DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL MARCO DEL CAPITALISMO GLOBALIZADO

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL MARCO DEL CAPITALISMO GLOBALIZADO.

LA ECONOMÍA VENEZOLANA AGROEXPORTADORA DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX.

La estructura económica existente durante el período colonial no sufrió mayores modificaciones con el proceso de independencia y la instauración de la República. Esta estructura, agroexportadora y monoproductora, estaba basada en la explotación de la mano de obra esclava en las grandes plantaciones cacaoteras, y en la explotación del trabajo de los peones en las haciendas ganaderas. Las relaciones sociales coloniales, incluyendo a la esclavitud, fueron ratificadas con la Constitución de 1830. Uno de los cambios más significativos se produjo con la incorporación de los caudillos militares a la oligarquía dominante, en su condición de grandes terratenientes[1] y poseedores de buena parte del poder político. El otro cambio fue el duro golpe que sufrió el sistema esclavista durante la independencia[2], pues pese a que el mismo se mantuvo vigente hasta 1854, la oligarquía nunca pudo restablecer el grado de dominación social que tenía durante la colonia (López, 2009-d: 33).

La economía venezolana tenía un carácter agroexportador. El principal producto de exportación de la colonia, el cacao, fue desplazado entre 1830 y 1840 por el café, situación que se mantuvo hasta que el petróleo se convirtió en el primer producto de exportación en 1926. Además, durante el siglo XIX Venezuela exportaba a los mercados internacionales ganado vacuno y cueros de reses (durante todo el período), algodón y añil (hasta la década de 1880), azúcar (se exportó hasta 1860), tabaco (hasta los primeros años del siglo XX), dividive (exportado a partir de 1875) y caucho (entre 1885 y 1910) (Carvallo y Ríos, 1984: 64).

Es de resaltar que nuestra economía agroexportadora jugaba un papel sumamente secundario en el mercado capitalista mundial. El café y el cacao constituían productos de escasa significación para los países industrializados; y el resto de productos eran exportados en escasas cantidades como para representar un peso significativo en los ingresos nacionales. La nuestra era una “economía de sobremesa”, de tercer o cuarto orden en el mundo. Venezuela era un país pobre, sin industrias, en el cual para 1839 el 72 % de la población activa estaba dedicada a las labores agropecuarias; esta situación se mantenía sin variar para fines de siglo: en 1894, el 71,9% de la población activa continuaba dedicándose a esas actividades.

No existieron para la época mayores avances en tecnología de producción para esos cultivos, que permitiera producirlos de acuerdo a técnicas intensivas (aquí nunca se desarrolló una tecnología en esa dirección). No obstante, sí existían en Centro América y Colombia diversas técnicas de cultivo intensivo del café que los hacendados venezolanos nunca aplicaron aquí. Este atraso tecnológico determinó una baja productividad, bajos niveles de vida, cultivos extensivos, escaso desarrollo del mercado interno, y muy escasa producción de excedentes. Por tanto, la acumulación de capital de la economía venezolana, durante el predominio de esta etapa agroexportadora, fue sumamente baja (Aranda, 1984: 41).

Otro elemento que influyó en lo anterior fue el control que las casas comerciales en manos de extranjeros tuvieron sobre el comercio de los productos agrícolas venezolanos. El excedente generado por la economía agroexportadora tuvo como principales beneficiarios a los comerciantes exportadores e importadores y a los grandes hacendados. Este excedente no se revirtió de manera significativa sobre la agricultura: las ganancias de las casas comerciales contribuyeron a la acumulación de los grandes países capitalistas, a través de la repatriación de los beneficios que estas casas comerciales obtenían aquí; y los excedentes obtenidos por los hacendados se invirtió básicamente en actividades no agrícolas (Carvallo y Ríos, 1984: 69).

Las principales casas comerciales que dominaron la economía agroexportadora venezolana fueron: Blohm (alemanes), opera en La Guaira desde 1835; y Boulton (ingleses), desde 1826; quienes a través de sucursales y subsidiarias mantenían una red comercial en todo el país.

A partir del control comercial y financiero de la actividad agroexportadora, se consolidó en el país una clase dominante con características de burguesía embrionaria (Carvallo y Ríos, 1984: 102). Las casas extranjeras monopolizaron el comercio de exportación, en tanto que en el comercio de importación y en la comercialización interna participaban también venezolanos.

La clase dominante de la Venezuela agroexportadora se constituyó inicialmente como una alianza entre los grandes propietarios de la región centro costera y los caudillos militares de la independencia, encabezados por Páez. Con el paso del tiempo se consolidó el predominio de los comerciantes y financistas, dueños de las grandes casas comerciales, que hasta la Guerra Federal mantuvieron un permanente conflicto con los caudillos regionales, representantes de los intereses de los productores agropecuarios. Luego del triunfo de la federación, los caudillos regionales se vincularon a la clase dominante al convertirse en grandes propietarios, y en esa medida pasaron a depender del circuito comercial-financiero que controlaban las casas extranjeras.

El poder económico de los comerciantes-financistas era tan grande que eran ellos los que financiaban el presupuesto del Estado. Marcado contraste con la realidad vivida en la Venezuela petrolera surgida en el siglo XX, donde el Estado ha sido todopoderoso, subsidiando prácticamente todas las actividades económicas no petroleras realizadas en el país.

El cultivo del café se realizó en dos unidades de producción básicamente distintas: la hacienda, y la economía familiar campesina. La primera predominó en la región centro norte, y la segunda en la región andina. En las haciendas que originalmente cultivaban cacao y que posteriormente centraron su actividad en la producción de café, el trabajo esclavo se combinaba desde la época colonial con el trabajo de los peones; las características de ambas relaciones de trabajo no diferían mucho (Carvallo y Ríos, 1984: 82): no sólo el peón y el esclavo realizaban las mismas tareas, en las mismas condiciones, sino que ambos debían asegurar la reproducción de su propia fuerza de trabajo en una actividad conuquera en el ámbito de la hacienda. El peón no era un trabajador libre; por lo menos los hacendados establecieron leyes y ordenanzas en función de lograr la fijación permanente del trabajador a la hacienda. Además del derecho a usufructuar una pequeña porción de tierra de la hacienda para garantizar su subsistencia y la de su familia (en cultivo de conuco), el peón recibía como complemento diversas formas de pago: fichas, vales, especies, efectivos o combinación de éstas, que lo vinculaban a un limitado circuito comercial en el cual el hacendado con frecuencia actuaba como comerciante.

La escasez de mano de obra y el cultivo extensivo del café en las haciendas se tradujeron en un bajo rendimiento por hectárea, comparado con otros países productores, como Colombia. Este rendimiento fue en descenso continuo hacia fines del siglo XIX y continuó descendiendo en las primeras décadas del XX.

La economía familiar campesina que cobró auge en la región andina en el último tercio del siglo XIX, se basó en el cultivo de pequeñas áreas, realizado por el grupo familiar campesino. El cultivo del café en estas unidades se realizó en forma intensiva, combinado con cultivos de subsistencia. El pequeño tamaño de las unidades productivas permitió la incorporación de mayor trabajo por área en las distintas labores, lo que permitió más altos rendimientos por hectárea en la región andina. A diferencia del peón, cuya actividad no lo vinculaba al circuito comercial agrícola, el campesino se vinculaba directamente al mercado local e indirectamente al internacional. Para fines del siglo XIX, los Andes venezolanos concentraban el mayor porcentaje en la producción nacional de café.

Junto a la economía agroexportadora, la Venezuela del siglo XIX se inició en la explotación de minerales con las minas de oro de Guayana, las cuales comenzaron a explotarse a fines de la década de 1860. La explotación de oro tuvo su auge en las dos últimas décadas del siglo XIX. Para 1883 la exportación de oro significó el 23 % del total de las exportaciones venezolanas (Rangel, 1981: 86). Con el agotamiento de las principales minas, la explotación del oro de Guayana dejó de tener significación en nuestra economía para la segunda década del siglo XX. En 1914 se inició en firme la explotación petrolera en el Estado Zulia, y para 1917 se comenzó a exportar dicho petróleo; con ello, Venezuela se convirtió en productor de la mercancía más importante de la industria capitalista mundial, de su fuente de energía principal, situación que cambiaría totalmente la faz del país pobre y atrasado que fuimos mientras dependíamos de la exportación de café.

LA INVERSION DE CAPITALES EXTRANJEROS EN VENEZUELA.

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de la necesidad de atraer al capital extranjero como salida a la crisis que vive Venezuela. Muchas, si no todas, de las medidas que aplicaron los paquetes neoliberales de Pérez y Caldera estaban destinadas a crear las condiciones internas favorables para que dichos capitales ingresaran al país. El gobierno de Chávez ha sido presionado por los representantes del capital multinacional con el fin de que brinde todas las garantías para las inversiones extranjeras[3].

Pero resulta que el capital extranjero ya tiene en Venezuela, y en toda América Latina, más de un siglo de inversiones, cuyos resultados podemos verlos en las carencias enormes del subdesarrollo de nuestras economías, las cuales se erigieron más para satisfacer las ambiciones de ganancias de los monopolios extranjeros, que para cubrir las necesidades y aspiraciones de acceder a una vida mejor por parte de nuestros pueblos.

El proceso de penetración de capitales ex­tranjeros dio un salto cualitativo al iniciarse la explotación de la industria petrolera en Venezuela[4]. Desde el último tercio del siglo XIX, el capital foráneo comenzó a intentar penetrar el área de los hidrocarburos.

El petróleo transformó radicalmente a la sociedad venezolana, pero no la lanzó en la senda del desarrollo, sino que aumentó sus niveles de dependencia con relación al capital foráneo, creando profundas deformaciones en lo económico y social, y subordinando nuestro desarrollo político a los intereses de las grandes transnacionales petroleras. Tal como afirma Rodríguez Gallad:

"El descubrimiento del petróleo en nuestro país trajo consigo el monopolio de este re­curso por parte de los grandes truts interna­cionales ligados al capitalismo imperialista. Estos han actuado... como agentes de des­capitalización, mediatizando nuestra econo­mía, sumiendo a la nación en el subdesarro­llo, impidiendo su independencia económica, creando un enorme contraste entre... una minoría rica y una mayoría pobre." (Rodríguez Gallad, 1974: 6).

Con el inicio de la explotación petrolera, la economía venezolana se insertó profundamente en el sistema capitalista mundial. Con el petróleo pasamos de ser una “economía de sobremesa” a convertirnos en “la provincia ultramarina más valiosa de todo el sistema”, según palabras de Domingo Alberto Rangel (1977: 43), pues comenzamos a producir la fuente de energía que movía a toda la maquinaria industrial del capitalismo.

El desarrollo petrolero acontece en el país luego de finalizada la primera guerra mundial, en 1918. Dicho conflicto significó el colapso de la otrora gran potencia del capitalismo mundial, Inglaterra, y el ascenso de los Estados Unidos como país líder del desarrollo industrial. En ese momento, los Estados Unidos se plantearon aumentar sus espacios de influencia económica para garantizar así el crecimiento sostenido de los mercados que daban salidas a sus productos, a la vez que aseguraban el suministro de materias primas fundamentales, como era en nuestro caso el petróleo.

La economía venezolana pasó de ser agraria a petrolera, pero siempre monoexportadora, ubicada en la fase de crecimiento simple o crecimiento hacia afuera, como exportadora de materias primas. Sólo que varió significativamente la relevancia de lo que exportábamos. El petróleo no varió el carácter subordinado de nuestra economía, como país periférico de los grandes centros capitalistas. Lo que se modificó fue el dinamismo de dicha subordinación, por la importancia del petróleo como principal fuente de energía a nivel mundial.

A partir de los años 20, Venezuela se convirtió en uno de los centros receptores fundamentales de las inversiones de capital provenientes de los grandes centros imperialistas. Esta situación reforzó, profundizó y extendió los términos de dependencia en que se hallaba nuestra economía. Particularmente, nuestro país pasó a formar parte del “patio trasero” del imperialismo norteamericano, quien hasta el presente continúa jugando un papel decisivo en las relaciones de poder de nuestra sociedad.

La industria petrolera contribuyó a desarrollar progresivamente otras ramas industriales, como la electricidad, la construcción y la producción de alimentos. En este proceso, las relaciones propiamente capitalistas fueron sustituyendo las viejas relaciones propias de la sociedad agraria. Al mismo tiempo, la renta petrolera fortaleció al Estado como nunca antes, el cual dejó atrás sus permanentes crisis fiscales que vivió en todo el siglo XIX y comienzos del XX, y se convirtió en un Estado poderosamente rico, que sería promotor y organizador del desarrollo capitalista dependiente en la nación.

La economía venezolana aumentó su dependencia. Particularmente, las amplias facilidades dadas al capital extranjero por el gobierno de Juan Vicente Gómez afianzaron esos nexos de dependencia. Es por ello que Liewen (1964: 41) habla de que pese a la muerte del dictador político en 1935, Venezuela heredó un dictador económico: la industria petrolera controlada desde el extranjero.

El proceso histórico venezolano desde que nos constituimos como República demuestra el escaso espíritu nacionalista de nuestras clases dirigentes, resaltando por el contrario sus conductas complacientes y abiertamente entreguistas ante el capital foráneo; nuestras elites, hasta 1999,  estuvieron subordinadas al imperialismo, y la superación de esta circunstancia sigue siendo una de las tareas históricas fundamentales que se le plantean al pueblo venezolano.

LA INDUSTRIALIZACIÓN EN VENEZUELA.

El desarrollo industrial en Venezuela se inició alrededor de 1880, simultáneamente con la llegada del ferrocarril, el telégrafo, el alumbrado público por gas y, más adelante, la energía eléctrica. El sector financiero nace con la fundación del Banco de Maracaibo en 1882 y del Banco Caracas en 1890. Las primeras empresas de servicio público fueron compañías privadas de electricidad y teléfonos, de propiedad extranjera, fundadas en las últimas décadas del siglo pasado. Pero el desarrollo de industrias en el sentido capitalista no se generalizó sino a partir de la explotación petrolera, en la segunda década del siglo XX. La industria petrolera constituyó la primera gran industria capitalista del país. Las primeras décadas de explotación petrolera estuvieron signadas por el modelo de “crecimiento simple”, como economía de “enclave”[5], al no generar ningún proceso dinámico en lo económico al interior del país.

Desde la fase de crecimiento simple (primeras décadas de la explotación petrolera) existía un considerable núcleo industrial, formado por las industrias de materiales de construcción (cemento, bloques, etc.), bebidas de consumo generalizado (gaseosas, cerveza, aguardiente), telas de algodón, producción de alimentos (azúcar, pastas), y producción de energía eléctrica. Dichas industrias se derivaban del crecimiento urbano y el aumento del poder adquisitivo, y por sus características poseen una cierta “protección natural”, por ser productos de difícil comercialización a nivel internacional. Según el Censo Industrial de 1936 existían 8.025 establecimientos industriales, que daban ocupación a 47.000 trabajadores, con un capital social de 295 millones de bolívares (el presupuesto nacional para 1936 fue de 235 millones de bolívares) (Aranda, 1984: 113).

En comparación con otros países latinoamericanos, la industria venezolana  comenzó con considerable retraso. La causa más importante de este retraso fue la identificación de la política económica del Estado venezolano con los intereses político-económicos del capital extranjero, cuya orientación era claramente anti-industrial. Esta orientación se le puede atribuir tanto al sector petrolero del capital extranjero como al sector comercial. Ambas vertientes del capital extranjero tenían su brazo interno de acción: el capital petrolero en la burocracia estatal y el capital comercial en la burguesía comercial criolla. Se trataba de una constelación de intereses comunes y beneficios mutuos, donde cada polo de acción era necesario para el funcionamiento de los demás, constituyendo el capital petrolero, sin embargo, el eje fundamental de la constelación.

Como una característica de la fase de crecimiento simple, el sector petrolero extranjero no generó inicialmente el desarrollo de las fuerzas productivas internas. El Estado no sólo no actuó contra esta desintegración productiva del sector externo con respecto a la economía interna, sino que reforzó las tendencias destructoras y paralizadoras del impacto petrolero por medio de su política económica.

El crecimiento vertiginoso del ingreso nacional se transformó en su mayor parte en consumo de bienes y servicios importados. La gran beneficiaria era la burguesía comercial importadora, tanto criolla como extranjera, que aumentó de esa forma su poder económico y político. Su interés anti-industrialista se explica, ya que era mucho más rentable, en esta primera fase, importar que producir. Por otra parte, la burguesía importadora no es en el fondo más que un agente de ventas del capital industrial extranjero (Purroy, 1986: 49), participando en un mismo interés de mantener y ampliar el abastecimiento del mercado nacional con manufacturas del exterior.

Un segundo aspecto limitante del desarrollo industrial fue el atraso estructural del sector agrícola. Este atraso implicó que la industria incipiente no pudiera abastecerse de los insumos agrícolas necesarios para la producción industrial. Para que un desarrollo industrial sea equilibrado, necesita de una mínima base agro-industrial. Cuando ésta no existe, la industrialización se hace muy difícil, o se realiza al margen del desarrollo agrícola, agravando así la dependencia externa, el carácter de ensamblaje y la heterogeneidad estructural. Aquí reside una de las causas de la deformación industrial venezolana, ya que lo que en un primer momento fue un factor limitante, se convirtió luego en desintegración estructural. Ante la carencia de insumos nacionales, la industria tuvo que recurrir a insumos importados. De esta forma nació un tipo de industria completamente adaptada a la industria de las economías capitalistas desarrolladas y desvinculadas del resto de la economía interna.

La emergencia de la Segunda Guerra Mundial (1939-45) trajo dificultades para continuar las importaciones tradicionales, lo que dio un nuevo impulso a varios renglones de la producción industrial, entre ellos a la industrialización agropecuaria, ya que hubieron de utilizarse forzosamente materias primas nacionales, debido a la crisis de abastecimiento internacional originada por la guerra. Con el fin del período de industrialización forzosa debido a la guerra mundial, se perdió el germen de un desarrollo industrial integrado y generador de empleo, volviéndose a imponer las tendencias propias del modelo de crecimiento dependiente.

En los años posteriores a la muerte de Gómez, durante los períodos de gobierno de López Contreras y Medina, se comenzó a constituir en el país un vigoroso movimiento socio-político cuyos objetivos explícitos eran el de promover los cambios económicos y sociales que permitieran modernizar al país, dar un fuerte impulso a la producción nacional y mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. Movimiento que se ubicó básicamente en las nuevas clases sociales que se habían fortalecido debido a la expansión de la industria petrolera y el proceso de industrialización incipiente que se comenzó a generar. De alguna manera, López y Medina intentaron darle respuestas a esta tendencia, pero sus lazos con la estructura socio-económica tradicional les impidieron ser más audaces en este rumbo modernizador. Pero es a partir del golpe del 18 de octubre de 1945 que derroca a Medina, cuando se inicia el proceso de consolidación de una estructura capitalista interna.

En el movimiento cívico-militar hegemonizado por Acción Democrática se confunden intereses y aspiraciones de distintas clases sociales y sectores de clase. Los sectores populares desean ampliar las libertades democráticas en el terreno político, sindical, y en general en toda la actividad social. A la vez se aspira a mejores niveles de vida y de ingreso, en cuanto a ocupación, educación, salud, vivienda, sanidad, etc. La burguesía por su parte aspira a acceder a los recursos generados por el aumento de la participación fiscal en el petróleo, para sobrellevar mejor la coyuntura de crisis bélica y crear una base sólida para su expansión ulterior.

Con el advenimiento posterior de la dictadura militar (1948-1958) se mantuvo una continuidad en los planes de modernización del país con vista a un desarrollo capitalista interno. Sólo cambian las líneas referidas al aspecto político, en cuanto a cercenar las libertades políticas y sindicales, a la vez que se desechan planes de desarrollo económico que no son compartidos por la burguesía, como fue el caso de la Reforma Agraria. Esta continuidad se mantendrá incluso luego de derrocada la dictadura en 1958.

LA INDUSTRIA PETROLERA.

            La explotación del petróleo se inició en Venezuela empujada por las exigencias energéticas de la 1ra Guerra Mundial, a partir de las concesiones otorgadas durante los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Aunque es necesario decir que desde mediados del siglo XIX Inglaterra y los Estados Unidos ya demostraban interés por explorar y explotar los hidrocarburos venezolanos (López, 1996). En 1914 se inició la producción comercial de petróleo con el pozo Zumaque 1°, en Mene Grande, Estado Zulia. Esta primera etapa de la explotación petrolera estuvo controlada totalmente por compañías extranjeras, siendo las principales la Shell (anglo-holandesa) y la Standard Oil (estadounidense).

            La economía petrolera va a tener mayor integración con el exterior que con la economía interna no petrolera. En el país se realizaba la actividad primaria extractiva. La refinación y la comercialización de los hidrocarburos se realizaban en el exterior. Del exterior venían los equipos y la tecnología, y allá es que se realizaban los mayores beneficios del negocio petrolero.

            La industria petrolera nació bajo el signo del entreguismo por parte del gobierno de Gómez hacia las grandes compañías extranjeras. Las leyes de hidrocarburos no sólo las beneficiaban ampliamente, sino que generalmente eran redactadas por abogados de las mismas empresas petroleras. No obstante, personajes del gomecismo como Gumersindo Torres, Ministro de Fomento en dos oportunidades, iniciaron desde la segunda década del siglo XX una lucha por lograr mayores beneficios para el Estado venezolano, proceso que se manifestó recurrentemente durante varias décadas, hasta culminar con la nacionalización del petróleo en 1976.

1.    El primer paso significativo se dio durante el gobierno de Isaías Medina Angarita, con la Ley de Hidrocarburos de 1943, la cual unificó el régimen jurídico de las concesiones, regularizó las condiciones de exploración y explotación, y aumentó los impuestos que se debían pagar a la nación, apoyándose en la Ley de Impuesto Sobre la Renta aprobada en 1942. A cambio, Medina otorgó y prorrogó concesiones por 40 años.

2.    En 1946, la Asamblea Nacional Constituyente elevó el impuesto sobre la renta de 9,5 % a 26 %.

3.    Posteriormente, en 1948, la Junta Revolucionaria de Gobierno promulgó el llamado Fifty-Fifty (relación de 50-50 % para la participación en las ganancias entre las empresas y el Estado).

4.    En 1958, el Presidente de la Junta Provisional de Gobierno, Edgar Sanabria, decretó un nuevo aumento hasta el 45 % del I.S.L.R. que debían pagar las compañías.

5.    En 1970, este impuesto se elevó a 60 %, y en 1975 alcanzaba el 72 %.

6.    Finalmente, en 1976, la actividad petrolera sería nacionalizada durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, culminando así todo un período histórico de lucha nacionalista por tener el Estado una mayor participación en la principal industria del país.

7.    En ese proceso, había sido creada en 1960 la Corporación Venezolana de Petróleo, CVP, primera empresa petrolera estatal, antecedente de PDVSA, creada en 1976 para dirigir la industria nacionalizada.

8.    También en 1960 se fundó bajo la iniciativa venezolana la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, cuyo objetivo básico era la defensa de los precios petroleros en el mercado mundial, hasta ese momento controlado por las grandes compañías. La exitosa estrategia de la OPEP permitió que a mediados de los 70 se produjeran históricos aumentos de los precios petroleros, los cuales pasaron de 2-3 dólares a comienzos de la década, hasta llegar a los 35 dólares para 1980.

            A mediados de los 80 sobrevino una caída de los precios petroleros, elemento que repercutirá directamente en el estallido y la profundización de la crisis económica venezolana, debido a la ya mencionada estructura económica parasitaria que dependía casi exclusivamente del ingreso petrolero para su financiamiento.

            A partir de 1993 el Estado venezolano inició un proceso de desnacionalización de la industria, conocido como “Apertura Petrolera”, enmarcado en los planes privatizadores neoliberales que comenzaron a imponerse en el país a partir de 1989. La apertura petrolera estuvo caracterizada por las grandes ventajas concedidas a las empresas extranjeras, en perjuicio de los intereses de la nación. Por ello ha sido criticada como profundizadora de la subordinación del país ante el capital trasnacional, pues se ha perdido parte del control sobre la principal actividad económica de la nación. Los objetivos de la apertura petrolera de aumentar significativamente la producción nacional, aún violando las cuotas establecidas por la OPEP, unido a esquemas similares que predominaron en los países árabes, generó el derrumbe de los precios del petróleo en 1998-99. Pero la llegada al gobierno de Hugo Chávez Frías modificó radicalmente la política petrolera del Estado venezolano. Aplicando una estrategia de reducción de la producción, de común acuerdo con la OPEP y con otros países productores fuera de la OPEP, se logró recuperar los precios y hacerlos sobrepasar la barrera de los 30 dólares por barril en marzo/2000. Al fortalecer la OPEP, cuya presidencia recae en el Ministro de Energía y Minas venezolano, Alí Rodríguez Araque, nuestro país contribuyó a recuperar los deprimidos precios petroleros y retomar con ello el control del mercado mundial de hidrocarburos.

LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES COMO POLÍTICA DE ESTADO (1959-1989).

Con el inicio de la producción industrial en su fase sustitutiva o de ensamblaje, la economía venezolana entra en la fase de “crecimiento secundario”. Anteriormente el crecimiento era “simple”, porque la expansión del sector petrolero externo no generaba una expansión del sistema productivo interno, ya que la nueva demanda se satisfacía fundamentalmente a través de las importaciones. Ahora, con el comienzo de la industrialización sustitutiva, la demanda inducida por los ingresos petroleros va  a ser satisfecha en proporciones cada vez mayores por la industria nacional. Por esta razón, la dinámica del sector petrolero externo tiene efectos secundarios sobre el sistema productivo interno, sobre el desarrollo de las fuerzas productivas y el producto nacional. Se genera un dinamismo interno “secundario”, un efecto multiplicador interno.

La misma burguesía comercial importadora se vio en la necesidad de comenzar a importar bienes de capital[6] y equipos industriales como mecanismo para mantener el nivel de acumulación alcanzado por la actividad comercial. Fue el mismo proceso de acumulación comercial el que obligó a realizar inversiones industriales productivas. Por otra parte, la expansión de la demanda en el mercado interno había creado las condiciones para que surgiera un tipo de industria sustitutiva de las importaciones. Estas dos razones, el logro del “umbral sustitutivo” y la necesidad de abrir nuevas fuentes de acumulación orientaron a partes importantes del capital comercial hacia el área ensambladora-industrial. Desde el momento en que la base industrial adquirió un volumen significativo, el capital comercial y el capital industrial estuvieron intensamente entrelazados y formaban un complejo único de acción.

En 1937 se había creado el Banco Industrial de Venezuela, con capital mixto, público y privado. En 1946 se creó la Corporación Venezolana de Fomento, que al igual que el Banco Industrial, tenían la finalidad de proporcionar créditos industriales a empresas incipientes o asistir financieramente a empresas ya constituidas. La acumulación de capital creció vertiginosamente a partir de las medidas tomadas durante los gobiernos de Medina[7] y de Gallegos[8], lo que permitió que el Estado contara con grandes excedentes que le permitieron financiar el desarrollo de un proceso de industrialización sustitutiva a partir de la década de los 40. La industrialización venezolana creció siempre al amparo de la renta petrolera; de allí su secular incapacidad para crecer por sí misma, su dependencia cada vez mayor de tecnologías foráneas e inversiones ya sean del Estado o de multinacionales.

El sistema industrial venezolano necesitó desde sus comienzos de una alta proporción de insumos importados, debido a su escasa integración con los otros sectores de la economía. Esta falta de integración se explica, por una parte, en la heterogeneidad y el atraso de las fuerzas productivas sobre todo a nivel agrario. Y por otro lado, la tecnología que se introduce en la industria responde a las necesidades de las economías industrializadas (principalmente de los Estados Unidos) más que a las propias. Por estas razones es que se puede afirmar que el desarrollo industrial venezolano ha sido en buena parte una prolongación subsidiaria de la industria extranjera, poco integrada al resto de la economía nacional. El desarrollo industrial desarrolla así una profunda contradicción: al pretender sustituir importaciones, la industrialización acentúa más la dependencia de las importaciones.

La sustitución de importaciones se constituyó en una política explícita del Estado venezolano luego del derrocamiento de la dictadura y el advenimiento de la democracia. Se establecieron una serie de disposiciones que dividían la actividad industrial entre el sector público y el privado. La misma Constitución Nacional establecía en su artículo 97 que las industrias básicas pesadas deben estar bajo control del Estado; en general, la extracción y el procesamiento de las materias primas quedaban en manos del Estado. Así fueron desarrolladas la industria petrolera (a partir de su nacionalización en 1976), la petroquímica, la del hierro y el acero (nacionalizada en 1975), la del aluminio y la del carbón. La manufactura en general se dejó en manos de la empresa privada.

El Estado venezolano promovió la industrialización por diversos medios. En primer lugar, mediante una política arancelaria fuertemente proteccionista. Un gran número de productos estaban en las listas de importación prohibida o de importación reservada por el Estado. En segundo lugar, mediante el otorgamiento de facilidades para el establecimiento de empresas, incluyendo créditos preferenciales por más de 27 mil millones de bolívares durante el período 1960-1989. También se otorgaron exoneraciones de impuestos nacionales y municipales, y de aranceles para la importación de bienes de capital e insumos. Por último, el gobierno adoptó la política de “compre venezolano”, según decreto de la Junta de Gobierno, del 9 de enero de 1959.

Según registros del Ministerio de Fomento, fueron aprobados 9.840 proyectos industriales entre 1962 y 1989. De ellos, 1.250 en la década del 60; 3.450 en la del setenta, y 5.240 en la del ochenta. La participación de las empresas multinacionales extranjeras no se hizo esperar, sobre todo en la industria automotriz, la farmacéutica, la de cables, la industria del vidrio, y la de equipos electrónicos y electrodomésticos.

La política de sustitución de importaciones estuvo siempre llena de concesiones a las transnacionales. La amplitud de la penetración del capital extranjero y del grado de control sobre las actividades industriales va a contribuir decisivamente en la frustración del esfuerzo industrializador nacional. Virtualmente todas las empresas multinacionales que operan en el país han estado interesadas en mantener a Venezuela como país importador de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital, además de asegurarse transferencias financieras como pago de royalties, asistencia técnica, patentes, etc. Como estas empresas multinacionales controlan o son propietarias de las empresas que fabrican los productos de consumo final, están en condiciones de entrabar o anular cualquier proyecto destinado a producir bienes intermedios o materias primas para esas industrias que no estuviera en sus planes.

La industrialización substitutiva permitió instalar en el país industrias que actuaban con tecnología y patentes extranjeras, con materias primas y bienes intermedios importados, y usando bienes de capital igualmente traídos del exterior, fuerte tendencia al monopolio, producción destinada esencialmente a los estratos de ingresos altos, usos de tecnologías sofisticadas, intensivas en capital y ahorradoras de fuerza de trabajo (Aranda, 1984: 210). De esta forma, nuestra industria “nacional” se construyó como una subsidiaria de las grandes multinacionales, sin ningún aporte significativo al desarrollo económico independiente del país.

Mientras el capital monopólico internacional asumía de hecho el control de todos los sectores importantes de la industria, comprometiendo así el desarrollo futuro del país, la burguesía venezolana se dedicó a colocar sus capitales en bienes inmobiliarios, en actividades financieras de tipo especulativo, en actividades comerciales y en la agricultura, la construcción y el transporte[9]. Sus inversiones en la industria se mantuvieron asociadas al capital extranjero.

El crecimiento de la economía venezolana se identifica durante la fase histórica de crecimiento secundario con el desarrollo del sistema capitalista interno. El modo de producción capitalista va absorbiendo y dominando sectores de producción tradicionales o precapitalistas.

En el proceso de crecimiento industrial, adquirió un fuerte peso el sector terciario[10], que se manifestó en el gran incremento relativo de la producción no material y de las actividades comerciales. En contraste, existía un reducido peso del sector manufacturero capitalista, el que aunque crecía a un ritmo acelerado, se veía opacado por el sector externo (petróleo) y las actividades terciarias. Por otra parte, tanto las nuevas inversiones como las mejoras y ampliaciones productivas se orientaron hacia el ahorro de la mano de obra. Esto produjo un círculo vicioso pues la escasa absorción de mano de obra frena el desarrollo del mercado interno y merma, por consiguiente, las oportunidades para nuevas inversiones.

Se producen igualmente cambios en la estructura de clases de la sociedad venezolana. Las nuevas clases dominantes nacen de la fusión del capital comercial y el capital industrial. Ellas son las beneficiarias principales de la alta productividad del sector capitalista externo. Surgen igualmente núcleos de una burguesía agraria, cuyo centro de gravedad será siempre la burguesía “urbana”. En el otro extremo, los sectores de trabajo asalariado alcanzan dimensiones importantes. Sin embargo, sigue existiendo un gran número de trabajadores “por cuenta propia”, de personas ocupadas en el servicio doméstico y en general, en el sector terciario de servicios. A la vez, se crean amplios sectores marginales y cuasi-marginales, no incorporados a los cambios socio-económicos que se desarrollan en el país. Esta conformación heterogénea dificultará el proceso de cohesión social y el desarrollo de la lucha política de los trabajadores, a diferencia de otros países latinoamericanos en los cuales el desarrollo de un importante sector industrial posibilitó el surgimiento de grandes movimientos obreros (como en México, Argentina, Chile, Brasil, Colombia).

Ya para fines de los 60 y comienzos de los 70 empezaron a hacerse visibles los mismos signos de agotamiento del esquema de crecimiento sustitutivo “hacia adentro”, que ya habían hecho su aparición en otros países latinoamericanos. El Estado interventor comenzaba a convertirse en un lastre difícil de financiar. Debido a la desigualdad social, el mercado interno era insuficiente para sustentar las escalas de producción requeridas. Las industrias se acostumbraron a la protección y perpetuaron la ineficiencia. Cada día se hacía más difícil avanzar hacia estadios más avanzados de integración industrial. Pero estos síntomas de agotamiento fueron postergados por la coyuntura petrolera de 1973. A comienzos de los 70, mientras Brasil, México y Argentina derivaban la tercera parte de su producto social del sector industrial, a pesar de sufrir igualmente el agotamiento del modelo sustitutivo, y mientras Colombia, Chile y Perú obtenían entre un 20 y un 30 % del mismo, Venezuela no pasaba del 14 %; en muestra evidente de nuestro atraso con relación a los propios países latinoamericanos.

Con el aumento de precios del petróleo a comienzos de la década del setenta, la economía venezolana recibió una masa de ingresos como nunca antes en su historia había recibido. Sin embargo, estos ingresos tuvieron un escaso efecto dinamizador de la economía, y por el contrario los acontecimientos de este período será el prólogo de la profunda crisis que aún hoy atravesamos. Las expectativas y las conductas derivadas excedieron con creces al nivel de ingresos, estimulando un gasto fiscal desmesurado, el consumismo, el derroche, la corrupción, y la despreocupación por los costos.

El gobierno no sólo nacionalizó el hierro y el petróleo, sino que impulsó gigantescos proyectos productivos en el sector público: acero y laminados de acero, aluminio, energía hidroeléctrica, petroquímica, etc. Simultáneamente emprendió muy importantes obras de infraestructura: autopistas en el interior del país, remodelación y ampliación de puertos, instalación de procesamiento y almacenaje de productos agrícolas, extensión de la red eléctrica nacional, etc. Estos proyectos no sólo comprometieron parte de los mayores ingresos de los primeros años, sino los ingresos del sector público cuando ya habían tenido una merma importante, en términos reales. Es cierto que el país cuenta ahora con una infraestructura considerablemente más amplia, moderna y eficiente, pero a costa de desequilibrios probablemente mayores que sus ventajas. No se puede dejar de reconocer, sin embargo, que como resultado de la disponibilidad adicional de recursos, el país avanzó en algunos aspectos importantes de la economía y de servicios como educación y salud.

Junto a los proyectos faraónicos de la Gran Venezuela del primer gobierno de Pérez, se contrajo una enorme deuda externa que hizo crisis a comienzos de los 80, cuando el alza de las tasas de interés en la economía norteamericana, unida al descenso de los precios de las principales materias primas en el mercado mundial, generó la profunda crisis de todas las economías latinoamericanas, crisis que en nuestro país se postergó unos años más debido a nuestra envidiable posición como exportadores de petróleo y la gran masa de reservas internacionales de que disponíamos.

Para el momento del estallido de la crisis de la deuda, el sector privado venezolano, consciente de la insostenibilidad de la situación, había puesto a buen resguardo en el exterior gran parte de su patrimonio. La devaluación de febrero de 1983, y el subsiguiente control de cambios (Recadi) no significaron ningún cambio de rumbo, sino simplemente el intento de alargar la vida del viejo esquema por unos años más, pero a costa de agotar las reservas internacionales, descapitalizar las empresas públicas y someter a la población al impuesto de la inflación.

Los gobiernos de Pérez, Herrera y Lusinchi profundizaron los elementos causantes de la crisis. Despilfarraron decenas de miles de millones de dólares en ingresos provenientes del petróleo. Tal vez en la historia mundial no ha existido un ejemplo igual de mala administración de recursos. En ese contexto, la industria nacional no fue capaz de superar las limitaciones que arrastraba desde el inicio del proceso sustitutivo de importaciones, y al calor de la crisis éstas se acentuaron, como su escasa productividad, su dependencia con respecto al proteccionismo estatal, su subordinación al capital multinacional, su incapacidad para generar empleo creciente y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. De esta forma se crearon las condiciones para la ruptura del modelo intervencionista y la implantación de la apertura al mercado internacional iniciada desde febrero de 1989, cuyos resultados en una década nos hacen concluir que resultó peor el remedio que la enfermedad.

LA CRISIS DE LA ECONOMIA VENEZOLANA. EL AGOTAMIENTO DEL MODELO DE ACUMULACIÓN RENTISTA.

A comienzos de la década de los 80, el modelo de acumulación basado en la apropiación de la renta petrolera por parte del Estado venezolano, que se había desarrollado en el país desde la década del 20 del siglo XX, entró en crisis, a causa de la caída de los precios petroleros en el mercado mundial. Esta situación generó toda una serie de cambios en la sociedad venezolana, pues por décadas diversos sectores de la sociedad habían vivido parasitariamente de la renta que administraba y redistribuía el Estado (Espinasa y Mommer, 1991: 42).

Simultáneamente con la caída de los precios del petróleo, estalló en la década de los ochenta la crisis de la deuda externa en los países latinoamericanos[11]. En Venezuela, a partir de 1983, la mayor parte de los ingresos petroleros comenzaron a ser utilizados para el pago del servicio de la deuda externa, contribuyendo al agravamiento de la crisis económica interna que empezó a atravesar el país desde entonces.

Para entender a cabalidad la crisis venezolana se hace necesario retomar los análisis marxistas, partiendo de las mismas tesis que al respecto formuló Carlos Marx en sus diferentes obras, los cuales establecen varias causas originarias de las crisis recurrentes que sufre el capitalismo:

·      La crisis como disminución de la capacidad de consumo de las masas.

·      La crisis como efecto de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.

·      La crisis a consecuencia de la superproducción de capital.

·      La crisis como resultado de la anarquía reinante en la producción capitalista, y el crecimiento desproporcionado de los distintos sectores y ramas de la economía. Esta es la causa de la crisis en Venezuela: coexisten sectores de la economía muy escasamente desarrollados, como la agricultura y la industria de bienes de capital, mientras otros sectores como el petrolero tienen un gran desarrollo; cuando hace crisis el sector petrolero, no hay otros sectores que lo puedan sustituir como fuente de ingresos a la nación. Por ello se dice que la crisis es de carácter estructural.

            Todas las medidas anticrisis llevadas a cabo por la burguesía buscan poner en práctica mecanismos que eleven la tasa de ganancias de los capitalistas, por medio de diversas vías (Lanz, 1996:10), las cuales aparecen en las distintas teorías burguesas que buscan darle salidas a las crisis, tanto las keynesianas como las neoliberales:

·      Aumento del grado de explotación del trabajo: mediante la prolongación de la jornada de trabajo o mediante la intensificación del trabajo mismo.

·      Desvalorización del salario: mediante la inflación y las restricciones a las políticas de seguridad social hacia los trabajadores, con el fin de abaratar costos en la fuerza de trabajo. Esta es una de las medidas fundamentales del neoliberalismo.

·      Desvalorización del capital constante (maquinarias y equipos): eliminando los capitales no competitivos. Toda crisis implica una concentración de capitales y fortalecimiento de monopolios.

·      Utilización del gasto productivo por medio del Estado: ampliando artificialmente la demanda y subsidiando la tasa de ganancia (política que aplicó el primer gobierno de Pérez). Esta es una de las medidas fundamentales del keynesianismo.

            Los efectos de la caída de la tasa de ganancia de los capitalistas a consecuencia del derrumbe de los precios petroleros en la década de los ochenta trataron de revertirlos los gobiernos burgueses a partir del de Luis Herrera Campins en 1979, año en que se detuvo la expansión del crecimiento económico que vivió el país a comienzos de los setenta (Castro Barrios, 1994: 97). A partir de 1989, la burguesía venezolana se propuso modificar el antiguo modelo keynesiano donde el Estado tenía el control fundamental de la economía, para imponer el modelo neoliberal.

LAS POLITICAS NEOLIBERALES APLICADAS POR LOS GOBIERNOS DE CARLOS ANDRÉS PÉREZ (1989-1993) Y RAFAEL CALDERA (1993-1999).

El paquete neoliberal de 1989 fue justificado en su momento debido al agotamiento de las reservas internacionales y al gran déficit fiscal que venía padeciendo la nación. Se argumentaba así la necesidad de recurrir al Fondo Monetario Internacional. 

El programa económico se fundamentó en la Carta de Intención firmada con el FMI.  Partiendo de la fe inquebrantable en el libre mercado, como el mecanismo óptimo para restablecer los equilibrios macroeconómicos, se planteó la total apertura al comercio internacional, dando libre flujo a las importaciones y las exportaciones. El mecanismo básico de ajuste consistía en la reducción de la demanda interna (depresión de salarios reales y reducción del déficit fiscal) a través del binomio inflación-devaluación. En otras palabras, el peso fundamental de las medidas recaía sobre el pueblo trabajador, que vio reducido su nivel de vida debido a la caída de los salarios reales producto de la inflación; similares argumentos, similares medidas y consecuencias iguales se produjeron con la Agenda Venezuela aplicada por el gobierno de Caldera.

Las medidas en lo concreto fueron las siguientes:

·      Liberación del tipo de cambio.

·      Liberación de la política de importaciones: eliminación progresiva de las restricciones cuantitativas a las importaciones; eliminación de las exoneraciones arancelarias; simplificación y reducción de aranceles.

·      “Política salarial prudente”, que no significaba otra cosa que favorecer la reducción de los salarios reales de los trabajadores por medio de la inflación y la devaluación monetaria.

·      Aumentos de precios de bienes y servicios públicos.

·      Eliminación del sistema de control de precios, exceptuando 25 productos y servicios esenciales que serían ajustados al ritmo de la inflación (en contraste con los 7 productos que actualmente mantiene regulados Caldera).

·      Liberación de las tasas de interés.

·      Aplicación de una serie de subsidios sociales, entre los cuales destacó la llamada beca alimentaria y el subsidio a algunos productos de la canasta alimentaria básica.

            Al considerar agotado el modelo de acumulación basado en la renta petrolera, el paquete de CAP se planteó impulsar la llamada Reconversión Industrial (llamada también Reconversión Laboral), cuyos objetivos eran:

·      Incremento de la explotación del trabajo aumentando la intensidad del ritmo de producción, acelerando la cadencia de los equipos, extendiendo la jornada de trabajo, redoblando los turnos, incrementando el sobretiempo. Se trataría en este caso de producir plusvalía absoluta con el paquete industrial instalado.

·      Desvalorización del salario a través de la reducción de los gastos de reproducción de la fuerza de trabajo (educación, alimentación, vivienda, salud, transporte, etc.), mediante la manipulación inflacionaria que conduce al alza de precios de los bienes de subsistencia diaria.

·      Desvalorización del capital constante, depurando el capital ineficiente, llevando a la quiebra a las empresas que no posean cobertura financiera y sin ventajas en productividad. Esto implica un proceso de reacomodo al interior de las distintas fracciones de capitalistas (Lanz Rodríguez, 1990: 56).

Esta propuesta de reconversión se encuadra, siguiendo a Lanz, en el denominado nuevo paradigma industrial, como nueva división internacional de trabajo en donde el capital internacional cristalizado en los bloques económicos (Estados Unidos, Europa y Japón), seguirá manteniendo la hegemonía sobre las tecnologías de punta (microelectrónica, biotecnología, nuevos materiales, etc.) y delegarán un tipo de industrialización especializada en los países dependientes, utilizando las llamadas ventajas comparativas: bajos salarios, materia prima barata, buena infraestructura de servicios, seguridad jurídica, etc., y buscando la utilización rentable de equipos industriales obsoletos. Esta forma de industrialización especializada ha tomado forma en las Industrias Maquiladoras, con las cuales las transnacionales manufacturan partes y componentes en aquellos países con salarios bajos y demás condiciones favorables.

La industria de maquila implica cambios en la organización de la producción, en donde resalta el llamado trabajo domiciliario, en el cual aparentemente se es un trabajador independiente, pero en la realidad está subordinado, colocando al sector informal como una colonia del sector formal, afectando negativamente la capacidad de organización sindical y de lucha de los trabajadores. El nuevo paradigma industrial se plantea recomponer el proceso de trabajo y su articulación con el proceso de valorización del capital:

·      Racionalizando el parque industrial instalado.

·      Aplicando selectivamente nuevas tecnologías.

·      Cambiando las normas de rendimiento y productividad en el trabajo.

·      Modificando la relación salarial, cuestionando el salario social y las prestaciones.

·      Dando una nueva cualificación a la fuerza de trabajo, induciendo un nuevo modelo educativo de factura tecnocrática.

·      Modificación al ordenamiento jurídico y promoviendo nuevas formas de contratación (contrato individual y temporal, trabajo a domicilio, pequeñas empresas subsidiarias).

            El paquete de CAP señaló la salida que los capitalistas nacionales y extranjeros le daban al agotamiento del modelo de acumulación basado en la renta petrolera, alternativa que siete años después resucitó Rafael Caldera al aplicar un paquete económico similar al de CAP.

LA AGENDA VENEZUELA.

            El 15 de abril de 1996 Rafael Caldera anunció al país las nuevas medidas económicas contempladas en la llamada “Agenda Venezuela”. Dichas medidas fueron básicamente las siguientes:

·      Aumento del precio de la gasolina en más de un 500 %.

·      Liberalización total del control de cambios (que implicó una devaluación de más del 50 %).

·      Aumento en la tasa del Impuesto al Consumo Suntuario y de Ventas al Mayor, desde 12,5 % hasta 16,5 %.

·      Liberación de las Tasas de Interés.

·      Aumento del 40 % en el costo de los servicios públicos (electricidad, gas, etc.).

·      Privatización de empresas del Estado como las industrias del aluminio y la venta total de las acciones de la CANTV y Aeropostal, además de la venta de los bancos estatificados.

·      Apertura a la participación del capital privado en la Petroquímica, la minería y la industria vegetal.

·      Medidas compensatorias como un 70 % de aumento salarial para empleados públicos; subsidio al transporte público; duplicar la beca alimentaria y las pensiones a los jubilados; cesta básica subsidiada con cinco alimentos “esenciales”; y programas de capacitación para jóvenes desempleados y desertores del sistema escolar.

·      Continuidad en las políticas de flexibilización laboral y reconversión industrial.

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La Reforma a la Ley del Trabajo, en junio de 1997, sirvió para llevar adelante la tesis neoliberal de la “flexibilización” de las relaciones de trabajo. Dicha reforma eliminó el cálculo retroactivo para el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores. Igualmente abarató los despidos al eliminar el pago o liquidación doble en caso de despido injustificado. Además, las formas de pago que estableció para las prestaciones acumuladas, sobre todo en la administración pública, constituyeron una estafa a los trabajadores, pues no se definieron claramente ni los lapsos para los pagos ni de dónde saldrían los recursos financieros para cumplir con dichas obligaciones. Finalmente, la nueva Ley de Seguridad Social amenazaba con terminar de vulnerar los derechos de los trabajadores. El gobierno de Caldera logró ejecutar las reformas flexibilizadoras del mercado laboral que formuló Carlos Andrés Pérez en 1989.

La reconversión industrial-laboral trajo igualmente efectos desastrosos para las clases trabajadoras (Iranzo, 1991: 77). El efecto negativo más importante de la reestructuración industrial fue el aumento del desempleo:

·      La estrategia industrial gubernamental suponía el crecimiento de sectores altamente intensivos de capital (actividades extractivas y de transformación primaria) y por ende poco generadores de empleo. A su vez, las ramas más afectadas por la crisis, los sectores industriales tradicionales, son los más intensivos en mano de obra.

·      La primera medida tomada por los empresarios para adaptarse a la nueva situación fue la de despedir trabajadores.

·      Como consecuencia de la caída de la demanda, se produjo una fuerte disminución del sector comercio.

·      La política dirigida hacia el sector agrícola significó un importante aumento del desempleo en el sector.

·      Con la introducción de nuevas tecnologías y maquinaria automatizada, se reducen puestos de trabajo.

La segunda tendencia negativa de la reconversión fue la informalización del sector moderno, como consecuencia de la generalización de formas de contratación que hasta ahora se denominaban “atípicas” porque no correspondían con las condiciones del trabajo formal. Basándose en la llamada “flexibilización del trabajo”, los empresarios comenzaron a ejercer fuertes presiones para desregularizar el mercado de trabajo, bajo el supuesto de que las normativas legales son las que impiden adecuarse a las nuevas circunstancias. De allí surgió la propuesta de  eliminar el cálculo retroactivo en las prestaciones sociales y la ley sobre despidos injustificados.

Las prácticas “flexibilizadoras” ya existían desde antes en Venezuela, pero durante los gobiernos de Pérez y Caldera se multiplicaron: contratos por tiempo determinado, a tiempo parcial, a domicilio, subcontratación, etc. Muchos sindicatos, ante la perspectiva de desempleos masivos, las aceptaron. El crecimiento del sector de trabajadores “flexibles” (Iranzo, 1991: 80) representa un serio problema social que profundiza la precarización de las condiciones de vida y de trabajo, ya pronunciadas con la expansión del sector informal. Todos ellos constituyen grupos sociales sin cobertura social ni protección legal, pues la ley no ampara a los trabajadores que no estén en condiciones de subordinación (lo que se ha superado con la nueva constitución de 1999). El cuadro final es, entonces, el aumento de la pobreza y de la indefensión social, factores de reforzamiento de las desigualdades sociales.

Otra tendencia desarrollada por la reconversión industrial es la intensificación del trabajo. Generada en primer lugar porque las empresas reducen sus plantillas al punto que sus volúmenes actuales de producción no se corresponden con la cantidad de trabajadores por unidad de producto que tenían previamente. Es decir, se incrementa la productividad laboral pero no por cambio tecnológico u organizativo sino por un aumento en el ritmo y la cantidad de trabajo individual y colectivo.

La segunda vía de intensificación del trabajo se basa en el uso de una mano de obra polivalente que cuenta con la capacitación necesaria para desplazarse por diferentes puestos de trabajo de acuerdo a las necesidades de la producción, lo que rompe con la tradicional distribución fija de responsabilidades propia de la organización taylorista. Esta “flexibilización” provoca la intensificación del trabajo en la medida en que no se puede fijar de antemano el tipo y la cantidad de tareas a realizar por parte de cada trabajador, pues ello depende de las circunstancias; de esta forma, los mecanismos tradicionales de regulación de la carga de trabajo se vuelven inoperantes (Iranzo, 1991: 83).

Los resultados de la Agenda Venezuela reflejaron la misma situación  vivida con el paquete de Pérez: cuentas macroeconómicas exitosas y un efecto nefasto sobre el nivel de vida de la población. Los planes neoliberales de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, pese a presentar logros macroeconómicos relativamente destacados, redundaron fundamentalmente en el aumento de los niveles de explotación de la masa trabajadora, en el deterioro tanto de las condiciones de trabajo como del nivel de vida de la mayoría de la población, favoreciendo el aumento de los niveles de ganancias por parte de los empresarios criollos y extranjeros.  Los ricos se hicieron más ricos, los pobres aumentaron su pobreza y aumentaron también su número, pues un grueso sector de la antigua clase media se empobreció en la última década. Aumentó el desempleo y la economía informal alcanzó el 50% de la fuerza de trabajo. El salario real de los trabajadores se desvalorizó en más del 50 %.

Nuestra economía aumentó su grado de dependencia para con el capitalismo multinacional, debido a los procesos privatizadores y a la apertura indiscriminada al mercado mundial. El descontento de las grandes mayorías sociales por diez años de neoliberalismo en Venezuela fue el detonante del comportamiento electoral que condujo al triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de 1998, y la consiguiente modificación del panorama político del país. A partir de esa nueva realidad se abrió la posibilidad de modificar el rumbo neoliberal que llevaba nuestra economía, y que se comiencen a superar la dependencia y el subdesarrollo.

EL MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE PROMUEVE HUGO CHÁVEZ. LA TRANSFORMACIÓN DEL CAPITALISMO RENTÌSTICO VENEZOLANO EN UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA.

            El plan de desarrollo económico ejecutado durante el período de gobierno de Hugo Chávez se ha cristalizado particularmente con la definición del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, denominado el Primer Plan Socialista de la Nación[12]. En el mismo se propone la constitución de un Nuevo Modelo Productivo Socialista, elemento determinante que lo diferencia de todos los modelos económicos anteriores que fueron concebidos como capitalistas.

            El punto de partida del Plan Simón Bolívar es la crítica al modelo productivo capitalista, fundamentado en la explotación intensiva del trabajo asalariado y de los recursos naturales, el cual genera desempleo, pobreza, miseria y exclusión social (Álvarez, 2010: 22).

            De cara a la construcción del nuevo modelo productivo socialista, el Gobierno Bolivariano plantea que:

“La producción en la búsqueda de lograr trabajo con significado se orientará hacia la eliminación de la división social del trabajo, de su estructura jerárquica actual y a la eliminación de la disyuntiva entre satisfacción de necesidad y producción de riqueza. El modelo productivo responderá primordialmente a las necesidades humanas y estará menos subordinado a la reproducción del capital” (RBV, 2007: 60).

            La transformación del capitalismo rentístico venezolano implica:

1. Cambiar las relaciones sociales de producción.
2. Transformar la estructura del aparato productivo.
3. Modificar la distribución territorial de la actividad económica.
4. Reorientar la intervención del Estado.

LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO.

            En su obra “Venezuela ¿Hacia dónde va el modelo productivo?”, Víctor Álvarez[13] enumera las condiciones que van madurando en Venezuela para permitir la transformación del capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo (Álvarez, 2010: 24):

• Agotamiento del patrón de acumulación capitalista, generador de desempleo, pobreza y exclusión social, al basarse en la explotación intensiva de la fuerza de trabajo, la explotación irracional de los recursos naturales y la contaminación del ambiente.
• Necesidad de saldar la deuda social acumulada a través de la participación activa y protagónica del pueblo organizado en la dirección y control de los procesos de generación, distribución e inversión de la producción y los excedentes, en función de contribuir a una mejora sostenida de la calidad de vida y de la mayor suma de felicidad posible para el pueblo trabajador.
• Crisis del capitalismo rentista en el marco del cuestionamiento a la División Internacional del Trabajo que nos condena a ser simples proveedores de petróleo y otras materias primas, lo cual inhibe el desarrollo endógeno de las potencialidades nacionales.
• Necesidad de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas internas, con base en el fortalecimiento de capacidades tecnológicas e innovativas para agregar valor a las abundantes fuentes de materias primas y recursos energéticos que posee Venezuela, en función de sustituir importaciones y diversificar las exportaciones, superando la dependencia tecnológica de los grandes centros industrializados.
• Urgencia de profundizar la inversión y distribución progresiva de la renta petrolera y del ingreso nacional en función de impulsar un nuevo esquema para la generación y distribución de la riqueza.
• Crisis del neoliberalismo y de las políticas a favor del libre mercado, y reconocimiento de la importancia de la intervención del Estado para orientar el curso del desarrollo económico en función de los grandes intereses nacionales.
• Creciente exigencia de facilitar y apoyar la participación de los trabajadores en la reactivación, organización y control de la producción de los bienes y servicios básicos y esenciales que garantizan la plena satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales.
• Imperativo de avanzar en la sustitución de la inoperante estructura del Estado burgués por el Estado revolucionario que impulse un nuevo modelo organizativo y funcional de los poderes públicos.
• Necesidad de desplazar los grupos de poder enquistados en la estructura burocrática por servidores públicos comprometidos y responsables con la tarea de impulsar nuevas formas de poder popular, para hacer rendir al máximo los recursos destinados a saldar la deuda social y transformar el modelo productivo.
• Reclamos por impulsar un cambio profundo de las relaciones económicas a través del impulso a la economía social como portadora de nuevas relaciones sociales de producción.
• Demandas de participación activa y protagónica del pueblo organizado en función de asumir el control de la producción de los bienes y servicios esenciales.
• Necesidad de corregir los desequilibrios territoriales y el desarrollo desigual entre las diferentes regiones, estados, municipios y comunidades en todo el país.
• Afrontar el deterioro y daños irreversibles al ambiente debido al mal manejo de las emanaciones gaseosas, efluentes líquidos y desechos sólidos que contaminan el ambiente y arruinan la salud de los trabajadores y las comunidades.
• Corregir el deterioro de los más elementales valores éticos que mantienen cohesionada y garantizan la integridad y seguridad de una sociedad.

Observamos que el Proyecto Nacional Simón Bolívar intenta abordar los puntos neurálgicos que han impedido hasta ahora el desarrollo independiente del país. Intenta resolver el problema de la dependencia de nuestro modelo económico a los requerimientos diseñados por el capitalismo internacional, realidad que hemos arrastrado desde la misma época colonial. Pero a la vez intenta resolver otros problemas cuya caracterización se ha realizado más recientemente, como la cuestión de la destrucción ambiental generada por los sistemas productivos copiados e impuestos desde el extranjero, los desequilibrios territoriales resultantes de esa economía foránea predominante, la dependencia tecnológica, los altos niveles de desigualdad social, etc.

También aborda la superación del modelo neoliberal que hoy está colapsando a nivel mundial, y retoma el papel del Estado como garante de los intereses nacionales y de las grandes mayorías sociales. Pero va mucho más allá al proponer la participación democrática de los trabajadores en la conducción de las nuevas estructuras productivas que se plantean desarrollar. La transformación profunda del estado burgués, y el desplazamiento definitivo de los grupos de poder que hemos heredado del capitalismo de la “cuarta república”.

En general, el Proyecto Simón Bolívar propone una transformación profunda de la sociedad venezolana, perfilando una nueva sociedad socialista, superadora del capitalismo como sistema productivo. En este punto es la primera vez en la historia de Venezuela que un gobierno se plantea objetivos tan radicales de transformación nacional.

El modelo productivo venezolano se orientó desde el siglo XIX en la perspectiva del liberalismo económico, desde José Antonio Páez hasta Juan Vicente Gómez. Posteriormente, a tono con la evolución de la economía capitalista mundial, se impuso el keynesianismo a partir del gobierno de Eleazar López Contreras, el cual se mantuvo hasta que el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez impuso en 1989 el paquete neoliberal que ya comentamos anteriormente. El neoliberalismo tuvo una efímera vida hasta 1999, cuando Rafael Caldera entregó el poder a Hugo Chávez Frías.

Aunque en los años iniciales de su mandato Chávez no habló específicamente de socialismo[14], es innegable que desde un principio desarrolló una estrategia económica totalmente enfrentada al neoliberalismo dominante en el mundo capitalista, manteniendo y fortaleciendo los aspectos positivos del modelo keynesiano, y abriendo experimentos que se orientaban al desarrollo de la economía social, como sucedió con el impulso de las cooperativas.

LA ECONOMÍA SOCIAL[15].

Uno de los fundamentos del nuevo modelo productivo enarbolado por el gobierno de Chávez ha sido la llamada economía social. La economía social no constituye en sí un modelo económico acabado que podría encerrarse dentro de los que tradicionalmente se ha definido como economías solidarias o sociales, ni solamente en sus formas institucionales más conocidas: cooperativas, microempresas, empresas mutuales, etc. La economía social es en primer lugar, y dentro del contexto socio-económico específico a naciones periféricas a los centros mundiales de capital como la nuestra, aquella economía que se desarrolla precisamente sobre los márgenes de los grandes nudos de acumulación de capital. Se trata entonces de prácticas sociales reales de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que configuran en estos momentos todo un universo productivo particular. Empieza por las laberínticas formas de economía de subsistencia hasta lugares de asociación y solidaridad entre individuos desde los cuales se emprenden iniciativas multifacéticas de producción cognitiva, de bienes materiales, de servicios sociales, de producción simbólica y comunicacional, que decantan por lo general en la formación de amplios potenciales socio-económicos. Desgraciadamente, dados los ritos y normas del orden económico constituido, se trata de órdenes de producción que son excluidos, marginados o apropiados por los agentes estatales y privados que gobiernan el orden dominante (Denis, 2003).

            Sin embargo, cabe notar que desde el seno de dichas prácticas sociales, siendo ellas mismas prácticas de resistencia con larga data de experiencia y reflexión, se ha venido levantando un perfil ideo-político de las mismas que constituye un lugar síntesis de su propia utopía. Síntesis que por supuesto siguen abiertas al debate de acuerdo a las nuevas experiencias asociativas en desarrollo y los horizontes que se abren dentro del mundo económico de hoy. Por nuestro lado ese lugar síntesis de definición lo resumimos en los siguientes siete elementos:

1. La economía social es una economía alternativa.

2. Donde privan las prácticas democráticas y autogestionarias.

3. Motorizada por las formas de trabajo asociado y no asalariado.

4. Donde la propiedad sobre los medios de producción es colectiva (salvo en el caso excepcional de las microempresas).

5. Centrada en el reparto igualitario del excedente.

6. Solidaria con el entorno social en que se desarrolla.

7. Y aferrada a su propia autonomía frente a los centros monopólicos del poder económico o político.

            El problema que se nos plantea entonces es cómo hacer viable este esquema alternativo de producción dentro de una realidad económica llena de adversidades nacionales y globales para ella y una herencia socio-cultural que como efecto causal de la realidad económica que la determina, y sobretodo en los últimos tiempos, más que ayudar a asociar u organizar el trabajo y el mundo productivo en general lo que ha hecho es desaparecerlo o diseminarlo e individualizarlo en grados cada vez más extremos y patéticos. Hemos llamado a esto la “buhonerización” de la sociedad en todo su conjunto. No estamos entonces ante un camino fácil de recorrer si de verdad se quiere, como en efecto rezan los mandatos constitucionales expresados en los artículos 70, 112, 118, 184, 308, de la Constitución Nacional, llevar adelante un proceso profundo de transformación la realidad económica nacional, donde, entre otras cosas, se logre hacer de ella un lugar prioritario y estratégico para el desarrollo material y cultural de la democracia participativa y protagónica como de la misma economía nacional.

            Estamos por tanto parados ante un doble reto. Primeramente promover un camino abierto a toda la ciudadanía desde donde se recuperen las mejores enseñanzas de toda esa economía de subsistencia de la cual es partícipe en buena parte. Una realidad que es hija de la precariedad estructural de nuestras naciones y la inmensa desigualdad e injusticia que recorre toda nuestra historia, pero sobretodo, de la crisis profunda que hoy en día vive el capitalismo como modelo global de producción; crisis que arropa y determina el destino gris al cual pareciera que estaríamos condenadas la inmensa mayoría de las naciones pobres y los pobres del mundo. Pero además de las enseñanzas se trata de un mundo laberíntico lleno de potencialidades y donde efectivamente se mueven en suma enormes cantidades de capital que en caso de comenzar a hacerse partícipes de un proyecto más integral y trascendente al mero interés individual que priva sobre ella, podrían convertirse en una palanca sustancial al desarrollo integral y equitativo de la sociedad.

            Con igual reconocimiento nos referimos a la experiencia asociativa y autogestionaria propiamente dicha, de cuya historia extraemos todas las premisas ideopolíticas y experienciales de la economía social. Pero en este caso ya no estamos hablando de una realidad masiva y extensa, sino de corrientes y experiencias, unas más tradicionales, otras más nuevas y creadoras, que deben servirnos de escuela para la nueva realidad que seguiremos construyendo.  Pero a la vez se trata de un mundo que debe tomar conciencia que como tal debe ser trascendido y emplazado a hacerse partícipe del ímpetu que viene adoptando la economía social hoy en día y que sin duda terminará revolucionado toda la experiencia originaria que ya conocemos.

            Además de este reto, situado sobre el acumulado social y material desde el cual debemos partir, tenemos ante nosotros el reto de la recuperación de los valores éticos y culturales para la economía social que rodean el sueño transformador al cual la inmensa mayoría de venezolanos hemos apostado. También sumamos entre estos principios éticos:

1. La expansión de los valores democráticos y libertarios hacia todas las prácticas sociales. 2. El compromiso de hermandad y solidaridad con los entornos comunitarios y laborales en que nos movemos.

3. El encuentro igualitario con el otro.

4. La lucha por la plena libertad y dignificación de nuestras naciones.

5. El profundo amor hacia la tierra y la naturaleza.

6. El respeto absoluto por los derechos humanos.

7. La prioridad del interés general sobre los intereses individuales.

Ellos constituyen principios ético-culturales que también deben convertirse en principios rectores de la economía social. De lo contrario también ella puede sufrir, como de hecho ya le ha pasado, los efectos devastadores que el modelo del privatismo y la uniformidad ha tenido sobre esta dimensión esencial de la vida.    

OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA.

            El Proyecto Simón Bolívar (PSB) establece cuatro objetivos principales en este aspecto:

1. Desarrollar el nuevo modelo productivo endógeno como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido.
2. Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria.
3. Fomentar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo nacional y reducir diferencias en el acceso al conocimiento.
4. Desarrollar la industria básica no energética, la manufactura y los servicios básicos (RBV, 2007: 73).

Para el cumplimiento de estos objetivos el PSB busca poner en funcionamiento nuevas formas de generación, apropiación y distribución de los excedentes económicos y una nueva forma de distribución de la renta petrolera. En la búsqueda de este nuevo modelo productivo, se plantea cohesionar las fuerzas sociales en productores asociados, haciéndolas responsables de prácticas productivas y administrativas autogestionadas, a la vez que se sustituye la concentración y centralización de la toma de decisiones por una genuina autonomía descentralizada que alcance hasta las comunidades locales.

El modelo productivo socialista se conformará básicamente por las Empresas de Producción Social (EPS), que son concebidas como el germen y el camino hacia el Socialismo del Siglo XXI, aunque persistirán empresas del Estado y empresas capitalistas privadas.

Otros elementos resaltantes de PSB son:

• Consolidar el carácter endógeno de la economía, priorizando la satisfacción de las necesidades del país.
• Potenciar la capacidad interna de producción de bienes y servicios, desarrollando los encadenamientos internos que permita utilizar la existencia de materias primas y recursos naturales dentro del país.
• Diversificar el potencial exportador de bienes y servicios, una vez satisfechas las demandas internas, utilizando nuestros recursos naturales y con el mayor grado de elaboración posible.
• Impulsar un desarrollo tecnológico interno que posibilite la autonomía relativa de las actividades productivas.
• La garantía de la seguridad alimentaria será el desarrollo rural integral, que abarca los subsectores vegetal, animal, forestal y pesquero.
• La capacidad interna de producción de alimentos debe promoverse elevando la inversión productiva en la agricultura, y particularmente en materia de riego, saneamiento de tierras y vialidad rural.

Finalmente, el PSB enumera una serie de estrategias y políticas para implantar el nuevo modelo productivo socialista:

1. Mejorar sustancialmente la distribución de la riqueza y el ingreso.
2. Expandir la Economía Social cambiando el modelo de apropiación y distribución de los excedentes.
3. Fortalecer los sectores nacionales de manufactura y otros servicios.
4. Asegurar una participación eficiente del Estado en al economía.
5. Consolidar el carácter endógeno de la economía.
6. Incrementar la participación de los productores y concertar la acción del Estado para la agricultura.
7. Consolidar la revolución agraria y eliminar el latifundio.
8. Mejorar y ampliar el marco de acción, los servicios y la dotación para la producción agrícola.
9. Rescatar y ampliar la infraestructura para el medio rural y la producción.
10. Incrementar la producción nacional de ciencia, tecnología e innovación hacia necesidades y potencialidades del país.
11. Rediseñar y estructurar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).
12. Incrementar la cultura científica.
13. Mejorar el apoyo institucional para la ciencia, la tecnología y la innovación.

MARCO LEGAL DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) supedita el régimen económico    a la función social de la economía y se otorga un papel fundamental al Estado como regulador de las relaciones económicas. Se plantea la creación de un modelo de desarrollo alternativo, centrado en la organización colectiva para el trabajo y la productividad, y en la soberanía sobre los recursos naturales. A su vez, obliga al Estado a proteger a los sectores productivos tradicionales y a promover y proteger la organización productiva solidaria (Álvarez, 2010: 26).

La actual Constitución deja implícito el planteamiento de trascender el capitalismo e ir más allá del capital como forma predominante o única de organización social de la producción. Aunque la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada (artículos 112, 115, 299), al mismo tiempo establece el mandato de impulsar la participación y el protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía económica a través de la autogestión, la cogestión, las cooperativas, las empresas comunitarias y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad (art. 70).

El artículo 308 de la CRBV señala que el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular.

El PSB se plantea precisamente para fortalecer y profundizar los elementos alternativos del modelo productivo apenas esbozado en nuestra constitución. Buscando trascender la economía capitalista, el gobierno venezolano establece en el PSB:

“El capitalismo, además de ser responsable de la actual situación de nuestro pueblo, es la negación de los valores de igualdad y solidaridad necesarios para superar colectivamente su postración social y económica. Por contraposición, el socialismo propone la primacía del desarrollo social y humano y de los valores colectivos” (Proyecto Simón Bolívar, 2007:10).

            El gobierno bolivariano promueve la participación activa y protagónica del pueblo organizado, para que asuma el control de los procesos de producción y comercialización de los bienes y servicios requeridos para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, en el marco de nuevas relaciones sociales de producción gobernadas por los principios de solidaridad, cooperación, complementación, reciprocidad, equidad y sustentabilidad.

En el año 2008 fue aprobado el Decreto con Valor, Rango y Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular. El mismo tiene por objetivos:

1. Incentivar en la comunidad valores sociales basados en la igualdad, solidaridad, corresponsabilidad y justicia social.
2. Promover las formas de organización comunal dirigidas a satisfacer las necesidades sociales de la comunidad.
3. Fomentar un modelo productivo socioproductivo comunitario y sus formas de organización comunal en todo el territorio nacional.
4. Aportar las herramientas necesarias para fortalecer las potencialidades económicas de las comunidades.

Son principios y valores del modelo socioproductivo comunitario la corresponsabilidad, cooperación, sustentabilidad, libertad, justicia social, solidaridad, equidad, transparencia, honestidad, igualdad, eficiencia y eficacia, contraloría social, rendición de cuentas, asociación abierta y voluntaria, gestión y participación democrática, formación y educación, respeto y fomento de las tradiciones, la diversidad cultural, articulación del trabajo en redes socioproductivas, cultura ecológica y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales.

                  El decreto-ley considera como formas de organizaciones socioproductivas:

·         Empresa de propiedad social directa o comunal.

·         Empresa de propiedad social indirecta. Propiedad ejercida por el Estado a nombre de la comunidad, transfiriendo progresivamente la propiedad a las comunidades.

·         Empresa de producción social.

·         Empresa de distribución social.

·         Empresa de autogestión.

·         Unidad productiva familiar.

·         Grupos de intercambio solidario.

·         Grupos de trueque comunitario.

DESARROLLO ESPECÍFICO DEL NUEVO MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA.

            Para avanzar en dirección a un nuevo modelo productivo, el gobierno bolivariano ha dado una serie de pasos iniciales que deben permitir recorrer el camino esbozado en el PSB:

1. Renacionalización de una serie de empresas que habían sido privatizadas durante los gobiernos anteriores. Tal es el caso de la Compañía Nacional de Teléfonos (CANTV), la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), la Electricidad de Caracas y otras. Luego de la derrota del paro petrolero-golpista de 2002-2003, se procedió a una reorganización de la empresa petrolera estatal, PDVSA, debido a que buena parte del personal de gerentes, empleados y técnicos se incorporó al paro y debieron ser despedidos de la empresa para poder garantizar la continuidad de su funcionamiento.
2. Expropiación de empresas privadas que se encontraban paralizadas y colocadas en producción bajo control del Estado y la conducción de sus trabajadores. En este caso vemos a Venepal (ahora llamada Invepal), Venezolana de Válvulas (Inveval), Parmalat, Lácteos Los Andes, Cemento Andino y otras.
3. Expropiación de contratistas de la industria petrolera, en 2009. Particularmente en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, en el Estado Zulia.
4. Desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco como eje impulsor del desarrollo económico, social, industrial, tecnológico y sustentable del país, mediante la valorización y desarrollo óptimo de sus recursos de hidrocarburos. Venezuela pasa de esta forma a poseer la mayor reserva de hidrocarburos líquidos a nivel mundial. La diversificación de las inversiones en la Faja del Orinoco, en la perspectiva multipolar que defiende el gobierno bolivariano, ha establecido convenios con empresas petroleras de India, Rusia, China, España, Irán, Brasil, Estados Unidos, Noruega y Gran Bretaña.
5. Impulso del cooperativismo como un modelo alternativo a la empresa privada capitalista tradicional[16].
6. Impulso de los llamados Consejos de Trabajadores como expresión de la participación laboral en la conducción de las empresas nacionalizadas. Estos consejos de trabajadores adolecen todavía de un marco legal, y en la práctica se han desarrollado de diversas maneras en cada una de las empresas nacionalizadas. Los consejos de trabajadores se han concebido como la expresión en el terreno productivo de los Consejos Comunales, organizaciones novísimas de poder popular que sí poseen una ley específica (recientemente modificada) y cuyo desarrollo en todo el país augura el nacimiento embrionario de un nuevo modelo de estado, de democracia participativa y protagónica, radicalmente distinto al viejo estado liberal y sus engañosas formas de representación.
7. Atención especial merece el llamado Plan Guayana Socialista, desarrollado en las empresas básicas del Estado Bolívar, lo que se ha dado en llamar el Control Obrero, y que ha culminado en mayo de 2010 con la transferencia de la dirección de las empresas del estado a los trabajadores electos por los trabajadores para ocupar los cargos directivos de las mismas (Sidor, Alcasa, Ferrominera y otras).
8. Similar experiencia de Control Obrero se ha iniciado en 2010 en la industria eléctrica recién constituida en corporación nacional (Corpoelec), en la cual los trabajadores, en el marco de la crisis eléctrica vivida en Venezuela durante el primer semestre de 2010, han iniciado una mayor participación en los procesos directivos de la empresa estatal. A la vez se ha aprobado la contratación colectiva de los trabajadores eléctricos, que llevaba varios años demorada por presiones de la burocracia interna.

Junto a estas experiencias en el terreno  productivo, el gobierno bolivariano ha ensayado nuevos mecanismo de distribución, como son los llamados MERCAL y PDVAL, organismos para la distribución nacional de alimentos y otros productos de primera necesidad. Aunque estas organizaciones han atravesado no pocos problemas, acusadas de corrupción, de desvío de productos hacia el contrabando, y de permitir la descomposición de alimentos almacenados, al mismo tiempo han logrado resolver casi totalmente el problema del desabastecimiento.

Es de resaltar que el impulso de un nuevo modelo productivo socialista en Venezuela ha encontrado no pocos oponentes. La gran burguesía nacional, representada en Fedecámaras y otras organizaciones gremiales empresariales, han desarrollado múltiples iniciativas para incluso derrocar al gobierno de Chávez. Recordemos el golpe del 11 de abril de 2002, en el cual el que fungía como presidente de Fedecámaras en ese momento, el empresario Pedro Carmona Estanga, fue el que asumió la presidencia del efímero gobierno golpista que gobernó a Venezuela durante menos de 48 horas. Otro intento de derrocar a Chávez ocurrió con la huelga petrolera-empresarial desarrollada en diciembre 2002 y enero-febrero de 2003, la cual fracasó luego de 63 días de paralización de actividades tanto en la industria petrolera como en todas las empresas privadas del país.

Luego de estas derrotas, el empresariado nacional ha desarrollado tácticas de saboteo solapado a la economía nacional, ya sea promoviendo el desabastecimiento (como los ha acusado reiteradamente el gobierno de Chávez) o abandonando-paralizando empresas en producción, a la vez que se aprovecha de las amplias facilidades de financiamiento que el propio gobierno chavista ha desarrollado para promover la reactivación de la industria y la agricultura nacionales.

Las empresas multinacionales extranjeras han tenido choques puntuales con el gobierno bolivariano, como ocurrió con la empresa argentina Techint al proceder a la nacionalización de Sidor. Igual ocurrió cuando se modificó el marco legal de los convenios con las empresas petroleras extranjeras, y dos de esas empresas no compartieron el nuevo marco legal y procedieron a retirarse del país (la Conoco-Philips y la Exxon-Mobil). Una de estas empresas, la Exxon-Mobil, demando al estado venezolano ante tribunales internacionales, aunque sin mayores consecuencias para los intereses nacionales.

El nuevo modelo productivo socialista ha sido concebido como un proceso continental de transformación económica, política y social, basado en la integración de los países latinoamericanos, y que se fundamenta en iniciativas como el ALBA y otros mecanismos de integración.

Al considerar las posibles limitaciones del nuevo modelo productivo que adelanta el gobierno bolivariano, hay que tomar en cuenta la crítica realizada a las deficiencias del socialismo practicado en la URSS y demás países del llamado “socialismo real” a lo largo del siglo XX. Particularmente el crecimiento exacerbado de un capitalismo de estado, dirigido por un régimen político monopartidista, razones que hemos expresado antes como las que determinaron el colapso soviético a fines de los 80 y comienzos de los 90. En la Venezuela bolivariana se pudiera estar incubando un camino similar, en donde crezca desproporcionadamente el control del estado sobre la economía, y los escenarios de control obrero y autogestión participativa de los trabajadores se reduzcan al mínimo, lo que unido al predominio absoluto del PSUV configuraría una estructura burocrática difícil de manejar y que pudiera repetir el desgaste y agotamiento reflejado en los países otrora socialistas.

La alternativa a esto es recorrer el sendero que postula el llamado “Socialismo del Siglo XXI”, al enfatizar en la democracia participativa y protagónica, y en la economía social, lo que traducido al plano económico implicaría el desarrollo de un verdadero poder de los trabajadores expresado en la constitución de los Consejos Obreros como órganos dirigentes de las empresas públicas, capaces de ejercer una verdadera contraloría social sobre la gerencia (elegida por la base de los trabajadores), con una ejecución presupuestaria transparente y participativa, con la incorporación de las comunidades y sus necesidades locales, municipales y regionales, con la creación de un plan nacional surgido de la integración de las necesidades generales del país con los requerimientos particulares de las localidades.

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[1] “A quienes en el curso de las guerras habían ascendido a altos cargos militares, el Estado, en recompensa a sus servicios, les otorgó tanto haciendas y hatos que habían sido confiscados a los realistas, como grandes extensiones de tierras baldías”. Salvador de la Plaza. El problema de la tierra. Volumen V. p.78.

[2] Es sabido que Bolívar y demás jefes patriotas tuvieron que decretar la libertad de los esclavos que se incorporaran a la lucha de independencia, y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, como una forma de poder contrarrestar el poder que alcanzaron los realistas, con Boves a la cabeza, en 1814.

[3] El diario El Globo del 23/03/99 titulaba su primera página: “EEUU pide protección para inversionistas. El embajador Maisto presiona en Miraflores. El gran reto del gobierno es explicar lo que está pasando aquí, para dar todas las seguridades al inversionista, expresó el diplomático”.

[4] “Las compañías petroleras obraron en Venezuela, durante las primeras décadas de su dominación, como si estuviesen frente a un protectorado complaciente. Nuestro país, pese a tener un Estado, se asimiló al Irán o a cualquiera de las satrapías donde el petróleo gozó de ilimitadas ventajas” (Rangel, 1977: 30).

[5] Las economías de “enclave” implicaron la introducción en una economía dependiente precapitalista de una industria de extracción altamente tecnificada, pero desligada del resto de la economía interna, y vinculada fundamentalmente con el exterior (el petróleo en Venezuela, el cobre en Chile, etc.).

[6] Por bienes de capital se entiende a las máquinas, que permiten fabricar bienes de consumo o bienes intermedios, en general.

[7] La Ley de Hidrocarburos de 1943, que unificó toda la legislación petrolera y permitió una mayor participación del Estado venezolano en los frutos de la industria petrolera.

[8] El llamado “fifty-fifty”, que elevó hasta el 50 % la participación del Estado en la renta petrolera.

[9] La falta de nacionalismo de nuestra burguesía se reflejaba a fines de los 90, cuando se informaba sobre la existencia de depósitos bancarios de venezolanos en el exterior por el monto de 120 mil millones de dólares, casi 10 veces las reservas internacionales del país. No ha existido burguesía nacional, en sentido estricto. A nuestra burguesía jamás le ha interesado el desarrollo de la nación. Sólo le preocupan sus propias ganancias.

[10] Por sector terciario se entiende a la fase del ciclo económico que se ocupa de la distribución de bienes (el comercio) y de los servicios en general.

[11] Según datos de la CEPAL, entre 1980 y 1988 la deuda externa de América Latina, lejos de decrecer se duplicó de 221 a 410 millones de dólares. El aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos coincidió con el descenso de los precios de las materias primas provenientes de los países subdesarrollados, lo que generó el estallido de la crisis de la deuda externa, al multiplicarse dicha deuda por efectos de la subida de intereses, y disminuir a la vez los ingresos de los países deudores.

[12] República Bolivariana de Venezuela. 2007.  Proyecto Nacional Simón Bolívar.  Ediciones de la Presidencia de la República. Caracas (Venezuela).

[13] Quien fuera Ministro de Industrias Básicas del gobierno bolivariano.

[14] Chávez realizó en 2006 una campaña por la presidencia de la república enfatizando que votar por él significaba votar por una Venezuela socialista.

[15] Tomado del texto “La Nueva Ratio Productiva (por un modelo alternativo de desarrollo)”, cuyo autor es Roland Denis, 2003. Para ese momento, Denis era viceministro de Planificación.

[16] El desarrollo de cooperativas en los primeros años de gobierno de Hugo Chávez generó numerosas deformaciones en las mismas, debido a errores en su implementación, sobre todo por la deficiente formación teórico-práctica de las personas que asumieron la organización de las nuevas cooperativas. Junto a esto, muchas empresas privadas se disfrazaron de cooperativas para aprovechar los créditos del Estado y rehuir los derechos laborales de sus trabajadores. El resultado terminó siendo sumamente negativo, y hoy las cooperativas han dejado de jugar el papel central que tuvieron en el primer lustro de gobierno chavista.