viernes, 4 de julio de 2025

 

 

 

EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EN VENEZUELA DURANTE EL PERÍODO BOLIVARIANO (1999-2024)

Roberto López Sánchez[1]. Universidad del Zulia. Venezuela.

Publicado como tercer capítulo del libro "El Quinto Rey de la Baraja. Una crítica histórica del chavismo". Editorial Sultana del Lago. Maracaibo. 2025.

 

INTRODUCCIÓN 

El presente análisis se propone considerar el desempeño del movimiento de trabajadores en Venezuela durante los 25 años del proceso político conocido como “revolución bolivariana”, durante los períodos de gobierno de Hugo Chávez Frías (1999-2012) y Nicolás Maduro Moros (2013-2024). Un período que implicó nuevas conquistas legales en materia de derecho laboral, que presenció un renacimiento del movimiento obrero y su protagonismo en los procesos de cambio que se desarrollaron en la primera década del siglo XXI, y que ha involucionado hacia las mismas políticas neoliberales de la década de 1990, ante las cuales el movimiento de trabajadores, confundido y dividido por la modificación radical del programa político y económico de la “revolución”, apenas en años recientes ha comenzado un proceso de reorganización y lucha exigiendo respeto hacia los derechos laborales y por el cese a las políticas represivas contra los luchadores sociales.

 

EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES AL MOMENTO DEL TRIUNFO ELECTORAL DE CHÁVEZ.

El movimiento de trabajadores en Venezuela, al momento del triunfo electoral de Hugo Chávez en diciembre de 1998, se encontraba sumamente debilitado por efecto de 40 años de liderazgo socialdemócrata del partido Acción Democrática al frente de la mayor central obrera del país, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); liderazgo caracterizado por la conciliación de clases como línea de acción, que en la  década inmediata anterior había significado avalar los programas económicos neoliberales de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-1999) (López Sánchez, 2018: 135).

 

Aunque la campaña electoral de Chávez tuvo respaldo de pequeños núcleos sindicales clasistas que aisladamente pervivían en el país, el grueso de federaciones y sindicatos permanecían bajo la conducción de la CTV, sumamente burocratizada y desprestigiada entre la masa obrera. Ante la ausencia de un referente político-sindical alternativo, “el movimiento obrero venezolano existente para 1998 se encontraba totalmente entregado ante las políticas neoliberales, sin ofrecer la menor resistencia, y en condiciones de debilidad política y organizativa que lo ubicaban en posiciones claramente secundarias como actor del sistema político imperante en Venezuela”. En ese contexto laboral se inició el gobierno de Hugo Chávez en febrero de 1999 (López y  Hernández, 2016-a: 41).

 

LOS DERECHOS LABORALES CONSAGRADOS EN LA CRBV[2] Y LA LOTTT[3]

 

Una característica principal del período de gobierno de Hugo Chávez, fue la conquista de derechos laborales consagrados en la constitución y las leyes. Primero en la Asamblea Constituyente de 1999 y posteriormente en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras aprobada en 2012.

 

En la nueva Constitución aprobada el 15 de diciembre de 1999 se incorporaron una serie de conquistas laborales significativas, que modificaron radicalmente la ejecutoria neoliberal que había tenido el Estado venezolano durante la última década del siglo XX. Estas conquistas provinieron de las iniciativas personales de algunos constituyentistas, más que de un plan político previamente acordado en la dirección del chavismo. 

 

Los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución Bolivariana de 1999 provienen principalmente de una concepción ampliada del Estado de Bienestar surgido en el siglo XX en las democracias liberales europeas y los Estados Unidos. Algunos de esos derechos ya aparecían en la Constitución de 1961 y la de 1947. La diferencia estriba en que fueron ratificados en un momento histórico en que el capitalismo globalizado ya no defiende ni promueve esas conquistas obreras, y que por el contrario predomina el modelo neoliberal, que consiste en el desconocimiento y la restricción de esos mismos derechos.

 

Entre los derechos consagrados constitucionalmente en 1999 y que se relacionan directamente con el mundo del trabajo están:

·         El derecho de todo ciudadano a la seguridad social como servicio público, y la obligación del Estado de garantizarlo (artículo 86).

·         El derecho al trabajo y la responsabilidad del Estado en fomentar y garantizar el empleo (art. 87).

·         La igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo, y el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. El derecho de las amas de casa a la seguridad social (art. 88)[4].

·         La progresividad de los derechos laborales y su carácter irrenunciable (art. 89)[5].

·         La reducción de la jornada de trabajo diurna de 48 a 44 horas semanales (art. 90)[6].

·         La responsabilidad de Estado en fijar el salario mínimo y de ajustarlo cada año de acuerdo con el costo de la canasta básica (art. 91).

·         El derecho de los trabajadores al pago de antigüedad (art. 92).

·         La garantía de la estabilidad en el trabajo[7] (art. 93).

·         El derecho de los trabajadores a conformar sindicatos y la autonomía de los mismos con respecto a los patronos y el Estado (art. 95).

·         La democracia sindical entendida mediante la alternabilidad de los directivos sindicales a través de sufragios universales, directos y secretos (art. 95).

·         El derecho a la contratación colectiva[8] (art. 96).

·         El derecho a huelga (art. 97).

Si bien la consagración constitucional de todos estos derechos no implicaba su ejecución efectiva, podemos decir que en términos históricos y políticos estas conquistas logradas en la Asamblea Constituyente fortalecieron el espíritu de lucha de los trabajadores venezolanos, ampliaron significativamente sus derechos y su propia conformación numérica (al considerar, por ejemplo, a las amas de casa como trabajadoras). 

 

No obstante, la redacción de una nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT), mandato constitucional que debía cumplirse al año de haberse instalado la nueva Asamblea Nacional (disposición transitoria cuarta de la CRBV), no fue elaborada durante los siguientes 13 años, y es solamente en 2012 que se procedió, mediante la Ley Habilitante, a aprobar una nueva LOT.

 

Sin embargo, es necesario resaltar el carácter progresista de estos derechos consagrados constitucionalmente. Los mismos fueron ratificados luego de más de dos décadas de aplicación descarnada de las políticas neoliberales en América Latina, caracterizadas precisamente por su desconocimiento de conquistas laborales históricas, y apenas dos años después de que el segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) modificara en 1997 la Ley del Trabajo introduciendo aspectos que vulneraban abiertamente los intereses de la clase trabajadora, como la eliminación del cálculo retroactivo para el pago de las antigüedades y la eliminación de la ley contra despidos injustificados.

 

La aprobación en mayo de 2012 de una nueva Ley Orgánica del Trabajo que no sólo restituyó los derechos conculcados en 1997, sino que incorporó y profundizó nuevas reivindicaciones laborales y políticas, y el masivo respaldo a dicha ley manifestado en la movilización de miles de trabajadores el 1º de mayo de 2012, permitía hablar de una nueva situación en la cual los trabajadores venezolanos comenzaban a jugar un papel destacado en el sistema político del país. 

 

La nueva LOTTT fue la respuesta del gobierno bolivariano a un proceso continuado de protagonismo de los trabajadores desarrollado como respuesta al paro patronal-petrolero realizado por Fedecámaras[9] y la CTV en 2002-2003. A partir de allí, los trabajadores comenzaron a movilizarse ensayando nuevos escenarios de producción mediante la recuperación de empresas paradas y exigiendo la nacionalización/re-nacionalización de empresas en manos privadas, imponiendo formas novedosas de organización de la actividad productiva mediante los consejos de trabajadores y el control obrero, propuestas que encontraron eco en el gobierno bolivariano y avanzaron a convertirse en políticas de Estado.

 

En la esfera de las reivindicaciones económicas propias de las negociaciones entre trabajo asalariado y capital, la Revolución Bolivariana profundizó derechos y conquistas sin parangón en la vida política anterior del país. Comenzando por la recuperación de lo perdido por los trabajadores en la Reforma de la LOT en 1997: el cálculo del pago de la prestación de antigüedad en base al último salario, y el pago doble de prestaciones por despido injustificado. A la vez en esta nueva LOTTT se ampliaron otros derechos como:

 

·         Inamovilidad de dos años a la trabajadora después del parto.

·         Inamovilidad de dos años al padre trabajador después del parto.

·         Descanso pre y postnatal: 6 semanas antes del parto y 20 semanas después del parto.

·         Guarderías: Desde los 3 meses hasta los 6 años. Pago de matrícula y mensualidades por el patrono.

·         Jornada laboral de 5 días a la semana, dos días de descanso continuos y remunerados. Jornada diurna de 8 horas diarias y 40 horas semanales (antes eran 44 horas semanales, y un solo día de descanso oficial).

·         Nuevos días feriados: Lunes y Martes de carnaval, 24 y 31 de diciembre.

·         Bono vacacional: 15 días de salario normal más 1 día por cada año de servicio, hasta 30 días (antes eran 7 días de salario hasta 21).

·         Bono de fin de año: 30 días (antes eran 15 días).

·         Los reclamos por prestaciones sociales prescribirán a los 10 años (antes era 1 año). El resto de reclamos laborales prescriben a los 5 años (antes era 1 año).

·         Queda prohibida la tercerización. En un lapso no mayor de 3 años los patronos se ajustarán a ella, incorporando a la nómina a los trabajadores tercerizados (el plazo venció el 7 de mayo de 2015).

 

La definición contemplada en el artículo 25 de la LOTTT, que dice: “El proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial superar las formas de explotación capitalista”, constituyó un aspecto que además de novedoso fue radicalmente avanzado con respecto a toda la anterior legislación laboral venezolana, la cual, como ya dijimos, siempre se limitó a regular las formas de explotación del trabajo asalariado por el capital.

 

Son una serie de aspectos reivindicativos unos y políticos otros (en el sentido de propuesta de transformación política y socio-económica), que reunidos constituyeron un avance histórico formidable con relación a lo que venían siendo las conquistas de los trabajadores venezolanos desde que comenzaron sus primeras formas de organización en los albores del siglo XX.

 

CRISIS Y CAÍDA DE LA CTV COMO CENTRAL HEGEMÓNICA EN VENEZUELA

 

La tradicional hegemonía de la Confederación de Trabajadores de Venezuela fue desplazada completamente en la primera década del proceso bolivariano. Aunque la CTV mantuvo su vigencia en los primeros años del bolivarianismo, su participación tanto en el golpe de estado de abril de 2002 como en la huelga patronal de 2002-2003 significó un punto de inflexión a partir del cual los trabajadores abandonaron masivamente los sindicatos afiliados a la CTV y procedieron a constituir nuevos sindicatos denominados “bolivarianos”. 

 

Luego de su participación tanto en el golpe de abril como en el paro patronal de finales de 2002, la CTV entró en virtual colapso. Los sindicatos cetevistas se quedaron vacíos de trabajadores, produciéndose una migración masiva de los mismos hacia los nuevos sindicatos bolivarianos creados en los primeros años del gobierno de Chávez. Esto no respondió a estrategia alguna del chavismo, fue simplemente un proceso espontáneo en el cual los mismos trabajadores decidieron abandonar los sindicatos y federaciones a los cuales habían estado afiliados por años y hasta décadas, y constituir nuevos sindicatos que en la mayoría de los casos se identificaron con el proceso bolivariano (en muchos casos la palabra “bolivariano” estaba incluida en sus siglas).

 

Tan sólo en los años 2003 y 2004 el número de sindicatos reconocidos por el Ministerio del Trabajo aumentó de 2.974 a unos 4.000. La CTV había perdido para 2012, el 90 % de los trabajadores que tenían afiliados en 1998, según declaraciones del presidente de la Comisión Electoral Permanente de la CTV, Daniel Santolo, del partido La Causa R (Santolo, 2012).

 

Progresivamente la CTV quedó como un “cascarón vacío”, según palabras de algunos de sus propios dirigentes. La asistencia de los trabajadores a las marchas sindicales convocadas el primero de mayo de 2012 fue prueba contundente de este proceso político. Mientras la marcha convocada por la nueva Central de Trabajadores “oficialista”, la CBST, reunió a unas 400.000 personas en Caracas, la marcha convocada por la CTV en otro lugar de la capital no reunió más de mil trabajadores; una tercera marcha en Caracas, convocada por varias tendencias de la UNETE, tampoco logró reunir a más de mil asistentes. Esta asistencia a la marcha de la CBST se produjo a pesar del malestar existente en el seno de los trabajadores y sus organizaciones debido a las incongruencias presentes entre el discurso radical y “obrerista” de Chávez y sus principales voceros gubernamentales, y la ejecución contraria que se observaba en las instituciones del estado y el propio ministerio del trabajo. Reflejo de que las esperanzas de cambio de la masa trabajadora prevalecían, para ese momento, sobre las propuestas críticas.

 

NACIMIENTO DE LA UNETE Y DE LA CBST

 

Luego del paro petrolero de 2002-2003 se constituyó en Caracas la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), central sindical cuyo nacimiento indicaba el fin de la era cetevista. En asamblea nacional de trabajadores realizada en Caracas el 5 de abril de 2003, se aprobó la constitución de la Unión Nacional de Trabajadores, fue designada una Coordinación Nacional horizontal con 21 miembros, representativos de los sindicatos y regiones fundamentales, elaborada un acta constitutiva y un cuerpo de estatutos. Se otorgó el mandato a la coordinación nacional de la UNETE de construir las estructuras nacionales y regionales de la nueva central. 

 

El 1 y 2 de agosto de 2003 se realiza el 1er. Congreso de UNETE que aprueba la declaración de principios, el código de ética sindical, la plataforma de lucha y un acuerdo sobre la coyuntura del país. Se constituyeron las seccionales regionales de UNETE en el país y se estructuraron los sectores nacionales. Igualmente se discutieron las convenciones colectivas más importantes del país.

 

La UNETE representó al movimiento de trabajadores venezolano ante la OIT y diversos escenarios internacionales entre 2003 y 2011. Las diferencias entre las tendencias bolivarianas que integraban la UNETE llevaron a que en 2006 la corriente de trabajadores más ligada al oficialismo, la FSBT (Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores), abandonara esta central y comenzara esfuerzos para construir otra central paralela. Las razones de fondo para este abandono eran bastante simples: la FSBT era la tendencia más vinculada a Chávez, a través de su fundador Nicolás Maduro, pero era bastante minoritaria dentro de la UNETE. Destruían lo que no podían controlar. En el II Congreso de la UNETE en mayo de 2006, la FSBT apenas tenía un 10 % de los delegados nacionales, en contraste con un 60 % de la tendencia CCURA[10] (vinculada al trotskysmo), un 20 % de la tendencia CTR[11], liderada por Marcela Máspero, y un 10 % de otras tendencias minoritarias[12] (Ultimas Noticias, 2006).

 

Los esfuerzos de la FSBT por constituir una central de trabajadores paralela que diera al traste con la UNETE se concretaron el 10 de noviembre de 2011, en el marco del llamado Primer Encuentro de Trabajadores del Campo, la Ciudad y el Mar. Con la asistencia y el pleno respaldo del presidente Hugo Chávez, y designando como presidente de la nueva central al dirigente petrolero Will Rangel, se dio la conformación definitiva de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), la que logró agrupar a la casi totalidad de las federaciones sindicales de carácter nacional ligadas al bolivarianismo.

 

El nacimiento de la CBST, terminó de desplazar a la UNETE de la posición privilegiada que hasta ese momento había ocupado como la principal central de trabajadores del país (esa influencia de la UNETE se fue desmoronando entre 2006 y 2011). La directiva de la CBST quedó constituida en 2011 por los siguientes dirigentes de distintas ramas laborales: Will Rangel (sector petrolero y presidente de la CBST), Franklin Rondón (sector público), Orlando Pérez (educación), Francisco Torrealba (ferroviario), Braulio Álvarez (campesino), Eglée Sánchez (gráfico), Octavio Solórzano (salud), Marcos Tulio Díaz (construcción), Carlos López (sector universitario y coordinador nacional de la CBST), Julio Moreno (pescadores), Rubén Linares (transporte pesado), Omar Acosta (sector público), Omar Mora (Cantv y sectores conexos), Raúl Pinto (deporte), José Carrasco (empresas recuperadas) y José Gil (empresas básicas). 

 

A mediados de 2013, los sindicatos afiliados a la UNETE, relacionados con la Corriente Sindical Cruz Villegas (vinculada al Partido Comunista de Venezuela), entraron en contradicciones con la Corriente CTR y se incorporaron también a la CBST. Con ello, la UNETE quedó aún más debilitada, sólo con el grupo de Máspero, y se ha mantenido hasta el presente como central de trabajadores muy minoritaria y sin mayor capacidad de movilización. 

 

Dentro de la CBST han existido corrientes políticas con importantes diferencias sobre la forma de concebir al movimiento de trabajadores y sobre sus formas de organización y lucha. La hegemonía de la FSBT dentro de la central oficialista se ha desarrollado bajo prácticas antidemocráticas, imponiendo posiciones políticas sin ningún tipo de consultas a las bases de los trabajadores, lo que ha generado con el tiempo progresivas rupturas y desprendimientos de federaciones, sindicatos y dirigentes descontentos con esa ausencia de democracia sindical en la CBST.

 

Hasta la actualidad, agosto de 2023, la CBST todavía no realiza elecciones, y sus dirigentes siguen siendo los mismos designados al constituirse como central en 2011.

 

RENACE LA COMBATIVIDAD EN EL MOVIMIENTO OBRERO DURANTE EL PERÍODO DE CHÁVEZ

 

Uno de los cambios suscitados en el movimiento de trabajadores venezolano fue su considerable movilización y confrontación contra las políticas de corte neoliberal que permanecían en la gestión del gobierno de Hugo Chávez. Un hecho resaltante fue la movilización de los trabajadores de SIDOR[13] por lograr la renacionalización de esta empresa, privatizada en la década de los 90 en el marco de los paquetes neoliberales aplicados por Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Luego de varios años de masivos y violentos conflictos, en 2008 el gobierno de Chávez finalmente accedió a nacionalizar a SIDOR, a pesar de los problemas internacionales que esto traía debido a los acuerdos económicos existentes entre el gobierno bolivariano y la república Argentina. 

 

Esta nacionalización fue un considerable y significativo triunfo de los trabajadores, el cual abrió paso al posterior proceso por el Control Obrero que abarcó a todas las empresas básicas de Guayana (el denominado Plan Guayana Socialista, aprobado en 2009) (López Sánchez, 2008). 

 

Otro ejemplo de significación fue la promulgación definitiva de la nueva Ley del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) en mayo de 2012; es de resaltar que, en los años 2009, 2010 y 2011 se realizaron varias y masivas movilizaciones de trabajadores exigiendo al gobierno la aprobación de la nueva ley (marchas convocadas principalmente por la UNETE y por los promotores del Control Obrero). Aunque el gobierno retardó por más de una década esta nueva ley del trabajo, finalmente aceptó promulgarla, echando para atrás todas las medidas neoliberales que promulgara Rafael Caldera en 1997 al reformar la LOT. 

 

El movimiento de trabajadores venezolano constituido a lo largo del proceso bolivariano, al momento de la muerte de Chávez, expresaba signos de recuperación que contrastaban con el anterior movimiento de trabajadores que en la década del 90 no pudo realizar jornadas de lucha para enfrentar las reformas laborales neoliberales.

 

LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN, EL CONTROL OBRERO Y LOS CONSEJOS DE TRABAJADORES

 

Durante el gobierno de Chávez surgieron dos nuevas expresiones organizativas del movimiento de trabajadores: los Delegados de Prevención, y los Consejos de Trabajadores. Los primeros derivados de la reforma de la LOPCYMAT en 2005, y los segundos contemplados en la nueva Ley del Trabajo de mayo de 2012 (LOTTT). 

 

El control obrero surgió como consigna de acción de los trabajadores venezolanos durante el paro petrolero-patronal ocurrido en 2002-2003. Ante la paralización y el abandono por los patronos de numerosas empresas, el movimiento obrero lanzó las consignas de “fábrica parada, fábrica ocupada” y de “control por los trabajadores de la actividad productiva”, lineamientos que comenzaron a desarrollarse de manera espontánea, al producirse la ocupación por sus trabajadores de numerosas empresas que habían parado su actividad, como ocurrió en Venepal (Carabobo), Venezolana de Válvulas (Los Teques), Textiles Fénix (Guárico), Perfumes Cristine-Carol (Caracas), y otras. Pero fue sólo a partir de 2004, cuando el presidente Chávez ordenó la expropiación de Venepal, que el control obrero comenzó a ser considerado como política del estado venezolano. No obstante, no fue sino hasta 2009, luego de la renacionalización de Sidor ocurrida en 2008, cuando el control obrero fue incluido como lineamiento principal de gobierno en lo que se conoció como Plan Guayana Socialista (López y Hernández, 2016-b: 197).

 

El impulso de esta política de Control Obrero Socialista tenía por objetivo lograr el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica por parte de los trabajadores, dentro y fuera de la fábrica. Como instrumento organizativo de esta política se plantearon los Consejos de Trabajadores, para romper con la división capitalista que agrupa por separado a los trabajadores en mecánicos, electricistas, lubricadores, instrumentistas y operadores por gerencia, pasando a la democracia directa que junte a la militancia revolucionaria en el debate y la acción política (Adarfio, 2011: 52). 

 

Para Carlos Carcione, esta experiencia de Control Obrero (2003-2010) constituyó un experimento colosal en la batalla de los trabajadores por reemplazar el actual Estado Burgués por un nuevo Estado de transición al socialismo, que no debía repetir los errores fatales de la experiencia soviética. La lucha de los trabajadores por el control obrero generaría la convicción de que se hace necesario construir un régimen político esencialmente diferente al actual, que acabe con la propiedad privada de los medios de producción y las relaciones de producción capitalistas, y liquide al viejo Estado Burgués para construir un nuevo Estado de transición al Socialismo (Carcione, 2010: 70).

 

Aunque los Consejos de Trabajadores no tuvieron existencia jurídica hasta mayo de 2012, los mismos comenzaron a constituirse desde el 2003, como expresión de grupos de trabajadores que deseaban mantener en funcionamiento empresas paradas por los patronos durante el paro de 2002-2003, o empresas que habían sido abandonadas por esos mismos patronos y que se encontraban sin actividad. Posteriormente, los Consejos de Trabajadores comenzaron a ser promovidos desde el mismo Estado, por el Ministerio del Trabajo y otros ministerios ligados a la administración de fábricas recuperadas, aunque sin responder a una política única y coherente. La nueva LOTTT de 2012 estableció que se elaboraría una ley especial para los consejos de trabajadores, ley que fue aprobada en enero de 2018, modificando el nombre a “ley de los consejos productivos de trabajadores”[14].

 

Esta ley de consejos productivos de trabajadores (CPT) aprobada en 2018 modificó considerablemente los objetivos bajo los cuales nació el llamado “control obrero”, luego de la derrota del paro patronal-laboral golpista de diciembre 2002-enero 2003. Los CPT no los consideró la ley como una organización de todos los trabajadores de la fábrica o empresa, sino que los redujo a un número de 3, 5 o máximo 7 personas. Es decir, de una práctica asamblearia que se practicó en numerosas empresas como Sidor, Alcasa, Venepal, Venezolana de Válvulas y otras, se pasó a designar, en “asamblea de trabajadores”, a un grupo muy reducido de personas que asumen para sí las funciones que inicialmente se plantearon como potestad de la asamblea de trabajadores misma. Es de resaltar que en empresas como Sidor y Alcasa, las asambleas de trabajadores inspiradas en el control obrero, realizadas en 2008-2009, fueron las que designaron a los trabajadores que asumieron la dirección de estas grandes empresas del Estado.

 

Las funciones de los CPT se redujeron, en la ley de 2018, a “fiscalizar los procesos de producción”, “a informar al patrono de las recomendaciones propuestas”, y a “denunciar ante los organismos competentes” las “acciones contrarias al sistema económico” venezolano. De organismos asamblearios de control obrero, los CPT terminaron siendo un pequeño comité de fiscalización que realizan propuestas y denuncias ante los patronos y organismos del Estado, funciones que perfectamente pueden cumplir, y en la práctica las han cumplido siempre, las mismas organizaciones sindicales.

 

En el caso de los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud Laboral (CSSL), la promoción de los mismos ha corrido por cuenta del INPSASEL[15], instituto adscrito al Ministerio del Trabajo, y su expansión por todo el país y por diversas empresas e instituciones públicas y privadas los convirtió, por un tiempo, en una herramienta organizativa casi tan generalizada como los propios sindicatos. 

 

Los Delegados de Prevención fueron electos a través del Ministerio del Trabajo, durante un período aproximado que va del año 2003 al 2010. Durante ese tiempo, el INPSASEL contribuyó a fortalecer la organización de los trabajadores en las empresas donde no existían sindicatos, o donde la actividad sindical era muy reducida. En empresas grandes como Pequiven (Petroquímica) en el estado Zulia, llegaron a elegirse hasta 90 delegados de prevención. También fueron electos delegados de prevención y los CSSL en empresas del Estado donde existía una fuerte organización sindical; en este caso, la orientación asumida tanto por el ministerio del trabajo como por las tendencias clasistas de trabajadores, fue la búsqueda de la complementariedad entre los sindicatos y los delegados de prevención, aunque en muchas empresas del Estado y también privadas se presentaron contradicciones entre las directivas sindicales y los comités de seguridad y salud laboral.

 

Ya entrado el gobierno de Nicolás Maduro, el ministerio del trabajo no le dio mayor continuidad a la promoción de los delegados de prevención, muy probablemente porque eran elegidos democráticamente en asamblea, por turno y por área de trabajo dentro de la empresa, y representaban un colectivo de trabajadores con autonomía, sustentada en las atribuciones que le confiere la Lopcymat (aún vigente), y por tanto, de difícil control por parte de la burocracia del Estado. Hoy en día, los delegados de prevención y los CSSL son una figura muy debilitada y casi inexistente.

 

DEBILIDADES PRESENTES EN EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES QUE SURGIÓ DURANTE EL GOBIERNO DE CHÁVEZ

 

La hegemonía en la CBST de tendencias políticas que no respaldaban la autonomía sindical (ante el Estado, ante los patronos y ante los partidos) y que en contrario promovían la subordinación de las organizaciones obreras ante el Estado y el partido dirigente, constituía un elemento negativo para el futuro del movimiento de trabajadores, amenazando desviarlo hacia caminos burocráticos que repetirían la experiencia de la vieja CTV

En general, permanecían para el 2013, en la nueva central CBST, vicios y prácticas burocráticas que existían antes en la vieja CTV. Lo más resaltante, la pérdida absoluta de autonomía y la subordinación total a las directrices del poder ejecutivo; el discurso de los principales directivos de la CBST era y sigue siendo muy similar al que realizan los funcionarios en cargos patronales (directores de empresas e instituciones estatales).

EL VUELCO HACIA EL NEOLIBERALISMO DE NICOLÁS MADURO, Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA CBST A ESA NUEVA RUTA NEOLIBERAL DE LA “REVOLUCIÓN”.

A pesar de que el dirigente que asumió la conducción de la “revolución” luego de la muerte de Chávez, Nicolás Maduro, proviene del sector obrero y ha contado con el respaldo unánime de toda la dirigencia de la Central de Trabajadores oficialista (la CBST), su gestión de gobierno, lejos de favorecer a la clase trabajadora, asumió progresivamente un programa económico de carácter neoliberal, combinado con una política antisindical de restricción de los derechos laborales y de represión contra los dirigentes obreros que han hecho resistencia a estas políticas (La Izquierda Diario, 2022).

Entre las principales medidas de flexibilización laboral tomadas por el gobierno de Maduro, destacan:

·         El memorándum 2792 del ministerio del trabajo, aprobado en 2018, que desconoció, con la excusa de las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos y países de Europa occidental contra Venezuela, todas las contrataciones colectivas vigentes (Las Comadres Púrpuras, 2019).

·         El denominado “instructivo Onapre”, aprobado en 2022, que impidió que el aumento salarial decretado por el gobierno en marzo de ese año, tuviera incidencia en las escalas salariales de la administración pública de acuerdo a las contrataciones colectivas que recientemente había firmado la misma CBST con el gobierno (Acceso a la Justicia, 2022).

·         El aplanamiento de las tablas salariales de la administración pública, reduciendo al mínimo las diferencias salariales entre las primeras y las últimas escalas, dejando caer los salarios hasta en un 96 % con relación al 2007, desconociendo la antigüedad, la capacitación profesional y técnica, los grados de responsabilidad y la meritocracia de los trabajadores (El Economista, 2023).

·         La bonificación del salario, negando cualquier aumento del salario propiamente dicho, y limitándose a otorgar bonos de alimentación y otros bonos no contabilizables para efecto de pago de prestaciones sociales, bonos vacacionales y utilidades de fin de año. Desde marzo de 2022, el gobierno mantiene un mismo salario mínimo de 130 bolívares mensuales, que al momento de ser aprobado equivalía a 30 $ y hoy equivale a menos de 3 dólares mensuales, a pesar de que la inflación en el tiempo trascurrido supera el 400 % (DW-a, 2023).

Entre las políticas económicas neoliberales ejecutadas por el gobierno en la última década, destacan:

·         La creación de Zonas Económicas Especiales, que constituyen espacios productivos en los cuales se desconocen los derechos laborales, regulaciones ambientales y supresión de impuestos. Siendo la principal de ellas, el Arco Minero del Orinoco, creado en 2016, que ocupa el 12 % del territorio nacional, y que fue aprobado y ha funcionado violando numerosas disposiciones de la Constitución nacional (OEPV, 2022).

·         La libre flotación (devaluación) de la moneda. Liberación de precios de productos de primera necesidad (antes regulados). Libre importación de bienes que tradicionalmente eran producidos en el país (favoreciendo una burguesía importadora ligada al gobierno y perjudicando a los productores nacionales). Mantenimiento del IVA como impuesto regresivo que termina pagando el pueblo trabajador. Privatización de numerosas empresas propiedad del Estado, muchas de las cuales que habían sido estatizadas y nacionalizadas en el período de Chávez (López Sánchez, 2022).

Entre las políticas represivas contra los sindicatos y dirigentes laborales que han enfrentado este giro neoliberal del gobierno de Maduro, destacan:

·         Las recientes sentencias judiciales en donde se condena a 16 años de cárcel a seis activistas del movimiento de trabajadores[16] (DW-b, 2023). Con ello, el gobierno envía un duro mensaje represivo a las constantes y masivas protestas laborales que en el último año han sacudido todas las ciudades venezolanas.

·         La detención por la inteligencia militar de dos dirigentes sindicales de SIDOR, Leonardo Azócar y Daniel Romero, por estar encabezando las protestas laborales que se han suscitado en la siderúrgica desde los primeros meses de 2023 (Efecto Cocuyo, 2023). En el mismo estado Bolívar, la contrainteligencia militar también mantiene detenido a Bladimir Tremaria, presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (FUTSEB) y trabajador del sector construcción, por encabezar varias jornadas de protesta laboral exigiendo mejores condiciones salariales y de trabajo (NTA, 2023).

·         En enero de 2024, fue detenido Víctor Venegas, presidente del sindicato magisterial Fenatev, en el Estado Barinas. Hasta marzo de 2024, el profesor Venegas continúa detenido, acusado de participar supuestamente en una conspiración para derrocar al gobierno[17]. La detención de Venegas se produjo en la misma semana en que se produjeron masivas manifestaciones de maestros en Barinas y en otros estados del país. En el mes de marzo, el profesor Venegas fue liberado, con medidas cautelares[18].

·         En los años posteriores a Chávez (falleció en 2013), el gobierno ha impedido, mediante sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, la realización de elecciones sindicales en las principales federaciones y empresas (como la Federación Petrolera –FUTPV-, y SUTISS, el sindicato de Sidor). 

Ante toda esta política de flexibilización laboral que impone el gobierno de Maduro, y ante las medidas represivas que los cuerpos policiales vienen tomando contra los principales dirigentes obreros (donde destaca la calificación de “actividades terroristas” y el uso de tribunales antiterroristas para juzgar a los líderes obreros), la central de trabajadores oficialistas, CBST, ha convalidado las políticas gubernamentales, justificando tanto el programa de flexibilización laboral, con la excusa de las sanciones impuestas por el imperialismo estadounidense, como la represión contra los líderes sindicales (PSUV, 2023).

LOS TRABAJADORES SE ORGANIZAN Y LUCHAN CONTRA LA POLÍTICA NEOLIBERAL DE NICOLÁS MADURO

El 18 de marzo de 2023, 170 delegados y representantes de sindicatos, federaciones y movimientos de trabajadores, de 17 estados de Venezuela, se reunieron en Caracas y constituyeron el Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha (CNC-TL), con el objetivo de aglutinar todas las movilizaciones y conflictos de las regiones en una sola lucha, para recuperar todos los derechos laborales, sociales, económicos y civiles conculcados por el gobierno neoliberal de Nicolás Maduro (Aporrea, 2023).

El CNC-TL constituye un esfuerzo de organización nacional que busca unificar las masivas protestas que los trabajadores venezolanos han venido protagonizando en el último año, exigiendo de manera principal un salario digno, acorde a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, pues el salario mínimo vigente hoy día es menor a los cinco (5) dólares mensuales, representando el salario más bajo de Latinoamérica y uno de los más bajos del mundo. Actualmente el CNC-TL se ha extendido a todos los estados de Venezuela y se encuentra en proceso de consolidar su organización en las principales ciudades del país, al calor de las movilizaciones y jornadas de lucha por salarios dignos, respeto a las leyes laborales y cese a la represión gubernamental.

 

En un contexto de profunda corrupción en los altos niveles de la administración pública, reconocidos por el propio gobierno ante las constantes detenciones judiciales de ministros, presidentes de empresas públicas, diputados y oficiales militares, Nicolás Maduro se ha escudado en las sanciones económicas que el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto contra Venezuela, para justificar su programa neoliberal y de manera específica su política de destrucción del salario.

 

Reconociendo que dichas sanciones constituyen una intromisión inaceptable de potencias extranjeras en los asuntos internos de Venezuela, los trabajadores afirman a la vez que dichas sanciones no repercuten en la élite gobernante, sino que afectan directamente al pueblo venezolano. Considera la CNC-TL que estas sanciones no son la causa principal de la “flexibilización” de las relaciones laborales que aplica el gobierno de Maduro. La crisis en nuestra industria petrolera obedece principalmente a la gran corrupción que impera en el alto gobierno, como se demuestra con los procesos judiciales contra casi todos los directivos de PDVSA, que han ocurrido en años recientes.

 

El trabajo asalariado en Venezuela se ubica hoy en niveles prácticos de esclavitud, pues los trabajadores no obtienen por su trabajo una remuneración que les permita cubrir los gastos mínimos de subsistencia de ellos y sus familias (en agosto de 2023, una familia necesita 118 salarios mínimos para cubrir gastos de alimentos). La política laboral de Maduro, de esclavitud asalariada, ha generado una enorme migración de jóvenes y de trabajadores especializados que, junto a sus familias, huyen del país buscando mejores condiciones de trabajo. Más de siete (7) millones de venezolanos han emigrado, porque en Venezuela sienten que no pueden sobrevivir con los salarios y las condiciones laborales existentes.

 

Ante esta grave y brutal realidad, la conformación del CNC-TL constituye un paso adelante en el fortalecimiento de las luchas laborales que, desde el año 2022, se vienen suscitando en todos los rincones del país. En lo inmediato, la CNC-TL se ha propuesto la convocatoria de un Congreso Nacional de Trabajadores, que profundice la organización y el debate al interior del movimiento obrero venezolano, avanzando a definir un programa de luchas que contribuya a enfrentar a un gobierno totalmente intransigente, que a pesar de obtener importantes ingresos en divisas provenientes de la explotación de petróleo, oro, coltán, bauxita, carbón, litio y diamantes (ingresos que no son de conocimiento público, amparados en leyes anticonstitucionales como la llamada “ley antibloqueo”, que en la práctica suspende la vigencia de la CRBV y otorga poderes extra constitucionales al ejecutivo para dirigir la economía del país), se niega a reconocer la necesidad de un salario digno y de condiciones dignas de trabajo para el pueblo venezolano, y que responde con la represión ante las numerosas movilizaciones laborales en todo el país.

 

La Coordinación Nacional del Comité Nacional de Conflicto-Trabajadores en Lucha, quedó integrada inicialmente por: Raquel Figueroa (CNProfesores), Gregorio Afonso (APUCV), Pedro Eusse (CUTV), Eduardo Sánchez (SINATRA/UCV), José Bodas (FUTPV), José Basanta (SITRALUMINA Bolívar), Ana Rosario Contreras (Col. Enfermería DC), Carmen Teresa Márquez (FVM), Servando Carbone (UNETE), Dick Guanique (FADESS), Pedro García (ASOCEJUPRC), José Teixeira (FENATEV), Gricelda Sánchez (FORDISI), Ana Yánez (UNETE), Edgar Silva (Comité Pensionados del IVSS), Ketha Stephany (FAPUV), Yanny González (Col. Enfermería Barinas), José Jiménez (AEUC Carabobo), Oswaldo Méndez (Corpoelec Lara), Nelson Álvarez (APUNELLARG Guárico), Alí Gavidia (Sindicato CANTV Mérida), Luisa Rada (SITRAENSEÑANZA DC Caracas), Argelia Castillo (Central ASI), Ofelia Rivera (UDSE Caracas), Juan Carlos Calderón (USB La Guaira), Ronald Rodríguez (SITRAIUT Sucre), Pedro Moreno (DDHH CTV), Orlando Chirinos (CCURA), Jorge Tovar (FETRASINED Monagas), Carlos Timaure (CTL Miranda), Nairobi Ávila (Coalición Magisterio Yaracuy), Jesús León (SOLUZ Zulia), Ángel Castillo (Colectivo 2 de Junio Caracas), Freddy Lucena (CTL Aragua), Manuel Vásquez (CTL Aragua), Arturo Gómez (Trab. del Campo Guárico), Wolfang Acosta (SUNEP Amazonas), Thony Navas (Sirtrasalud Caracas), Jhonny Magdaleno (Fetracarabobo), Islenis Pulido (FETRASINED), Raul Ordóñez (Zulia), Juan Contreras (Sindicato Minero), José María Bastidas (Comité Conflicto Padres y representantes Trujillo), José Luis Sánchez (UDO Sucre), Alex Sánchez (SUTICEZ Zulia), Juan Gutiérrez (Palabra Obrera), Albert Villarroel (ATAUNEG Guárico), Edgar Pérez (CAIT), Luis Bastardo (UPTOS Sucre), Emilio Losada (FENAJUPV), Jenny Silva (Sindicato Obreros Alcaldía Caracas) y otros que posteriormente han sido designados.

 

ALGUNAS CONCLUSIONES

 

Durante el período de gobierno de Hugo Chávez (1999-2012) se generó un proceso de organización, movilización, lucha y reflexión teórica del movimiento de trabajadores venezolano, destacando la voluntad de sectores de la clase decididos a transitar los caminos de profundas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, afirmando que su norte era la construcción de un nuevo modelo productivo socialista que acabara con la explotación del trabajo asalariado por el capital y sentara las bases de una verdadera justicia social.

 

Pero ese horizonte de cambios fue abruptamente eliminado con la gestión neoliberal del gobierno de Nicolás Maduro. Todas las conquistas laborales del período de Chávez fueron borradas del mapa en el gobierno de Maduro. Junto a eso, la conducta de los dirigentes de la CBST en el marco de la profunda crisis económica desatada en los últimos años (2013-2023), al tratar de contener las luchas obreras y respaldar políticas laborales neoliberales como la bonificación del salario y la represión contra las protestas obreras, los ha deslegitimado como representantes de los trabajadores.

 

Si bien se puede hacer un balance histórico bastante positivo sobre el desarrollo del movimiento de trabajadores durante el período de gobierno de Chávez, la poca consolidación organizativa y teórico-política del movimiento obrero, unido al giro neoliberal que dio la dirigencia del PSUV en la última década, impidieron la permanencia de las importantes conquistas laborales logradas en ese período, a la vez que han dificultado el desarrollo mismo de las organizaciones de trabajadores siguiendo los parámetros de democracia participativa y de lucha anticapitalista que se delinearon durante el proceso chavista.

 

Hoy en 2024, la lucha de la clase trabajadora venezolana es a la vez la lucha de todos los trabajadores del mundo contra la exacerbación de la explotación capitalista que impone el neoliberalismo, aunque se disfrace de “gobierno obrerista y socialista”.

Maracaibo, 12 de diciembre de 2024.

BIBLIOGRAFÍA 

 

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o   Ultimas Noticias, “En la UNETE la lucha por la presidencia es peleando”. Aporrea.org, 12/03/2006, https://www.aporrea.org/actualidad/n74410.html

 

 

 

 



[1] Roberto López Sánchez. Doctor en Ciencia Política y Magister en Historia. Profesor titular de la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela). Dicta clases en la Licenciatura de Antropología, entre otras materias: Historia de Venezuela, Historia de América; Poder y Movimientos Sociales; Culturas Afroamericanas. Ha publicado (entre otras): Historia Descolonizada de América (2023); El proceso bolivariano en Venezuela: ¿Socialismo, populismo o neoliberalismo? (2023); Movimientos sociales, organizaciones indígenas y partidos progresistas en las crisis políticas de Ecuador, Bolivia y Perú (2023); El proceso chavista: un análisis histórico comparativo (2023); La nueva historia descolonizada de América (2022); La civilización Caral y sus implicaciones. Una nueva historia de América y del mundo (2019); Las selvas antropogénicas de los indígenas amazónicos (2020); Un nuevo debate sobre la América indígena. ¿se puede seguir llamando nuevo mundo? (2019); El movimiento de trabajadores en Venezuela durante la revolución bolivariana: 1999-2012 (2017); La industria petrolera en Venezuela: relaciones de trabajo y conciencia de clase: 1914-2015. (2016); Trayectoria del movimiento de trabajadores en un siglo de historia de Venezuela (2016); El protagonismo popular en la historia de Venezuela (2015); Venezuela ante la globalización, la crisis mundial y los retos de su desarrollo (2012); Movimiento estudiantil y proceso político venezolano, 1958-1989 (2007). Correo: cruzcarrillo2001@yahoo.com.

 

[2] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

[3] Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

[4] Los derechos consagrados en este artículo fortalecen un concepto ampliado de “clase trabajadora”. Por una parte, se otorga a la mujer un papel equitativo en el derecho a obtener empleo, y por la otra se considera a las amas de casa como “trabajadoras”. 

[5] Todas las reformas laborales promovidas por el Fondo Monetario Internacional en América Latina desde finales de los 70 tienden a restringir los derechos laborales, lo que implica la renuncia a muchas conquistas que se mantuvieron vigentes por décadas. Esta misma restricción de los derechos laborales es la que se aplica actualmente en los países de la Unión Europea, en Inglaterra y en los Estados Unidos. El actual gobierno de Maduro ha desconocido todos estos avances legales, aplicando una flexibilización laboral en el mismo estilo de las recetas fondomonetaristas.

[6] La reforma laboral europea de la última década busca el aumento de la jornada de trabajo en varios países (por ejemplo, en 30 minutos diarios en Portugal).

[7] La reforma laboral española y griega ejecutada en 2012 implicó facilitar y abaratar los despidos.

[8] Las reformas neoliberales tienden al desconocimiento de las contrataciones colectivas, al debilitamiento de las organizaciones sindicales, y al fomento del contrato individual entre trabajador y patrono, rompiendo con la fuerza negociadora que la clase trabajadora acumuló de sus experiencias de lucha durante los siglos XIX y XX.

[9] Federación de Cámaras Empresariales, principal gremio patronal de Venezuela.

[10] Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma. Liderada principalmente por Orlando Chirinos y Stalin Pérez Borges (para ese año 2006). Pérez Borges posteriormente contribuyó a conformar la corriente Marea Socialista.

[11] Colectivo de Trabajadores en Revolución.

[12] Estuvimos presentes en ese congreso, como integrante de CCURA, para ese entonces.

[13] Siderúrgica del Orinoco.

[15] Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.

 

[16] Los sentenciados a pagar 16 años de cárcel son los trabajadores Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, todos activistas sindicales y militantes de partidos opositores. Estos trabajadores detenidos fueron liberados en diciembre de 2023, producto de los acuerdos de Barbados entre el gobierno de Maduro y sectores de la oposición.

[18] https://talcualdigital.com/excarcelan-al-sindicalista-victor-venegas-tras-casi-dos-meses-detenido/

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