EL QUINTO REY DE LA BARAJA
UNA CRÍTICA HISTÓRICA DEL CHAVISMO
Roberto López Sánchez[i]
Universidad del Zulia. Venezuela.
INTRODUCCIÓN
En
1991, el escritor venezolano Francisco Herrera Luque publicó la muy conocida
obra “Los cuatro reyes de la baraja”, en su estilo muy propio de historia
novelada, pero que hace justicia a la realidad de los cuatro grandes procesos
de cambio sociopolítico que había vivido la Venezuela republicana hasta ese
momento, cada uno de esos procesos encabezado por un caudillo cuyo liderazgo
impactó en toda la nación y arropó los acontecimientos de la vida política
venezolana aproximadamente durante cuatro décadas, en cada caso.
José
Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez y Rómulo Betancourt
fueron esos cuatro caudillos caracterizados por Herrera Luque. Cuando se
publicó dicha obra, aún el teniente coronel Hugo Chávez no había aparecido en
la palestra pública. Lo haría en 1992, a partir de la insurrección militar del
4 de febrero. El proceso histórico que ha trascurrido hasta el presente, en julio
de 2024, coloca, sin lugar a dudas, a Hugo Chávez como el quinto gran caudillo
que ha tenido la sociedad venezolana, pues su influencia en la política
nacional se ha extendido incluso después de su fallecimiento en 2013.
Chávez
sería entonces el quinto rey de la baraja, y tanto su obra como su programa
político formalmente siguen inspirando a los gobernantes actuales, al partido
por él constituido[ii], y a importantes sectores de la fuerza armada nacional.
Nos
proponemos aquí intentar un análisis crítico del fenómeno chavista, a casi 26
años de su existencia en el poder, y a 33 años de haber aparecido en la escena
pública nacional. En el primer capítulo exponemos un análisis comparativo del
chavismo con los anteriores cuatro procesos históricos de cambio sociopolítico.
El segundo capítulo también es un análisis comparativo, entre el gobierno de
Hugo Chávez (1999-2013) y el actual gobierno de Nicolás Maduro (2013-2024),
enfatizando la modificación programática sustancial que se ha suscitado, del
modelo progresista y nacionalista de Chávez, que conjugaba medidas de corte
keynesiano con medidas pretendidamente socialistas (como las expropiaciones y
el poder comunal), al modelo abiertamente neoliberal y autoritario que ejecuta
Maduro. El tercer capítulo aborda el estudio del movimiento de trabajadores
entre 1999 y 2024, influenciado igualmente por el cambio radical de programa
político que ha tenido el chavismo gobernante, luego de la muerte del caudillo.
Nuestra
perspectiva intenta demostrar que el fenómeno chavista no sólo no es ajeno a la
experiencia histórica de la Venezuela post-independentista, sino que, por el
contrario, responde fielmente a los mismos fenómenos caudillistas que se
presentaron a partir de 1821, los cuales han marcado de manera determinante el
transcurrir de los últimos dos siglos. Chávez no fue un rayo en cielo
despejado. Más bien, consideramos que Chávez representó el nuevo programa
revolucionario que buscaba sustituir al agotado liderazgo anterior, de la misma
forma que en su momento lo hicieron los federalistas, los andinos y los
demócratas que le antecedieron.
Los
cinco reyes de la baraja, incluyendo aquí el desempeño de las fuerzas políticas
que se identificaron con cada uno de los cinco caudillos, tuvieron un período
inicial de ascenso en su hegemonía sobre el país, y un período de declive, con
características particulares en cada caso, pero que condujo inexorablemente a
su sustitución por un “nuevo proceso revolucionario”.
De una
manera que consideramos circunstancial, cada período anterior al del chavismo,
tuvo una duración aproximada en el poder entre 35 y 45 años. Por supuesto, que
haya ocurrido antes cuatro veces, no significa que el chavismo tendrá un mismo
destino y una duración similar en el tiempo. Pero es indudable que hoy en
Venezuela asistimos al declive absoluto del programa chavista original, y aunque
ello no implique necesariamente que el PSUV vaya a ser desplazado del poder en
un lapso relativamente corto, si es cierto que están configurándose nuevos
programas políticos, no como reminiscencia del período adeco-copeyano, sino de
cara al futuro, planteando nuevas transformaciones que quedaron inconclusas en
todas las revoluciones anteriores. A eso apostamos.
EL
PROCESO CHAVISTA: UN ANÁLISIS HISTÓRICO COMPARATIVO[iii]
El objetivo de este capítulo es exponer un análisis
comparativo entre lo que ha sido el período de gobierno de lo que llamaremos
“Chavismo”[iv]
y el proceso histórico venezolano a partir de la independencia. Durante siglos,
los científicos sociales han intentado establecer regularidades y diferencias
en los procesos históricos de las distintas culturas y los distintos espacios
geográficos. John Stuart Mill (citado por Maier, 1993: 12) distingue “el método
de la diferencia”, que busca establecer las variables diversas en situaciones
semejantes, que explicarían los aspectos diferentes en los procesos históricos
estudiados, y el “método de la concordancia”, que busca distinguir aspectos
comunes en contextos diferentes, que son capaces de provocar fenómenos
paralelos.
Como ejemplo del primero, Maier menciona el estudio
comparativo que realizó Alexis de Tocqueville sobre el desarrollo de la
democracia en los Estados Unidos y en Francia. Como representantes del segundo
método, sus más destacados representantes serían Carlos Marx y Max Weber, entre
los que buscaron una explicación del desarrollo histórico y una descripción
sociológica general (Maier, 1993).
Marx
dice en las primeras líneas de su obra “El Dieciocho Brumario de Luis
Bonaparte”: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y
personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces.
Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como comedia”
(Marx, 1951). Aquí Marx compara la figura de Napoleón Bonaparte (la tragedia)
con la de su sobrino Luis Bonaparte (la comedia). Este análisis comparativo
sobre distintos personajes (y sus circunstancias) que se presentan a través del
tiempo en un mismo proceso histórico nacional, es el que hemos desarrollado en
este ensayo.
Aunque
uno de los objetivos de la historiografía comparada es descubrir regularidades
o reglas de desarrollo, no pretendemos concluir en una visión cíclica de la
historia venezolana, como tampoco consideramos que el proceso nacional se haya
realizado de manera desvinculada de los acontecimientos continentales y
mundiales, como advierte el historiador británico John Elliot al cuestionar los
estudios históricos exclusivamente nacionales (citado por Caballero Escorcia,
2015).
La historia de Venezuela tiene, no obstante, sus
especificidades, y no considerarlas al momento de explicar los acontecimientos
suscitados en las tres últimas décadas puede conducir a conclusiones erróneas o
a explicaciones insuficientes sobre el actual proceso “Chavista” o “Bolivariano”.
Pretendemos aquí aportar en ese estudio comparativo de nuestra historia.
LOS CINCO REYES DE LA
BARAJA[v]
La historia republicana de
Venezuela ha tenido cinco grandes procesos de transformación sociopolítica, que
la distinguen cualitativamente del resto de países del continente americano.
Estos procesos de transformación sociopolítica serían:
1. La propia Guerra de Independencia, como revolución
social[vi],
y el subsiguiente período hegemónico de los generales de la independencia:
1824-1863. En el cual José Antonio Páez ocupa el lugar más destacado.
2. La Guerra Federal (1859-1863) y el subsiguiente
período hegemónico de los generales federalistas: 1863-1899. En el cual Antonio
Guzmán Blanco fungió como líder principal.
3. La Revolución Andina, y el subsiguiente período
hegemónico de los andinos en el poder: 1899-1945. En dónde la figura central es
la de Juan Vicente Gómez.
4. La denominada Revolución Democrática, y el
subsiguiente período hegemónico de los partidos democráticos constituidos a
partir de la “Generación del 28”: 1945-1948 y 1958-1999. En el cual Rómulo
Betancourt destaca como el liderazgo fundamental.
5. La llamada “Revolución Chavista” o “Bolivariana”, y el
período hegemónico entre 1999 y el presente (2024). En la cual resalta la
figura de Hugo Chávez como líder fundamental.
Estos cinco procesos no se desarrollaron de manera
lineal. Tuvieron sus respectivas crisis, y a lo largo de ellos se manifestaron
derrocamientos y posteriores regresos al poder. Sin embargo, consideramos que
esos períodos o intervalos donde otras fracciones políticas ocuparon el poder
no constituyen impedimento significativo para diferenciar los mencionados cinco
grandes procesos de cambio sociopolítico.
LA QUIEBRA DE LA ESTRUCTURA DE DOMINACIÓN COLONIAL
DURANTE LA INDEPENDENCIA
La causa fundamental de que nuestra historia
republicana se haya desarrollado de esta forma se encuentra en la Revolución
Social que caracterizó los primeros cinco años de la Guerra de Independencia.
Como es sabido, esa primera etapa de la independencia fue una “Guerra Civil”,
como bien lo caracterizó Laureano Vallenilla Lanz en 1911[vii].
Esta guerra civil, que enfrentó a dos grandes
ejércitos de venezolanos, ocurrió por dos razones fundamentales:
1) La clase social que declaró la independencia fueron
los denominados “Mantuanos”, blancos criollos terratenientes-esclavistas, cuya
expresión de influencia política eran los Cabildos. Esa declaración de
independencia en 1810-1811 no incluía ningún tipo de “alianza de clase” con el
grupo social mayoritario[viii],
los llamados Pardos[ix], y la
prueba principal de la exclusión de ellos del proyecto de independencia que se
intentó entre 1810 y 1814 es que en el Congreso Constituyente de 1811 no había
ningún representante de los pardos, pese a que constituían el grupo social ampliamente
mayoritario. El proyecto de independencia contenido en la Constitución de 1811
tampoco incluía la libertad de los esclavos. Básicamente el objetivo de los
mantuanos era aniquilar el dominio español y darle continuidad al sistema
productivo esclavista agroexportador que había sido implantado por España tres
siglos antes.
2) Los representantes del imperio español en Venezuela,
estando plenamente conscientes del punto anterior, agitaron y movilizaron a la
población de pardos y de esclavos para que combatieran contra sus opresores
directos, los blancos criollos terratenientes y esclavistas. El éxito de esta
política española condujo a la derrota de la Primera República (1811-1812) y de
la Segunda República (1813-1814). La principal expresión triunfante de esta
sabia estrategia española fue el ejército de llaneros y esclavos que al mando
de José Tomás Boves[x]
pulverizó a las fuerzas patriotas encabezadas por Simón Bolívar entre 1813 y
1814[xi].
La guerra social que encabezó Boves se expresó en el aniquilamiento físico y
expropiación territorial de la clase mantuana terrateniente-esclavista en las
regiones en las cuales se manifestó la guerra (principalmente la zona llanera
central y oriental, y la zona norte costera central y oriental). Según
observadores de la época, los españoles en el ejército de Boves constituían el
0,5 %, y el resto eran principalmente pardos y esclavos venezolanos (Uslar,
1962: 97).
LOS RASGOS DEMOCRÁTICOS E IGUALITARIOS QUE SE
INTRODUJERON DESDE LA INDEPENDENCIA
Las consecuencias de esta guerra civil se manifestaron
de manera inmediata al obligar cambios trascendentales en la estrategia
patriota, pero tuvieron también posteriores repercusiones a todo lo largo del
período republicano, hasta el presente:
·
Bolívar
y demás jefes patriotas modificaron radicalmente el proyecto independentista
original, planteando una “alianza de clases”, que se reflejaron en los decretos
bolivarianos de la Expedición de Los Cayos, en 1816, en los cuales se decretó
primero la liberación de los esclavos que se incorporaran al ejército patriota,
y posteriormente la liberación de los esclavos del yugo de la esclavitud como
tal (aunque esto último no se ejecutara casi en ninguna parte); y se establecía
de igual forma la igualdad de los ciudadanos ante la ley, principal
reivindicación de los pardos (Ramos Guédez, 2016). En términos históricos, las
grandes mayorías populares alcanzaron durante nuestra independencia una
categoría de actores sociales relevantes que nunca habían tenido durante el
período colonial[xii].
·
En
esta estrategia patriota parece haber jugado un papel muy destacado José
Antonio Páez, quien a diferencia de los jefes patriotas provenientes del
mantuanaje[xiii],
buscó incorporar al ejército patriota a los llaneros capturados en las
numerosas victorias militares que obtuvo a partir de 1816, dándoles un buen
trato durante su captura, liberándolos posteriormente y dejándolos regresar a
sus pueblos[xiv]. Páez
menciona en su autobiografía que la gran mayoría de esos llaneros capturados y
posteriormente liberados regresaban a pedir incorporación al ejército patriota.
El más conocido de esos llaneros que primero combatieron en el bando español y
luego en el ejército patriota fue Pedro Camejo, el “Negro Primero”, uno de los
héroes de la Batalla de Carabobo, en 1821.
·
La capacidad
militar de ese ejército patriota de llaneros que conformó Páez lo expresó el
propio Mariscal Pablo Morillo en una carta de 1817 que le dirige al rey de
España comentando su derrota en la Batalla de Mucuritas. Allí es cuando Morillo
le dice al Rey “usted me da 100 mil
llaneros y me paseo por Europa en su nombre”, al referirse a las “catorce cargas consecutivas” de
caballería que su ejército sufrió en Mucuritas (Páez, 1878: 126), proeza que le
hizo modificar radicalmente su percepción inicial de que las fuerzas militares
patriotas eran una montonera fácil de derrotar.
·
Ese
ejército de llaneros conformado por Páez, en base a la estrategia bolivariana
de incorporar a los esclavos y pardos al ejército patriota, fue el que
posteriormente derrotó una y otra vez al ejército profesional español
desembarcado por Morillo en 1815, en las batallas de Boyacá (1819), Carabobo
(1821), Bomboná (1822), Pichincha (1822), Junín (1824) y finalmente en Ayacucho
(1824), expulsando al imperio español del territorio continental suramericano,
una proeza militar pocas veces vista en la historia mundial.
·
La
participación en las filas patriotas de oficiales provenientes de los grupos
sociales oprimidos (pardos y esclavos). Esta conformación popular del ejército
venezolano lo diferenció de los otros ejércitos patriotas conformados durante
la guerra de independencia en toda Hispanoamérica, característica que se ha
mantenido en los últimos 200 años.
·
Pero
las consecuencias de lo anterior no se limitan a nuestras fuerzas armadas. La
aniquilación física de los blancos mantuanos ejecutada durante la guerra civil
inicial, y la misma pérdida física de numerosos líderes militares y civiles
mantuanos debido a la larguísima guerra de independencia (1810-1824), unido a
la ruina económica de buena parte de ese núcleo mantuano que declaró la
independencia en 1810-1811, debilitó considerablemente a esa clase social
dirigente que por 300 años había encabezado (bajo dominio español) la sociedad
colonial en Venezuela. Aunado a este debilitamiento de los mantuanos, el peso
específico enorme que adquirieron los generales triunfantes en la independencia
(sobre todo Páez, que no era mantuano), y la influencia general de un ejército
popular de “pardos y negros” (Lombardi, 2019), que era el héroe fundamental de
la victoria republicana, contribuyeron a una democratización política-cultural
de la sociedad venezolana, a la expansión y permanencia en el tiempo de un
espíritu igualitarista que nos diferencia radicalmente del resto de sociedades
latinoamericanas (Pérez Arcay, 1977).
·
En
el resto de los países de Suramérica, las élites blancas de
terratenientes-esclavistas que se constituyeron como clase dominante durante
los 300 años de dominio colonial español, fueron las que continuaron en el
poder una vez alcanzada la condición de repúblicas independientes. En el resto
del subcontinente, existió continuidad en esa dominación. Allí no se produjo ni la
democratización social ni el espíritu igualitarista que se consolidó en
Venezuela luego de la independencia (Halperin-Donghi, 1972).
·
En
Venezuela no fue posible recomponer la estructura de dominación colonial, rota
debido al huracán de revolución social que significó la Guerra de Independencia[xv].
Existieron esfuerzos relevantes en esa dirección. Historiadores como Catalina
Banko y Federico Brito Figueroa han resaltado los intentos que realizó el
capital inglés para desplazar a los militares patriotas del control del país,
tratando de imponer a un civil representante de ese mantuanaje desplazado, José
María Vargas, en 1835 (Banko, 1996) (Brito Figueroa, 1987). El mismo Vallenilla
Lanz destaca cómo después de la victoria de Carabobo regresaron a Venezuela
destacados mantuanos que no estando de acuerdo con el proyecto de independencia
abandonaron el país en los primeros años de la guerra (uno de ellos el propio
Vargas), mantuanos que deben haber influido en el entorno de Páez para la
ruptura de éste con Bolívar y el abandono del proyecto de integración
continental que se intentó con la Gran Colombia y con el Congreso de Panamá.
·
Aunque
la esclavitud se mantuvo durante 30 años más después de la independencia (hasta
1854), y la igualdad de los ciudadanos también fue escamoteada en la
constitución de 1830 (que estableció un sistema electoral exclusivo para los
poseedores de rentas), la Venezuela que surgió de la independencia era muy
distinta a la que se había conformado durante los 300 años de colonización
española. En términos políticos el poder ya no descansaba en una clase mantuana
muy debilitada por la guerra. La misma guerra sirvió para construir una nueva
clase terrateniente fundada en el reparto de propiedades a los generales y
altos oficiales de la independencia. Los privilegios sociales y políticos
derivados del color de la piel y la “pureza de sangre” tendieron a desaparecer.
Los mismos términos de división racial, como pardo, mulato y zambo, fueron
execrados de hecho del lenguaje popular.
LA PARTICIPACIÓN POPULAR COMO FACTOR DECISIVO DE LOS
CAMBIOS POLÍTICOS EN VENEZUELA
Una constante de nuestra historia desde la independencia
se expresa en la masiva participación popular como factor determinante de los
cambios políticos que permiten desplazar a la élite gobernante anterior (López
Sánchez, 2015: 11). Ya analizamos cómo el programa asumido por Bolívar luego de la derrota militar
ante Boves en 1814, al ofrecer “la libertad y la igualdad” (libertad para los
esclavos e igualdad para los pardos), permitió la masiva incorporación de
llaneros y otros sectores populares al ejército patriota, favoreciendo así la
construcción de una considerable y efectiva fuerza militar que volvió añicos al
imperio español en tierras suramericanas.
Esta masiva participación popular volvió a
manifestarse al estallar la Guerra Federal en 1859, atraídos los campesinos por
las consignas anti-latifundistas
y democráticas enarboladas por Ezequiel Zamora.
La
revolución democrática que comienza a manifestarse en el siglo XX tendrá
también como factor decisivo la
masiva participación popular en jornadas como el 18 de octubre de 1945 y el 23
de enero de 1958.
Hay que destacar que en estas expresiones de participación popular
ocurrieron varias rebeliones o alzamientos populares espontáneos que han dado
características específicas a la población de Caracas. En el siglo XIX destacan
la movilización a favor de Antonio Leocadio Guzmán en 1844, cuando el pueblo
rodea el tribunal donde era juzgado Guzmán por sus críticas al gobierno en el
periódico El Venezolano (García Ponce, 1982); y la movilización en torno a la
embajada de Francia en 1858 cuando es derrocado el gobierno de José Tadeo
Monagas (Herrera Luque, 1991).
En el siglo XX ocurre la enorme protesta popular del
14 de febrero de 1936, como respuesta a la represión policial que ese mismo día
había asesinado a varios ciudadanos en el centro de Caracas (Díaz Rangel,
1998). La insurrección espontánea del 22-23 de enero de 1958, que contribuyó a
la rápida caída de la dictadura. Y la más relevante de todas, la rebelión
conocida como El Caracazo, entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 1989, que
sacó a las calles a cientos de miles de ciudadanos descontentos con la
democracia punto-fijista,
y que originó la más grande masacre de nuestra historia republicana
(Barrios-Ferrer, 1990)).
Sobre todos estos procesos de masiva participación
popular se montaron liderazgos que de alguna manera interpretaron el
descontento social y formularon programas de transformación, aunque muchas de
esas reivindicaciones populares hayan sido escamoteadas posteriormente por la
gran mayoría de esos líderes.
CADA REVOLUCIÓN COMIENZA DE CERO Y REALIZA ALGUNAS
TRANSFORMACIONES
El no cumplimiento del programa fundamental que
movilizó a esclavos y pardos a favor de la independencia, es decir, la libertad
de los esclavos y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, será el origen de
numerosas rebeliones populares que se escenificarán en las primeras décadas de
la República. Destacando la rebelión campesina liberal de 1846-1847 encabezada
por Ezequiel Zamora y Francisco Rangel. Hasta que ocurre el estallido de la
gran Guerra Federal (1859-1863), iniciada por el mismo Zamora, que terminó de
desplazar a los generales de la independencia del poder, y una nueva elite
política, con un programa de claro contenido popular, asciende al poder por las
siguientes cuatro décadas.
“Tierra y hombres libres” y “horror a la oligarquía”
son las consignas que enarbola Zamora y que van a movilizar durante cinco años
al campesinado venezolano, enfrentando a la nueva oligarquía terrateniente que
se había conformado en torno a Páez y el resto de los generales de la independencia
(Pérez Arcay, 1977). Aunque Zamora muere al iniciarse la guerra federal, y
quienes terminan dirigiendo el bando federalista no asumían ese contenido
claramente popular que le imprimió a la guerra el “general de hombres libres”,
la llegada al poder de los federalistas significará el desplazamiento de toda
la elite independentista[xvi]
y propiciará el nacimiento de una nueva burguesía.
En realidad, la llegada al poder de los federalistas
no puede tomarse como un simple cambio de élites en el poder. Cada nuevo grupo
dominante enarboló en su momento importantes consignas de transformación
social, y algunas de ellas se ejecutaron. A manera de ejemplo, aunque no hemos
realizado un estudio detallado de la influencia religiosa en la historia
republicana de Venezuela, sí nos llamó la atención, hace algunos años, el
contraste entre la juramentación ante la biblia de Evo Morales en Bolivia y de
Néstor Kirchner en Argentina, respectivamente, y la juramentación de Hugo
Chávez sobre la constitución nacional en febrero de 1999, grandes diferencias
que nos separan del resto de América Latina.
Por ejemplo, Guzmán Blanco estableció el Registro
Civil, el matrimonio civil y la realización de censos no eclesiásticos en la
década de 1870, eliminando la influencia religiosa que hasta ese momento había
prevalecido (Carrera Damas, 1985). En concordancia con eso, Guzmán expulsó de
Venezuela a todas las órdenes religiosas, las cuales no regresaron hasta varias
décadas después. También Guzmán decretó la educación primaria pública, gratuita y
obligatoria (aunque poco pudo aplicarse este decreto mientras existió un estado
en permanente crisis económica, como ocurrió en todo el siglo XIX, hasta la
aparición del petróleo entrado el siglo XX). Nuestro estado
laico deriva de las revoluciones del siglo XIX, mientras en países como Chile y
Colombia, predominó el matrimonio eclesiástico hasta fechas muy recientes (no
había divorcio en Chile hasta 2004 y en Colombia hasta 1992; el divorcio en
Venezuela data de 1904). Otro elemento de la influencia
guzmancista fue que la duración de los períodos presidenciales fue reducida a
dos años (entre 1874 y 1891) para intentar acallar y controlar las pugnas
caudillistas por el ejercicio del poder, medida que no permitió el objetivo que
buscaba y que fue revertida por la constitución de 1891 que volvió a establecer
el período presidencial a 4 años (Brito Figueroa, 1987).
Otro ejemplo significativo referente a los logros
históricos de los grupos que han alcanzado el poder en cada proceso
“revolucionario” lo podemos ver en las conquistas del llamado “Trienio Adeco”
(1945-1948). La Constitución Nacional aprobada en 1947 reconoció derechos
laborales de gran significación como el derecho a organizar sindicatos, la
estabilidad en el trabajo de los directivos sindicales, el derecho a
contratación colectiva y el derecho a huelga. Téngase en cuenta que los
derechos laborales, en los países occidentales, están contenidos en reglamentos
del trabajo y no aparecen en la constitución del respectivo país. Venezuela fue
el segundo país de América, después de la Constitución de Querétaro, en México
(aprobada en 1917), que incorporó derechos de sus trabajadores en la propia
carta magna nacional, (López Sánchez, 2017: 123)
En este trienio de gobierno del partido Acción
Democrática[xvii], el
número de sindicatos en el país se cuadruplicó, pasando de 215 en 1945 a 1053
para noviembre de 1948. Las negociaciones colectivas aumentaron de 227 en 1946
a 575 en 1947; durante el primer semestre de 1948 se firmaron 261 contratos
colectivos. En este período se creó el Ministerio del Trabajo (dirigido por
Raúl Leoni), que antes formaba parte del ministerio de comunicaciones. Si bien
desde el gobierno se favoreció abiertamente a los sindicatos adecos y se
obstaculizó la creación de sindicatos comunistas, de manera general el trienio
adeco sirvió para fortalecer organizativa y legalmente un movimiento obrero que
comenzó a actuar como factor relevante de la política nacional.
La principal conquista del trienio adeco fue la
consagración constitucional del sufragio universal, permitiendo el voto directo
y secreto de mujeres y analfabetos, mayores de 18 años, para elegir al
presidente de la República. Una de las consignas fundamentales de la
independencia, la “igualdad” (de los ciudadanos ante la ley), se conquistaba
más de 120 años después de Carabobo.
Otro dato interesante referido a las conquistas de la
“revolución democrática” se encuentra en la ampliación del sistema
universitario. Para 1957, último año de la dictadura militar, la cantidad de
estudiantes universitarios en todo el país apenas llegaba a 10.000. Para 1981,
un poco más de dos décadas de gobiernos democráticos, el número de estudiantes
se había multiplicado más de treinta veces (331.115 estudiantes universitarios)
(López, 2007: 47). Tengamos presente que Hugo Chávez se jactaba de haber
multiplicado por cuatro el número de estudiantes universitarios, de 600.000 en
1998 a 2.500.000 en su primera década de gobierno. Pero multiplicar el número
de estudiantes 33 veces es muy superior a aumentarlo 4 veces.
El desplazamiento de la élite política en el poder, y
con ello el desplazamiento de la precaria burguesía de una o dos generaciones
constituida al amparo de esa élite política, se repetirá en cada uno de los
procesos de cambio sociopolítico que mencionamos al comienzo de este trabajo.
Cada “revolución” política en Venezuela ha significado
el volver a comenzar de cero. Desde la ruptura de la estructura de dominación
colonial, la burguesía occidental no logró recomponer una clase burguesa lo
suficientemente sólida como para mantenerse en el poder más allá de 30-40 años.
Podemos afirmar con propiedad que en Venezuela no existe una burguesía criolla
como tal, si la comparamos con las burguesías latinoamericanas que dominan el
resto de los países del continente desde la época colonial.
Cada grupo que llegó al poder constituyó su propia
burguesía. Así ocurrió con Páez, con Guzmán, con Gómez, con Betancourt, y ahora
con Chávez-Maduro.
Otra característica común de cada “revolución
política” es su llegada al poder por la fuerza de las armas. El único grupo que
llegó por medios pacíficos y constitucionales fue Chávez (ejecutó un alzamiento
militar en 1992, que no pudo lograr sus objetivos). Todos los demás recurrieron
a alzamientos insurreccionales que les permitió derrocar al grupo dominante.
Cada grupo de caudillos o eran militares con
importantes triunfos militares, como Páez, Guzmán y Gómez, o construyeron una
importante influencia en los sectores militares, como Betancourt y Chávez.
Chávez llega al poder como civil, después de haber sido dado de baja del
ejército por el alzamiento que encabezó en 1992. Pero su condición de
ex-militar le permitió una considerable influencia en la institución armada.
LA ALIANZA CÍVICO-MILITAR ENTRE GRUPOS DE IZQUIERDA Y
MILITARES PROGRESISTAS COMO CONSTANTE DEL SIGLO XX
La conspiración militar encabezada por Hugo Chávez que
se manifestó el 4 de febrero de 1992 representó una nueva expresión de un
fenómeno político que se desarrolló en Venezuela desde la misma dictadura
gomecista.
La rebelión militar del 7 de abril de 1928, dirigida
por oficiales medios del ejército, descontentos con la dictadura, incluía a la
vez una alianza política con dirigentes sociales del medio estudiantil
universitario[xviii] y de
las pocas organizaciones obreras existentes en Caracas. Esta rebelión
representó el primer alzamiento propiamente urbano en una Venezuela que se
había transformado en su composición social a partir de la industria petrolera,
dejando atrás las rebeliones campesinas o alzamientos provenientes de la
periferia agraria que caracterizaron a todo el siglo XIX y las primeras décadas
del XX. Aunque este alzamiento fracasó, y no tuvo mayores repercusiones en la
estabilidad de la dictadura, significó una primera expresión de convergencia
política entre militares y civiles con un programa democrático de
transformación social.
La alianza entre militares “progresistas” y partidos o
líderes de “izquierda” se volvió a suceder en la conspiración que derrocó al
último presidente andino, Isaías Medina Angarita, el 18 de octubre de 1945. En
este caso, entre el partido Acción Democrática, el cual tenía un claro perfil
nacionalista y antiimperialista (aunque a la vez deslindado del comunismo) y
mandos medios de las fuerzas armadas, formados en la Academia Militar, que
deseaban quitar del medio a los viejos generales de montoneras que provenían
del gomecismo.
El derrocamiento de Medina no significó un simple
golpe de estado. La Junta Revolucionaria de Gobierno procedió a convocar en pocos
meses a una Asamblea Constituyente, la cual consagró importantes logros
democráticos por los cuales el pueblo venezolano había luchado desde la
independencia. La radicalización progresiva del nuevo gobierno hegemonizado por
el partido Acción Democrática, y la influencia perniciosa de la embajada de los
Estados Unidos y de las compañías petroleras extranjeras, originó la ruptura de
esa alianza cívico-militar y provocó el golpe militar del 24 de noviembre de
1948, que tuvo características similares a las conspiraciones que en toda
Latinoamérica han promovido los Estados Unidos para derrocar a gobiernos
progresistas, nacionalistas y de izquierda.
Nuevamente se manifestó la convergencia de militares
con fuerzas políticas de izquierda en varios intentos insurreccionales que se
suscitaron a lo largo de la dictadura militar entre 1948-1958. Como el intento
fracasado de alzamiento en la Base Aérea de Palo Negro (Maracay) en 1952, el
cual fue impulsado desde la clandestinidad por Acción Democrática y militares
afines a ese partido. Este acercamiento entre fuerzas militares y partidos de
izquierda finalmente derrocó a la dictadura en los sucesivos alzamientos del 1°
de enero y el 23 de enero de 1958, abriendo un período de 40 años de gobiernos
“democráticos” constituidos en base al llamado “Pacto de Punto Fijo”, entre los
partidos AD, COPEI y URD[xix],
que generó un gobierno aliado a los intereses de los Estados Unidos, excluyendo
al partido comunista[xx].
La deriva autoritaria y pro-estadounidense del
gobierno de AD electo en diciembre de 1958 (con su candidato y principal líder
Rómulo Betancourt) generó una nueva alianza cívico-militar de izquierda que se
expresó en los alzamientos militares de Carúpano y Puerto Cabello, en mayo y
junio de 1962. Esta alianza se conformó entre los partidos PCV (Partido
Comunista de Venezuela) y MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) con
numerosos oficiales medios, afines a esos partidos o con visiones progresistas
y nacionalistas dentro de las fuerzas armadas venezolanas. Se constituyeron en
la clandestinidad el Frente de Liberación Nacional (FLN) y las Fuerzas Armadas
de Liberación Nacional (FALN), con representantes de ambos partidos y de los
oficiales rebeldes. Uno de los más relevantes comandantes del FLN-FALN fue el
coronel Juan de Dios Moncada Vidal. Esta alianza cívico-militar llevó también a
la incorporación de oficiales rebeldes de las fuerzas armadas a los frentes
guerrilleros que en todo el país se organizaron en el primer lustro de los 60.
Finalmente, esta alianza cívico-militar volvió a
concretarse históricamente el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, cuando
Hugo Chávez y otros oficiales de los cuatro componentes de las FAN se
vincularon a dirigentes de la izquierda venezolana para impulsar esos
alzamientos, los cuales, aun fracasando, impactaron profundamente en la
estabilidad de la democracia puntofijista, la cual terminó hundiéndose seis años después, aunque por vías
electorales.
El alzamiento de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992,
no fue un rayo en cielo despejado. Representó históricamente una cultura
política originada desde la independencia, por la conformación popular de
nuestras fuerzas armadas, y al mismo tiempo una alianza entre fuerzas políticas
de izquierda y mandos medios progresistas de las fuerzas armadas, que se
manifestó reiteradamente en los momentos de crisis a lo largo del siglo XX
venezolano.
CADA NUEVA ELITE EN EL PODER TERMINA TRAICIONANDO SU
PROGRAMA ORIGINAL
Una característica común presente en cada uno de estos
grupos es el alejamiento de su programa original durante el ejercicio del
poder, degenerando hacia lo mismo que criticaron a la oligarquía anterior. De
las consignas antiimperialistas se pasó en poco tiempo a la alianza con los
mismos imperialismos.
Un ejemplo resaltante lo constituye Juan Vicente
Gómez. Como se sabe Gómez, como ministro de guerra y marina de Cipriano Castro,
fue el que derrotó militarmente a la llamada “Revolución Libertadora”, guerra
civil promovida y financiada por las multinacionales[xxi]
con el objetivo de derrocar a Castro. Es decir, Gómez actuó como líder
nacionalista y antiimperialista, como ministro de un gobierno que llegó a tomar
algunas medidas relevantes como la moratoria de la deuda externa y la
expropiación de algunas empresas extranjeras, derrotando al intervencionismo
del capital foráneo. Para luego, en 1908, derrocar al propio Castro con el
apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
Otra manifestación de esas volteretas escenificadas en
nuestra historia republicana es el caso de Rómulo Betancourt. Como es sabido,
el derrocamiento del presidente adeco Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de
1948 fue antecedido por un ultimátum escrito entregado a Gallegos por el alto
mando militar, y cuyo primer punto era la expulsión inmediata de Rómulo
Betancourt del territorio nacional. Detrás de ese ultimátum militar estaba una
conspiración orquestada desde el gobierno de los Estados Unidos, y la causa
principal era la amenaza “comunista” que se encubría a lo interno del partido
Acción Democrática (Catalá, 2008).
Betancourt pasó de ser considerado como el enemigo
número uno de los intereses yanquis en Venezuela, a ser el artífice en 1958 del
Pacto de Punto Fijo que implicaba un acuerdo general con el gobierno de los
Estados Unidos para gobernar a Venezuela excluyendo a los comunistas.
EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LAS NUEVAS ELITES
“REVOLUCIONARIAS”
De los cinco procesos de cambio sociopolítico en
Venezuela, el que se inició con mayores debilidades en cuanto a la maduración
de una élite política de vanguardia con un programa de cambios más o menos
definido, ha sido precisamente el chavismo.
La revolución social de independencia consolidó una
élite de mandos militares curtidos en la larga guerra emancipadora, con una muy
grande influencia social en todo el país, que les facilitó acceder al poder en
las décadas siguientes al nacimiento de la República. El programa enarbolado
por Bolívar, como la política de integración hispanoamericana y los derechos
ciudadanos (incluyendo la abolición de la esclavitud), en un marco de estado
liberal, fue rápidamente dejado de lado. Se impuso una nueva alianza comercial,
como socios menores, con las principales potencias capitalistas, comenzando por
Inglaterra y Francia, y la rápida sustitución de la vieja oligarquía
terrateniente mantuana por una nueva oligarquía terrateniente surgida de los
generales victoriosos de la independencia.
El desarrollo de la guerra federal tuvo que ver con el
liderazgo madurado a través del Partido Liberal, fundado en 1840 por Antonio
Leocadio Guzmán y principal fuerza opositora a la oligarquía paecista. Tanto
Ezequiel Zamora, como Juan Crisóstomo Falcón y Antonio Guzmán Blanco eran los
líderes fundamentales de ese partido liberal para 1859.
La llegada de los andinos en 1899 hay que vincularla necesariamente con el auge
de la explotación del café como principal producto de nuestra economía
agroexportadora, cultivo desarrollado principalmente en los tres estados
andinos (Mérida, Táchira y Trujillo) y particularmente en el Táchira, estado
del cual provino la expedición militar conocida como Revolución Liberal
Restauradora, en cuyo ejército marcharon hasta Caracas los tachirenses Cipriano
Castro, Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras, sucesivos presidentes
entre 1899 y 1941[xxii].
Los líderes fundamentales de la revolución democrática
se forjaron en la lucha estudiantil de la Generación del 28 y en la lucha
política en oposición a la dictadura gomecista, lucha que comenzó a ser
influida por las modernas corrientes ideológicas provenientes de Europa: el
comunismo, la socialdemocracia y la democracia cristiana. Resaltamos la
circunstancia de que al momento de acceder por segunda vez al poder en 1959 el
partido Acción Democrática[xxiii],
constituía una organización cuyos cuadros principales tenían 30 años de
experiencia desde su participación en la
generación estudiantil del 28, que habían pasado por la cárcel y el exilio, que
habían impulsado y triunfado en dos oportunidades en rebeliones
cívico-militares (18 de octubre de 1945 y 23 de enero de 1958), que habían sido
derrocados por una conspiración imperialista (24 de noviembre de 1948), que
habían pasado largos años de clandestinidad y exilio, que tenían una muy
relevante experiencia en el desarrollo de luchas sociales, huelgas obreras y
expresiones de lucha armada contra la dictadura encabezada por Marcos Pérez Jiménez. Para 1958-1959 AD era un
partido con arraigo en sectores obreros y campesinos, con importantes
cuadros de dirección y excelentes profesionales entre sus militantes.
Al triunfar Hugo Chávez en las elecciones presidenciales
de 1998, su partido Movimiento Quinta República (MVR), fundado en 1997, era una
organización aluvional[xxiv] recién
conformada, sin experiencia en la lucha social y sin experiencia en la lucha
parlamentaria, sin programa político definido y unido básicamente por el
liderazgo caudillista-mesiánico que desde un principio comenzó a construir el
propio Chávez y sus más cercanos colaboradores. Incluso si se considera la
incorporación al MVR de algunos cuadros de la vieja izquierda venezolana,
podemos recordar que a partir del 27 de febrero de 1989 se había evidenciado en
el país la profunda bancarrota de los partidos de izquierda, tanto de los que
participaban en el “juego democrático” del puntofijismo como
de los impulsores de la lucha armada. Esa izquierda que ingresó al MVR[xxv]
y se vinculó a Chávez era una izquierda desarticulada y dividida, sin programa
coherente y sin mayores vínculos sociales, que había vivido numerosas derrotas
políticas y militares en los 40 años precedentes (López Sánchez, 2015: 83).
LOS PERÍODOS DE REGRESION POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA
En nuestro período republicano destacan varios
procesos de regresión política. La larga dictadura de 27 años de Juan Vicente
Gómez (1908-1935); la dictadura militar cuyo hombre fuerte fue Marcos Pérez
Jiménez (1948-1958); y las dos últimas décadas del puntofijismo (1979-1999).
La dictadura de Gómez se caracterizó por su fuerte
autoritarismo, por el personalismo absoluto, y por la modificación radical del
modelo económico imperante, que pasó de la agro-exportación a la producción
petrolera. Gómez desapareció todo tipo de oposición legal a su régimen.
Encarceló, torturó, exilió y asesinó a todo aquel que intentó oponérsele, así
fueran simples escritores o periodistas. Enfrentó con éxito las últimas
montoneras que desde los espacios agrarios se intentaron contra su régimen, y
enfrentó también la primera rebelión urbana representativa de la nueva
conformación de clases surgida del petróleo, el alzamiento militar con respaldo
civil del 7 de abril de 1928[xxvi].
Durante todo su gobierno Gómez actuó siguiendo los intereses del gobierno de
los Estados Unidos, y de las compañías petroleras como la Standard Oil Company
(estadounidense) y la Shell (angloholandesa).
Por su parte la dictadura militar encabezada por Pérez
Jiménez disolvió los principales partidos democráticos (primero AD en 1948, el
PCV en 1950, y URD en 1952). Anuló la constitución de 1947, disolvió los
sindicatos más importantes (incluyendo las federaciones petroleras) y encarceló
hasta el final de la dictadura a todos los dirigentes obreros que pudo
capturar. Este régimen militar, como dijimos antes, surgió de una conspiración
aupada por la embajada estadounidense en Caracas, y actuó de la mano de los
intereses del Departamento de Estado, como ocurrió con la realización en marzo
de 1954 en Caracas de la X Conferencia Interamericana, la cual aprobó una
fuerte resolución condenando el comunismo como sistema incompatible con los
pueblos de América, la cual sirvió como pretexto para la invasión militar con
fuerzas mercenarias contra el gobierno democrático de Guatemala presidido por
Jacobo Arbenz, el cual fue finalmente derrocado dando paso a treinta años de
gobiernos autoritarios en ese país.
El intervalo dictatorial entre 1948 y 1958 anuló todas
las conquistas democráticas del
trienio adeco e incluso de lo alcanzado en los últimos gobiernos gomecistas
(López Contreras y Medina Angarita). Pero el perezjimenismo como tal no
logró trascender debido a las limitaciones de su programa político, y a la
reducida alianza política que representaba (falta de consenso entre las élites
políticas, económicas y el mismo imperialismo).
La represión política aplicada durante la naciente
democracia, en la década de 1960, fue muy superior a la represión de la
anterior dictadura perezjimenista[xxvii].
Se ilegalizaron los partidos políticos de la izquierda (el PCV y el MIR); se
detuvo por varios años a los parlamentarios y otros dirigentes de dichos
partidos. Se persiguió implacablemente a la militancia de dichos partidos,
involucrados en la lucha armada a partir de 1962. La represión desatada
introdujo por primera vez en Latinoamérica la figura de los desaparecidos. Los
cuerpos policiales y militares especializados en la represión política
recibieron asesoría directa de las instituciones de inteligencia del gobierno
de los Estados Unidos (la CIA y otros organismos similares), con presencia de
funcionarios extranjeros dirigiendo personalmente a la Digepol y el SIFA (como
el cubano Luis Posada Carriles). El número de detenidos, torturados, asesinados
y desaparecidos entre 1962 y 1969 superó ampliamente a las víctimas de la
represión política entre 1948 y 1958 (Oliveros, 2012). Además de la figura del
desaparecido, el gobierno torturó hasta la muerte a significativos dirigentes
de la izquierda, como Alberto Lovera, Jorge Rodríguez y Noel Rodríguez. Asesinó
impunemente a otros dirigentes como Fabricio Ojeda, Tito González Heredia y
Jesús Márquez Finol. Los horrores de las dictaduras de Gómez y Pérez Jiménez no
superaron los crímenes políticos que continuaron con la flamante “democracia”
representativa[xxviii].
Los últimos 20 años de la democracia puntofijista
fueron de regresión absoluta. En materia económica, a partir del “viernes
negro” de febrero de 1983 se terminó de hundir el modelo rentístico petrolero y
se hizo evidente la bancarrota de la política de sustitución de importaciones
impulsada en las décadas anteriores. El salario de los trabajadores alcanzó
niveles mínimos no vistos desde muchas décadas atrás, y los derechos laborales
en general fueron abiertamente violentados por los patronos y el ministerio del
trabajo. En materia política el bipartidismo de AD-Copei mantuvo su deriva de
corrupción administrativa e ineficiencia de las instituciones y servicios
públicos.
El sistema educativo que durante las dos primeras
décadas del período democrático aumentó significativamente la matrícula escolar
y universitaria, se estancó completamente y comenzó a predominar la exclusión
escolar y universitaria de centenares de miles de jóvenes. Igual retroceso se
vivió en el sistema de salud y el resto de los servicios públicos.
En términos represivos, ocurrieron grandes masacres
como la de Cantaura (1982), Yumare (1986) y El Amparo (1988). A partir de 1987
la lucha de clases tuvo un cambio sustancial en Venezuela a partir de las
protestas populares como respuesta a la crisis económica en curso. La rebelión
estudiantil que surgió del llamado “marzo merideño”[xxix]
(1987), abrió un periodo de protestas masivas que no se escenificaban en el
país desde 1958, y la política represiva del gobierno pasó de selectiva
(represión contra las organizaciones de izquierda vinculadas a la lucha armada
y las protestas sociales) a masiva, teniendo su principal expresión en la
masacre contra el pueblo caraqueño como respuesta a la insurrección espontánea
del 27 y 28 de febrero de 1989, conocida como “El Caracazo”[xxx].
La dimensión de la rebelión popular de febrero del 89
introdujo un factor de desestabilización en el bloque social dominante desde el
Pacto de Punto Fijo[xxxi],
incluyendo una progresiva división en el seno de las fuerzas armadas que
condujo a los alzamientos del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, que
siguiendo su curso de crisis interna condujo el enjuiciamiento y destitución
del presidente Carlos Andrés Pérez (CAP) en 1993, creó las condiciones para la
victoria electoral de Rafael Caldera (apoyado por la izquierda) ese mismo año,
y finalmente permitió que el descontento popular del 27 de febrero de 1989 se
manifestara electoralmente en las presidenciales de 1998, con el triunfo de
Hugo Chávez.
El Caracazo introdujo a la democracia puntofijista en
una crisis terminal. No obstante, el sistema democrático se mantuvo durante una
década más, intentando fórmulas de salvación como la Reforma del Estado
(intentada en 1989 con las elecciones de Gobernadores y Alcaldes), la
destitución del presidente Carlos Andrés Pérez como “chivo expiatorio” de la
crisis de legitimidad del sistema, y la candidatura “progresista” de Rafael
Caldera en 1993. Es de resaltar esta prolongada agonía de 10 años del sistema
político nacido del Pacto de Punto Fijo. Las razones de esto habría que
buscarlas en la ausencia de una oposición de izquierda con fortaleza suficiente
como para capitalizar electoralmente la caída del respaldo popular hacia AD y
Copei[xxxii].
La izquierda venezolana, en la década de los 90,
sufría la crisis de identidad derivada de la caída del Bloque Socialista de la
URSS y Europa Oriental, unida a la profunda división en múltiples partidos
derivada del fracaso de la lucha armada en los 60, 70 y 80, y del similar
fracaso de las experiencias electorales intentadas desde 1973 en adelante. En
los hechos, el auge de la lucha de clases entre 1987 y 1991 no pudo ser
capitalizado por ninguna fuerza de izquierda, y a partir del 4 de febrero del
92 las esperanzas de cambio del pueblo se centraron en la figura del líder
militar insurrecto, Hugo Chávez.
ALGUNAS CONCLUSIONES
La llegada al poder de Hugo Chávez a partir de febrero
de 1999, es derivada directamente del hundimiento político del bloque social
dominante desde 1958. En cierta forma, Chávez significó una nueva expresión de
la mencionada alianza cívico-militar que bajo programas progresistas se
manifestó varias veces a lo largo del siglo XX. Pero la llegada al poder del
chavismo puede verse al mismo tiempo como una carambola causada por el vacío
político que dejaba la bancarrota de los partidos Acción Democrática y COPEI.
Chávez y el chavismo no representaban como tal ninguna
referencia político-organizativa que hubiera estado al frente de la oposición
durante las cuatro décadas del puntofijismo, salvo por las pocas horas que
duraron los alzamientos militares de 1992. Ni los líderes de la lucha armada ni
los líderes de la lucha electoral figuraban entre la dirigencia del recién
creado Movimiento Quinta República (MVR, conocido antes como Movimiento
Bolivariano Revolucionario 200 - MBR200). Tampoco estaban allí los líderes que
de alguna manera estuvieron en las barricadas durante 1987-1991 (como Carlos
Lanz y Roland Denis). El movimiento chavista aluvional juntaba individualidades
de izquierda con militares de derecha, detrás de un líder con ínfulas
mesiánicas que postulaba una “tercera vía” bastante difusa.
Con el paso de los años, y después del golpe
imperialista fracasado de abril de 2002, Chávez concluyó que asumir
declarativamente un programa “socialista” le podía rendir mejores frutos que la
tercera vía de Tony Blair. Sin embargo, ese programa “socialista del siglo XXI”
nunca fue claramente definido por el propio Chávez ni por ningún otro dirigente
del chavismo. En general Chávez terminó promoviendo fórmulas parecidas a las
utilizadas por el aliado gobierno de Fidel Castro en Cuba, como la creación de
un “partido único de la revolución”, y la ejecución de nacionalizaciones
masivas contra empresas nacionales y extranjeras. Chávez identificó su
“socialismo” con medidas de asistencia social, propias de un Estado de
Bienestar, en un momento en que el capitalismo occidental ya tenía más de dos
décadas de haber abandonado ese modelo.
Para Chávez su socialismo era la construcción de
viviendas para las clases trabajadoras, la conquista de reivindicaciones
laborales, la ampliación de los servicios de educación y salud, la construcción
de obras públicas como ferrocarriles, puentes y carreteras, etc. Medidas todas
que en el medio siglo anterior habían sido ejecutadas tanto por los gobiernos
puntofijistas como por la dictadura perezjimenista y los últimos gobiernos del
gomecismo.
Tal vez el aspecto en el cual se podía trascender al
capitalismo es cuando se impulsó la constitución de un “poder popular” que
nacería desde los Consejos Comunales, inspirados en una democracia
“participativa y protagónica”. El poder
comunal se formuló enfrentado a los principios de la democracia liberal
burguesa, fundada en la representatividad partidista, valorando un nivel de
decisiones políticas partiendo desde las mismas asambleas comunitarias y
obreras. Concebido como una estructura que crecería paralelamente a las
instituciones del estado burgués heredado del puntofijismo (que en líneas
generales tuvo continuidad en la Constitución de 1999), en realidad no llegó a
tener mayor desarrollo, siendo absorbido y controlado ese “poder comunal” por
los poderes tradicionales dominados por el partido gobernante.
Para finalizar, enumeramos algunas conclusiones en base al análisis comparativo
de 200 años de vida republicana y los 25 años de chavismo:
1. El chavismo-madurismo es el quinto proceso de
transformación sociopolítica escenificado desde la Guerra de Independencia. Los
cuatro procesos anteriores tuvieron una duración aproximada de 40 años cada
uno.
2. La caída de las anteriores “revoluciones” se produjo
cuando ya existía una vanguardia política opositora más o menos estructurada en
los años inmediatamente anteriores. El grupo chavista es el que ha llegado al
poder con una estructuración más débil como fuerza política organizada[xxxiii].
3. El chavismo ratifica una vez más la ausencia en
Venezuela de una clase burguesa consolidada, y la permanente reconstitución de
la clase dominante en cada proceso “revolucionario” que se va sucediendo.
4. Por razones históricas, el chavismo reproduce
características de todos los procesos revolucionarios anteriores, como el
caudillismo-mesianismo; el militarismo; el uso de consignas antiimperialistas y
democráticas que atraen a las masas populares; la conquista de algunas
reivindicaciones históricas (aunque muchas son rápidamente abandonadas y
revertidas en el proceso final de degeneración política del respectivo grupo o
elite dominante); el paso de programas nacionalistas y antiimperialistas a
ejecutorias exactamente contrarias, al hacer alianzas como socios menores de
las grandes potencias mundiales; el uso de la represión selectiva y masiva como
práctica cotidiana contra la protesta social y contra las vanguardias políticas
que les hacen oposición; y la importante movilización social que por momentos
logran canalizar para sus propios intereses de grupo y de clase (como “nueva”
clase burguesa en proceso de conformación).
5. El proceso chavista introdujo una práctica democrática
que mejora en forma cualitativa las anteriores experiencias, con la figura del
referéndum popular, usado para convocar la Asamblea Constituyente y para
aprobar la nueva constitución en 1999, para ratificar la permanencia de Chávez
en el poder en 2004 (referéndum revocatorio), y también usado para someter la
reforma constitucional que fue rechazada en 2007. El gobierno de Nicolás Maduro
se ha alejado totalmente de esa práctica de democracia participativa utilizada
por Chávez, reflejando con ello su declive absoluto como programa de
transformación en Venezuela.
6. Otro aspecto relevante del período de gobierno de Hugo
Chávez fue la revitalización de la propuesta de unidad continental
latinoamericana que hace más de 200 años formularon e intentaron llevar a cabo
Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Esta política permitió la creación de
organismos de integración como la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños, creada en 2011); la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas,
creada en 2008); ALBA (Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América,
creada en 2004); y el fortalecimiento de organizaciones ya existentes como el
MERCOSUR. En el marco de esas políticas de integración, Chávez jugó un papel
central en el rechazo al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas,
propuesta de Estados Unidos formulada en 1994), en la IV Cumbre de las
Américas, realizada en 2005. Más allá de los procesos de integración, el gobierno
de Chávez desarrolló una considerable incidencia política en todos los países
latinoamericanos, y el “chavismo” se convirtió en el principal contendiente
político de las fuerzas, partidos y gobiernos aliados de USA a lo largo y ancho
del continente. Con el posterior gobierno de Maduro, esa influencia chavista se
perdió casi totalmente, los procesos de integración tendieron a paralizarse, y
la experiencia venezolana es considerada hoy como algo muy negativo en todo el
continente, incluso de parte de los nuevos gobiernos de izquierda que han
asumido en años recientes (como en Chile, Perú, Brasil y Colombia). Para la
historia, Chávez revivió en pleno siglo XXI el sueño de Bolívar y Miranda de
construir una gran nación latinoamericana. Propuesta que sigue vigente y que
espera por escenarios más favorables para su desarrollo.
7. El actual gobierno de Nicolás Maduro mantiene el mismo
discurso radical de su antecesor, y se presenta como un gobierno genuinamente
“obrerista”[xxxiv] y “socialista”[xxxv], que cuenta con el respaldo de los sindicatos
mayoritarios (López, 2012). Sin embargo, ha ejecutado un verdadero cambio de
rumbo económico, abriendo las puertas a las políticas neoliberales, en un marco
de creciente autoritarismo (Alarcón 2017); (Luna 2019) (Vivas 2019) (Sutherland
2020). Maduro representa hoy la traición al programa original de Hugo Chávez,
fenómeno presenciado varias veces antes en nuestra historia (PCDC, 2021). Esta
desviación constitucional del gobierno de Nicolás Maduro ha culminado en la
profunda crisis política desatada por el desconocimiento del gobierno de los
resultados electorales presidenciales del 28 de julio de 2024, elecciones en
las que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, habría superado a
Maduro por más de doble de votos, resultados que no ha presentado públicamente
el Consejo Nacional Electoral (CNE), ni la totalización de votos, ni los
resultados por mesa y centro de votación, ni por parroquia, municipio ni estado
de la república. El desarrollo de este enorme fraude electoral, que desconoce
la soberanía popular consagrada en el artículo 5° de la constitución, se
culminó con la actuación también fuera de ley del Tribunal Supremo de Justicia,
ente que no tiene potestad jurídica para determinar resultados electorales. La
justificada protesta popular ante este fraude-golpe de estado, fue reprimida de
manera brutal por Maduro, asesinando a más de 20 ciudadanos que manifestaban de
manera pacífica, y deteniendo a unas 2.500 personas, incluyendo centenares de
adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad, los cuales fueron
torturados en los centros de reclusión, y aún hoy existen más de 1.000
ciudadanos detenidos por protestar pacíficamente contra el fraude electoral.
Con este fraude electoral y golpe de estado, el proceso chavista parece
terminar de la peor forma el ciclo de transformaciones sociopolíticas iniciado
en 1999.
Aunque no defendamos
una perspectiva cíclica de la historia, la reiteración de estos procesos sociopolíticos de transformación y desplazamiento de
élites gobernantes es un hecho indudable en nuestro proceso republicano desde
la independencia.
De acuerdo con las características del período
chavista trascurrido hasta ahora (25 años), podemos intentar un análisis
prospectivo de los posibles escenarios futuros en el corto plazo:
A. Tanto el gomecismo como la democracia puntofijista
tuvieron un período de fuerte represión política antes de transitar en sus
últimos años por cierto tipo de apertura política[xxxvi].
Ese fenómeno pudiera presentarse en Venezuela, en la medida en que sectores del
madurismo gobernante opten por una apertura política que intente detener el
creciente deterioro de la aceptación popular hacia el régimen PSUV-militares.
Este escenario parece haberse descartado luego del fraude electoral del 28 de
julio de 2024.
B. En un escenario completamente distinto al anterior, el
madurismo puede evolucionar hacia formas autoritarias, como de hecho ha
sucedido en los meses posteriores a las elecciones presidenciales del
28/07/2024. En este escenario la evolución inmediata del madurismo reflejará
múltiples expresiones de violencia contra el pueblo y sus organizaciones
políticas y sociales.
C. Hasta ahora no se consolida una nueva élite política y
un programa de transformación que se presente como recambio del
chavismo-madurismo gobernante. Eso no implica necesariamente que no puedan ser
derrocados en el corto plazo. Lo que resultaría es que un nuevo gobierno
sustitutivo del chavismo pasaría por etapas de definición antes de consolidarse
como una nueva élite gobernante (la sexta, desde la independencia).
Por otro lado, las experiencias del socialismo mundial
erigidas sobre fundamentos mesiánicos han terminado fracasando de diversas
maneras. Así ocurrió con la Rusia de Stalin (no cayó el sistema, pero fue
sustituido todo su entorno al morir Stalin), con la Yugoslavia de Tito (se
desató una brutal guerra civil que partió al país en 5-6 repúblicas distintas),
la Albania de Enver Hoxha y la China de Mao. El fundamento mesiánico del
chavismo actúa como un lastre hacia el futuro para mantener una élite en el
poder, porque cada vez son más los chavistas originarios marginados del poder
que los que quedan en la elite gobernante.
Para que el proceso histórico venezolano pueda retomar
un camino de transformación social tantas veces extraviado en las distintas
etapas vividas desde la independencia, debe surgir un poderoso movimiento
popular organizado que mediante la lucha de calle construya un nuevo programa
de cambios que retome las tradiciones de rebelión de la corriente
histórico-social y avance a perfilar una clara vanguardia que pueda transitar
los desafíos que plantea el capitalismo global en profunda crisis.
CAPITULO II
ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LOS
GOBIERNOS DE HUGO CHÁVEZ Y NICOLÁS MADURO[xxxvii]
INTRODUCCION
Hugo
Chávez ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 1998 luego de una
década de políticas neoliberales en Venezuela. En ese período anterior se
habían sucedido dos gobiernos que ejecutaron sendos programas económicos
neoliberales; había ocurrido el estallido popular espontáneo de febrero-marzo
de 1989, que hizo temblar al sistema político bipartidista vigente desde 1958;
se habían presentado dos alzamientos militares de corte nacionalista e
izquierdista[xxxviii]; y un presidente en funciones había sido destituido por
el parlamento bajo acusaciones de corrupción[xxxix].
El
llamado “proceso bolivariano” que se abrió en Venezuela con el triunfo
electoral de Hugo Chávez en 1998, constituyó la respuesta popular ante la
crisis de legitimidad del modelo político de democracia representativa
instaurado a partir de 1958 (López Maya, 1994) (Carvallo y López Maya, 1989).
El
estallido popular espontáneo del 27-28 de febrero de 1989, conocido como el
“Caracazo” (Barrios-Ferrer, 1990) (Colmenarez, 1989) (España, 1989), reveló el
gran descontento de la población ante un sistema político-económico que no
satisfacía sus necesidades fundamentales, y la brutal respuesta represiva del
gobierno, que causó centenares de muertos en los barrios de Caracas y ciudades
cercanas, había demostrado que quienes gobernaban no merecían gozar del
respaldo popular que por tres décadas había sostenido al modelo político
bipartidista gobernante (los partidos Acción Democrática –socialdemócrata-, y
COPEI –socialcristiano-).
Ante la
ausencia de opciones políticas alternativas, y con una izquierda en crisis,
tanto en sus versiones electorales como en los grupos que mantenían la lucha
armada, el sistema bipartidista, de AD y Copei, se mantendría en el poder
durante una década más. Pero la descomposición del modelo político
bipartidista, asociado al capital occidental, continuó su curso y en 1992 se suceden
dos alzamientos militares, que fracasan, pero que demostraban que el barco de
la democracia representativa continuaba hundiéndose.
Las
rebeliones militares del 92 significaron un profundo quiebre en el bloque de
poder dominante desde 1958[xl]. Un sector muy numeroso de oficiales medios de las
fuerzas armadas, descontentos por haber sido utilizados por el gobierno como
“verdugos” del pueblo durante los sucesos del 27 de febrero del 89, deciden
rebelarse enarbolando consignas anticorrupción y promoviendo un difuso cambio
político nacionalista y popular. A pesar de que los militares insurrectos
fueron derrotados, el bloque dominante estaba históricamente fragmentado y no
pudo recomponerse en los años siguientes.
En esa
década anterior a Chávez, el segundo gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés
Pérez (1989-1993) inauguró el primer plan económico neoliberal ejecutado a
plenitud en Venezuela. El paquete de medidas aplicadas al inicio de su
gobierno, como la liberación de precios y la eliminación de subsidios
(incluyendo el importante subsidio a la gasolina), fueron los detonantes del
Caracazo. Pérez terminó siendo destituido en 1993 por el Poder Legislativo,
acusado de corrupción.
El
gobierno que sucedió a Pérez fue el del socialcristiano Rafael Caldera
(1994-1999), que también accedía al poder por segunda vez. Con la
característica que Caldera, siendo fundador de Copei, había roto con dicho
partido, y ganado las elecciones con el apoyo de los partidos de izquierda.
Pero el gobierno de Caldera, en vez de ser consecuente con su discurso crítico
ante el plan neoliberal ejecutado por su predecesor, aplicó también la misma
receta económica del Fondo Monetario Internacional[xli].
El
rechazo ciudadano ante esta nueva ejecución neoliberal se manifestó entonces de
manera electoral, y le permitió a Hugo Chávez presentarse en 1998 como la
alternativa nacionalista y popular ante veinte años de fracasos económicos y 40
años de desprestigiado modelo político bipartidista (Ellner, 2009: 42).
HUGO CHÁVEZ: DE LA TERCERA VÍA AL SOCIALISMO
El
teniente coronel Hugo Chávez había encabezado la rebelión militar “bolivariana”[xlii] del 4 de febrero de 1992, y planificado desde la cárcel
el levantamiento del 27 de noviembre del mismo año. Luego de recuperar la
libertad, decidió fundar un partido legal (Movimiento Quinta República – MVR) e
incursionar en el proceso electoral de 1998.
En un
crecimiento electoral vertiginoso a lo largo del año 98, Chávez finalmente se
impuso ante el candidato unificado de los partidos Acción Democrática y Copei,
que se habían turnado en el poder desde 1958. Con una propuesta principal de
convocar una asamblea para redactar una nueva constitución, Chávez tenía un
programa político-económico muy cercano al Estado de Bienestar, en un contexto
global neoliberal. Su propuesta electoral anunciaba un respaldo a la difusa
“Tercera Vía” formulada por el líder británico Tony Blair (Martinez, 2018).
Pero su
desempeño al frente del gobierno trascendió rápidamente los marcos del
populismo tradicional, acercándose a modelos de “revolución socialista” como
Cuba. En un contexto global de derrumbe del Bloque Socialista en Europa
Oriental una década antes, de fracaso en Latinoamérica de los intentos de
cambio político por medio de la lucha armada (como en El Salvador y Guatemala)
y el aplastamiento de los intentos socialistas por “vía pacífica” (Chile),
Chávez replanteó, en la culminación del siglo XX e inicios del nuevo siglo XXI,
un ideal de “revolución socialista” que empalmaba los principios de soberanía
nacional e integración continental formulados en la Guerra de Independencia,
con las tradiciones de lucha popular revolucionaria expresadas en el último
siglo.
La
situación general en América Latina a fines del siglo XX, en cuanto a lo
económico y lo político, incluía un considerable rechazo ciudadano hacia los
ajustes de “shock” neoliberales ejecutados en las dos décadas anteriores, y un
descontento popular acumulado ante los resultados nefastos de dichos ajustes,
que habían generado todo un retroceso en los derechos laborales conquistados en
la posguerra, y una caída significativa de los niveles de ingreso de las clases
trabajadoras (Alayón, 2007). Esta realidad obligaba a muchos partidos y líderes
progresistas a pronunciarse en contra del neoliberalismo y su principal
promotor, el Fondo Monetario Internacional (FMI), y a postular caminos
alternativos que incluían postulados keynesianos y hasta socialistas.
El
triunfo electoral de Chávez en 1998 contribuyó a revertir ese proceso de caída
de los niveles de ingreso de la clase trabajadora, pues todos los planes
neoliberales que de alguna forma se estaban ejecutando desde febrero de 1989
comenzaron a frenarse y en algunos casos a revertirse debido a políticas
explícitas del nuevo gobierno (Alayón, 2007). Particularmente se detuvieron los
procesos de privatización de empresas públicas[xliii],
incluyendo la llamada “apertura petrolera” propuesta por Pérez e iniciada por
Caldera a partir de 1995 (Toussaint, 2009: 255) (Mateo Tome, 2010).
En el
plano económico el proyecto se definió por el anti-neoliberalismo y la
superación del rentismo petrolero (Rodríguez, 2010) y su reemplazo por una política
de tipo neo-desarrollista con fuerte intervención estatal en áreas
estratégicas. El ensayo se llevó a cabo en un proceso de lucha polarizada entre
el gobierno, la derecha política y el empresariado tradicional.
En
enero de 2005 Chávez definió su revolución como “socialista”, durante su
participación en el Foro Social de Porto Alegre (Biardeau, 2015). Teniendo como
premisas básicas para ese “socialismo”, la democracia participativa y
protagónica del “poder popular” (como oposición a la democracia liberal
representativa); la “igualdad y la justicia”; y la unidad “cívico-militar”.
El
primer paso transformador dado por el gobierno de Chávez fue la convocatoria de
una Asamblea Constituyente, previa realización de un referéndum consultivo el
25 de abril de 1999. La nueva constitución amplió significativamente los
derechos sociales, y algunos derechos políticos nuevos como el referéndum
revocatorio a mitad de período para el presidente de la República y demás
cargos electivos del poder ejecutivo y legislativo.
El
período de Chavez revitalizó la lucha de los trabajadores, modificando las
relaciones laborales y las formas de propiedad. En lo atinente a los derechos
laborales, la Constitución aprobada en diciembre de 1999 ratificó derechos
fundamentales de los trabajadores, ya consagrados en las Constituciones de 1947
y de 1961, como el derecho a sindicalización; la autonomía de los sindicatos
frente al patrono y el estado; el derecho a contratación colectiva; el derecho
a huelga; el derecho a la seguridad social como servicio público y la
obligación del Estado para garantizarlo; el derecho al trabajo. La nueva
Constitución incluyó también nuevos derechos laborales, como la igualdad y
equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo; el reconocimiento
del trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y
produce riqueza y bienestar social; el derecho de las amas de casa a la
seguridad social; la progresividad de los derechos laborales y su carácter
irrenunciable; y finalmente destacaba la reducción de la jornada de trabajo
diurna de 48 a 44 horas semanales (López Sánchez, 2017-a: 34-50).
Los
derechos de los trabajadores que fueron consagrados en la Constitución
impulsada por Chávez en 1999, que provienen de las visiones más progresistas
del Estado de Bienestar[xliv], tienen el mérito histórico de haber sido ratificados
luego de dos décadas de aplicación de políticas neoliberales a nivel mundial,
que llevaban entre sus objetivos principales el aniquilar dichos derechos y
“flexibilizar” las relaciones laborales.
La
“revolución” de Chávez ratificó y consagró constitucionalmente unos derechos
laborales que el capitalismo mundial había dejado de defender desde un cuarto
de siglo antes. A partir de allí los trabajadores venezolanos se lanzaron en
los años sucesivos a un proceso de profunda reorganización de sus estructuras
sindicales, enarbolando propuestas reivindicativas y políticas que se
enfrentaban y trascendían la década neoliberal anterior y abrían perspectivas a
un rumbo anticapitalista del proceso político venezolano (Chirino, 2005).
La
resistencia al paro golpista-patronal que las elites puntofijistas ejecutaron
entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 tratando de derrocar al gobierno de
Chávez, generó la elevación de la lucha obrera en todo el país. El fracaso de
ese paro fue tomado como una victoria por los sectores de trabajadores
bolivarianos que comenzaban a organizarse de manera independiente, al margen de
la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela, que fue una de las
organizaciones convocantes de ese paro, junto al gremio empresarial
Fedecámaras). En 2003 se constituyó la Unión Nacional de Trabajadores, UNETE,
como central sindical alternativa y clasista, que terminó agrupando a todas las
federaciones y sindicatos descontentos con el liderazgo de la CTV.
A
partir de 2003, los trabajadores venezolanos recuperaron las empresas que se
encontraban paralizadas y exigieron la nacionalización/renacionalización de
industrias en manos del sector privado nacional o extranjero. Al mismo tiempo
la lucha obrera comenzó a ensayar formas novedosas de organización de la
actividad productiva mediante los consejos de trabajadores y el control obrero,
propuestas que encontraron eco en el gobierno bolivariano y terminaron
convirtiéndose en políticas de Estado (López 2017-a, 34-50).
El
control obrero que surgió como consigna de acción durante el paro patronal de
2002-2003, lanzó las consignas de “fábrica parada, fábrica ocupada” y de
“control por los trabajadores de la actividad productiva”, llevando a la
ocupación por sus trabajadores de numerosas empresas que habían parado su
actividad, como ocurrió en Venepal (Carabobo), Venezolana de Válvulas (Los
Teques), Textiles Fénix (Guárico), Perfumes Cristine-Carol (Caracas), y otras
(López y Hernández, 2016: 184-214).
A
partir de 2004, cuando Chávez ordenó la expropiación de Venepal, el control
obrero comenzó a ser considerado como política del estado venezolano. Aunque
fue solo en 2009, luego de la renacionalización de Sidor, cuando el control obrero
fue incluido como lineamiento principal de gobierno en lo que se conoció como
Plan Guayana Socialista (López y Hernández, 2016: 184-214).
El
Control Obrero tenía por objetivo lograr el ejercicio pleno de la democracia
participativa y protagónica por parte de los trabajadores, dentro y fuera de la
fábrica (Adarfio, 2011: 43-56). Esta experiencia de Control Obrero constituyó
un experimento en la batalla de los trabajadores por reemplazar al Estado
Burgués por un nuevo Estado de transición al socialismo, que no debía repetir
los errores fatales de la experiencia soviética (Carcione, 2010: 56-71).
Otra
experiencia novedosa de organización de los trabajadores fueron los Delegados
de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud Laboral (CSSL), cuya promoción
estuvo en manos del INPSASEL[xlv] , instituto adscrito al Ministerio del Trabajo. Su
expansión por todo el país y por diversas empresas e instituciones públicas y
privadas los convirtió en una herramienta organizativa casi tan generalizada
como los propios sindicatos. Los delegados de prevención han cumplido un papel
como defensores de los derechos de los trabajadores sobre todo en las pequeñas
empresas, donde no existen sindicatos (Lopez Sanchez, 2017-b).
Una de
las expresiones más relevantes del programa antineoliberal ejecutado durante el
gobierno de Chávez fueron las nacionalizaciones de diferentes empresas a lo
largo y ancho del país (Carcione, 2009):
- Febrero de
2007: Nacionalización de los campos petroleros operados en la Faja del
Orinoco por empresas trasnacionales de Estados Unidos, Reino Unido,
Francia y Noruega.
- Mayo de 2007:
Nacionalización de la compañía Electricidad de Caracas, creación de la
Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y estatización de las empresas
privadas regionales.
- Mayo de 2008:
Estatización de la CANTV, comprando las acciones de la empresa
estadounidense Verizon.
- Abril de 2008:
Renacionalización de la Siderúrgica del Orinoco[xlvi] (SIDOR), que era propiedad de la multinacional
italo-argentina Techint, empresa muy vinculada al gobierno de los
Kirchner.
- 2008: Chávez
ordena la nacionalización de las principales industrias cementeras del
país, que eran propiedad de la mexicana Cemex, de la suiza Holcin y la
francesa Lafarge.
- Mayo de 2009:
Nacionalización de las empresas briqueteras como MATESSI, y la fábrica de
tubos TAVSA.
- 2009:
Estatización de 76 empresas medianas que prestaban servicios a la
industria petrolera.
- 2009: El
presidente Chávez ordena la nacionalización de varias empresas de
alimentos como la procesadora de sardinas La Gaviota y Café Fama de
América.
- 2009:
Nacionalización del Banco de Venezuela, que era propiedad del grupo
español Santander.
- Años
2007-2009: Ocupación de tierras ociosas y estatización de numerosos
latifundios en varios estados del país.
Lo más
resaltante de este proceso lo constituyó la re-nacionalización de la
Siderúrgica del Orinoco, SIDOR, como resultado de una larga lucha de sus
trabajadores. SIDOR había sido privatizada en los 90 y entregada a un consorcio
privado argentino[xlvii]
(Giacalone, 2003: 53-87). Luego de quince meses de lucha de sus trabajadores,
la decisión del presidente Chávez de estatizar la empresa, fue el detonante
para que se fortaleciera el “Control Obrero” y se aprobara en 2009 el Plan
Guayana Socialista (Pérez Borges y otros, 2009: 23-51).
El Plan
Guayana Socialista (PGS) representó el punto culminante de los esfuerzos
realizados durante el gobierno de Hugo Chávez en asumir un camino que
desmontara las políticas neoliberales de las décadas anteriores y avanzara en
la definición de modelos productivos anticapitalistas (Comisión de
Sistematización, 2013).
Dicho
plan encontró desde un primer momento la resistencia y saboteo tanto de la
burocracia incrustada en las estructuras del estado (empresas básicas y
ministerios) como de los sindicatos (Pérez Borges, 2010: 63-97).[xlviii]. Ambos sectores reflejaban de alguna manera los
intereses de las grandes multinacionales del hierro y del aluminio que habían
sido afectadas por las nacionalizaciones y se proponían recuperar los negocios
que la revolución les había arrebatado (Carcione y Poliak, 2010: 57-62).
De
manera general, todas las empresas nacionalizadas pasaron a control del estado,
a través de diferentes ministerios. Aunque hubo propuestas e intentos de
establecer formas de cogestión mediante consejos de trabajadores, el gobierno
de Chávez terminó imponiendo una gestión estatal, designando presidentes,
gerentes y directores de cada una de las empresas expropiadas. Con casi todas
estas empresas expropiadas, el estado pagó a sus propietarios la respectiva
indemnización, como lo hizo con Agroisleña, con el Banco de Venezuela (Grupo
Santander), la CANTV (teléfonos), la electricidad de Caracas, Sidor, y la
mayoría de las empresas petroleras de servicios en el estado Zulia. En el caso
de las expropiaciones de tierras, el estado pagó algunas, las más grandes, y
dejó de pagar varias decenas de pequeñas expropiaciones[xlix]. La operatividad productiva de casi todas las
expropiaciones ejecutadas por Chávez, ha tenido un prolongado declive en estos
últimos 15 años. La casi totalidad de dichas empresas han generado pérdidas en
este período, algunas han dejado de funcionar, y otras se mantienen gracias al
subsidio del estado. Hoy, en 2024, el gobierno de Maduro se propone privatizar
alrededor de 350 empresas que siguen estando en manos del estado, como lo
anunció el presidente de Conindustria, Luigi Pisella[l].
Finalmente,
la enfermedad de Chávez a mediados de 2011 terminó de debilitar las fuerzas que
pugnaban por caminos alternativos al viejo recetario neoliberal y en el
trascurso del año 2012 el PGS comenzó a ser desmantelado y abandonado por los
ministerios y empresas involucradas. En ese desmantelamiento del PGS jugó un
papel estelar la FSBT (García Romero, 2011) (Rivero, 2010).
En mayo
de 2012 se aprobó una nueva Ley del Trabajo[li] (LOTTT), restituyendo los derechos conculcados en la
reforma de Caldera de 1997[lii] e incorporando nuevas reivindicaciones laborales y
políticas para la clase trabajadora (López, 2017-b). La aprobación de la nueva
LOTTT, quedó como un aporte jurídico destacado en la lucha de los trabajadores
contra el neoliberalismo y contra la explotación capitalista en general, según
la definición contemplada en su artículo 25, que dice: “El proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial superar
las formas de explotación capitalista” (López, 2017-a: 34-50).
Otro
punto destacado de lo ejecutado por Chávez fue la confrontación al Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto empujado por el gobierno de los
Estados Unidos y que terminó siendo derrotado en la IV Cumbre de las Américas
en Mar de Plata (noviembre de 2005), con la participación destacada de los
presidentes de los países del Mercosur[liii], que coincidieron con Chávez para rechazar la propuesta
estadounidense y asestar una derrota histórica a los intereses norteamericanos
que estaban allí presentes con George Bush y Condoleeza Rice (Karg y Lewitt,
2015).
El
período de gobierno de Hugo Chávez contribuyó a una mejora relativa del ingreso
de los trabajadores y de sus condiciones de vida, al introducir las misiones
sociales, concebidas como “salario social”. Programas de salud en los barrios,
construcción de viviendas populares, programas de alimentación escolar, ventas
a precios populares de vehículos y electrodomésticos, expansión del sistema
universitario público, expansión del sistema de pensiones a las amas de casa y
trabajadores no cotizantes, entre otros, permitieron mejorar las condiciones
generales de vida de la clase trabajadora. Todo esto a pesar de que los
salarios reales, aunque tuvieron períodos de aumento entre 1999-2001 y
2003-2006, en la primera década del chavismo (1999-2010) tuvieron un descenso
general del 20 % (Mateo Tomé, 2010: 43-57).
Es
necesario recalcar esta idea: en la segunda mitad del período de gobierno de
Chávez (2006-2012), los salarios reales iniciaron una caída, que se aceleró en
el gobierno de Nicolás Maduro, hasta prácticamente desaparecer (los salarios
tuvieron un descenso, en el gobierno de Maduro, superior al 95 %).[liv]
Si bien
el programa ejecutado por Chávez no fue, estrictamente, un programa socialista
ni comunista, su desempeño al frente del Estado implicó un giro de 180 grados
con relación a los anteriores gobiernos de Venezuela desde la Independencia.
Chávez
rompió radicalmente con la anterior subordinación ante el gobierno de los
Estados Unidos y se alejó del llamado Bloque Occidental (USA y la Unión
Europea), acercándose a potencias emergentes como China, Rusia, Irán y Turquía.
Se enfrentó a la tradicional hegemonía estadounidense en Latinoamérica,
cuestionando con fuerza a la Organización de Estados Americanos (OEA), y
promoviendo la creación de organismos de integración alternativos como la CELAC
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y ALBA (Alternativa
Bolivariana para los pueblos de América).
Mantuvo
un acercamiento permanente con el gobierno comunista de Fidel Castro en Cuba y
durante su mandato se produjo en todo el continente latinoamericano un ascenso
de las fuerzas de izquierda que se tradujo en los triunfos electorales de Lula
Da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff[lv] (2011-2016) en Brasil, Néstor Kirchner (2003.2007) y
Cristina Fernández (2007-2015) en Argentina, Rafael Correa en Ecuador
(2007-2017), Evo Morales en Bolivia (2006-2019), Tabaré Vazquez (2005-2010) y
Pepe Mujica (2010-2015) en Uruguay, Fernando Lugo[lvi] en Paraguay (2008-2012), Michelle Bachelet en Chile
(2006-2010), Daniel Ortega en Nicaragua (2007-2023), Mauricio Funes en El
Salvador (2009-2014), Manuel Zelaya[lvii] en Honduras (2006-2009) y Ollanta Humala en Perú
(2011-2016).
El
período de Chávez en la presidencia de Venezuela favoreció la modificación
radical de todo el panorama político latinoamericano. El discurso
antiimperialista, enfrentado al gobierno de los Estados Unidos y su tradicional
influencia en el continente, se fortaleció como nunca antes en la historia,
contribuyendo a identificar a Chávez y al chavismo como una fuerza política
“comunista”, aunque en sus definiciones y en su programa no lo fueran. En los
hechos, la acusación principal hacia Chávez no lo calificaba como “populista”,
sino como “comunista”. La influencia del chavismo por toda Latinoamérica resucitó
el discurso de la antigua “guerra fría” en boca de los voceros del gobierno de
los Estados Unidos y de sus fuerzas aliadas a lo largo y ancho del continente,
aunque esta ya hubiese fenecido en 1991 luego del derrumbe de la Unión
Soviética.
La
campaña levantada por el gobierno de los Estados Unidos contra Chávez y la
influencia del chavismo en el continente, implicó resucitar en pleno siglo XXI
la lucha contra la “expansión comunista” realizada en las décadas de 1960, 70 y
80.
Sin
embargo, debe quedar claro que Hugo Chávez nunca esbozó un programa económico
propiamente socialista. Las medidas por él ejecutadas se encuadran
perfectamente en un modelo keynesiano, de intervención del estado en la
economía. El socialismo estuvo siempre en los discursos, pero prácticamente
nunca en la ejecución real del gobierno. Las expropiaciones de empresas y de
tierras pudieron dar esa impresión de “gobierno socialista”, pero en la
realidad no pasaron de contribuir a conformar un relativamente poderoso
capitalismo de estado. Ya en el año 2009, en un evento donde 40 intelectuales
debatimos los problemas más visibles de la revolución bolivariana[lviii], alertábamos sobre el proceso de conformación de una
nueva burguesía “bolivariana”, surgida mediante la influencia del partido de gobierno
y de numerosos dirigentes de la revolución (gobernadores, alcaldes, diputados,
jefes militares), que les permitió apoderarse de numerosas empresas privadas,
que simplemente cambiaron de manos gracias al poder extorsivo de quienes
controlan el Estado[lix]. Buena parte de los grupos económicos denominados
“boliburgueses” (burguesía bolivariana) se constituyeron durante el período de
Hugo Chávez, como el de Raúl Gorrín (dueño del canal privado de TV Globovisión)
y Wilmer Ruperti (dueño de otro canal televisivo privado, empresario petrolero
y dueño de un equipo del béisbol profesional). Grandes desfalcadores del erario
público, como el teniente Alejandro Andrade (secretario privado de Chávez y
luego tesorero de la nación) y Claudia Díaz (enfermera de Chávez y luego
tesorera de la nación), que se fueron de Venezuela con cientos de millones de
dólares luego de morir Chávez, ha sido detenidos en Estados Unidos y confiscado
su capital en años recientes.
EL REGRESO AL PASADO NEOLIBERAL Y AUTORITARIO BAJO EL
GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO
La
muerte de Chávez en 2013 y la asunción de Nicolás Maduro (2013-2023) como
presidente significaron el abandono casi total de ese programa antineoliberal,
y el regreso progresivo de las mismas políticas económicas ejecutadas en la última
década del siglo XX. Maduro ha mantenido el mismo discurso radical de su
antecesor, y se presenta como un gobierno genuinamente “obrerista”[lx], “socialista”[lxi] y antiimperialista, que dice contar con el respaldo de
los sindicatos mayoritarios (López, 2012: 145-181). Sin embargo, ha ejecutado
un verdadero cambio de rumbo económico, abriendo las puertas a las políticas
neoliberales, en un marco de creciente autoritarismo (Alarcón, 2017); (Luna,
2019) (Vivas, 2019) (Sutherland, 2020).
La
realidad de la economía venezolana a más de diez años de gobierno de Nicolas
Maduro se ubica como el peor desempeño del mundo y uno de los cinco peores
resultados en la historia del capitalismo en los últimos setenta años (Straka,
2019) (Bermúdez, 2016) (Sutherland, 2018) (Vera, 2018). Una contracción de más
del 80% del PIB entre 2014 y 2020 (El País, 2023); cierre o paralización del 80
% de las fábricas existentes para 1999 (Ostos, 2019); un salario mínimo de 4
dólares mensuales y una canasta alimentaria de 511 dólares al mes (CENDAS-FVM,
2023); una sociedad que recibió un billón de dólares en el boom petrolero entre
2004-2008 y que sin haber pasado por una guerra tiene hoy una economía
totalmente destruida (Straka, 2019). Resaltando la ausencia de un plan
económico coherente, y la adopción de medidas que se contradicen entre sí y que
profundizan cada día el colapso de la economía venezolana (Sutherland, 2018).
El
fracaso de los proyectos de desarrollo endógeno debido a la mala gestión
estatal de las empresas nacionalizadas se combinó con la caída de los precios
del petróleo en la última década, generando una caída de la producción y el
incremento de la deuda externa para cubrir la financiación del aparato estatal
y las importaciones de manufacturas y alimentos. Estos son los antecedentes del
escenario de hiperinflación, sobreendeudamiento y caída de la producción
petrolera vivido entre 2017 y 2022 (Vera, 2018).
En esta
coyuntura, es importante no olvidar que esta crisis ha sido profundizada hasta
situaciones de colapso inducido por el bloqueo de activos y sanciones
económicas y financieras aplicadas por Estados Unidos y sus aliados
internacionales en el curso de 2017-2023 (Ayala, 2019).
El
proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) representa tal vez el más claro
ejemplo de propuesta económica neoliberal que entregó a diversas empresas
multinacionales la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros
minerales en un espacio de los Estados Bolívar y Amazonas de 112 mil kilómetros
cuadrados, equivalente al 12 % del territorio nacional (Lander, 2016). La
aprobación del AMO no cumplió la exigencia constitucional de consulta a las
comunidades indígenas que habitan en dicho territorio. El proyecto AMO
subordina las diferencias que puedan existir entre el Estado venezolano y las
empresas contratistas a los tribunales internacionales (CIADI), a pesar de las
disposiciones constitucionales expresas que rechazan toda intromisión de
tribunales extranjeros en la economía nacional[lxii]
(El Estímulo, 2016) (Aporrea, 2016). A semejanza de las regiones maquiladoras
del neoliberalismo tradicional, el AMO no reconoce la vigencia de los derechos
laborales contemplados en la Constitución y en la LOTTT en las zonas objeto de
concesiones mineras.
Como lo
plantea Edgardo Lander:
“el
gobierno venezolano está tomando en secreto decisiones de carácter estratégico
que podrían estar definiendo el futuro del país por el resto del siglo, sin
debate alguno en el seno de la sociedad. Mediante el decreto presidencial del
Arco Minero del Orinoco, se decidió la creación de una especie de zona franca
minera, bajo control militar, donde se suspenden preventivamente muchos de los
derechos constitucionales entre otros, los derechos de los pueblos indígenas.
Se ha llegado acuerdos con 130 o 150 empresas, sin que … tengamos idea de
cuáles son dichas empresas, y cuál es el contenido de dichos contratos”
(Lander, 2016).
En
materia de política salarial, el desempeño de los salarios durante el período
1999-2021 expresa una curva muy semejante al recorrido presentado en tiempos
del puntofijismo (1958-1999)[lxiii], de
ascenso en la primera mitad del período (1999-2007) y de caída en los años
siguientes (2008-2023). Con la diferencia de que la caída salarial de los
últimos años alcanza niveles no vistos en ninguna de las experiencias neoliberales
del continente, pues en comparación con los salarios reales de los años
2006-2007, el descenso alcanzaba hasta un 96% del mismo para 2020. (Sutherland,
2020).
La
Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV,
afirma que la caída del salario en el período 2001-2020 alcanza hasta el 99 %:
“En cuanto al monto en dólares de los sueldos
básicos, en enero de 2001 los profesores instructores TC[lxiv] ganaban el
equivalente a USD 903,43 y los titulares DE un monto de USD 2.659,63… Hoy todos
ganan alrededor del 1% de lo que ganaban entonces”. (FAPUV, 2020).
Este
abismal derrumbe de los salarios reales en un 99 %, es lo que explica la enorme
migración de más de siete millones de personas que han salido de Venezuela en
los últimos 10 años. El retroceso salarial de los trabajadores venezolanos es
tan pronunciado que el salario en tiempos de la gran huelga petrolera del año
1936, 5 bolívares de salario diario (equivalente a 1,57 $ diarios por jornada),
implica que en 2020 un trabajador en Venezuela recibía como salario mensual
casi el mismo monto[lxv] que un
trabajador petrolero ganaba en un solo día de trabajo, 84 años atrás (Biardeau,
2020).
El
gobierno de Maduro, con el memorando 2792 del ministerio del trabajo de octubre
de 2018 (La izquierda diario, 2018-a), desconoció todas las contrataciones
colectivas vigentes en la administración pública y en el sector privado,
barriendo en un solo acto las conquistas obreras que se habían logrado durante
el período de Hugo Chávez. Como afirma el dirigente sindical clasista Orlando
Chirino: “En las relaciones laborales de los últimos 30 años un gobierno no
había producido un instrumento jurídico tan reaccionario y antiobrero como el
memorándum 2792” (Chirino, 2019).
La
política del gobierno ha sido la de “aplanar” las tablas salariales,
estableciendo diferencias mínimas entre los salarios iniciales y las escalas
más altas de remuneración, violentando el principio constitucional de
progresividad en los derechos laborales, desconociendo la antigüedad, la
capacitación profesional y técnica, los grados de responsabilidad y la
meritocracia de los trabajadores (La Izquierda Diario, 2018-a).
En
semejanza a los programas neoliberales aplicados por los gobiernos de Carlos
Andrés Pérez y Rafael Caldera entre 1989 y 1999, podemos comprobar la ejecución
de los mismos por el gobierno de Nicolás Maduro:
v Liberación del control de cambio y libre flotación de la
moneda con respecto al dólar. Desde 2017 el bolívar se devalúa a ritmo de hiperinflación
(Efecto Cocuyo, 2023).
v Libre importación de alimentos y otros productos libres
de aranceles. Permisos de importación que se han otorgado a empresarios afines
al gobierno.
v Liberación de precios de los alimentos y demás productos
de la canasta básica. Cuando se establecen regulaciones de precios a una lista
específica de productos, el monto necesario para adquirir dicha lista supera en
más de 20 veces al salario mínimo oficial (Aporrea, 2020).
v Pulverización de los salarios reales, que en relación al
dólar se han reducido entre un 96 % y un 99 % en 20 años.
v Mantenimiento del IVA como un impuesto regresivo que
pecha a los consumidores.
v Procesos de privatización en ramas principales de
industrias como petróleo, hierro, aluminio, oro, diamantes, y en servicios como
la distribución de gasolina, que por ley se supone que está reservada al
estado. El precio “no regulado” de la gasolina lo determinó el gobierno en
0,50$ x litro, introduciendo al dólar como moneda de uso oficial en el país
(Vázquez Heredia, 2020).
v Entre 2015 y 2021, al menos 33 compañías propiedad del
Estado venezolano pasaron a ser administradas por el sector privado
(Transparencia Venezuela, 2021).
v Flexibilización laboral casi total, con el memorando 2792
que desconoce los derechos laborales consagrados en la propia Constitución y en
la LOTTT. (Ministerio del Trabajo, 2018). A lo que se une el “Instructivo
Onapre”, aprobado en marzo de 2022 por la Oficina Nacional de Presupuesto, que
volvió a desconocer las tablas salariales y demás beneficios laborales de las
contrataciones colectivas en toda la administración pública (Acceso a la
Justicia, 2022).
v Limitaciones de las políticas sociales denominadas
“misiones”, las cuales tienen mayor efectividad en la capital Caracas, y son
casi inexistentes en el resto de ciudades y pueblos (Transparencia, 2020). A
las misiones sociales se ha incorporado en los últimos años la entrega del CLAP[lxvi] y de
bonos a quienes poseen el “carnet de la patria” (Aula Abierta, 2018), entrega
que es de forma aleatoria e irregular[lxvii].
v De manera general, el gobierno de Maduro ha establecido
acuerdos principales con el empresariado tradicional, representado en
Fedecámaras. El nuevo presidente del gremio empresarial, Adán Celis, ha
manifestado que el diálogo con el gobierno es parte fundamental para alcanzar
la transformación de la economía y el desarrollo del país (Fedecámaras, 2023).
En ese marco, el gobierno asumió en mayo de 2023 la propuesta empresarial de no
aumentar salarios, pagando “bonos” que no repercuten en las prestaciones de
antigüedad y otros conceptos laborales como vacaciones y utilidades (Alcalá,
2023) (López Sánchez, 2023).
v Al mismo tiempo su gestión ha propiciado el crecimiento
de una nueva burguesía, identificada con el “proceso bolivariano”, integrada por
civiles y militares, a la cual se le denomina “boliburguesía”. Esta nueva clase dominante se soporta en una
economía “gris” que se ejecuta al margen de las leyes, desde valerse de barcos
fantasma para vender petróleo fuera del radar de EEUU, hasta abrir en
tiempo récord decenas de supermercados o concesionarios con coches de lujo.
Pero son unas nuevas elites que sólo consumen, no generan empleos ni
conocimiento (Nueva Sociedad, 2023).
Al mismo tiempo, el gobierno de Maduro ha desarrollado un
importante perfil autoritario, manifestado en:
·
El gobierno ha
suspendido la vigencia de la Constitución Nacional mediante la llamada “Ley
Antibloqueo”[lxviii]
(LAB), aprobada por la anticonstitucional Asamblea Constituyente (2017-2020),
la cual le permite al presidente de la República flexibilizar y suspender
regulaciones y normativas legales y constitucionales “para adelantar una
reorganización y reestructuración de los entes públicos y empresas del Estado,
incluyendo la modificación del régimen empresarial, modelo de negocios y la
participación accionaria del Estado en las empresas mixtas y públicas, en el
contexto de una política de apertura de la economía al capital nacional e
internacional (Márquez, 2021).
·
La LAB también faculta
al presidente para negociar los activos y pasivos de la República a fin de
generar ingresos, lo cual, dicho sin eufemismo, es una autorización abierta
para liquidar los activos de la República a través de un proceso de
privatización y de renegociación de los pasivos financieros. Todo ello, sin estar
sometido a los controles legales y constitucionales (Márquez, 2021).
·
La LAB establece
mecanismos excepcionales de contratación, un régimen de confidencialidad para
todas las decisiones económicas del ejecutivo, y somete las controversias con
inversionistas extranjeros a tribunales foráneos, todo lo cual viola
disposiciones expresas de la Constitución, anula todas las funciones
contraloras de la Asamblea Nacional y termina aboliendo el Estado de Derecho en
Venezuela (Márquez, 2021).
·
La Ley de Regionalización
(decreto-ley de 2014) y la Ley de Zonas Económicas Especiales (aprobada en
julio de 2022) apuntan a una reorganización del territorio de la República al
margen de la división territorial consagrada en la Constitución, con las
características de las “zonas de maquila” y enclaves extractivistas propios del
capitalismo salvaje neoliberal, cuyas características son la supresión de
impuestos, y la ausencia de regulaciones laborales y ambientales. En agosto de
2023, el presidente Maduro ha activado cuatro Zonas Económicas Especiales,
Paraguaná, La Guaira, Aragua y La Tortuga (Tal Cual, 2023).
·
La Ley “contra el odio”
que ha servido para encarcelar a decenas de activistas opositores por el sólo
hecho de realizar críticas a las acciones del gobierno (La Izquierda Diario,
2018-b) (Crónica Uno, 2020) (Provea, 2021).
·
La suspensión indefinida
de todas las elecciones sindicales y gremiales, el desconocimiento de las
federaciones mayoritarias de trabajadores, y la utilización de pequeñas
organizaciones sindicales afines al gobierno para simular una inexistente
“democracia obrera”. La Organización Internacional del Trabajo ha atendido a
denuncias de diferentes sindicatos y federaciones, en el sentido de que el
gobierno de Nicolás Maduro violenta el derecho de los trabajadores a la
libertad sindical, a la libre asociación, a la contratación colectiva y a la
participación tripartita en la fijación del salario mínimo nacional
(Acceso a la Justicia, 2021).
·
Las reiteradas
persecuciones y detenciones contra activistas obreros y directivos sindicales,
ejecutada en los últimos diez años por el gobierno de Maduro, ha alcanzado su
punto máximo con las recientes sentencias judiciales en donde se condena a 16
años de cárcel a seis activistas del movimiento de trabajadores[lxix] (DW, 2023). Con ello, el gobierno envía un duro mensaje
represivo a las constantes y masivas protestas laborales que en el último año
han sacudido todas las ciudades venezolanas.
·
La deriva autoritaria
del gobierno de Maduro se observa también en la reciente intervención judicial
del Partido Comunista de Venezuela, al cual el Tribunal Supremo de Justicia ha
decretado su intervención, destituyendo a su directiva electa democráticamente
en el último congreso del partido celebrado en diciembre de 2022, e imponiendo
una directiva de siete personas que no son militantes del PCV y que venían
actuando como activistas del partido de gobierno PSUV (Tal Cual, 2023)
CONSIDERACIONES FINALES.
Más
allá de los errores cometidos en lo político y económico durante su gestión, el
gobierno de Chávez realizó intentos significativos por trascender el
neoliberalismo y fomentar una economía productiva sobre bases de independencia
económica y participación popular. Durante la primera década del siglo XXI, en
Venezuela se escenificaron políticas de gobierno que pretendían dejar atrás el
rentismo petrolero y avanzar a una economía socialista.
Tras la
muerte de Chávez en 2013, el neoliberalismo y el autoritarismo ha regresado
bajo el gobierno de Nicolás Maduro, que, no obstante, presume ser todo lo
contrario. La economista Pascualina Curcio (2020), destacada defensora del
gobierno de Nicolás Maduro, reconoce cómo se ha modificado regresivamente la
distribución del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2014 y 2017[lxx]. Usando
un ejemplo didáctico, Curcio explica que en 2014 “la torta de la economía
venezolana”, repartida en 16 trozos, se distribuyó en 7 trozos para la
burguesía, 7 para los asalariados y 2 para el estado (Curcio 2020). En 2017,
con una torta un tercio más pequeña que la de 2014 (la economía se redujo,
según el BCV, 34% entre 2014 y 2017), a la burguesía le tocaron 10 trozos, a
los asalariados 5 y al estado 1 trozo. En términos de precios y salarios, entre
2014 y 2017 los precios aumentaron 10.013% y los salarios apenas 6.436% (Curcio,
2020). La misma Curcio reconoce que esa regresión distributiva del PIB se ha
acentuado aún más entre 2017 y 2023.
Algunas
consecuencias de estas políticas neoliberales las expuso la Plataforma
Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC, 2020):
“El reciente
estudio de Caritas, ‘Nutrición
infantil y seguridad alimentaria’ de abril 2020 (Caritas, 2020) detectó
que la desnutrición grave de los niños menores de cinco años creció, en apenas
6 meses, en un 5.78 %, al pasar de 11.5% en noviembre de 2019 a 17.3% en abril
de 2020. Otro hallazgo importante de esa investigación es que en ese mismo
período disminuyó en casi un tercio, el número de hogares con acceso a los
alimentos subsidiados por el Estado a través de las “cajas CLAP” de 73% a 41 %,
mientras su inseguridad alimentaria creció en los últimos seis meses de 32.2% a
40%, del cual el 21% sufre de inseguridad alimentaria grave. Al comparar éstas
cifras con las plasmadas en el informe del Programa Mundial de Alimentos de la
ONU (PMA), elaborado con la autorización del gobierno de Nicolás Maduro antes
de que se decretara la cuarentena (2019), se observa que hay una fuerte
aceleración de la desnutrición vinculada con el incremento de la pobreza y la
precarización social masiva Éstas son señales inequívocas que comienzan a
develar el rostro pavoroso de una hambruna en progreso”
El
gobierno de Nicolás Maduro[lxxi],
autodenominado antiimperialista, que de hecho enfrenta la intromisión del
gobierno de los Estados Unidos y de sus aliados de la Unión Europea en los asuntos
internos de Venezuela, injerencia que busca explícitamente la salida de Maduro
del poder y la asunción de un liderazgo político dócil a los intereses de las
grandes potencias occidentales, ha ejecutado de manera simultánea un plan
neoliberal de privatizaciones, flexibilización laboral y represión política
contra el pueblo que lucha.
En la
realidad de los hechos, Nicolás Maduro es un gobernante con un discurso
demagógico sumamente radical, que no concuerda para nada con una ejecución
autoritaria y neoliberal, de espaldas al pueblo y a los intereses del
desarrollo nacional.
Una
realidad compleja y contradictoria, que demuestra cómo los intereses del gran
capital multinacional no tienen fronteras ideológicas, y que el programa
económico neoliberal puede ser ejecutado por gobiernos que se declaran
formalmente enemigos de ese mismo neoliberalismo.


CAPÍTULO III
EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EN VENEZUELA DURANTE EL
PERÍODO BOLIVARIANO (1999-2024)
INTRODUCCIÓN
El presente análisis se
propone considerar el desempeño del movimiento de trabajadores en Venezuela
durante los 25 años del proceso político conocido como “revolución
bolivariana”, durante los períodos de gobierno de Hugo Chávez Frías (1999-2012)
y Nicolás Maduro Moros (2013-2024). Un período que implicó nuevas conquistas
legales en materia de derecho laboral, que presenció un renacimiento del
movimiento obrero y su protagonismo en los procesos de cambio que se
desarrollaron en la primera década del siglo XXI, y que ha involucionado hacia
las mismas políticas neoliberales de la década de 1990, ante las cuales el
movimiento de trabajadores, confundido y dividido por la modificación radical
del programa político y económico de la “revolución”, apenas en años recientes
ha comenzado un proceso de reorganización y lucha exigiendo respeto hacia los
derechos laborales y por el cese a las políticas represivas contra los
luchadores sociales.
EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES AL MOMENTO DEL TRIUNFO
ELECTORAL DE CHÁVEZ.
El movimiento de
trabajadores en Venezuela, al momento del triunfo electoral de Hugo Chávez en
diciembre de 1998, se encontraba sumamente debilitado por efecto de 40 años de
liderazgo socialdemócrata del partido Acción Democrática al frente de la mayor
central obrera del país, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV);
liderazgo caracterizado por la conciliación de clases como línea de acción, que
en la década inmediata anterior había
significado avalar los programas económicos neoliberales de los gobiernos de
Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-1999) (López Sánchez,
2018: 135).
Aunque la campaña
electoral de Chávez tuvo respaldo de pequeños núcleos sindicales clasistas que
aisladamente pervivían en el país, el grueso de federaciones y sindicatos
permanecían bajo la conducción de la CTV, sumamente burocratizada y
desprestigiada entre la masa obrera. Ante la ausencia de un referente
político-sindical alternativo, “el movimiento obrero venezolano existente para
1998 se encontraba totalmente entregado ante las políticas neoliberales, sin
ofrecer la menor resistencia, y en condiciones de debilidad política y
organizativa que lo ubicaban en posiciones claramente secundarias como actor
del sistema político imperante en Venezuela”. En ese contexto laboral se inició
el gobierno de Hugo Chávez en febrero de 1999 (López y Hernández, 2016-a: 41).
LOS DERECHOS LABORALES
CONSAGRADOS EN LA CRBV[lxxii] Y LA LOTTT[lxxiii]
Una característica
principal del período de gobierno de Hugo Chávez, fue la conquista de derechos
laborales consagrados en la constitución y las leyes. Primero en la Asamblea
Constituyente de 1999 y posteriormente en la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras aprobada en 2012.
En la nueva Constitución
aprobada el 15 de diciembre de 1999 se incorporaron una serie de conquistas
laborales significativas, que modificaron radicalmente la ejecutoria neoliberal
que había tenido el Estado venezolano durante la última década del siglo XX.
Estas conquistas provinieron de las iniciativas personales de algunos
constituyentistas, más que de un plan político previamente acordado en la
dirección del chavismo.
Los derechos de los
trabajadores consagrados en la Constitución Bolivariana de 1999 provienen
principalmente de una concepción ampliada del Estado de Bienestar surgido en el
siglo XX en las democracias liberales europeas y los Estados Unidos. Algunos de
esos derechos ya aparecían en la Constitución de 1961 y la de 1947. La
diferencia estriba en que fueron ratificados en un momento histórico en que el
capitalismo globalizado ya no defiende ni promueve esas conquistas obreras, y
que por el contrario predomina el modelo neoliberal, que consiste en el
desconocimiento y la restricción de esos mismos derechos.
Entre los derechos consagrados constitucionalmente en
1999 y que se relacionan directamente con el mundo del trabajo están:
·
El derecho de todo
ciudadano a la seguridad social como servicio público, y la obligación del
Estado de garantizarlo (artículo 86).
·
El derecho al trabajo y
la responsabilidad del Estado en fomentar y garantizar el empleo (art. 87).
·
La igualdad y equidad de
hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo, y el reconocimiento
del trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y
produce riqueza y bienestar social. El derecho de las amas de casa a la
seguridad social (art. 88)[lxxiv].
·
La progresividad de los
derechos laborales y su carácter irrenunciable (art. 89)[lxxv].
·
La reducción de la
jornada de trabajo diurna de 48 a 44 horas semanales (art. 90)[lxxvi].
·
La responsabilidad de
Estado en fijar el salario mínimo y de ajustarlo cada año de acuerdo con el
costo de la canasta básica (art. 91).
·
El derecho de los
trabajadores al pago de antigüedad (art. 92).
·
La garantía de la
estabilidad en el trabajo[lxxvii] (art. 93).
·
El derecho de los
trabajadores a conformar sindicatos y la autonomía de los mismos con respecto a
los patronos y el Estado (art. 95).
·
La democracia sindical
entendida mediante la alternabilidad de los directivos sindicales a través de
sufragios universales, directos y secretos (art. 95).
·
El derecho a la
contratación colectiva[lxxviii] (art. 96).
·
El derecho a huelga
(art. 97).
Si bien la consagración
constitucional de todos estos derechos no implicaba su ejecución efectiva,
podemos decir que en términos históricos y políticos estas conquistas logradas
en la Asamblea Constituyente fortalecieron el espíritu de lucha de los
trabajadores venezolanos, ampliaron significativamente sus derechos y su propia
conformación numérica (al considerar, por ejemplo, a las amas de casa como
trabajadoras).
No obstante, la
redacción de una nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT), mandato constitucional
que debía cumplirse al año de haberse instalado la nueva Asamblea Nacional
(disposición transitoria cuarta de la CRBV), no fue elaborada durante los
siguientes 13 años, y es solamente en 2012 que se procedió, mediante la Ley
Habilitante, a aprobar una nueva LOT.
Sin embargo, es
necesario resaltar el carácter progresista de estos derechos consagrados
constitucionalmente. Los mismos fueron ratificados luego de más de dos décadas
de aplicación descarnada de las políticas neoliberales en América Latina,
caracterizadas precisamente por su desconocimiento de conquistas laborales
históricas, y apenas dos años después de que el segundo gobierno de Rafael
Caldera (1994-1999) modificara en 1997 la Ley del Trabajo introduciendo
aspectos que vulneraban abiertamente los intereses de la clase trabajadora,
como la eliminación del cálculo retroactivo para el pago de las antigüedades y
la eliminación de la ley contra despidos injustificados.
La aprobación en mayo de
2012 de una nueva Ley Orgánica del Trabajo que no sólo restituyó los derechos
conculcados en 1997, sino que incorporó y profundizó nuevas reivindicaciones
laborales y políticas, y el masivo respaldo a dicha ley manifestado en la
movilización de miles de trabajadores el 1º de mayo de 2012, permitía hablar de
una nueva situación en la cual los trabajadores venezolanos comenzaban a jugar
un papel destacado en el sistema político del país.
La nueva LOTTT fue la
respuesta del gobierno bolivariano a un proceso continuado de protagonismo de
los trabajadores desarrollado como respuesta al paro patronal-petrolero
realizado por Fedecámaras[lxxix] y la CTV en 2002-2003. A partir de allí, los trabajadores
comenzaron a movilizarse ensayando nuevos escenarios de producción mediante la
recuperación de empresas paradas y exigiendo la
nacionalización/re-nacionalización de empresas en manos privadas, imponiendo
formas novedosas de organización de la actividad productiva mediante los
consejos de trabajadores y el control obrero, propuestas que encontraron eco en
el gobierno bolivariano y avanzaron a convertirse en políticas de Estado.
En la esfera de las
reivindicaciones económicas propias de las negociaciones entre trabajo
asalariado y capital, la Revolución Bolivariana profundizó derechos y
conquistas sin parangón en la vida política anterior del país. Comenzando por
la recuperación de lo perdido por los trabajadores en la Reforma de la LOT en
1997: el cálculo del pago de la prestación de antigüedad en base al último
salario, y el pago doble de prestaciones por despido injustificado. A la vez en
esta nueva LOTTT se ampliaron otros derechos como:
·
Inamovilidad de dos años
a la trabajadora después del parto.
·
Inamovilidad de dos años
al padre trabajador después del parto.
·
Descanso pre y
postnatal: 6 semanas antes del parto y 20 semanas después del parto.
·
Guarderías: Desde los 3
meses hasta los 6 años. Pago de matrícula y mensualidades por el patrono.
·
Jornada laboral de 5
días a la semana, dos días de descanso continuos y remunerados. Jornada diurna
de 8 horas diarias y 40 horas semanales (antes eran 44 horas semanales, y un
solo día de descanso oficial).
·
Nuevos días feriados:
Lunes y Martes de carnaval, 24 y 31 de diciembre.
·
Bono vacacional: 15 días
de salario normal más 1 día por cada año de servicio, hasta 30 días (antes eran
7 días de salario hasta 21).
·
Bono de fin de año: 30
días (antes eran 15 días).
·
Los reclamos por
prestaciones sociales prescribirán a los 10 años (antes era 1 año). El resto de
reclamos laborales prescriben a los 5 años (antes era 1 año).
·
Queda prohibida la
tercerización. En un lapso no mayor de 3 años los patronos se ajustarán a ella,
incorporando a la nómina a los trabajadores tercerizados (el plazo venció el 7
de mayo de 2015).
La definición
contemplada en el artículo 25 de la LOTTT, que dice: “El proceso social de
trabajo tiene como objetivo esencial superar las formas de explotación
capitalista”, constituyó un aspecto que además de novedoso fue radicalmente
avanzado con respecto a toda la anterior legislación laboral venezolana, la
cual, como ya dijimos, siempre se limitó a regular las formas de explotación
del trabajo asalariado por el capital.
Son una serie de
aspectos reivindicativos unos y políticos otros (en el sentido de propuesta de
transformación política y socio-económica), que reunidos constituyeron un
avance histórico formidable con relación a lo que venían siendo las conquistas
de los trabajadores venezolanos desde que comenzaron sus primeras formas de
organización en los albores del siglo XX.
CRISIS Y CAÍDA DE LA CTV
COMO CENTRAL HEGEMÓNICA EN VENEZUELA
La tradicional hegemonía
de la Confederación de Trabajadores de Venezuela fue desplazada completamente
en la primera década del proceso bolivariano. Aunque la CTV mantuvo su vigencia
en los primeros años del bolivarianismo, su participación tanto en el golpe de
estado de abril de 2002 como en la huelga patronal de 2002-2003 significó un
punto de inflexión a partir del cual los trabajadores abandonaron masivamente
los sindicatos afiliados a la CTV y procedieron a constituir nuevos sindicatos
denominados “bolivarianos”.
Luego de su
participación tanto en el golpe de abril como en el paro patronal de finales de
2002, la CTV entró en virtual colapso. Los sindicatos cetevistas se quedaron
vacíos de trabajadores, produciéndose una migración masiva de los mismos hacia
los nuevos sindicatos bolivarianos creados en los primeros años del gobierno de
Chávez. Esto no respondió a estrategia alguna del chavismo, fue simplemente un
proceso espontáneo en el cual los mismos trabajadores decidieron abandonar los
sindicatos y federaciones a los cuales habían estado afiliados por años y hasta
décadas, y constituir nuevos sindicatos que en la mayoría de los casos se
identificaron con el proceso bolivariano (en muchos casos la palabra
“bolivariano” estaba incluida en sus siglas).
Tan sólo en los años
2003 y 2004 el número de sindicatos reconocidos por el Ministerio del Trabajo
aumentó de 2.974 a unos 4.000. La CTV había perdido para 2012, el 90 % de los
trabajadores que tenían afiliados en 1998, según declaraciones del presidente
de la Comisión Electoral Permanente de la CTV, Daniel Santolo, del partido La
Causa R (Santolo, 2012).
Progresivamente la CTV
quedó como un “cascarón vacío”, según palabras de algunos de sus propios
dirigentes. La asistencia de los trabajadores a las marchas sindicales
convocadas el primero de mayo de 2012 fue prueba contundente de este proceso
político. Mientras la marcha convocada por la nueva Central de Trabajadores
“oficialista”, la CBST, reunió a unas 400.000 personas en Caracas, la marcha convocada
por la CTV en otro lugar de la capital no reunió más de mil trabajadores; una
tercera marcha en Caracas, convocada por varias tendencias de la UNETE, tampoco
logró reunir a más de mil asistentes. Esta asistencia a la marcha de la CBST se
produjo a pesar del malestar existente en el seno de los trabajadores y sus
organizaciones debido a las incongruencias presentes entre el discurso radical
y “obrerista” de Chávez y sus principales voceros gubernamentales, y la
ejecución contraria que se observaba en las instituciones del estado y el
propio ministerio del trabajo. Reflejo de que las esperanzas de cambio de la
masa trabajadora prevalecían, para ese momento, sobre las propuestas críticas.
NACIMIENTO DE LA UNETE Y
DE LA CBST
Luego del paro petrolero
de 2002-2003 se constituyó en Caracas la Unión Nacional de Trabajadores
(UNETE), central sindical cuyo nacimiento indicaba el fin de la era cetevista.
En asamblea nacional de trabajadores realizada en Caracas el 5 de abril de 2003,
se aprobó la constitución de la Unión Nacional de Trabajadores, fue designada
una Coordinación Nacional horizontal con 21 miembros, representativos de los
sindicatos y regiones fundamentales, elaborada un acta constitutiva y un cuerpo
de estatutos. Se otorgó el mandato a la coordinación nacional de la UNETE de
construir las estructuras nacionales y regionales de la nueva central.
El 1 y 2 de agosto de
2003 se realiza el 1er. Congreso de UNETE que aprueba la declaración de
principios, el código de ética sindical, la plataforma de lucha y un acuerdo
sobre la coyuntura del país. Se constituyeron las seccionales regionales de
UNETE en el país y se estructuraron los sectores nacionales. Igualmente se
discutieron las convenciones colectivas más importantes del país.
La UNETE representó al
movimiento de trabajadores venezolano ante la OIT y diversos escenarios
internacionales entre 2003 y 2011. Las diferencias entre las tendencias
bolivarianas que integraban la UNETE llevaron a que en 2006 la corriente de trabajadores
más ligada al oficialismo, la FSBT (Fuerza Socialista Bolivariana de
Trabajadores), abandonara esta central y comenzara esfuerzos para construir
otra central paralela. Las razones de fondo para este abandono eran bastante
simples: la FSBT era la tendencia más vinculada a Chávez, a través de su
fundador Nicolás Maduro, pero era bastante minoritaria dentro de la UNETE.
Destruían lo que no podían controlar. En el II Congreso de la UNETE en mayo de
2006, la FSBT apenas tenía un 10 % de los delegados nacionales, en contraste
con un 60 % de la tendencia CCURA[lxxx] (vinculada al trotskysmo), un 20 % de la tendencia CTR[lxxxi], liderada por Marcela Máspero, y un 10 % de otras
tendencias minoritarias[lxxxii] (Ultimas Noticias, 2006).
Los esfuerzos de la FSBT
por constituir una central de trabajadores paralela que diera al traste con la
UNETE se concretaron el 10 de noviembre de 2011, en el marco del llamado Primer
Encuentro de Trabajadores del Campo, la Ciudad y el Mar. Con la asistencia y el
pleno respaldo del presidente Hugo Chávez, y designando como presidente de la
nueva central al dirigente petrolero Will Rangel, se dio la conformación
definitiva de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), la que
logró agrupar a la casi totalidad de las federaciones sindicales de carácter
nacional ligadas al bolivarianismo.
El nacimiento de la
CBST, terminó de desplazar a la UNETE de la posición privilegiada que hasta ese
momento había ocupado como la principal central de trabajadores del país (esa
influencia de la UNETE se fue desmoronando entre 2006 y 2011). La directiva de
la CBST quedó constituida en 2011 por los siguientes dirigentes de distintas
ramas laborales: Will Rangel (sector petrolero y presidente de la CBST),
Franklin Rondón (sector público), Orlando Pérez (educación), Francisco
Torrealba (ferroviario), Braulio Álvarez (campesino), Eglée Sánchez (gráfico),
Octavio Solórzano (salud), Marcos Tulio Díaz (construcción), Carlos López
(sector universitario y coordinador nacional de la CBST), Julio Moreno (pescadores),
Rubén Linares (transporte pesado), Omar Acosta (sector público), Omar Mora
(Cantv y sectores conexos), Raúl Pinto (deporte), José Carrasco (empresas
recuperadas) y José Gil (empresas básicas).
A mediados de 2013, los
sindicatos afiliados a la UNETE, relacionados con la Corriente Sindical Cruz
Villegas (vinculada al Partido Comunista de Venezuela), entraron en
contradicciones con la Corriente CTR y se incorporaron también a la CBST. Con
ello, la UNETE quedó aún más debilitada, sólo con el grupo de Máspero, y se ha
mantenido hasta el presente como central de trabajadores muy minoritaria y sin
mayor capacidad de movilización.
Dentro de la CBST han
existido corrientes políticas con importantes diferencias sobre la forma de
concebir al movimiento de trabajadores y sobre sus formas de organización y
lucha. La hegemonía de la FSBT dentro de la central oficialista se ha
desarrollado bajo prácticas antidemocráticas, imponiendo posiciones políticas
sin ningún tipo de consultas a las bases de los trabajadores, lo que ha
generado con el tiempo progresivas rupturas y desprendimientos de federaciones,
sindicatos y dirigentes descontentos con esa ausencia de democracia sindical en
la CBST.
Hasta la actualidad,
agosto de 2023, la CBST todavía no realiza elecciones, y sus dirigentes siguen
siendo los mismos designados al constituirse como central en 2011.
RENACE LA COMBATIVIDAD
EN EL MOVIMIENTO OBRERO DURANTE EL PERÍODO DE CHÁVEZ
Uno de los cambios
suscitados en el movimiento de trabajadores venezolano fue su considerable
movilización y confrontación contra las políticas de corte neoliberal que
permanecían en la gestión del gobierno de Hugo Chávez. Un hecho resaltante fue
la movilización de los trabajadores de SIDOR[lxxxiii] por lograr la renacionalización de esta empresa,
privatizada en la década de los 90 en el marco de los paquetes neoliberales
aplicados por Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Luego de varios años de
masivos y violentos conflictos, en 2008 el gobierno de Chávez finalmente
accedió a nacionalizar a SIDOR, a pesar de los problemas internacionales que
esto traía debido a los acuerdos económicos existentes entre el gobierno
bolivariano y la república Argentina.
Esta nacionalización fue
un considerable y significativo triunfo de los trabajadores, el cual abrió paso
al posterior proceso por el Control Obrero que abarcó a todas las empresas
básicas de Guayana (el denominado Plan Guayana Socialista, aprobado en 2009)
(López Sánchez, 2008).
Otro ejemplo de
significación fue la promulgación definitiva de la nueva Ley del Trabajo, las
Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) en mayo de 2012; es de resaltar que, en
los años 2009, 2010 y 2011 se realizaron varias y masivas movilizaciones de
trabajadores exigiendo al gobierno la aprobación de la nueva ley (marchas
convocadas principalmente por la UNETE y por los promotores del Control
Obrero). Aunque el gobierno retardó por más de una década esta nueva ley del
trabajo, finalmente aceptó promulgarla, echando para atrás todas las medidas
neoliberales que promulgara Rafael Caldera en 1997 al reformar la LOT.
El movimiento de
trabajadores venezolano constituido a lo largo del proceso bolivariano, al
momento de la muerte de Chávez, expresaba signos de recuperación que
contrastaban con el anterior movimiento de trabajadores que en la década del 90
no pudo realizar jornadas de lucha para enfrentar las reformas laborales
neoliberales.
LOS DELEGADOS DE
PREVENCIÓN, EL CONTROL OBRERO Y LOS CONSEJOS DE TRABAJADORES
Durante el gobierno de
Chávez surgieron dos nuevas expresiones organizativas del movimiento de
trabajadores: los Delegados de Prevención, y los Consejos de Trabajadores. Los
primeros derivados de la reforma de la LOPCYMAT en 2005, y los segundos
contemplados en la nueva Ley del Trabajo de mayo de 2012 (LOTTT).
El control obrero surgió
como consigna de acción de los trabajadores venezolanos durante el paro
petrolero-patronal ocurrido en 2002-2003. Ante la paralización y el abandono
por los patronos de numerosas empresas, el movimiento obrero lanzó las
consignas de “fábrica parada, fábrica ocupada” y de “control por los
trabajadores de la actividad productiva”, lineamientos que comenzaron a
desarrollarse de manera espontánea, al producirse la ocupación por sus
trabajadores de numerosas empresas que habían parado su actividad, como ocurrió
en Venepal (Carabobo), Venezolana de Válvulas (Los Teques), Textiles Fénix
(Guárico), Perfumes Cristine-Carol (Caracas), y otras. Pero fue sólo a partir
de 2004, cuando el presidente Chávez ordenó la expropiación de Venepal, que el
control obrero comenzó a ser considerado como política del estado venezolano.
No obstante, no fue sino hasta 2009, luego de la renacionalización de Sidor
ocurrida en 2008, cuando el control obrero fue incluido como lineamiento
principal de gobierno en lo que se conoció como Plan Guayana Socialista (López
y Hernández, 2016-b: 197).
El impulso de esta
política de Control Obrero Socialista tenía por objetivo lograr el ejercicio
pleno de la democracia participativa y protagónica por parte de los
trabajadores, dentro y fuera de la fábrica. Como instrumento organizativo de
esta política se plantearon los Consejos de Trabajadores, para romper con la
división capitalista que agrupa por separado a los trabajadores en mecánicos,
electricistas, lubricadores, instrumentistas y operadores por gerencia, pasando
a la democracia directa que junte a la militancia revolucionaria en el debate y
la acción política (Adarfio, 2011: 52).
Para Carlos Carcione,
esta experiencia de Control Obrero (2003-2010) constituyó un experimento
colosal en la batalla de los trabajadores por reemplazar el actual Estado
Burgués por un nuevo Estado de transición al socialismo, que no debía repetir
los errores fatales de la experiencia soviética. La lucha de los trabajadores
por el control obrero generaría la convicción de que se hace necesario
construir un régimen político esencialmente diferente al actual, que acabe con
la propiedad privada de los medios de producción y las relaciones de producción
capitalistas, y liquide al viejo Estado Burgués para construir un nuevo Estado
de transición al Socialismo (Carcione, 2010: 70).
Aunque los Consejos de
Trabajadores no tuvieron existencia jurídica hasta mayo de 2012, los mismos
comenzaron a constituirse desde el 2003, como expresión de grupos de
trabajadores que deseaban mantener en funcionamiento empresas paradas por los
patronos durante el paro de 2002-2003, o empresas que habían sido abandonadas
por esos mismos patronos y que se encontraban sin actividad. Posteriormente,
los Consejos de Trabajadores comenzaron a ser promovidos desde el mismo Estado,
por el Ministerio del Trabajo y otros ministerios ligados a la administración
de fábricas recuperadas, aunque sin responder a una política única y coherente.
La nueva LOTTT de 2012 estableció que se elaboraría una ley especial para los
consejos de trabajadores, ley que fue aprobada en enero de 2018, modificando el
nombre a “ley de los consejos productivos de trabajadores”[lxxxiv].
Esta ley de consejos
productivos de trabajadores (CPT) aprobada en 2018 modificó considerablemente
los objetivos bajo los cuales nació el llamado “control obrero”, luego de la
derrota del paro patronal-laboral golpista de diciembre 2002-enero 2003. Los
CPT no los consideró la ley como una organización de todos los trabajadores de
la fábrica o empresa, sino que los redujo a un número de 3, 5 o máximo 7
personas. Es decir, de una práctica asamblearia que se practicó en numerosas
empresas como Sidor, Alcasa, Venepal, Venezolana de Válvulas y otras, se pasó a
designar, en “asamblea de trabajadores”, a un grupo muy reducido de personas
que asumen para sí las funciones que inicialmente se plantearon como potestad
de la asamblea de trabajadores misma. Es de resaltar que en empresas como Sidor
y Alcasa, las asambleas de trabajadores inspiradas en el control obrero,
realizadas en 2008-2009, fueron las que designaron a los trabajadores que
asumieron la dirección de estas grandes empresas del Estado.
Las funciones de los CPT
se redujeron, en la ley de 2018, a “fiscalizar los procesos de producción”, “a
informar al patrono de las recomendaciones propuestas”, y a “denunciar ante los
organismos competentes” las “acciones contrarias al sistema económico”
venezolano. De organismos asamblearios de control obrero, los CPT terminaron
siendo un pequeño comité de fiscalización que realizan propuestas y denuncias
ante los patronos y organismos del Estado, funciones que perfectamente pueden
cumplir, y en la práctica las han cumplido siempre, las mismas organizaciones
sindicales.
En el caso de los
Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud Laboral (CSSL), la
promoción de los mismos ha corrido por cuenta del INPSASEL[lxxxv], instituto adscrito al Ministerio del Trabajo, y su
expansión por todo el país y por diversas empresas e instituciones públicas y
privadas los convirtió, por un tiempo, en una herramienta organizativa casi tan
generalizada como los propios sindicatos.
Los Delegados de
Prevención fueron electos a través del Ministerio del Trabajo, durante un
período aproximado que va del año 2003 al 2010. Durante ese tiempo, el INPSASEL
contribuyó a fortalecer la organización de los trabajadores en las empresas
donde no existían sindicatos, o donde la actividad sindical era muy reducida.
En empresas grandes como Pequiven (Petroquímica) en el estado Zulia, llegaron a
elegirse hasta 90 delegados de prevención. También fueron electos delegados de
prevención y los CSSL en empresas del Estado donde existía una fuerte
organización sindical; en este caso, la orientación asumida tanto por el
ministerio del trabajo como por las tendencias clasistas de trabajadores, fue
la búsqueda de la complementariedad entre los sindicatos y los delegados de
prevención, aunque en muchas empresas del Estado y también privadas se
presentaron contradicciones entre las directivas sindicales y los comités de
seguridad y salud laboral.
Ya entrado el gobierno
de Nicolás Maduro, el ministerio del trabajo no le dio mayor continuidad a la
promoción de los delegados de prevención, muy probablemente porque eran
elegidos democráticamente en asamblea, por turno y por área de trabajo dentro
de la empresa, y representaban un colectivo de trabajadores con autonomía,
sustentada en las atribuciones que le confiere la Lopcymat (aún vigente), y por
tanto, de difícil control por parte de la burocracia del Estado. Hoy en día,
los delegados de prevención y los CSSL son una figura muy debilitada y casi
inexistente.
DEBILIDADES PRESENTES EN
EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES QUE SURGIÓ DURANTE EL GOBIERNO DE CHÁVEZ
La hegemonía en la CBST
de tendencias políticas que no respaldaban la autonomía sindical (ante el
Estado, ante los patronos y ante los partidos) y que en contrario promovían la
subordinación de las organizaciones obreras ante el Estado y el partido
dirigente, constituía un elemento negativo para el futuro del movimiento de
trabajadores, amenazando desviarlo hacia caminos burocráticos que repetirían la
experiencia de la vieja CTV
.
En general, permanecían para el 2013, en la nueva central
CBST, vicios y prácticas burocráticas que existían antes en la vieja CTV. Lo
más resaltante, la pérdida absoluta de autonomía y la subordinación total a las
directrices del poder ejecutivo; el discurso de los principales directivos de
la CBST era y sigue siendo muy similar al que realizan los funcionarios en
cargos patronales (directores de empresas e instituciones estatales).
EL VUELCO HACIA EL NEOLIBERALISMO DE NICOLÁS MADURO, Y EL
ACOMPAÑAMIENTO DE LA CBST A ESA NUEVA RUTA NEOLIBERAL DE LA “REVOLUCIÓN”.
A pesar de que el dirigente que asumió la conducción de
la “revolución” luego de la muerte de Chávez, Nicolás Maduro, proviene del
sector obrero y ha contado con el respaldo unánime de toda la dirigencia de la
Central de Trabajadores oficialista (la CBST), su gestión de gobierno, lejos de
favorecer a la clase trabajadora, asumió progresivamente un programa económico
de carácter neoliberal, combinado con una política antisindical de restricción
de los derechos laborales y de represión contra los dirigentes obreros que han
hecho resistencia a estas políticas (La Izquierda Diario, 2022).
Entre las principales medidas de flexibilización laboral
tomadas por el gobierno de Maduro, destacan:
·
El memorándum 2792 del
ministerio del trabajo, aprobado en 2018, que desconoció, con la excusa de las
sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos y países de Europa occidental
contra Venezuela, todas las contrataciones colectivas vigentes (Las Comadres
Púrpuras, 2019).
·
El denominado
“instructivo Onapre”, aprobado en 2022, que impidió que el aumento salarial
decretado por el gobierno en marzo de ese año, tuviera incidencia en las
escalas salariales de la administración pública de acuerdo a las contrataciones
colectivas que recientemente había firmado la misma CBST con el gobierno
(Acceso a la Justicia, 2022).
·
El aplanamiento de las
tablas salariales de la administración pública, reduciendo al mínimo las
diferencias salariales entre las primeras y las últimas escalas, dejando caer
los salarios hasta en un 96 % con relación al 2007, desconociendo la
antigüedad, la capacitación profesional y técnica, los grados de
responsabilidad y la meritocracia de los trabajadores (El Economista, 2023).
·
La bonificación del
salario, negando cualquier aumento del salario propiamente dicho, y limitándose
a otorgar bonos de alimentación y otros bonos no contabilizables para efecto de
pago de prestaciones sociales, bonos vacacionales y utilidades de fin de año.
Desde marzo de 2022, el gobierno mantiene un mismo salario mínimo de 130
bolívares mensuales, que al momento de ser aprobado equivalía a 30 $ y hoy
equivale a menos de 3 dólares mensuales, a pesar de que la inflación en el
tiempo trascurrido supera el 400 % (DW-a, 2023).
Entre las políticas económicas neoliberales ejecutadas
por el gobierno en la última década, destacan:
·
La creación de Zonas
Económicas Especiales, que constituyen espacios productivos en los cuales se
desconocen los derechos laborales, regulaciones ambientales y supresión de
impuestos. Siendo la principal de ellas, el Arco Minero del Orinoco, creado en
2016, que ocupa el 12 % del territorio nacional, y que fue aprobado y ha
funcionado violando numerosas disposiciones de la Constitución nacional (OEPV,
2022).
·
La libre flotación
(devaluación) de la moneda. Liberación de precios de productos de primera
necesidad (antes regulados). Libre importación de bienes que tradicionalmente
eran producidos en el país (favoreciendo una burguesía importadora ligada al
gobierno y perjudicando a los productores nacionales). Mantenimiento del IVA
como impuesto regresivo que termina pagando el pueblo trabajador. Privatización
de numerosas empresas propiedad del Estado, muchas de las cuales que habían
sido estatizadas y nacionalizadas en el período de Chávez (López Sánchez,
2022).
Entre las políticas represivas contra los sindicatos y
dirigentes laborales que han enfrentado este giro neoliberal del gobierno de
Maduro, destacan:
·
Las recientes sentencias
judiciales en donde se condena a 16 años de cárcel a seis activistas del
movimiento de trabajadores[lxxxvi] (DW-b, 2023). Con ello, el gobierno envía un duro
mensaje represivo a las constantes y masivas protestas laborales que en el
último año han sacudido todas las ciudades venezolanas.
·
La detención por la
inteligencia militar de dos dirigentes sindicales de SIDOR, Leonardo Azócar y
Daniel Romero, por estar encabezando las protestas laborales que se han
suscitado en la siderúrgica desde los primeros meses de 2023 (Efecto Cocuyo,
2023). En el mismo estado Bolívar, la contrainteligencia militar también
mantiene detenido a Bladimir Tremaria, presidente del Frente Unido de
Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (FUTSEB) y trabajador del sector
construcción, por encabezar varias jornadas de protesta laboral exigiendo
mejores condiciones salariales y de trabajo (NTA, 2023).
·
En enero de 2024, fue
detenido Víctor Venegas, presidente del sindicato magisterial Fenatev, en el
Estado Barinas. Hasta marzo de 2024, el profesor Venegas continúa detenido,
acusado de participar supuestamente en una conspiración para derrocar al
gobierno[lxxxvii]. La detención de Venegas se produjo en la misma semana
en que se produjeron masivas manifestaciones de maestros en Barinas y en otros
estados del país. En el mes de marzo, el profesor Venegas fue liberado, con
medidas cautelares[lxxxviii].
·
En los años posteriores
a Chávez (falleció en 2013), el gobierno ha impedido, mediante sentencias del
Tribunal Supremo de Justicia, la realización de elecciones sindicales en las
principales federaciones y empresas (como la Federación Petrolera –FUTPV-, y
SUTISS, el sindicato de Sidor).
Ante toda esta política de flexibilización laboral que
impone el gobierno de Maduro, y ante las medidas represivas que los cuerpos
policiales vienen tomando contra los principales dirigentes obreros (donde
destaca la calificación de “actividades terroristas” y el uso de tribunales
antiterroristas para juzgar a los líderes obreros), la central de trabajadores
oficialistas, CBST, ha convalidado las políticas gubernamentales, justificando
tanto el programa de flexibilización laboral, con la excusa de las sanciones
impuestas por el imperialismo estadounidense, como la represión contra los
líderes sindicales (PSUV, 2023).
LOS TRABAJADORES SE ORGANIZAN Y LUCHAN CONTRA LA POLÍTICA
NEOLIBERAL DE NICOLÁS MADURO
El 18 de marzo de 2023, 170 delegados y representantes de
sindicatos, federaciones y movimientos de trabajadores, de 17 estados de
Venezuela, se reunieron en Caracas y constituyeron el Comité Nacional de
Conflicto de los Trabajadores en Lucha (CNC-TL), con el objetivo de aglutinar
todas las movilizaciones y conflictos de las regiones en una sola lucha, para
recuperar todos los derechos laborales, sociales, económicos y civiles
conculcados por el gobierno neoliberal de Nicolás Maduro (Aporrea, 2023).
El CNC-TL constituye un
esfuerzo de organización nacional que busca unificar las masivas protestas que
los trabajadores venezolanos han venido protagonizando en el último año,
exigiendo de manera principal un salario digno, acorde a lo establecido en el
artículo 91 de la Constitución, pues el salario mínimo vigente hoy día es menor
a los cinco (5) dólares mensuales, representando el salario más bajo de
Latinoamérica y uno de los más bajos del mundo. Actualmente el CNC-TL se ha
extendido a todos los estados de Venezuela y se encuentra en proceso de
consolidar su organización en las principales ciudades del país, al calor de
las movilizaciones y jornadas de lucha por salarios dignos, respeto a las leyes
laborales y cese a la represión gubernamental.
En un contexto de
profunda corrupción en los altos niveles de la administración pública,
reconocidos por el propio gobierno ante las constantes detenciones judiciales
de ministros, presidentes de empresas públicas, diputados y oficiales
militares, Nicolás Maduro se ha escudado en las sanciones económicas que el
gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto contra
Venezuela, para justificar su programa neoliberal y de manera específica su
política de destrucción del salario.
Reconociendo que dichas
sanciones constituyen una intromisión inaceptable de potencias extranjeras en
los asuntos internos de Venezuela, los trabajadores afirman a la vez que dichas
sanciones no repercuten en la élite gobernante, sino que afectan directamente
al pueblo venezolano. Considera la CNC-TL que estas sanciones no son la causa
principal de la “flexibilización” de las relaciones laborales que aplica el
gobierno de Maduro. La crisis en nuestra industria petrolera obedece
principalmente a la gran corrupción que impera en el alto gobierno, como se
demuestra con los procesos judiciales contra casi todos los directivos de
PDVSA, que han ocurrido en años recientes.
El trabajo asalariado en
Venezuela se ubica hoy en niveles prácticos de esclavitud, pues los
trabajadores no obtienen por su trabajo una remuneración que les permita cubrir
los gastos mínimos de subsistencia de ellos y sus familias (en agosto de 2023,
una familia necesita 118 salarios mínimos para cubrir gastos de alimentos). La
política laboral de Maduro, de esclavitud asalariada, ha generado una enorme
migración de jóvenes y de trabajadores especializados que, junto a sus
familias, huyen del país buscando mejores condiciones de trabajo. Más de siete
(7) millones de venezolanos han emigrado, porque en Venezuela sienten que no
pueden sobrevivir con los salarios y las condiciones laborales existentes.
Ante esta grave y brutal
realidad, la conformación del CNC-TL constituye un paso adelante en el
fortalecimiento de las luchas laborales que, desde el año 2022, se vienen
suscitando en todos los rincones del país. En lo inmediato, la CNC-TL se ha
propuesto la convocatoria de un Congreso Nacional de Trabajadores, que
profundice la organización y el debate al interior del movimiento obrero
venezolano, avanzando a definir un programa de luchas que contribuya a
enfrentar a un gobierno totalmente intransigente, que a pesar de obtener
importantes ingresos en divisas provenientes de la explotación de petróleo,
oro, coltán, bauxita, carbón, litio y diamantes (ingresos que no son de
conocimiento público, amparados en leyes anticonstitucionales como la llamada
“ley antibloqueo”, que en la práctica suspende la vigencia de la CRBV y otorga
poderes extra constitucionales al ejecutivo para dirigir la economía del país),
se niega a reconocer la necesidad de un salario digno y de condiciones dignas
de trabajo para el pueblo venezolano, y que responde con la represión ante las
numerosas movilizaciones laborales en todo el país.
La Coordinación Nacional del Comité Nacional de Conflicto-Trabajadores
en Lucha, quedó integrada inicialmente por: Raquel Figueroa (CNProfesores),
Gregorio Afonso (APUCV), Pedro Eusse (CUTV), Eduardo Sánchez (SINATRA/UCV),
José Bodas (FUTPV), José Basanta (SITRALUMINA Bolívar), Ana Rosario Contreras
(Col. Enfermería DC), Carmen Teresa Márquez (FVM), Servando Carbone (UNETE),
Dick Guanique (FADESS), Pedro García (ASOCEJUPRC), José Teixeira (FENATEV),
Gricelda Sánchez (FORDISI), Ana Yánez (UNETE), Edgar Silva (Comité Pensionados
del IVSS), Ketha Stephany (FAPUV), Yanny González (Col. Enfermería Barinas),
José Jiménez (AEUC Carabobo), Oswaldo Méndez (Corpoelec Lara), Nelson Álvarez
(APUNELLARG Guárico), Alí Gavidia (Sindicato CANTV Mérida), Luisa Rada
(SITRAENSEÑANZA DC Caracas), Argelia Castillo (Central ASI), Ofelia Rivera
(UDSE Caracas), Juan Carlos Calderón (USB La Guaira), Ronald Rodríguez
(SITRAIUT Sucre), Pedro Moreno (DDHH CTV), Orlando Chirinos (CCURA), Jorge
Tovar (FETRASINED Monagas), Carlos Timaure (CTL Miranda), Nairobi Ávila
(Coalición Magisterio Yaracuy), Jesús León (SOLUZ Zulia), Ángel Castillo
(Colectivo 2 de Junio Caracas), Freddy Lucena (CTL Aragua), Manuel Vásquez (CTL
Aragua), Arturo Gómez (Trab. del Campo Guárico), Wolfang Acosta (SUNEP
Amazonas), Thony Navas (Sirtrasalud Caracas), Jhonny Magdaleno (Fetracarabobo),
Islenis Pulido (FETRASINED), Raul Ordóñez (Zulia), Juan Contreras (Sindicato
Minero), José María Bastidas (Comité Conflicto Padres y representantes
Trujillo), José Luis Sánchez (UDO Sucre), Alex Sánchez (SUTICEZ Zulia), Juan
Gutiérrez (Palabra Obrera), Albert Villarroel (ATAUNEG Guárico), Edgar Pérez
(CAIT), Luis Bastardo (UPTOS Sucre), Emilio Losada (FENAJUPV), Jenny Silva
(Sindicato Obreros Alcaldía Caracas) y otros que posteriormente han sido
designados.
ALGUNAS CONCLUSIONES
Durante el período de
gobierno de Hugo Chávez (1999-2012) se generó un proceso de organización,
movilización, lucha y reflexión teórica del movimiento de trabajadores
venezolano, destacando la voluntad de sectores de la clase decididos a
transitar los caminos de profundas transformaciones políticas, económicas,
sociales y culturales, afirmando que su norte era la construcción de un nuevo
modelo productivo socialista que acabara con la explotación del trabajo
asalariado por el capital y sentara las bases de una verdadera justicia social.
Pero ese horizonte de
cambios fue abruptamente eliminado con la gestión neoliberal del gobierno de
Nicolás Maduro. Todas las conquistas laborales del período de Chávez fueron
borradas del mapa en el gobierno de Maduro. Junto a eso, la conducta de los dirigentes
de la CBST en el marco de la profunda crisis económica desatada en los últimos
años (2013-2023), al tratar de contener las luchas obreras y respaldar
políticas laborales neoliberales como la bonificación del salario y la
represión contra las protestas obreras, los ha deslegitimado como
representantes de los trabajadores.
Si bien se puede hacer
un balance histórico bastante positivo sobre el desarrollo del movimiento de
trabajadores durante el período de gobierno de Chávez, la poca consolidación
organizativa y teórico-política del movimiento obrero, unido al giro neoliberal
que dio la dirigencia del PSUV en la última década, impidieron la permanencia
de las importantes conquistas laborales logradas en ese período, a la vez que
han dificultado el desarrollo mismo de las organizaciones de trabajadores
siguiendo los parámetros de democracia participativa y de lucha anticapitalista
que se delinearon durante el proceso chavista.
Hoy en 2024, la lucha de la clase trabajadora venezolana
es a la vez la lucha de todos los trabajadores del mundo contra la exacerbación
de la explotación capitalista que impone el neoliberalismo, aunque se disfrace
de “gobierno obrerista y socialista”.
Maracaibo, 12 de diciembre de 2024.
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[i] Roberto López Sánchez. Doctor en Ciencia Política y
Magister en Historia. Profesor titular de la Universidad del Zulia (Maracaibo,
Venezuela). Dicta clases en la Licenciatura de Antropología, entre otras
materias: Historia de Venezuela, Historia de América; Poder y Movimientos
Sociales; Culturas Afroamericanas. Ha publicado (entre otras): Historia
Descolonizada de América (2023); El proceso bolivariano en
Venezuela: ¿Socialismo, populismo o neoliberalismo? (2023); Movimientos
sociales, organizaciones indígenas y partidos progresistas en las crisis
políticas de Ecuador, Bolivia y Perú (2023); El proceso chavista: un análisis
histórico comparativo (2023); La civilización Caral y sus implicaciones. Una nueva historia de
América y del mundo (2019); Las
selvas antropogénicas de los indígenas amazónicos (2020); Un nuevo debate sobre
la América indígena. ¿se puede seguir llamando nuevo mundo? (2019); El movimiento de trabajadores en Venezuela durante la revolución
bolivariana: 1999-2012 (2017); La industria petrolera en Venezuela: relaciones de
trabajo y conciencia de clase: 1914-2015. (2016); Trayectoria del
movimiento de trabajadores en un siglo de historia de Venezuela (2016); El protagonismo popular en la historia de Venezuela (2015); La lucha de clases en
el siglo XXI. Los nuevos movimientos sociales en Latinoamérica 1989-2015 (2015); Venezuela ante la globalización, la crisis mundial y los retos de
su desarrollo (2012); Movimiento estudiantil y proceso político venezolano,
1958-1989 (2007). Correo: cruzcarrillo2001@yahoo.com.
[ii] Partido Socialista
Unido de Venezuela. PSUV.
[iii] Versión actualizada
de la publicación original en la revista Debates por la Historia. Vol. XI. N°
1. Enero-junio 2023. Pp. 47-84. https://doi.org/10.54167/debates-por-la-historia.v11i1.1055 Universidad Autónoma
de Chihuahua. ISSN-e: 2594-2956. Para descargar PDF: https://vocero.uach.mx/index.php/debates-por-la-historia/article/view/1055
[iv] Periodos de gobierno
de Hugo Chávez (1999-2012) y Nicolás Maduro (2012-2024).
[v] En alusión a la obra
de Francisco Herrera Luque, “Los cuatro reyes de la baraja”, publicada en 1991,
que hace referencia a cuatro principales líderes o caudillos de la historia
republicana venezolana: José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente
Gómez y Rómulo Betancourt. Cuando fue escrito el libro, Hugo Chávez aún no era
figura pública, y fue sólo en 1999 cuando se inició su primer período de
gobierno.
[vi] Nuestra perspectiva de considerar a la Guerra de Independencia en su
faceta de Revolución Social, la desarrollamos de manera más extensa en el
trabajo: “La insurgencia popular en la independencia
venezolana”. Cuadernos
Latinoamericanos. Año 21, nº 37. Enero-junio 2010. http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/cuadernos/article/view/16131
[vii] Idea
expresada en su libro “Cesarismo Democrático”. Esa conceptualización de “guerra
civil” no formó parte de los textos de enseñanza de la Historia de Venezuela en
la escuela primaria y secundaria a lo largo del siglo XX, ni era considerada
hasta hace una década en las aulas universitarias. El libro Cesarismo
Democrático es muy conocido por su tesis del “gendarme necesario”. La tesis de
la “guerra civil” es apenas mencionada en la historiografía tradicional. La
idea del gendarme necesario consiste en que Vallenilla, al reconocer que la
independencia quebró completamente la estructura social de dominación colonial,
valoró la figura de José Antonio Páez como el “gendarme” que logró recomponer
al orden social y dominar las fuerzas populares de pardos y esclavos desatadas
durante la independencia. Ese papel de gendarme necesario también lo habría
cumplido Juan Vicente Gómez, para quien trabajó Vallenilla. Los rasgos
principales de esos “gendarmes necesarios” era que fueran militares que,
proviniendo de la misma revolución social desatada, tuvieran de esa manera la
autoridad necesaria para detener la igualación social en desarrollo (en otras
palabras, que traicionaran a la propia causa de la cual provenían).
[viii] Los
historiadores (como Arturo Cardozo y Federico Brito Figueroa) coinciden en que
los Pardos constituían aproximadamente el 50 % de la población de la Capitanía
General de Venezuela (Cardozo, 1987: 193). Las cifras aportadas por Humboldt, que
visitó Venezuela para 1800, apuntan en esa misma dirección (Brito Figueroa,
1985: 226). La población esclava se ubicaría en aproximadamente un 15 %. Y los
grupos indígenas sobrevivientes constituirían otro 15 % (con la característica
de que estos grupos indígenas sobrevivían en la periferia de la Capitanía
General, sin mayor vinculación socioeconómica ni política con la sociedad
colonial implantada). Sobre un total de población alrededor del millón de
personas, los blancos criollos serían otro 15 % (destacando que sólo una
fracción minoritaria de esos blancos criollos eran poseedores de tierras y de
esclavos; el resto lo denominaban “blancos de orilla”), y los blancos
peninsulares ocuparían el 5 % restante. Numerosos mandos del ejército de Boves
eran pardos o antiguos esclavos. Todos ellos fueron destituidos a partir de 1815
cuando el mariscal Pablo Morillo desembarcó en Venezuela con un ejército
profesional de 10.000 soldados españoles y 75 barcos.
[ix] El
término de Pardo abarcaba a todos los grupos derivados de la mezcla entre
europeos, indígenas y africanos. Se construyó toda una división social que
acuñó términos como “Mestizos” (producto de la mezcla entre europeos e
indígenas), Mulatos (mezcla entre africanos y europeos) y Zambos (mezcla de
indígenas y africanos), y otros términos subderivados (como cuarterones,
ochavones, salto atrás y otros). La sociedad colonial restringía la
intervención política y social de los pardos. No podían integrar los cabildos.
Tampoco podían estudiar en las universidades ni ejercer profesiones liberales
como medicina y derecho. Tenían su puesto secundario en las iglesias a la hora
de la misa. Y por supuesto, no podían usar mantas las mujeres pardas. De allí
el término mantuano: nobleza de manta (Cardozo, 1987, 194).
[x] Boves era de origen asturiano, radicado en Venezuela como comerciante
desde inicios del siglo XIX.
[xi] Un
estudio magistral de esta epopeya de Boves está contenido en el libro “La
revolución popular de 1814”, de Juan Uslar Pietri.
[xii] En
las filas patriotas destacaron notables jefes militares provenientes del
estamento “pardo”, como el general Manuel Carlos Piar (conductor y héroe de las
batallas de El Juncal, 1816, y San Félix, 1817, que consolidaron la liberación
del oriente de Venezuela); y el Almirante José Prudencio Padilla (conductor y
héroe de la batalla naval del Lago de Maracaibo,1823, que culminó la liberación
de todo el territorio venezolano). Ambos jefes militares fueron fusilados
posteriormente por participar en supuestas conspiraciones contra la jefatura de
Simón Bolívar. Al respecto puede consultarse el reciente libro de Amílcar
Figueroa: “Piar: La contradictoria
lectura de la historia”.
[xiii] Páez
era “blanco de orilla”, no poseía bienes de fortuna, ni la “limpieza de sangre”
que reclamaba la clase mantuana.
[xiv] “…resolví separarme y poner en
práctica la resolución que había tomado en Mérida de irme a los llanos de
Casanare, para ver si desde allí podía emprender operaciones contra Venezuela,
apoderándome del territorio del Apure y de los mismos hombres que habían
destruido a los patriotas bajo las órdenes de Boves, Ceballos y Yáñez. Todos …
creían que era poco menos que delirio, pues no veían posibilidad ninguna de que
los llaneros, que tan entusiastas se habían mostrado en la lucha contra los
patriotas, cambiasen de opinión y se decidiesen a defender la causa de estos”
(Páez, 1878: 57).
[xv]
Sobre este tema ha escrito importantes obras Germán Carrera Damas, como “La
disputa de la Independencia” (1995).
[xvi]
Cuando Páez sale de la presidencia en 1863 ya tiene 73 años. En cierta forma
era también un relevo generacional.
[xvii] A
los miembros del partido Acción Democrática (AD), se les denomina “adecos”.
[xviii]
Líderes estudiantiles que en años posteriores fundaron los partidos Acción
Democrática, Unión Republicana Democrática y Partido Comunista de Venezuela.
Entre ellos estaban Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Andrés Eloy Blanco (Acción
Democrática); Jóvito Villalba (URD); Juan Bautista Fuenmayor, Rodolfo Quintero
y Kotepa Delgado (PCV).
[xix] Las
siglas COPEI significaban originalmente Comité de Organización Política
Electoral Independiente; Partido de tendencia socialcristiana. Las siglas URD
derivaban del partido Unión Republicana Democrática.
[xx] Al
período histórico entre 1958 y 1998 se le denomina “puntofijismo”, por ser
resultante de esa alianza política entre los partidos AD, COPEI y URD, que se
reunieron en 1958 en la casa de habitación de Rafael Caldera (principal líder
de COPEI). Dicha casa se llamaba “Punto Fijo”.
[xxi]
Compañías como la New York and Bermúdez Company y el Cable Francés, expropiadas
por Castro, financiaron a la “Revolución Libertadora”, en 1902-1903.
[xxii] El
cuarto presidente andino, también tachirense y militar, Isaías Medina Angarita,
pertenecía a una segunda generación de los andinos en el poder.
[xxiii] El
cual gana las elecciones presidenciales de diciembre de 1958, con su candidato
y líder fundamental Rómulo Betancourt. Las elecciones fueron convocadas luego
del derrocamiento de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en enero de
1958.
[xxiv] En
Venezuela se denomina “organización aluvional” a las fuerzas políticas que
surgen sin mayor planificación previa, constituidas por individuos y grupos
provenientes de diferentes y hasta antagónicas experiencias de organización
política.
[xxv] En
realidad, fueron muy pocos los activistas o cuadros de la izquierda que se
incorporaron al movimiento de Chávez. Muchos de ellos como Nicolás Maduro y
Elías Jaua, apenas habían sido militantes medios de sus respectivas
organizaciones, sin mayor experiencia en la conducción política de un partido
revolucionario. Otros como Luis Miquelena si tenía una larga experiencia, pero
a la vez tenía como 30 años apartado de la política.
[xxvi]
Insurrección del Cuartel San Carlos, en Caracas, encabezada por el capitán
Rafael Alvarado, en la cual participaron líderes estudiantiles como Rómulo
Betancourt y Jóvito Villalba (incluso estos últimos con fusiles en mano). La
insurrección fue controlada en un acto de audacia por el ministro de guerra y
marina, Eleazar López Contreras, quien a pecho descubierto ingresó al cuartel
insurrecto y logró su rendición. Gómez se encontraba en su residencia en
Maracay.
[xxvii] Hay
que destacar que el partido Acción Democrática, bajo los gobiernos de Rómulo
Betancourt (1959-1964) y de Raúl Leoni (1964-1969), ejecutaron una violenta
represión contra sus propios excompañeros de partido del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), que se habían dividido de AD al comienzo de la década.
Esa represión incluyó persecuciones, detenciones, torturas, exilios y
asesinatos contra sus antiguos camaradas de partido.
[xxviii] El
libro de la historiadora y activista revolucionaria Elia Oliveros Espinoza, “La
lucha social y la lucha armada en Venezuela”, realiza una cronología detallada
de la represión política entre 1958 y 1973. Una obra poco conocida pero única
por su valioso contenido como memoria de la lucha popular y la represión
política en ese período de nuestra historia.
[xxix] El 13 de
marzo de 1987, un estudiante de la Universidad de los Andes fue asesinado
mientras celebraba su graduación, cuando ingresó al jardín de una vivienda
privada y el propietario le disparó. A partir de ese día, estallaron violentas
manifestaciones estudiantiles en toda la ciudad de Mérida, que se extendieron
de inmediato a todas las universidades del país, desatándose un ciclo general
de protestas que estremeció al gobierno de turno (de Jaime Lusinchi, del
partido Acción Democrática) y sólo se vinieron aplacando en diciembre del mismo
año 87, pero que, de manera general, revitalizó la protesta social nacionalmente,
y revivió al movimiento estudiantil, el cual tendría un lustro de intensas
movilizaciones de calle, que se empalmaron con el alzamiento militar del 4 de
febrero de 1992. Un análisis más extenso de este proceso lo hemos realizado en:
LOS MOVIMIENTOS
ESTUDIANTILES EN VENEZUELA, 1958-1990. http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/view/152
[xxx] El
gobierno reconoció oficialmente cerca de 280 fallecidos durante el Caracazo,
pero la cifra de muertos podría superar el millar, según los analistas de la
época (Colmenarez, 1989). Un análisis sobre El Caracazo lo hemos realizado en: EL PROTAGONISMO POPULAR EN LA HISTORIA DE
VENEZUELA. http://robertolopezsanchez.blogspot.com/2015/01/el-protagonismo-popular-en-la-historia.html
[xxxi]
Bloque dominante integrado por las cúpulas de los partidos AD y Copei, el alto
mando militar, la jerarquía de la Iglesia Católica, el empresariado reunido en
Fedecámaras, la dirigencia obrera de la CTV (Confederación de Trabajadores de
Venezuela) y los grandes medios de comunicación.
[xxxii]
Aunque en las elecciones presidenciales de 1993, la candidatura de Andrés
Velásquez por el partido Causa R obtuvo aparentemente una mayor votación a la
que oficialmente registró el organismo electoral, votos escamoteados por
irregularidades denunciadas en ese momento.
[xxxiii]
Comparable tal vez con la revolución andina, cuyas definiciones y conformación
también era difusa.
[xxxiv] Maduro fue activista sindical del Metro de Caracas, empresa en la cual
trabajó como chofer de autobuses en la década de los 80. En la disputa
escenificada al interior de las fuerzas sindicales chavistas a partir del 2003,
se impuso la tendencia FBT (Fuerza Bolivariana de Trabajadores), gracias al
gran respaldo dado por Chávez a su principal dirigente Nicolás Maduro. La
conformación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) en
noviembre de 2011 se realizó bajo control casi total de la FBT, siendo desplazadas
completamente las tendencias más radicales.
[xxxv] Maduro hizo una primera militancia en el partido Liga Socialista,
organización marxista-leninista que existió desde la década de los 70 hasta su
integración en el PSUV cuando este último fue conformado por Chávez en 2007. La
Liga Socialista envió a Maduro a Cuba en algún momento de la década de los 80,
para “formarse políticamente”.
[xxxvi] La
férrea dictadura de Gómez, una vez muerto el dictador, dio paso a los gobiernos
aperturistas de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita. La democracia
de Punto Fijo pasó por períodos de fuerte represión (Betancourt, Leoni, Caldera
I, CAP I y II, Lusinchi), antes de finalizar con el relativamente tranquilo
gobierno de Caldera II.
[xxxvii] Actualización de un capítulo de libro publicado en: Mariana
Mastrángelo, Ronaldo Munck, Pablo Pozzi, editores. Populismo: Una
perspectiva latinoamericana. Buenos Aires: CLACSO, mayo de 2023. Pp.
167-190. ISBN 978-987-813-488-8. https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=2796&c=5
[xxxviii] El 4 de
febrero y el 27 de noviembre de 1992.
[xxxix] Carlos Andrés Pérez
fue destituido por el parlamento en mayo de 1993.
[xl] Bloque de poder
integrado por los partidos Acción Democrática (AD) y Copei, el alto mando
militar, la cúpula empresarial agrupada en Fedecámaras, la jerarquía
eclesiástica, los grandes medios de comunicación y la burocracia sindical de la
CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela). La conformación de este
bloque de poder es considerada por los historiadores a partir del Pacto de
Punto Fijo, firmado en octubre de 1958 por los partidos AD, Copei y URD. Los
gobiernos entre 1959 y 1999 son denominados gobiernos “puntofijistas”.
[xli] El plan económico
neoliberal aplicado por Caldera a partir de 1996 fue denominado
“Agenda Venezuela”.
[xlii] Autodenominado
“movimiento militar bolivariano”, Chávez siempre postuló al pensamiento de
Simón Bolívar como el fundamento ideológico de su propuesta programática. De
allí su postura anti-imperialista y nacionalista, considerando que Bolívar
derrotó y expulsó de Suramérica al Imperio Español, y fue el fundador de lo que
hoy son seis naciones del continente (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y Panamá).
[xliii] En el gobierno de
Caldera se privatizaron la Siderúrgica del Orinoco, la Compañía Nacional de
Teléfonos CANTV, la empresa aérea Aeropostal, y se vendieron al sector privado
los bancos que habían quebrado y se encontraban bajo control del estado desde
la profunda crisis bancaria de 1994.
[xliv] En los principales países capitalistas occidentales los
derechos laborales no tienen rango constitucional, sino que aparecen en leyes y
normativas específicas. Venezuela fue uno de los primeros países, luego de
México (Constitución de Querétaro, 1917), en refrendar constitucionalmente los
derechos fundamentales de la clase trabajadora, con la Constitución surgida de
la Asamblea Constituyente de 1947.
[xlv] Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, adscrito al Ministerio del
Trabajo.
[xlvi] Había sido privatizada durante el segundo gobierno de
Rafael Caldera, en la década de 1990.
[xlvii]
Sidor
fue subastada en diciembre de 1997 y otorgada en concesión al Consorcio
Amazonia, donde era mayoría el Grupo Techint de Argentina. Otras empresas
participantes en el consorcio: Siderar (Argentina), Tamsa (México), Hylsa
(México), Sivensa (Venezuela) y Usiminas (Brasil)
[xlviii] La corriente sindical
más alineada con la burocracia gubernamental ha sido a todo lo largo del
período Chávez-Maduro la denominada FSBT o FBT (Fuerza Socialista Bolivariana
de Trabajadores), que reproduce las mismas prácticas de la vieja CTV y del Buró
Sindical de Acción Democrática.
[xlix] Datos aportados por Andrés Izarra, ministro de comunicación del
presidente Chávez.
[l] https://www.bancaynegocios.com/gobierno-ofrece-350-empresas-publicas-al-capital-privado-nacional-para-que-invierta-y-asuma-su-gestion/
[li] Ley Orgánica del
Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, LOTTT.
[lii] El punto
principal, que había sido elemento central del discurso programático de Chávez
durante la campaña electoral de 1998, fue la restitución del cálculo
retroactivo para el pago de antigüedades (pago de las prestaciones sociales en
base al último salario). Además, se restableció la indemnización doble en caso
de despido injustificado.
[liii] Néstor Kirchner, Lula
Da Silva y Tabaré Vásquez.
[liv] Se
puede ver la evolución de los salarios en el período anterior al chavismo
(1958-1998), en el cuadro N°1 y en el período chavista (1999-2024), en el
cuadro N° 2, insertos al final de este capítulo.
[lv] Destituida por el
Poder Legislativo en su segundo mandato presidencial.
[lvi] Destituido
por el Poder Legislativo en 2012.
[lvii] Derrocado por un
golpe militar en 2009.
[lviii] En el seminario “Intelectuales, democracia y socialismo”, realizado
en el mes de junio de 2009 en el Centro Internacional Miranda, en Caracas.
[lix] Revista Comuna. N° 0. Intelectuales, democracia y socialismo.
Recopilación de 31 intervenciones y 23 artículos referidos al seminariio de
debate realizado en el Centro Internacional Miranda. Junio de 2009.
[lx] Maduro fue
activista sindical del Metro de Caracas, empresa en la cual trabajó como chofer
de autobuses en la década de los 80. En la disputa escenificada al interior de
las fuerza sindicales chavistas a partir del 2003, se impuso la tendencia FBT,
gracias al gran respaldo dado por Chávez a su principal dirigente Nicolás
Maduro. La conformación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores
(CBST) en noviembre de 2011 se realizó bajo control casi total de la FSBT,
siendo desplazadas completamente las tendencias más radicales.
[lxi] Maduro hizo
una primera militancia en el partido Liga Socialista, organización
marxista-leninista que existió desde la década de los 70 hasta su integración
en el PSUV cuando este último fue conformado por Chávez en 2007. La Liga
Socialista envió a Maduro a Cuba en algún momento de la década de los 80, para
formarse políticamente.
[lxii] Durante la
campaña electoral de 1998, Chávez enfatizó en que esas cláusulas presentes en
los contratos de la apertura petrolera (permitir que las diferencias fueran
arbitradas en tribunales extranjeros) eran equivalentes a un acto de traición a
la patria. Chávez desconoció la concesión realizada por el gobierno de Caldera
a la empresa minera canadiense Gold Reserve, y rechazó pagar la indemnización
dictada por el CIADI cuando dicha empresa recurrió a dicho tribunal. Maduro,
actuando a la inversa, contrató de nuevo con la Gold Reserve y pagó la
indemnización que Chávez había desconocido.
[lxiii] Con la
diferencia que el primer período fue de 40 años aproximadamente y el proceso
chavista-madurista apenas ha recorrido un poco más de 20 años.
[lxiv] TC: Tiempo Completo.
DE: Dedicación Exclusiva. Profesores Instructores: Nivel de ingreso en el
escalafón universitario. Profesores Titulares: Máximo escalafón universitario.
[lxv] El salario mínimo en
Venezuela estaba al 4 de julio de 2020, en 400.000 Bs. mensuales. Al cambio
oficial de 202.000 bolívares por dólar, equivale a 1,98 dólares de ingreso mensual. Para marzo de 2022, el salario
mínimo era de 7 bolívares mensuales, equivalente a 1,59 dólares mensuales. En
agosto de 2023, el salario mínimo es de 130 bolívares mensuales, equivalentes a
4,12 $.
[lxvi] Caja de alimentos que
provee el gobierno a trabajadores y familias a través de los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción.
[lxvii] En ciudades
principales de la provincia los CLAP llegan una o dos veces por año. Los bonos
que se reparten a través del carnet de la patria no tienen regularidad en su
entrega ni tienen montos fijos. No aportan ningún tipo de estabilidad a las
familias trabajadoras. Generalmente su monto oscila entre dos y cuatro (2-4)
dólares.
[lxviii] La justificación para
aprobar esta ley han sido las sanciones económicas impuestas por el gobierno de
los Estados Unidos contra Venezuela.
[lxix] Los sentenciados a
pagar 16 años de cárcel son los trabajadores Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor
Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, todos activistas sindicales y
militantes de partidos opositores.
[lxx] Llega hasta 2017 por
ser el último año en que el Banco Central de Venezuela (BCV) ha publicado
estadísticas.
[lxxi].Antiimperialista con
relación a Occidente. Al mismo tiempo el gobierno de Maduro se ha alineado con
el Bloque “Oriental” conformado principalmente por China y Rusia, que en
términos económicos no está distanciado de la filosofía neoliberal y por el
contrario algunos analistas como Hernández Parra (2020) señalan a China como el
nuevo modelo que inspira al Fondo Monetario Internacional.
[lxxii] Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
[lxxiii] Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
[lxxiv]
Los derechos consagrados en
este artículo fortalecen un concepto ampliado de “clase trabajadora”. Por una
parte, se otorga a la mujer un papel equitativo en el derecho a obtener empleo,
y por la otra se considera a las amas de casa como “trabajadoras”.
[lxxv] Todas las reformas laborales
promovidas por el Fondo Monetario Internacional en América Latina desde finales
de los 70 tienden a restringir los derechos laborales, lo que implica la
renuncia a muchas conquistas que se mantuvieron vigentes por décadas. Esta
misma restricción de los derechos laborales es la que se aplica actualmente en
los países de la Unión Europea, en Inglaterra y en los Estados Unidos. El
actual gobierno de Maduro ha desconocido todos estos avances legales, aplicando
una flexibilización laboral en el mismo estilo de las recetas
fondomonetaristas.
[lxxvi] La reforma laboral
europea de la última década busca el aumento de la jornada de trabajo en varios
países (por ejemplo, en 30 minutos diarios en Portugal).
[lxxvii] La reforma laboral española y
griega ejecutada en 2012 implicó facilitar y abaratar los despidos.
[lxxviii]
Las reformas neoliberales
tienden al desconocimiento de las contrataciones colectivas, al debilitamiento
de las organizaciones sindicales, y al fomento del contrato individual entre
trabajador y patrono, rompiendo con la fuerza negociadora que la clase
trabajadora acumuló de sus experiencias de lucha durante los siglos XIX y XX.
[lxxix] Federación de Cámaras
Empresariales, principal gremio patronal de Venezuela.
[lxxx] Corriente Clasista,
Unitaria, Revolucionaria y Autónoma. Liderada principalmente por Orlando
Chirinos y Stalin Pérez Borges (para ese año 2006). Pérez Borges posteriormente
contribuyó a conformar la corriente Marea Socialista.
[lxxxi] Colectivo de
Trabajadores en Revolución.
[lxxxii] Estuvimos presentes
en ese congreso, como integrante de CCURA, para ese entonces.
[lxxxiii] Siderúrgica del Orinoco.
[lxxxiv] https://www.nortonrosefulbright.com/-/media/files/nrf/nrfweb/imported/la---ley-constitucional-de-los-consejos-productivos-de-trabajadores.pdf?la=es-es
[lxxxv] Instituto Nacional de
Prevención, Salud y Seguridad Laborales.
[lxxxvi] Los sentenciados a
pagar 16 años de cárcel son los trabajadores Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor
Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, todos activistas sindicales y
militantes de partidos opositores. Estos trabajadores detenidos fueron
liberados en diciembre de 2023, producto de los acuerdos de Barbados entre el
gobierno de Maduro y sectores de la oposición.
[lxxxvii] https://elpitazo.net/los-llanos/barinas-victor-venegas-lider-sindical-detenido-29-anos-al-servicio-del-magisterio/
[lxxxviii]
https://talcualdigital.com/excarcelan-al-sindicalista-victor-venegas-tras-casi-dos-meses-detenido/
