VENEZUELA:  EL GOBIERNO NOS ROBA EL SALARIO, LAS PENSIONES, LOS DERECHOS LABORALES, 

Y EJECUTA UN FRAUDE ELECTORAL Y UN AUTOGOLPE

 

Los resultados “oficiales” de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio han sido rechazados por la mayoría de la población, al no expresar la decisión manifiesta del pueblo para que se produzca un cambio de gobierno.

 

1)   En primer lugar, la proclamación de Nicolás Maduro como ganador, realizada el lunes 29 de julio por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se produjo sin que se hubiera completado la totalización de los votos (apenas un 80 %, según el primer boletín del CNE, cuando la supuesta diferencia de votos entre Maduro y González era de apenas el 7%). De acuerdo con esto, esa proclamación de Maduro como ganador estaría fuera de la legalidad.

 

2)   Un segundo aspecto, es que, según ha denunciado Enrique Márquez, quien fuera candidato opositor, el primer boletín leído a medianoche por el presidente del CNE, Elvis Amoroso (reconocido dirigente del PSUV, partido de gobierno), no salió de la sala de totalización del CNE, según le informaron sus testigos electorales, y habría sido una elaboración personal del mismo Amoroso.

 

3)    El mismo candidato Márquez, ha denunciado que el CNE cerró sus actividades desde la misma mañana del 29 de julio. Oficialmente el gobierno denunció que el CNE habría sido “hackeado”, pero no ha permitido una constatación independiente, con participación de los testigos electorales del resto de candidatos, para verificar ese supuesto hackeo. La página web del CNE está caída desde ese día 29J, hasta hoy 18 de agosto. No existe ninguna publicación del CNE sobre las actas de totalización. Un segundo boletín del viernes dos de agosto, recogió, según el CNE, el 96 % de las actas (aún no ha publicado un tercer boletín con el 100 % de los votos).

 

4)    No ha sido posible que el CNE explique cómo hizo para poder contabilizar los votos que ha indicado en los dos boletines publicados, si el sistema informático del poder electoral fue hackeado desde la tarde-noche del día de las elecciones. Porque, supuestamente, ese “hackeo” sería el que ha impedido que, hasta hoy, 18 de agosto, el CNE no haya publicado la totalización de las actas, desglosadas mesa por mesa, por cada centro de votación, cada parroquia, cada municipio y cada estado del país.

 

5)   El principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia, ha indicado, basándose en las actas de sus testigos de mesa en todas las circunscripciones electorales de Venezuela, que él sería el ganador de las elecciones, con casi un 70 % de los votos, y el candidato Maduro apenas habría sacado un 30 % de los votos.

 

6)    Esta situación es la que ha generado una molestia generalizada en toda la población, y provocó las grandes manifestaciones populares espontáneas que en Caracas y otras ciudades principales se produjeron el lunes 29 y el martes 30 de julio. Dichas manifestaciones populares, realizadas principalmente en los barrios más humildes de las zonas urbanas de Venezuela, fueron pacíficas en su casi totalidad, salvo algunas excepciones donde se produjeron derribos de estatuas simbólicas del chavismo y ataques contra las sedes de algunas instituciones oficiales. Basándose en estas pequeñas excepciones de protestas violentas, el gobierno de Maduro ha calificado dichas manifestaciones como parte de un “complot terrorista” contra las instituciones, supuestamente organizado por el candidato opositor González Urrutia y la líder María Corina Machado, y con esa excusa el gobierno ha desatado una brutal campaña represiva, no vista en el país en más de 50 años, en la cual, según cifras de la organización de derechos humanos PROVEA, han muerto más de 20 personas (algunas a manos de cuerpos policiales y militares, y otras a manos de “colectivos” paramilitares del mismo PSUV), y han sido detenidos más de 1400 ciudadanos, de acuerdo con cifras de la organización Foro Penal, en su mayoría jóvenes habitantes de barrios populares, presentándolos ante tribunales antiterroristas, sin derecho a la defensa, y en total aislamiento (sus familiares ni siquiera conocen los sitios de reclusión), mediante juicios colectivos y virtuales, llevándolos a cárceles de máxima seguridad, dónde, según palabras del mismo Maduro, será sometidos a trabajos forzados para su "reeducación” (presentando un video donde se observa a un centenar de jóvenes, vestidos de bragas amarillas, donde se les obliga a gritar “Chávez vive”).

 

7)   La campaña represiva masiva contra las protestas pacíficas, se ha extendido con una represión selectiva contra ciudadanos que participaron como testigos de mesa del principal candidato opositor, y contra algunos dirigentes de los partidos políticos opositores. En algunos casos, mediante distintas formas de coacción, se obliga a los detenidos a leer una “confesión” ante las cámaras, en la cual dicen que personas extranjeras les pagaron para protestar y para grabar mensajes en las redes contra el gobierno, acciones que en realidad no constituyen delitos contemplados en la legislación venezolana. A esto hay que sumar coacción, amenazas de despidos y directamente despidos en empresas estatales e instituciones públicas, contra trabajadores, por no haber ido a votar, o por ejercer su derecho legítimo de votar por el candidato de su preferencia (en este caso contra el candidato del gobierno), o por recibir, mantener y/o divulgar en sus celulares contenido pro oposicionista.

 

8)    Unido al silencio total del CNE, el gobierno de Maduro introdujo un supuesto recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, para que la misma aborde la cuestión de los resultados electorales. Hasta hoy, nadie conoce el texto de dicho recurso, pero, en cualquier caso, es inconstitucional que el TSJ asuma atribuciones que le son exclusivas al poder electoral, y por otra parte, si Maduro fue declarado ganador, es contra toda lógica que sea él mismo el que introduzca un recurso que sólo puede justificarse cuando se hayan violentado los derechos del que activa el reclamo judicial. El hecho es que el TSJ ha venido actuando a partir de ese recurso que introdujo Maduro, ha convocado al CNE y a todos los candidatos que participaron en las elecciones, y se supone que dictará una conclusión en los próximos días. Dicha sentencia sería totalmente fuera de la legalidad constitucional, porque es el poder electoral, el CNE, quien debe tramitar cualquier auditoría o reclamo ante los resultados electorales, y el hecho cierto es que el CNE no ha publicado las actas de totalización, no ha publicado los resultados mesa por mesa, y no tiene actividad pública desde el mismo día de las elecciones (supuestamente por un “hackeo permanente”).

 

En conclusión, desde el mismo 28 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro viene ejecutando acciones al margen de la Constitución y de la Ley Electoral, que se pueden caracterizar como un fraude, donde se está violentando la decisión soberana del pueblo que votó masivamente (en más de 70 %) contra el gobierno, y mediante la imposición de una campaña represiva de terror contra la población, pretende acallar todas las voces disidentes que denuncian el pretendido fraude y el autogolpe contra la constitución que está en pleno desarrollo.

 

Este fraude se constata en las declaraciones dadas por la misión del Centro Carter, y por el Panel de Expertos de las Naciones Unidas, que estuvieron como observadores el 28 de julio, y que han concluido que dicho proceso electoral no se ajusta a los estándares internacionales, que no son creíbles los resultados electorales informados por el CNE, y que sería el principal candidato opositor, el verdadero ganador de las elecciones

 

El fraude perpetrado, también queda en evidencia en la notoria y mayoritaria manifestación de rechazo de la población venezolana ante los resultados dados por el CNE (manifestaciones que se siguen produciendo en todo el país), así como en las expresiones populares que pudieron observarse, antes, durante y después del proceso electoral, de rechazo al oficialismo y en favor de un cambio de gobierno.

 

Vale la pena señalar que el fraude no se reduce solo al anuncio de unos resultados que nada tienen que ver con lo que ocurrió durante la jornada electoral y que son totalmente contrarios a la voluntad popular, sino que por el contrario, tal anuncio, es la continuidad lógica de un proceso electoral plagado de vicios antidemocráticos desde su convocatoria, tales como los intentos del gobierno por sabotear su realización o directamente suspenderlo, el ventajismo, el uso de los recursos públicos y programas estatales en favor del candidato gubernamental, la ilegalización de partidos, el secuestro de juntas directivas de organizaciones con fines políticos electorales, la detención de dirigentes políticos y sindicales opositores, el mantenimiento de más de 150 trabajadores presos y judicializados por defender sus derechos, así como de una gran cantidad de presos políticos, en fin una serie de maniobras propias de un gobierno de clara vocación antidemocrática.

 

Los trabajadores venezolanos hemos denunciado en los últimos años, cómo el gobierno de Nicolás Maduro ha confiscado todos los derechos laborales consagrados en la Constitución y la Ley del Trabajo, incluyendo la desaparición del salario como remuneración del trabajo, y la imposición de un sistema de bonos miserables que nos han retrocedido a la época de la esclavitud colonial. Ahora, el gobierno se ha robado también los votos de la población, que mayoritariamente votó contra Maduro y el PSUV, por una diferencia de más del doble de votos, y violenta descaradamente el artículo 5° de nuestra Constitución, que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, y la ejerce mediante el sufragio.

 

El movimiento de trabajadores venezolano se une al resto de voces ciudadanas que exigen al CNE que publique la totalización de las actas y los votos mesa por mesa, que exigen la ejecución de las auditorías establecidas legalmente, mediante la apertura de las urnas de votación de todos los centros electorales del país (que se supone están resguardadas por la fuerza armada), para ejecutar un reconteo voto por voto, para que se pueda confirmar la decisión soberana del pueblo, que mediante el voto ha elegido al presidente que debe asumir el 10 de enero de 2025. Así como también levanta su voz contra la brutal razzia represiva que ha desatado el gobierno contra los trabajadores y el pueblo venezolano.

 

De igual manera nos pronunciamos contra la criminalización de la protesta social, laboral y popular, dejando claro que protestar no es delito, y reivindicando la defensa del legítimo derecho a protestar, a manifestarnos, organizarnos y movilizarnos, sindical y políticamente, como mecanismo para recuperar nuestros derechos salariales, laborales, sindicales, políticos y democráticos; cercenados hoy por el gobierno de Maduro.

 

Exhortamos a los trabajadores del mundo a mostrar su solidaridad con los trabajadores venezolanos, vuestro apoyo es importante para salir adelante en el difícil reto histórico que hoy afrontamos.

 

COMISIÓN DE APOYO INTERNACIONAL DEL

COMITÉ NACIONAL DE CONFLICTO – TRABAJADORES EN LUCHA

CNC-TL

 

Venezuela, 18 de agosto de 2024.