambios en la sociedad venezolana, pues por décadas diversos sectores
de la sociedad habían vivido parasitariamente de la renta que administraba y
redistribuía el Estado (Espinasa y Mommer, 1991: 42).
Simultáneamente
con la caída de los precios del petróleo, estalló en la década de los ochenta
la crisis de la deuda externa en los países latinoamericanos[11].
En Venezuela, a partir de 1983, la mayor parte de los ingresos petroleros
comenzaron a ser utilizados para el pago del servicio de la deuda externa,
contribuyendo al agravamiento de la crisis económica interna que empezó a
atravesar el país desde entonces.
Para entender a cabalidad la crisis
venezolana se hace necesario retomar los análisis marxistas, partiendo de las
mismas tesis que al respecto formuló Carlos Marx en sus diferentes obras, los
cuales establecen varias causas originarias de las crisis recurrentes que sufre
el capitalismo:
·
La
crisis como disminución de la capacidad de consumo de las masas.
·
La
crisis como efecto de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.
·
La
crisis a consecuencia de la superproducción de capital.
·
La
crisis como resultado de la anarquía reinante en la producción capitalista, y
el crecimiento desproporcionado de los distintos sectores y ramas de la
economía. Esta es la causa de la crisis en Venezuela: coexisten sectores de la
economía muy escasamente desarrollados, como la agricultura y la industria de
bienes de capital, mientras otros sectores como el petrolero tienen un gran
desarrollo; cuando hace crisis el sector petrolero, no hay otros sectores que
lo puedan sustituir como fuente de ingresos a la nación. Por ello se dice que
la crisis es de carácter estructural.
Todas
las medidas anticrisis llevadas a cabo por la burguesía buscan poner en
práctica mecanismos que eleven la tasa de ganancias de los capitalistas, por
medio de diversas vías (Lanz, 1996:10), las cuales aparecen en las distintas
teorías burguesas que buscan darle salidas a las crisis, tanto las keynesianas
como las neoliberales:
·
Aumento
del grado de explotación del trabajo: mediante la prolongación de la jornada de
trabajo o mediante la intensificación del trabajo mismo.
·
Desvalorización
del salario: mediante la inflación y las restricciones a las políticas de
seguridad social hacia los trabajadores, con el fin de abaratar costos en la
fuerza de trabajo. Esta es una de las medidas fundamentales del neoliberalismo.
·
Desvalorización
del capital constante (maquinarias y equipos): eliminando los capitales no
competitivos. Toda crisis implica una concentración de capitales y
fortalecimiento de monopolios.
·
Utilización
del gasto productivo por medio del Estado: ampliando artificialmente la demanda
y subsidiando la tasa de ganancia (política que aplicó el primer gobierno de
Pérez). Esta es una de las medidas fundamentales del keynesianismo.
Los
efectos de la caída de la tasa de ganancia de los capitalistas a consecuencia
del derrumbe de los precios petroleros en la década de los ochenta trataron de
revertirlos los gobiernos burgueses a partir del de Luis Herrera Campins en
1979, año en que se detuvo la expansión del crecimiento económico que vivió el
país a comienzos de los setenta (Castro Barrios, 1994: 97). A partir de 1989,
la burguesía venezolana se propuso modificar el antiguo modelo keynesiano donde
el Estado tenía el control fundamental de la economía, para imponer el modelo
neoliberal.
LAS
POLITICAS NEOLIBERALES APLICADAS POR LOS GOBIERNOS DE CARLOS ANDRÉS PÉREZ
(1989-1993) Y RAFAEL CALDERA (1993-1999).
El paquete
neoliberal de 1989 fue justificado en su momento debido al agotamiento de las
reservas internacionales y al gran déficit fiscal que venía padeciendo la
nación. Se argumentaba así la necesidad de recurrir al Fondo Monetario
Internacional.
El programa
económico se fundamentó en la Carta de Intención firmada con el FMI. Partiendo de la fe inquebrantable en el libre
mercado, como el mecanismo óptimo para restablecer los equilibrios macroeconómicos,
se planteó la total apertura al comercio internacional, dando libre flujo a las
importaciones y las exportaciones. El mecanismo básico de ajuste consistía en
la reducción de la demanda interna (depresión de salarios reales y reducción
del déficit fiscal) a través del binomio inflación-devaluación. En otras
palabras, el peso fundamental de las medidas recaía sobre el pueblo trabajador,
que vio reducido su nivel de vida debido a la caída de los salarios reales
producto de la inflación; similares argumentos, similares medidas y
consecuencias iguales se produjeron con la Agenda Venezuela aplicada por el
gobierno de Caldera.
Las medidas en lo
concreto fueron las siguientes:
·
Liberación
del tipo de cambio.
·
Liberación
de la política de importaciones: eliminación progresiva de las restricciones
cuantitativas a las importaciones; eliminación de las exoneraciones
arancelarias; simplificación y reducción de aranceles.
·
“Política
salarial prudente”, que no significaba otra cosa que favorecer la reducción de los
salarios reales de los trabajadores por medio de la inflación y la devaluación
monetaria.
·
Aumentos
de precios de bienes y servicios públicos.
·
Eliminación
del sistema de control de precios, exceptuando 25 productos y servicios
esenciales que serían ajustados al ritmo de la inflación (en contraste con los
7 productos que actualmente mantiene regulados Caldera).
·
Liberación
de las tasas de interés.
·
Aplicación
de una serie de subsidios sociales, entre los cuales destacó la llamada beca
alimentaria y el subsidio a algunos productos de la canasta alimentaria básica.
Al
considerar agotado el modelo de acumulación basado en la renta petrolera, el
paquete de CAP se planteó impulsar la llamada Reconversión Industrial (llamada
también Reconversión Laboral), cuyos objetivos eran:
·
Incremento
de la explotación del trabajo aumentando la intensidad del ritmo de producción,
acelerando la cadencia de los equipos, extendiendo la jornada de trabajo,
redoblando los turnos, incrementando el sobretiempo. Se trataría en este caso
de producir plusvalía absoluta con el paquete industrial instalado.
·
Desvalorización
del salario a través de la reducción de los gastos de reproducción de la fuerza
de trabajo (educación, alimentación, vivienda, salud, transporte, etc.),
mediante la manipulación inflacionaria que conduce al alza de precios de los
bienes de subsistencia diaria.
·
Desvalorización
del capital constante, depurando el capital ineficiente, llevando a la quiebra
a las empresas que no posean cobertura financiera y sin ventajas en productividad.
Esto implica un proceso de reacomodo al interior de las distintas fracciones de
capitalistas (Lanz Rodríguez, 1990: 56).
Esta propuesta de
reconversión se encuadra, siguiendo a Lanz, en el denominado nuevo paradigma
industrial, como nueva división internacional de trabajo en donde el capital
internacional cristalizado en los bloques económicos (Estados Unidos, Europa y
Japón), seguirá manteniendo la hegemonía sobre las tecnologías de punta
(microelectrónica, biotecnología, nuevos materiales, etc.) y delegarán un tipo
de industrialización especializada en los países dependientes, utilizando las
llamadas ventajas comparativas: bajos salarios, materia prima barata, buena
infraestructura de servicios, seguridad jurídica, etc., y buscando la utilización
rentable de equipos industriales obsoletos. Esta forma de industrialización
especializada ha tomado forma en las Industrias Maquiladoras, con las cuales
las transnacionales manufacturan partes y componentes en aquellos países con
salarios bajos y demás condiciones favorables.
La industria de
maquila implica cambios en la organización de la producción, en donde resalta
el llamado trabajo domiciliario, en el cual aparentemente se es un trabajador
independiente, pero en la realidad está subordinado, colocando al sector
informal como una colonia del sector formal, afectando negativamente la
capacidad de organización sindical y de lucha de los trabajadores. El nuevo
paradigma industrial se plantea recomponer el proceso de trabajo y su
articulación con el proceso de valorización del capital:
·
Racionalizando
el parque industrial instalado.
·
Aplicando
selectivamente nuevas tecnologías.
·
Cambiando
las normas de rendimiento y productividad en el trabajo.
·
Modificando
la relación salarial, cuestionando el salario social y las prestaciones.
·
Dando
una nueva cualificación a la fuerza de trabajo, induciendo un nuevo modelo
educativo de factura tecnocrática.
·
Modificación
al ordenamiento jurídico y promoviendo nuevas formas de contratación (contrato
individual y temporal, trabajo a domicilio, pequeñas empresas subsidiarias).
El
paquete de CAP señaló la salida que los capitalistas nacionales y extranjeros
le daban al agotamiento del modelo de acumulación basado en la renta petrolera,
alternativa que siete años después resucitó Rafael Caldera al aplicar un
paquete económico similar al de CAP.
LA
AGENDA VENEZUELA.
El
15 de abril de 1996 Rafael Caldera anunció al país las nuevas medidas
económicas contempladas en la llamada “Agenda Venezuela”. Dichas medidas fueron
básicamente las siguientes:
·
Aumento
del precio de la gasolina en más de un 500 %.
·
Liberalización
total del control de cambios (que implicó una devaluación de más del 50 %).
·
Aumento
en la tasa del Impuesto al Consumo Suntuario y de Ventas al Mayor, desde 12,5 %
hasta 16,5 %.
·
Liberación
de las Tasas de Interés.
·
Aumento
del 40 % en el costo de los servicios públicos (electricidad, gas, etc.).
·
Privatización
de empresas del Estado como las industrias del aluminio y la venta total de las
acciones de la CANTV y Aeropostal, además de la venta de los bancos
estatificados.
·
Apertura
a la participación del capital privado en la Petroquímica, la minería y la
industria vegetal.
·
Medidas
compensatorias como un 70 % de aumento salarial para empleados públicos;
subsidio al transporte público; duplicar la beca alimentaria y las pensiones a
los jubilados; cesta básica subsidiada con cinco alimentos “esenciales”; y
programas de capacitación para jóvenes desempleados y desertores del sistema
escolar.
·
Continuidad
en las políticas de flexibilización laboral y reconversión industrial.
.
La Reforma a la
Ley del Trabajo, en junio de 1997, sirvió para llevar adelante la tesis
neoliberal de la “flexibilización” de las relaciones de trabajo. Dicha reforma
eliminó el cálculo retroactivo para el pago de las prestaciones sociales de los
trabajadores. Igualmente abarató los despidos al eliminar el pago o liquidación
doble en caso de despido injustificado. Además, las formas de pago que
estableció para las prestaciones acumuladas, sobre todo en la administración
pública, constituyeron una estafa a los trabajadores, pues no se definieron
claramente ni los lapsos para los pagos ni de dónde saldrían los recursos
financieros para cumplir con dichas obligaciones. Finalmente, la nueva Ley de
Seguridad Social amenazaba con terminar de vulnerar los derechos de los
trabajadores. El gobierno de Caldera logró ejecutar las reformas
flexibilizadoras del mercado laboral que formuló Carlos Andrés Pérez en 1989.
La reconversión
industrial-laboral trajo igualmente efectos desastrosos para las clases
trabajadoras (Iranzo, 1991: 77). El efecto negativo más importante de la
reestructuración industrial fue el aumento del desempleo:
·
La
estrategia industrial gubernamental suponía el crecimiento de sectores
altamente intensivos de capital (actividades extractivas y de transformación
primaria) y por ende poco generadores de empleo. A su vez, las ramas más
afectadas por la crisis, los sectores industriales tradicionales, son los más
intensivos en mano de obra.
·
La
primera medida tomada por los empresarios para adaptarse a la nueva situación
fue la de despedir trabajadores.
·
Como
consecuencia de la caída de la demanda, se produjo una fuerte disminución del
sector comercio.
·
La
política dirigida hacia el sector agrícola significó un importante aumento del
desempleo en el sector.
·
Con
la introducción de nuevas tecnologías y maquinaria automatizada, se reducen
puestos de trabajo.
La segunda
tendencia negativa de la reconversión fue la informalización del sector
moderno, como consecuencia de la generalización de formas de contratación que
hasta ahora se denominaban “atípicas” porque no correspondían con las
condiciones del trabajo formal. Basándose en la llamada “flexibilización del
trabajo”, los empresarios comenzaron a ejercer fuertes presiones para
desregularizar el mercado de trabajo, bajo el supuesto de que las normativas
legales son las que impiden adecuarse a las nuevas circunstancias. De allí
surgió la propuesta de eliminar el
cálculo retroactivo en las prestaciones sociales y la ley sobre despidos
injustificados.
Las prácticas
“flexibilizadoras” ya existían desde antes en Venezuela, pero durante los
gobiernos de Pérez y Caldera se multiplicaron: contratos por tiempo
determinado, a tiempo parcial, a domicilio, subcontratación, etc. Muchos
sindicatos, ante la perspectiva de desempleos masivos, las aceptaron. El
crecimiento del sector de trabajadores “flexibles” (Iranzo, 1991: 80)
representa un serio problema social que profundiza la precarización de las
condiciones de vida y de trabajo, ya pronunciadas con la expansión del sector
informal. Todos ellos constituyen grupos sociales sin cobertura social ni
protección legal, pues la ley no ampara a los trabajadores que no estén en
condiciones de subordinación (lo que se ha superado con la nueva constitución
de 1999). El cuadro final es, entonces, el aumento de la pobreza y de la
indefensión social, factores de reforzamiento de las desigualdades sociales.
Otra tendencia
desarrollada por la reconversión industrial es la intensificación del trabajo.
Generada en primer lugar porque las empresas reducen sus plantillas al punto
que sus volúmenes actuales de producción no se corresponden con la cantidad de
trabajadores por unidad de producto que tenían previamente. Es decir, se
incrementa la productividad laboral pero no por cambio tecnológico u
organizativo sino por un aumento en el ritmo y la cantidad de trabajo
individual y colectivo.
La segunda vía de
intensificación del trabajo se basa en el uso de una mano de obra polivalente
que cuenta con la capacitación necesaria para desplazarse por diferentes
puestos de trabajo de acuerdo a las necesidades de la producción, lo que rompe
con la tradicional distribución fija de responsabilidades propia de la
organización taylorista. Esta “flexibilización” provoca la intensificación del
trabajo en la medida en que no se puede fijar de antemano el tipo y la cantidad
de tareas a realizar por parte de cada trabajador, pues ello depende de las
circunstancias; de esta forma, los mecanismos tradicionales de regulación de la
carga de trabajo se vuelven inoperantes (Iranzo, 1991: 83).
Los resultados de
la Agenda Venezuela reflejaron la misma situación vivida con el paquete de Pérez: cuentas
macroeconómicas exitosas y un efecto nefasto sobre el nivel de vida de la
población. Los planes neoliberales de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera,
pese a presentar logros macroeconómicos relativamente destacados, redundaron
fundamentalmente en el aumento de los niveles de explotación de la masa
trabajadora, en el deterioro tanto de las condiciones de trabajo como del nivel
de vida de la mayoría de la población, favoreciendo el aumento de los niveles
de ganancias por parte de los empresarios criollos y extranjeros. Los ricos se hicieron más ricos, los pobres
aumentaron su pobreza y aumentaron también su número, pues un grueso sector de
la antigua clase media se empobreció en la última década. Aumentó el desempleo
y la economía informal alcanzó el 50% de la fuerza de trabajo. El salario real
de los trabajadores se desvalorizó en más del 50 %.
Nuestra economía
aumentó su grado de dependencia para con el capitalismo multinacional, debido a
los procesos privatizadores y a la apertura indiscriminada al mercado mundial.
El descontento de las grandes mayorías sociales por diez años de neoliberalismo
en Venezuela fue el detonante del comportamiento electoral que condujo al
triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de 1998, y la consiguiente
modificación del panorama político del país. A partir de esa nueva realidad se
abrió la posibilidad de modificar el rumbo neoliberal que llevaba nuestra
economía, y que se comiencen a superar la dependencia y el subdesarrollo.
EL
MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE PROMUEVE HUGO CHÁVEZ. LA TRANSFORMACIÓN DEL
CAPITALISMO RENTÌSTICO VENEZOLANO EN UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA.
El plan de desarrollo económico
ejecutado durante el período de gobierno de Hugo Chávez se ha cristalizado
particularmente con la definición del Proyecto Nacional Simón Bolívar
2007-2013, denominado el Primer Plan Socialista de la Nación.
En el mismo se propone la constitución de un Nuevo Modelo Productivo
Socialista, elemento determinante que lo diferencia de todos los modelos
económicos anteriores que fueron concebidos como capitalistas.
El
punto de partida del Plan Simón Bolívar es la crítica al modelo productivo
capitalista, fundamentado en la explotación intensiva del trabajo asalariado y
de los recursos naturales, el cual genera desempleo, pobreza, miseria y
exclusión social (Álvarez, 2010: 22).
De
cara a la construcción del nuevo modelo productivo socialista, el Gobierno
Bolivariano plantea que:
“La producción en la búsqueda de lograr trabajo con
significado se orientará hacia la eliminación de la división social del
trabajo, de su estructura jerárquica actual y a la eliminación de la disyuntiva
entre satisfacción de necesidad y producción de riqueza. El modelo productivo
responderá primordialmente a las necesidades humanas y estará menos subordinado
a la reproducción del capital” (RBV, 2007: 60).
La
transformación del capitalismo rentístico venezolano implica:
- Cambiar las relaciones
sociales de producción.
- Transformar la estructura
del aparato productivo.
- Modificar la distribución
territorial de la actividad económica.
- Reorientar la intervención
del Estado.
LA
NECESIDAD DE CONSTRUIR UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO.
En su obra “Venezuela ¿Hacia dónde va
el modelo productivo?”, Víctor Álvarez
enumera las condiciones que van madurando en Venezuela para permitir la
transformación del capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo
(Álvarez, 2010: 24):
- Agotamiento del patrón de
acumulación capitalista, generador de desempleo, pobreza y exclusión
social, al basarse en la explotación intensiva de la fuerza de trabajo, la
explotación irracional de los recursos naturales y la contaminación del
ambiente.
- Necesidad de saldar la
deuda social acumulada a través de la participación activa y protagónica
del pueblo organizado en la dirección y control de los procesos de
generación, distribución e inversión de la producción y los excedentes, en
función de contribuir a una mejora sostenida de la calidad de vida y de la
mayor suma de felicidad posible para el pueblo trabajador.
- Crisis del capitalismo
rentista en el marco del cuestionamiento a la División Internacional del
Trabajo que nos condena a ser simples proveedores de petróleo y otras
materias primas, lo cual inhibe el desarrollo endógeno de las
potencialidades nacionales.
- Necesidad de impulsar el
desarrollo de las fuerzas productivas internas, con base en el
fortalecimiento de capacidades tecnológicas e innovativas para agregar
valor a las abundantes fuentes de materias primas y recursos energéticos
que posee Venezuela, en función de sustituir importaciones y diversificar
las exportaciones, superando la dependencia tecnológica de los grandes
centros industrializados.
- Urgencia de profundizar
la inversión y distribución progresiva de la renta petrolera y del ingreso
nacional en función de impulsar un nuevo esquema para la generación y
distribución de la riqueza.
- Crisis del neoliberalismo
y de las políticas a favor del libre mercado, y reconocimiento de la
importancia de la intervención del Estado para orientar el curso del
desarrollo económico en función de los grandes intereses nacionales.
- Creciente exigencia de
facilitar y apoyar la participación de los trabajadores en la
reactivación, organización y control de la producción de los bienes y
servicios básicos y esenciales que garantizan la plena satisfacción de sus
necesidades materiales y espirituales.
- Imperativo de avanzar en
la sustitución de la inoperante estructura del Estado burgués por el
Estado revolucionario que impulse un nuevo modelo organizativo y funcional
de los poderes públicos.
- Necesidad de desplazar
los grupos de poder enquistados en la estructura burocrática por
servidores públicos comprometidos y responsables con la tarea de impulsar
nuevas formas de poder popular, para hacer rendir al máximo los recursos
destinados a saldar la deuda social y transformar el modelo productivo.
- Reclamos por impulsar un
cambio profundo de las relaciones económicas a través del impulso a la
economía social como portadora de nuevas relaciones sociales de
producción.
- Demandas de participación
activa y protagónica del pueblo organizado en función de asumir el control
de la producción de los bienes y servicios esenciales.
- Necesidad de corregir los
desequilibrios territoriales y el desarrollo desigual entre las diferentes
regiones, estados, municipios y comunidades en todo el país.
- Afrontar el deterioro y daños
irreversibles al ambiente debido al mal manejo de las emanaciones
gaseosas, efluentes líquidos y desechos sólidos que contaminan el ambiente
y arruinan la salud de los trabajadores y las comunidades.
- Corregir el deterioro de
los más elementales valores éticos que mantienen cohesionada y garantizan
la integridad y seguridad de una sociedad.
Observamos que el Proyecto Nacional Simón Bolívar intenta
abordar los puntos neurálgicos que han impedido hasta ahora el desarrollo
independiente del país. Intenta resolver el problema de la dependencia de
nuestro modelo económico a los requerimientos diseñados por el capitalismo
internacional, realidad que hemos arrastrado desde la misma época colonial.
Pero a la vez intenta resolver otros problemas cuya caracterización se ha
realizado más recientemente, como la cuestión de la destrucción ambiental
generada por los sistemas productivos copiados e impuestos desde el extranjero,
los desequilibrios territoriales resultantes de esa economía foránea
predominante, la dependencia tecnológica, los altos niveles de desigualdad
social, etc.
También aborda la
superación del modelo neoliberal que hoy está colapsando a nivel mundial, y
retoma el papel del Estado como garante de los intereses nacionales y de las
grandes mayorías sociales. Pero va mucho más allá al proponer la participación
democrática de los trabajadores en la conducción de las nuevas estructuras
productivas que se plantean desarrollar. La transformación profunda del estado
burgués, y el desplazamiento definitivo de los grupos de poder que hemos
heredado del capitalismo de la “cuarta república”.
En general, el
Proyecto Simón Bolívar propone una transformación profunda de la sociedad
venezolana, perfilando una nueva sociedad socialista, superadora del
capitalismo como sistema productivo. En este punto es la primera vez en la historia de Venezuela que un gobierno se
plantea objetivos tan radicales de transformación nacional.
El modelo
productivo venezolano se orientó desde el siglo XIX en la perspectiva del
liberalismo económico, desde José Antonio Páez hasta Juan Vicente Gómez.
Posteriormente, a tono con la evolución de la economía capitalista mundial, se
impuso el keynesianismo a partir del gobierno de Eleazar López Contreras, el
cual se mantuvo hasta que el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez impuso en
1989 el paquete neoliberal que ya comentamos anteriormente. El neoliberalismo
tuvo una efímera vida hasta 1999, cuando Rafael Caldera entregó el poder a Hugo
Chávez Frías.
Aunque en los años
iniciales de su mandato Chávez no habló específicamente de socialismo,
es innegable que desde un principio desarrolló una estrategia económica
totalmente enfrentada al neoliberalismo dominante en el mundo capitalista,
manteniendo y fortaleciendo los aspectos positivos del modelo keynesiano, y
abriendo experimentos que se orientaban al desarrollo de la economía social,
como sucedió con el impulso de las cooperativas.
Uno de los
fundamentos del nuevo modelo productivo enarbolado por el gobierno de Chávez ha
sido la llamada economía social. La economía social no constituye en sí un
modelo económico acabado que podría encerrarse dentro de los que
tradicionalmente se ha definido como economías solidarias o sociales, ni
solamente en sus formas institucionales más conocidas: cooperativas,
microempresas, empresas mutuales, etc. La economía social es en primer
lugar, y dentro del contexto socio-económico específico a naciones periféricas
a los centros mundiales de capital como la nuestra, aquella economía que se
desarrolla precisamente sobre los márgenes de los grandes nudos de acumulación
de capital. Se trata entonces de prácticas sociales reales de producción,
distribución y consumo de bienes y servicios que configuran en estos momentos
todo un universo productivo particular. Empieza por las laberínticas formas de
economía de subsistencia hasta lugares de asociación y solidaridad entre
individuos desde los cuales se emprenden iniciativas multifacéticas de
producción cognitiva, de bienes materiales, de servicios sociales, de
producción simbólica y comunicacional, que decantan por lo general en la
formación de amplios potenciales socio-económicos. Desgraciadamente, dados los
ritos y normas del orden económico constituido, se trata de órdenes de
producción que son excluidos, marginados o apropiados por los agentes estatales
y privados que gobiernan el orden dominante (Denis, 2003).
Sin
embargo, cabe notar que desde el seno de dichas prácticas sociales, siendo
ellas mismas prácticas de resistencia con larga data de experiencia y
reflexión, se ha venido levantando un perfil ideo-político de las mismas que
constituye un lugar síntesis de su propia utopía. Síntesis que por supuesto siguen
abiertas al debate de acuerdo a las nuevas experiencias asociativas en
desarrollo y los horizontes que se abren dentro del mundo económico de hoy. Por
nuestro lado ese lugar síntesis de definición lo resumimos en los siguientes
siete elementos:
1. La economía social es una economía
alternativa.
2. Donde privan las prácticas
democráticas y autogestionarias.
3. Motorizada por las formas de
trabajo asociado y no asalariado.
4. Donde la propiedad sobre los
medios de producción es colectiva (salvo en el caso excepcional de las
microempresas).
5. Centrada en el reparto igualitario
del excedente.
6. Solidaria con el entorno social en
que se desarrolla.
7. Y aferrada a su propia autonomía
frente a los centros monopólicos del poder económico o político.
El
problema que se nos plantea entonces es cómo hacer viable este esquema
alternativo de producción dentro de una realidad económica llena de
adversidades nacionales y globales para ella y una herencia socio-cultural que
como efecto causal de la realidad económica que la determina, y sobretodo en
los últimos tiempos, más que ayudar a asociar u organizar el trabajo y el mundo
productivo en general lo que ha hecho es desaparecerlo o diseminarlo e
individualizarlo en grados cada vez más extremos y patéticos. Hemos llamado a
esto la “buhonerización” de la sociedad en todo su conjunto. No estamos
entonces ante un camino fácil de recorrer si de verdad se quiere, como en
efecto rezan los mandatos constitucionales expresados en los artículos 70, 112,
118, 184, 308, de la Constitución Nacional, llevar adelante un proceso profundo
de transformación la realidad económica nacional, donde, entre otras cosas, se
logre hacer de ella un lugar prioritario y estratégico para el desarrollo
material y cultural de la democracia participativa y protagónica como de la
misma economía nacional.
Estamos
por tanto parados ante un doble reto. Primeramente promover un camino abierto a
toda la ciudadanía desde donde se recuperen las mejores enseñanzas de toda esa
economía de subsistencia de la cual es partícipe en buena parte. Una realidad
que es hija de la precariedad estructural de nuestras naciones y la inmensa
desigualdad e injusticia que recorre toda nuestra historia, pero sobretodo, de
la crisis profunda que hoy en día vive el capitalismo como modelo global de
producción; crisis que arropa y determina el destino gris al cual pareciera que
estaríamos condenadas la inmensa mayoría de las naciones pobres y los pobres
del mundo. Pero además de las enseñanzas se trata de un mundo laberíntico lleno
de potencialidades y donde efectivamente se mueven en suma enormes cantidades
de capital que en caso de comenzar a hacerse partícipes de un proyecto más
integral y trascendente al mero interés individual que priva sobre ella,
podrían convertirse en una palanca sustancial al desarrollo integral y
equitativo de la sociedad.
Con
igual reconocimiento nos referimos a la experiencia asociativa y
autogestionaria propiamente dicha, de cuya historia extraemos todas las
premisas ideopolíticas y experienciales de la economía social. Pero en este
caso ya no estamos hablando de una realidad masiva y extensa, sino de
corrientes y experiencias, unas más tradicionales, otras más nuevas y
creadoras, que deben servirnos de escuela para la nueva realidad que seguiremos
construyendo. Pero a la vez se trata de
un mundo que debe tomar conciencia que como tal debe ser trascendido y
emplazado a hacerse partícipe del ímpetu que viene adoptando la economía social
hoy en día y que sin duda terminará revolucionado toda la experiencia
originaria que ya conocemos.
Además
de este reto, situado sobre el acumulado social y material desde el cual
debemos partir, tenemos ante nosotros el reto de la recuperación de los valores
éticos y culturales para la economía social que rodean el sueño transformador
al cual la inmensa mayoría de venezolanos hemos apostado. También sumamos entre
estos principios éticos:
1. La expansión de los valores
democráticos y libertarios hacia todas las prácticas sociales. 2. El compromiso
de hermandad y solidaridad con los entornos comunitarios y laborales en que nos
movemos.
3. El encuentro igualitario
con el otro.
4. La lucha por la plena
libertad y dignificación de nuestras naciones.
5. El profundo amor hacia la
tierra y la naturaleza.
6. El respeto absoluto por los
derechos humanos.
7. La prioridad del interés
general sobre los intereses individuales.
Ellos constituyen principios
ético-culturales que también deben convertirse en principios rectores de la
economía social. De lo contrario también ella puede sufrir, como de hecho ya le
ha pasado, los efectos devastadores que el modelo del privatismo y la
uniformidad ha tenido sobre esta dimensión esencial de la vida.
OBJETIVOS
Y FUNDAMENTOS DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA.
El
Proyecto Simón Bolívar (PSB) establece cuatro objetivos principales en este
aspecto:
- Desarrollar el nuevo
modelo productivo endógeno como base económica del Socialismo del Siglo
XXI y alcanzar un crecimiento sostenido.
- Incrementar la soberanía
alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria.
- Fomentar la ciencia y la
tecnología al servicio del desarrollo nacional y reducir diferencias en el
acceso al conocimiento.
- Desarrollar la industria
básica no energética, la manufactura y los servicios básicos (RBV, 2007:
73).
Para el
cumplimiento de estos objetivos el PSB busca poner en funcionamiento nuevas
formas de generación, apropiación y distribución de los excedentes económicos y
una nueva forma de distribución de la renta petrolera. En la búsqueda de este
nuevo modelo productivo, se plantea cohesionar las fuerzas sociales en
productores asociados, haciéndolas responsables de prácticas productivas y
administrativas autogestionadas, a la vez que se sustituye la concentración y
centralización de la toma de decisiones por una genuina autonomía
descentralizada que alcance hasta las comunidades locales.
El modelo
productivo socialista se conformará básicamente por las Empresas de Producción
Social (EPS), que son concebidas como el germen y el camino hacia el Socialismo
del Siglo XXI, aunque persistirán empresas del Estado y empresas capitalistas
privadas.
Otros elementos
resaltantes de PSB son:
- Consolidar el carácter
endógeno de la economía, priorizando la satisfacción de las necesidades
del país.
- Potenciar la capacidad
interna de producción de bienes y servicios, desarrollando los
encadenamientos internos que permita utilizar la existencia de materias
primas y recursos naturales dentro del país.
- Diversificar el potencial
exportador de bienes y servicios, una vez satisfechas las demandas
internas, utilizando nuestros recursos naturales y con el mayor grado de
elaboración posible.
- Impulsar un desarrollo
tecnológico interno que posibilite la autonomía relativa de las
actividades productivas.
- La garantía de la seguridad
alimentaria será el desarrollo rural integral, que abarca los subsectores
vegetal, animal, forestal y pesquero.
- La capacidad interna de
producción de alimentos debe promoverse elevando la inversión productiva
en la agricultura, y particularmente en materia de riego, saneamiento de
tierras y vialidad rural.
Finalmente, el PSB
enumera una serie de estrategias y políticas para implantar el nuevo modelo
productivo socialista:
- Mejorar sustancialmente
la distribución de la riqueza y el ingreso.
- Expandir la Economía
Social cambiando el modelo de apropiación y distribución de los
excedentes.
- Fortalecer los sectores
nacionales de manufactura y otros servicios.
- Asegurar una
participación eficiente del Estado en al economía.
- Consolidar el carácter
endógeno de la economía.
- Incrementar la
participación de los productores y concertar la acción del Estado para la
agricultura.
- Consolidar la revolución
agraria y eliminar el latifundio.
- Mejorar y ampliar el
marco de acción, los servicios y la dotación para la producción agrícola.
- Rescatar y ampliar la
infraestructura para el medio rural y la producción.
- Incrementar la producción
nacional de ciencia, tecnología e innovación hacia necesidades y
potencialidades del país.
- Rediseñar y estructurar
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).
- Incrementar la cultura
científica.
- Mejorar el apoyo
institucional para la ciencia, la tecnología y la innovación.
MARCO
LEGAL DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO.
La Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) supedita el régimen económico a la función social de la economía y se
otorga un papel fundamental al Estado como regulador de las relaciones
económicas. Se plantea la creación de un modelo de desarrollo alternativo,
centrado en la organización colectiva para el trabajo y la productividad, y en
la soberanía sobre los recursos naturales. A su vez, obliga al Estado a
proteger a los sectores productivos tradicionales y a promover y proteger la
organización productiva solidaria (Álvarez, 2010: 26).
La actual
Constitución deja implícito el planteamiento de trascender el capitalismo e ir
más allá del capital como forma predominante o única de organización social de
la producción. Aunque la Constitución reconoce el derecho a la propiedad
privada (artículos 112, 115, 299), al mismo tiempo establece el mandato de
impulsar la participación y el protagonismo del pueblo en ejercicio de su
soberanía económica a través de la autogestión, la cogestión, las cooperativas,
las empresas comunitarias y demás formas asociativas guiadas por los valores de
la mutua cooperación y la solidaridad (art. 70).
El artículo 308 de
la CRBV señala que el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana
industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa
familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para
el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el
fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la
iniciativa popular.
El PSB se plantea
precisamente para fortalecer y profundizar los elementos alternativos del
modelo productivo apenas esbozado en nuestra constitución. Buscando trascender
la economía capitalista, el gobierno venezolano establece en el PSB:
“El capitalismo, además de ser responsable de la actual
situación de nuestro pueblo, es la negación de los valores de igualdad y
solidaridad necesarios para superar colectivamente su postración social y
económica. Por contraposición, el socialismo propone la primacía del desarrollo
social y humano y de los valores colectivos” (Proyecto Simón Bolívar, 2007:10).
El
gobierno bolivariano promueve la participación activa y protagónica del pueblo
organizado, para que asuma el control de los procesos de producción y
comercialización de los bienes y servicios requeridos para satisfacer sus
necesidades materiales y espirituales, en el marco de nuevas relaciones
sociales de producción gobernadas por los principios de solidaridad,
cooperación, complementación, reciprocidad, equidad y sustentabilidad.
En el año 2008 fue
aprobado el Decreto con Valor, Rango y Fuerza de Ley para el Fomento y
Desarrollo de la Economía Popular. El mismo tiene por objetivos:
- Incentivar en la
comunidad valores sociales basados en la igualdad, solidaridad, corresponsabilidad
y justicia social.
- Promover las formas de
organización comunal dirigidas a satisfacer las necesidades sociales de la
comunidad.
- Fomentar un modelo
productivo socioproductivo comunitario y sus formas de organización
comunal en todo el territorio nacional.
- Aportar las herramientas
necesarias para fortalecer las potencialidades económicas de las
comunidades.
Son principios y
valores del modelo socioproductivo comunitario la corresponsabilidad,
cooperación, sustentabilidad, libertad, justicia social, solidaridad, equidad,
transparencia, honestidad, igualdad, eficiencia y eficacia, contraloría social,
rendición de cuentas, asociación abierta y voluntaria, gestión y participación
democrática, formación y educación, respeto y fomento de las tradiciones, la
diversidad cultural, articulación del trabajo en redes socioproductivas,
cultura ecológica y la preponderancia de los intereses comunes sobre los
individuales.
El decreto-ley considera como
formas de organizaciones socioproductivas:
·
Empresa
de propiedad social directa o comunal.
·
Empresa
de propiedad social indirecta. Propiedad ejercida por el Estado a nombre de la
comunidad, transfiriendo progresivamente la propiedad a las comunidades.
·
Empresa
de producción social.
·
Empresa
de distribución social.
·
Empresa
de autogestión.
·
Unidad
productiva familiar.
·
Grupos
de intercambio solidario.
·
Grupos
de trueque comunitario.
DESARROLLO
ESPECÍFICO DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA.
Para
avanzar en dirección a un nuevo modelo productivo, el gobierno bolivariano ha
dado una serie de pasos iniciales que deben permitir recorrer el camino
esbozado en el PSB:
- Renacionalización de una
serie de empresas que habían sido privatizadas durante los gobiernos
anteriores. Tal es el caso de la Compañía Nacional de Teléfonos (CANTV),
la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), la Electricidad de Caracas y otras.
Luego de la derrota del paro petrolero-golpista de 2002-2003, se procedió
a una reorganización de la empresa petrolera estatal, PDVSA, debido a que
buena parte del personal de gerentes, empleados y técnicos se incorporó al
paro y debieron ser despedidos de la empresa para poder garantizar la
continuidad de su funcionamiento.
- Expropiación de empresas
privadas que se encontraban paralizadas y colocadas en producción bajo
control del Estado y la conducción de sus trabajadores. En este caso vemos
a Venepal (ahora llamada Invepal), Venezolana de Válvulas (Inveval),
Parmalat, Lácteos Los Andes, Cemento Andino y otras.
- Expropiación de
contratistas de la industria petrolera, en 2009. Particularmente en la
Costa Oriental del Lago de Maracaibo, en el Estado Zulia.
- Desarrollo de la Faja
Petrolífera del Orinoco como eje impulsor del desarrollo económico,
social, industrial, tecnológico y sustentable del país, mediante la
valorización y desarrollo óptimo de sus recursos de hidrocarburos.
Venezuela pasa de esta forma a poseer la mayor reserva de hidrocarburos
líquidos a nivel mundial. La diversificación de las inversiones en la Faja
del Orinoco, en la perspectiva multipolar que defiende el gobierno
bolivariano, ha establecido convenios con empresas petroleras de India, Rusia,
China, España, Irán, Brasil, Estados Unidos, Noruega y Gran Bretaña.
- Impulso del
cooperativismo como un modelo alternativo a la empresa privada capitalista
tradicional.
- Impulso de los llamados
Consejos de Trabajadores como expresión de la participación laboral en la
conducción de las empresas nacionalizadas. Estos consejos de trabajadores
adolecen todavía de un marco legal, y en la práctica se han desarrollado
de diversas maneras en cada una de las empresas nacionalizadas. Los
consejos de trabajadores se han concebido como la expresión en el terreno
productivo de los Consejos Comunales, organizaciones novísimas de poder
popular que sí poseen una ley específica (recientemente modificada) y cuyo
desarrollo en todo el país augura el nacimiento embrionario de un nuevo
modelo de estado, de democracia participativa y protagónica, radicalmente
distinto al viejo estado liberal y sus engañosas formas de representación.
- Atención especial merece
el llamado Plan Guayana Socialista, desarrollado en las empresas básicas
del Estado Bolívar, lo que se ha dado en llamar el Control Obrero, y que
ha culminado en mayo de 2010 con la transferencia de la dirección de las
empresas del estado a los trabajadores electos por los trabajadores para
ocupar los cargos directivos de las mismas (Sidor, Alcasa, Ferrominera y
otras).
- Similar experiencia de
Control Obrero se ha iniciado en 2010 en la industria eléctrica recién
constituida en corporación nacional (Corpoelec), en la cual los
trabajadores, en el marco de la crisis eléctrica vivida en Venezuela
durante el primer semestre de 2010, han iniciado una mayor participación
en los procesos directivos de la empresa estatal. A la vez se ha aprobado
la contratación colectiva de los trabajadores eléctricos, que llevaba
varios años demorada por presiones de la burocracia interna.
Junto a estas
experiencias en el terreno productivo,
el gobierno bolivariano ha ensayado nuevos mecanismo de distribución, como son
los llamados MERCAL y PDVAL, organismos para la distribución nacional de alimentos
y otros productos de primera necesidad. Aunque estas organizaciones han
atravesado no pocos problemas, acusadas de corrupción, de desvío de productos
hacia el contrabando, y de permitir la descomposición de alimentos almacenados,
al mismo tiempo han logrado resolver casi totalmente el problema del
desabastecimiento.
Es de resaltar que
el impulso de un nuevo modelo productivo socialista en Venezuela ha encontrado
no pocos oponentes. La gran burguesía nacional, representada en Fedecámaras y
otras organizaciones gremiales empresariales, han desarrollado múltiples
iniciativas para incluso derrocar al gobierno de Chávez. Recordemos el golpe
del 11 de abril de 2002, en el cual el que fungía como presidente de
Fedecámaras en ese momento, el empresario Pedro Carmona Estanga, fue el que
asumió la presidencia del efímero gobierno golpista que gobernó a Venezuela
durante menos de 48 horas. Otro intento de derrocar a Chávez ocurrió con la
huelga petrolera-empresarial desarrollada en diciembre 2002 y enero-febrero de
2003, la cual fracasó luego de 63 días de paralización de actividades tanto en
la industria petrolera como en todas las empresas privadas del país.
Luego de estas
derrotas, el empresariado nacional ha desarrollado tácticas de saboteo solapado
a la economía nacional, ya sea promoviendo el desabastecimiento (como los ha
acusado reiteradamente el gobierno de Chávez) o abandonando-paralizando
empresas en producción, a la vez que se aprovecha de las amplias facilidades de
financiamiento que el propio gobierno chavista ha desarrollado para promover la
reactivación de la industria y la agricultura nacionales.
Las empresas
multinacionales extranjeras han tenido choques puntuales con el gobierno
bolivariano, como ocurrió con la empresa argentina Techint al proceder a la
nacionalización de Sidor. Igual ocurrió cuando se modificó el marco legal de
los convenios con las empresas petroleras extranjeras, y dos de esas empresas
no compartieron el nuevo marco legal y procedieron a retirarse del país (la
Conoco-Philips y la Exxon-Mobil). Una de estas empresas, la Exxon-Mobil,
demando al estado venezolano ante tribunales internacionales, aunque sin
mayores consecuencias para los intereses nacionales.
El nuevo modelo
productivo socialista ha sido concebido como un proceso continental de
transformación económica, política y social, basado en la integración de los
países latinoamericanos, y que se fundamenta en iniciativas como el ALBA y
otros mecanismos de integración.
Al considerar las
posibles limitaciones del nuevo modelo productivo que adelanta el gobierno
bolivariano, hay que tomar en cuenta la crítica realizada a las deficiencias
del socialismo practicado en la URSS y demás países del llamado “socialismo
real” a lo largo del siglo XX. Particularmente el crecimiento exacerbado de un
capitalismo de estado, dirigido por un régimen político monopartidista, razones
que hemos expresado antes como las que determinaron el colapso soviético a
fines de los 80 y comienzos de los 90. En la Venezuela bolivariana se pudiera
estar incubando un camino similar, en donde crezca desproporcionadamente el
control del estado sobre la economía, y los escenarios de control obrero y
autogestión participativa de los trabajadores se reduzcan al mínimo, lo que
unido al predominio absoluto del PSUV configuraría una estructura burocrática
difícil de manejar y que pudiera repetir el desgaste y agotamiento reflejado en
los países otrora socialistas.
La alternativa a
esto es recorrer el sendero que postula el llamado “Socialismo del Siglo XXI”,
al enfatizar en la democracia participativa y protagónica, y en la economía
social, lo que traducido al plano económico implicaría el desarrollo de un
verdadero poder de los trabajadores expresado en la constitución de los
Consejos Obreros como órganos dirigentes de las empresas públicas, capaces de
ejercer una verdadera contraloría social sobre la gerencia (elegida por la base
de los trabajadores), con una ejecución presupuestaria transparente y
participativa, con la incorporación de las comunidades y sus necesidades
locales, municipales y regionales, con la creación de un plan nacional surgido
de la integración de las necesidades generales del país con los requerimientos
particulares de las localidades.