miércoles, 8 de abril de 2026

 

 

 

 

EL QUINTO REY DE LA BARAJA

UNA CRÍTICA HISTÓRICA DEL CHAVISMO

 

Roberto López Sánchez[i]

Universidad del Zulia. Venezuela.

 

INTRODUCCIÓN

En 1991, el escritor venezolano Francisco Herrera Luque publicó la muy conocida obra “Los cuatro reyes de la baraja”, en su estilo muy propio de historia novelada, pero que hace justicia a la realidad de los cuatro grandes procesos de cambio sociopolítico que había vivido la Venezuela republicana hasta ese momento, cada uno de esos procesos encabezado por un caudillo cuyo liderazgo impactó en toda la nación y arropó los acontecimientos de la vida política venezolana aproximadamente durante cuatro décadas, en cada caso.

José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez y Rómulo Betancourt fueron esos cuatro caudillos caracterizados por Herrera Luque. Cuando se publicó dicha obra, aún el teniente coronel Hugo Chávez no había aparecido en la palestra pública. Lo haría en 1992, a partir de la insurrección militar del 4 de febrero. El proceso histórico que ha trascurrido hasta el presente, en julio de 2024, coloca, sin lugar a dudas, a Hugo Chávez como el quinto gran caudillo que ha tenido la sociedad venezolana, pues su influencia en la política nacional se ha extendido incluso después de su fallecimiento en 2013.

Chávez sería entonces el quinto rey de la baraja, y tanto su obra como su programa político formalmente siguen inspirando a los gobernantes actuales, al partido por él constituido[ii], y a importantes sectores de la fuerza armada nacional.

Nos proponemos aquí intentar un análisis crítico del fenómeno chavista, a casi 26 años de su existencia en el poder, y a 33 años de haber aparecido en la escena pública nacional. En el primer capítulo exponemos un análisis comparativo del chavismo con los anteriores cuatro procesos históricos de cambio sociopolítico. El segundo capítulo también es un análisis comparativo, entre el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) y el actual gobierno de Nicolás Maduro (2013-2024), enfatizando la modificación programática sustancial que se ha suscitado, del modelo progresista y nacionalista de Chávez, que conjugaba medidas de corte keynesiano con medidas pretendidamente socialistas (como las expropiaciones y el poder comunal), al modelo abiertamente neoliberal y autoritario que ejecuta Maduro. El tercer capítulo aborda el estudio del movimiento de trabajadores entre 1999 y 2024, influenciado igualmente por el cambio radical de programa político que ha tenido el chavismo gobernante, luego de la muerte del caudillo.

Nuestra perspectiva intenta demostrar que el fenómeno chavista no sólo no es ajeno a la experiencia histórica de la Venezuela post-independentista, sino que, por el contrario, responde fielmente a los mismos fenómenos caudillistas que se presentaron a partir de 1821, los cuales han marcado de manera determinante el transcurrir de los últimos dos siglos. Chávez no fue un rayo en cielo despejado. Más bien, consideramos que Chávez representó el nuevo programa revolucionario que buscaba sustituir al agotado liderazgo anterior, de la misma forma que en su momento lo hicieron los federalistas, los andinos y los demócratas que le antecedieron.

Los cinco reyes de la baraja, incluyendo aquí el desempeño de las fuerzas políticas que se identificaron con cada uno de los cinco caudillos, tuvieron un período inicial de ascenso en su hegemonía sobre el país, y un período de declive, con características particulares en cada caso, pero que condujo inexorablemente a su sustitución por un “nuevo proceso revolucionario”.

De una manera que consideramos circunstancial, cada período anterior al del chavismo, tuvo una duración aproximada en el poder entre 35 y 45 años. Por supuesto, que haya ocurrido antes cuatro veces, no significa que el chavismo tendrá un mismo destino y una duración similar en el tiempo. Pero es indudable que hoy en Venezuela asistimos al declive absoluto del programa chavista original, y aunque ello no implique necesariamente que el PSUV vaya a ser desplazado del poder en un lapso relativamente corto, si es cierto que están configurándose nuevos programas políticos, no como reminiscencia del período adeco-copeyano, sino de cara al futuro, planteando nuevas transformaciones que quedaron inconclusas en todas las revoluciones anteriores. A eso apostamos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I

 

EL PROCESO CHAVISTA: UN ANÁLISIS HISTÓRICO COMPARATIVO[iii]

 

El objetivo de este capítulo es exponer un análisis comparativo entre lo que ha sido el período de gobierno de lo que llamaremos “Chavismo”[iv] y el proceso histórico venezolano a partir de la independencia. Durante siglos, los científicos sociales han intentado establecer regularidades y diferencias en los procesos históricos de las distintas culturas y los distintos espacios geográficos. John Stuart Mill (citado por Maier, 1993: 12) distingue “el método de la diferencia”, que busca establecer las variables diversas en situaciones semejantes, que explicarían los aspectos diferentes en los procesos históricos estudiados, y el “método de la concordancia”, que busca distinguir aspectos comunes en contextos diferentes, que son capaces de provocar fenómenos paralelos.

Como ejemplo del primero, Maier menciona el estudio comparativo que realizó Alexis de Tocqueville sobre el desarrollo de la democracia en los Estados Unidos y en Francia. Como representantes del segundo método, sus más destacados representantes serían Carlos Marx y Max Weber, entre los que buscaron una explicación del desarrollo histórico y una descripción sociológica general (Maier, 1993).

Marx dice en las primeras líneas de su obra “El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como comedia” (Marx, 1951). Aquí Marx compara la figura de Napoleón Bonaparte (la tragedia) con la de su sobrino Luis Bonaparte (la comedia). Este análisis comparativo sobre distintos personajes (y sus circunstancias) que se presentan a través del tiempo en un mismo proceso histórico nacional, es el que hemos desarrollado en este ensayo.

Aunque uno de los objetivos de la historiografía comparada es descubrir regularidades o reglas de desarrollo, no pretendemos concluir en una visión cíclica de la historia venezolana, como tampoco consideramos que el proceso nacional se haya realizado de manera desvinculada de los acontecimientos continentales y mundiales, como advierte el historiador británico John Elliot al cuestionar los estudios históricos exclusivamente nacionales (citado por Caballero Escorcia, 2015).

La historia de Venezuela tiene, no obstante, sus especificidades, y no considerarlas al momento de explicar los acontecimientos suscitados en las tres últimas décadas puede conducir a conclusiones erróneas o a explicaciones insuficientes sobre el actual proceso “Chavista” o “Bolivariano”. Pretendemos aquí aportar en ese estudio comparativo de nuestra historia.

 

LOS CINCO REYES DE LA BARAJA[v]

 

La historia republicana de Venezuela ha tenido cinco grandes procesos de transformación sociopolítica, que la distinguen cualitativamente del resto de países del continente americano. Estos procesos de transformación sociopolítica serían:

 

1.    La propia Guerra de Independencia, como revolución social[vi], y el subsiguiente período hegemónico de los generales de la independencia: 1824-1863. En el cual José Antonio Páez ocupa el lugar más destacado.

 

2.    La Guerra Federal (1859-1863) y el subsiguiente período hegemónico de los generales federalistas: 1863-1899. En el cual Antonio Guzmán Blanco fungió como líder principal.

 

3.    La Revolución Andina, y el subsiguiente período hegemónico de los andinos en el poder: 1899-1945. En dónde la figura central es la de Juan Vicente Gómez.

 

4.    La denominada Revolución Democrática, y el subsiguiente período hegemónico de los partidos democráticos constituidos a partir de la “Generación del 28”: 1945-1948 y 1958-1999. En el cual Rómulo Betancourt destaca como el liderazgo fundamental.

 

5.    La llamada “Revolución Chavista” o “Bolivariana”, y el período hegemónico entre 1999 y el presente (2024). En la cual resalta la figura de Hugo Chávez como líder fundamental.

Estos cinco procesos no se desarrollaron de manera lineal. Tuvieron sus respectivas crisis, y a lo largo de ellos se manifestaron derrocamientos y posteriores regresos al poder. Sin embargo, consideramos que esos períodos o intervalos donde otras fracciones políticas ocuparon el poder no constituyen impedimento significativo para diferenciar los mencionados cinco grandes procesos de cambio sociopolítico.

LA QUIEBRA DE LA ESTRUCTURA DE DOMINACIÓN COLONIAL DURANTE LA INDEPENDENCIA

La causa fundamental de que nuestra historia republicana se haya desarrollado de esta forma se encuentra en la Revolución Social que caracterizó los primeros cinco años de la Guerra de Independencia. Como es sabido, esa primera etapa de la independencia fue una “Guerra Civil”, como bien lo caracterizó Laureano Vallenilla Lanz en 1911[vii].

Esta guerra civil, que enfrentó a dos grandes ejércitos de venezolanos, ocurrió por dos razones fundamentales:

1)    La clase social que declaró la independencia fueron los denominados “Mantuanos”, blancos criollos terratenientes-esclavistas, cuya expresión de influencia política eran los Cabildos. Esa declaración de independencia en 1810-1811 no incluía ningún tipo de “alianza de clase” con el grupo social mayoritario[viii], los llamados Pardos[ix], y la prueba principal de la exclusión de ellos del proyecto de independencia que se intentó entre 1810 y 1814 es que en el Congreso Constituyente de 1811 no había ningún representante de los pardos, pese a que constituían el grupo social ampliamente mayoritario. El proyecto de independencia contenido en la Constitución de 1811 tampoco incluía la libertad de los esclavos. Básicamente el objetivo de los mantuanos era aniquilar el dominio español y darle continuidad al sistema productivo esclavista agroexportador que había sido implantado por España tres siglos antes.

2)    Los representantes del imperio español en Venezuela, estando plenamente conscientes del punto anterior, agitaron y movilizaron a la población de pardos y de esclavos para que combatieran contra sus opresores directos, los blancos criollos terratenientes y esclavistas. El éxito de esta política española condujo a la derrota de la Primera República (1811-1812) y de la Segunda República (1813-1814). La principal expresión triunfante de esta sabia estrategia española fue el ejército de llaneros y esclavos que al mando de José Tomás Boves[x] pulverizó a las fuerzas patriotas encabezadas por Simón Bolívar entre 1813 y 1814[xi]. La guerra social que encabezó Boves se expresó en el aniquilamiento físico y expropiación territorial de la clase mantuana terrateniente-esclavista en las regiones en las cuales se manifestó la guerra (principalmente la zona llanera central y oriental, y la zona norte costera central y oriental). Según observadores de la época, los españoles en el ejército de Boves constituían el 0,5 %, y el resto eran principalmente pardos y esclavos venezolanos (Uslar, 1962: 97).

LOS RASGOS DEMOCRÁTICOS E IGUALITARIOS QUE SE INTRODUJERON DESDE LA INDEPENDENCIA

Las consecuencias de esta guerra civil se manifestaron de manera inmediata al obligar cambios trascendentales en la estrategia patriota, pero tuvieron también posteriores repercusiones a todo lo largo del período republicano, hasta el presente:

·         Bolívar y demás jefes patriotas modificaron radicalmente el proyecto independentista original, planteando una “alianza de clases”, que se reflejaron en los decretos bolivarianos de la Expedición de Los Cayos, en 1816, en los cuales se decretó primero la liberación de los esclavos que se incorporaran al ejército patriota, y posteriormente la liberación de los esclavos del yugo de la esclavitud como tal (aunque esto último no se ejecutara casi en ninguna parte); y se establecía de igual forma la igualdad de los ciudadanos ante la ley, principal reivindicación de los pardos (Ramos Guédez, 2016). En términos históricos, las grandes mayorías populares alcanzaron durante nuestra independencia una categoría de actores sociales relevantes que nunca habían tenido durante el período colonial[xii].

·         En esta estrategia patriota parece haber jugado un papel muy destacado José Antonio Páez, quien a diferencia de los jefes patriotas provenientes del mantuanaje[xiii], buscó incorporar al ejército patriota a los llaneros capturados en las numerosas victorias militares que obtuvo a partir de 1816, dándoles un buen trato durante su captura, liberándolos posteriormente y dejándolos regresar a sus pueblos[xiv]. Páez menciona en su autobiografía que la gran mayoría de esos llaneros capturados y posteriormente liberados regresaban a pedir incorporación al ejército patriota. El más conocido de esos llaneros que primero combatieron en el bando español y luego en el ejército patriota fue Pedro Camejo, el “Negro Primero”, uno de los héroes de la Batalla de Carabobo, en 1821.

·         La capacidad militar de ese ejército patriota de llaneros que conformó Páez lo expresó el propio Mariscal Pablo Morillo en una carta de 1817 que le dirige al rey de España comentando su derrota en la Batalla de Mucuritas. Allí es cuando Morillo le dice al Rey “usted me da 100 mil llaneros y me paseo por Europa en su nombre”, al referirse a las “catorce cargas consecutivas” de caballería que su ejército sufrió en Mucuritas (Páez, 1878: 126), proeza que le hizo modificar radicalmente su percepción inicial de que las fuerzas militares patriotas eran una montonera fácil de derrotar.

·         Ese ejército de llaneros conformado por Páez, en base a la estrategia bolivariana de incorporar a los esclavos y pardos al ejército patriota, fue el que posteriormente derrotó una y otra vez al ejército profesional español desembarcado por Morillo en 1815, en las batallas de Boyacá (1819), Carabobo (1821), Bomboná (1822), Pichincha (1822), Junín (1824) y finalmente en Ayacucho (1824), expulsando al imperio español del territorio continental suramericano, una proeza militar pocas veces vista en la historia mundial.

·         La participación en las filas patriotas de oficiales provenientes de los grupos sociales oprimidos (pardos y esclavos). Esta conformación popular del ejército venezolano lo diferenció de los otros ejércitos patriotas conformados durante la guerra de independencia en toda Hispanoamérica, característica que se ha mantenido en los últimos 200 años.

·         Pero las consecuencias de lo anterior no se limitan a nuestras fuerzas armadas. La aniquilación física de los blancos mantuanos ejecutada durante la guerra civil inicial, y la misma pérdida física de numerosos líderes militares y civiles mantuanos debido a la larguísima guerra de independencia (1810-1824), unido a la ruina económica de buena parte de ese núcleo mantuano que declaró la independencia en 1810-1811, debilitó considerablemente a esa clase social dirigente que por 300 años había encabezado (bajo dominio español) la sociedad colonial en Venezuela. Aunado a este debilitamiento de los mantuanos, el peso específico enorme que adquirieron los generales triunfantes en la independencia (sobre todo Páez, que no era mantuano), y la influencia general de un ejército popular de “pardos y negros” (Lombardi, 2019), que era el héroe fundamental de la victoria republicana, contribuyeron a una democratización política-cultural de la sociedad venezolana, a la expansión y permanencia en el tiempo de un espíritu igualitarista que nos diferencia radicalmente del resto de sociedades latinoamericanas (Pérez Arcay, 1977).

·         En el resto de los países de Suramérica, las élites blancas de terratenientes-esclavistas que se constituyeron como clase dominante durante los 300 años de dominio colonial español, fueron las que continuaron en el poder una vez alcanzada la condición de repúblicas independientes. En el resto del subcontinente, existió continuidad en esa dominación. Allí no se produjo ni la democratización social ni el espíritu igualitarista que se consolidó en Venezuela luego de la independencia (Halperin-Donghi, 1972).

·         En Venezuela no fue posible recomponer la estructura de dominación colonial, rota debido al huracán de revolución social que significó la Guerra de Independencia[xv]. Existieron esfuerzos relevantes en esa dirección. Historiadores como Catalina Banko y Federico Brito Figueroa han resaltado los intentos que realizó el capital inglés para desplazar a los militares patriotas del control del país, tratando de imponer a un civil representante de ese mantuanaje desplazado, José María Vargas, en 1835 (Banko, 1996) (Brito Figueroa, 1987). El mismo Vallenilla Lanz destaca cómo después de la victoria de Carabobo regresaron a Venezuela destacados mantuanos que no estando de acuerdo con el proyecto de independencia abandonaron el país en los primeros años de la guerra (uno de ellos el propio Vargas), mantuanos que deben haber influido en el entorno de Páez para la ruptura de éste con Bolívar y el abandono del proyecto de integración continental que se intentó con la Gran Colombia y con el Congreso de Panamá.

·         Aunque la esclavitud se mantuvo durante 30 años más después de la independencia (hasta 1854), y la igualdad de los ciudadanos también fue escamoteada en la constitución de 1830 (que estableció un sistema electoral exclusivo para los poseedores de rentas), la Venezuela que surgió de la independencia era muy distinta a la que se había conformado durante los 300 años de colonización española. En términos políticos el poder ya no descansaba en una clase mantuana muy debilitada por la guerra. La misma guerra sirvió para construir una nueva clase terrateniente fundada en el reparto de propiedades a los generales y altos oficiales de la independencia. Los privilegios sociales y políticos derivados del color de la piel y la “pureza de sangre” tendieron a desaparecer. Los mismos términos de división racial, como pardo, mulato y zambo, fueron execrados de hecho del lenguaje popular.

LA PARTICIPACIÓN POPULAR COMO FACTOR DECISIVO DE LOS CAMBIOS POLÍTICOS EN VENEZUELA

Una constante de nuestra historia desde la independencia se expresa en la masiva participación popular como factor determinante de los cambios políticos que permiten desplazar a la élite gobernante anterior (López Sánchez, 2015: 11). Ya analizamos cómo el programa asumido por Bolívar luego de la derrota militar ante Boves en 1814, al ofrecer “la libertad y la igualdad” (libertad para los esclavos e igualdad para los pardos), permitió la masiva incorporación de llaneros y otros sectores populares al ejército patriota, favoreciendo así la construcción de una considerable y efectiva fuerza militar que volvió añicos al imperio español en tierras suramericanas.

Esta masiva participación popular volvió a manifestarse al estallar la Guerra Federal en 1859, atraídos los campesinos por las consignas anti-latifundistas y democráticas enarboladas por Ezequiel Zamora.

La revolución democrática que comienza a manifestarse en el siglo XX tendrá también como factor decisivo la masiva participación popular en jornadas como el 18 de octubre de 1945 y el 23 de enero de 1958.

Hay que destacar que en estas expresiones de participación popular ocurrieron varias rebeliones o alzamientos populares espontáneos que han dado características específicas a la población de Caracas. En el siglo XIX destacan la movilización a favor de Antonio Leocadio Guzmán en 1844, cuando el pueblo rodea el tribunal donde era juzgado Guzmán por sus críticas al gobierno en el periódico El Venezolano (García Ponce, 1982); y la movilización en torno a la embajada de Francia en 1858 cuando es derrocado el gobierno de José Tadeo Monagas (Herrera Luque, 1991).

En el siglo XX ocurre la enorme protesta popular del 14 de febrero de 1936, como respuesta a la represión policial que ese mismo día había asesinado a varios ciudadanos en el centro de Caracas (Díaz Rangel, 1998). La insurrección espontánea del 22-23 de enero de 1958, que contribuyó a la rápida caída de la dictadura. Y la más relevante de todas, la rebelión conocida como El Caracazo, entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 1989, que sacó a las calles a cientos de miles de ciudadanos descontentos con la democracia punto-fijista, y que originó la más grande masacre de nuestra historia republicana (Barrios-Ferrer, 1990)).

Sobre todos estos procesos de masiva participación popular se montaron liderazgos que de alguna manera interpretaron el descontento social y formularon programas de transformación, aunque muchas de esas reivindicaciones populares hayan sido escamoteadas posteriormente por la gran mayoría de esos líderes.

CADA REVOLUCIÓN COMIENZA DE CERO Y REALIZA ALGUNAS TRANSFORMACIONES

El no cumplimiento del programa fundamental que movilizó a esclavos y pardos a favor de la independencia, es decir, la libertad de los esclavos y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, será el origen de numerosas rebeliones populares que se escenificarán en las primeras décadas de la República. Destacando la rebelión campesina liberal de 1846-1847 encabezada por Ezequiel Zamora y Francisco Rangel. Hasta que ocurre el estallido de la gran Guerra Federal (1859-1863), iniciada por el mismo Zamora, que terminó de desplazar a los generales de la independencia del poder, y una nueva elite política, con un programa de claro contenido popular, asciende al poder por las siguientes cuatro décadas.

“Tierra y hombres libres” y “horror a la oligarquía” son las consignas que enarbola Zamora y que van a movilizar durante cinco años al campesinado venezolano, enfrentando a la nueva oligarquía terrateniente que se había conformado en torno a Páez y el resto de los generales de la independencia (Pérez Arcay, 1977). Aunque Zamora muere al iniciarse la guerra federal, y quienes terminan dirigiendo el bando federalista no asumían ese contenido claramente popular que le imprimió a la guerra el “general de hombres libres”, la llegada al poder de los federalistas significará el desplazamiento de toda la elite independentista[xvi] y propiciará el nacimiento de una nueva burguesía.

En realidad, la llegada al poder de los federalistas no puede tomarse como un simple cambio de élites en el poder. Cada nuevo grupo dominante enarboló en su momento importantes consignas de transformación social, y algunas de ellas se ejecutaron. A manera de ejemplo, aunque no hemos realizado un estudio detallado de la influencia religiosa en la historia republicana de Venezuela, sí nos llamó la atención, hace algunos años, el contraste entre la juramentación ante la biblia de Evo Morales en Bolivia y de Néstor Kirchner en Argentina, respectivamente, y la juramentación de Hugo Chávez sobre la constitución nacional en febrero de 1999, grandes diferencias que nos separan del resto de América Latina.

Por ejemplo, Guzmán Blanco estableció el Registro Civil, el matrimonio civil y la realización de censos no eclesiásticos en la década de 1870, eliminando la influencia religiosa que hasta ese momento había prevalecido (Carrera Damas, 1985). En concordancia con eso, Guzmán expulsó de Venezuela a todas las órdenes religiosas, las cuales no regresaron hasta varias décadas después. También Guzmán decretó la educación primaria pública, gratuita y obligatoria (aunque poco pudo aplicarse este decreto mientras existió un estado en permanente crisis económica, como ocurrió en todo el siglo XIX, hasta la aparición del petróleo entrado el siglo XX). Nuestro estado laico deriva de las revoluciones del siglo XIX, mientras en países como Chile y Colombia, predominó el matrimonio eclesiástico hasta fechas muy recientes (no había divorcio en Chile hasta 2004 y en Colombia hasta 1992; el divorcio en Venezuela data de 1904). Otro elemento de la influencia guzmancista fue que la duración de los períodos presidenciales fue reducida a dos años (entre 1874 y 1891) para intentar acallar y controlar las pugnas caudillistas por el ejercicio del poder, medida que no permitió el objetivo que buscaba y que fue revertida por la constitución de 1891 que volvió a establecer el período presidencial a 4 años (Brito Figueroa, 1987).

Otro ejemplo significativo referente a los logros históricos de los grupos que han alcanzado el poder en cada proceso “revolucionario” lo podemos ver en las conquistas del llamado “Trienio Adeco” (1945-1948). La Constitución Nacional aprobada en 1947 reconoció derechos laborales de gran significación como el derecho a organizar sindicatos, la estabilidad en el trabajo de los directivos sindicales, el derecho a contratación colectiva y el derecho a huelga. Téngase en cuenta que los derechos laborales, en los países occidentales, están contenidos en reglamentos del trabajo y no aparecen en la constitución del respectivo país. Venezuela fue el segundo país de América, después de la Constitución de Querétaro, en México (aprobada en 1917), que incorporó derechos de sus trabajadores en la propia carta magna nacional, (López Sánchez, 2017: 123)

En este trienio de gobierno del partido Acción Democrática[xvii], el número de sindicatos en el país se cuadruplicó, pasando de 215 en 1945 a 1053 para noviembre de 1948. Las negociaciones colectivas aumentaron de 227 en 1946 a 575 en 1947; durante el primer semestre de 1948 se firmaron 261 contratos colectivos. En este período se creó el Ministerio del Trabajo (dirigido por Raúl Leoni), que antes formaba parte del ministerio de comunicaciones. Si bien desde el gobierno se favoreció abiertamente a los sindicatos adecos y se obstaculizó la creación de sindicatos comunistas, de manera general el trienio adeco sirvió para fortalecer organizativa y legalmente un movimiento obrero que comenzó a actuar como factor relevante de la política nacional.

La principal conquista del trienio adeco fue la consagración constitucional del sufragio universal, permitiendo el voto directo y secreto de mujeres y analfabetos, mayores de 18 años, para elegir al presidente de la República. Una de las consignas fundamentales de la independencia, la “igualdad” (de los ciudadanos ante la ley), se conquistaba más de 120 años después de Carabobo.

Otro dato interesante referido a las conquistas de la “revolución democrática” se encuentra en la ampliación del sistema universitario. Para 1957, último año de la dictadura militar, la cantidad de estudiantes universitarios en todo el país apenas llegaba a 10.000. Para 1981, un poco más de dos décadas de gobiernos democráticos, el número de estudiantes se había multiplicado más de treinta veces (331.115 estudiantes universitarios) (López, 2007: 47). Tengamos presente que Hugo Chávez se jactaba de haber multiplicado por cuatro el número de estudiantes universitarios, de 600.000 en 1998 a 2.500.000 en su primera década de gobierno. Pero multiplicar el número de estudiantes 33 veces es muy superior a aumentarlo 4 veces.

El desplazamiento de la élite política en el poder, y con ello el desplazamiento de la precaria burguesía de una o dos generaciones constituida al amparo de esa élite política, se repetirá en cada uno de los procesos de cambio sociopolítico que mencionamos al comienzo de este trabajo.

Cada “revolución” política en Venezuela ha significado el volver a comenzar de cero. Desde la ruptura de la estructura de dominación colonial, la burguesía occidental no logró recomponer una clase burguesa lo suficientemente sólida como para mantenerse en el poder más allá de 30-40 años. Podemos afirmar con propiedad que en Venezuela no existe una burguesía criolla como tal, si la comparamos con las burguesías latinoamericanas que dominan el resto de los países del continente desde la época colonial.

Cada grupo que llegó al poder constituyó su propia burguesía. Así ocurrió con Páez, con Guzmán, con Gómez, con Betancourt, y ahora con Chávez-Maduro.

Otra característica común de cada “revolución política” es su llegada al poder por la fuerza de las armas. El único grupo que llegó por medios pacíficos y constitucionales fue Chávez (ejecutó un alzamiento militar en 1992, que no pudo lograr sus objetivos). Todos los demás recurrieron a alzamientos insurreccionales que les permitió derrocar al grupo dominante.

Cada grupo de caudillos o eran militares con importantes triunfos militares, como Páez, Guzmán y Gómez, o construyeron una importante influencia en los sectores militares, como Betancourt y Chávez. Chávez llega al poder como civil, después de haber sido dado de baja del ejército por el alzamiento que encabezó en 1992. Pero su condición de ex-militar le permitió una considerable influencia en la institución armada.

LA ALIANZA CÍVICO-MILITAR ENTRE GRUPOS DE IZQUIERDA Y MILITARES PROGRESISTAS COMO CONSTANTE DEL SIGLO XX

La conspiración militar encabezada por Hugo Chávez que se manifestó el 4 de febrero de 1992 representó una nueva expresión de un fenómeno político que se desarrolló en Venezuela desde la misma dictadura gomecista.

La rebelión militar del 7 de abril de 1928, dirigida por oficiales medios del ejército, descontentos con la dictadura, incluía a la vez una alianza política con dirigentes sociales del medio estudiantil universitario[xviii] y de las pocas organizaciones obreras existentes en Caracas. Esta rebelión representó el primer alzamiento propiamente urbano en una Venezuela que se había transformado en su composición social a partir de la industria petrolera, dejando atrás las rebeliones campesinas o alzamientos provenientes de la periferia agraria que caracterizaron a todo el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Aunque este alzamiento fracasó, y no tuvo mayores repercusiones en la estabilidad de la dictadura, significó una primera expresión de convergencia política entre militares y civiles con un programa democrático de transformación social.

La alianza entre militares “progresistas” y partidos o líderes de “izquierda” se volvió a suceder en la conspiración que derrocó al último presidente andino, Isaías Medina Angarita, el 18 de octubre de 1945. En este caso, entre el partido Acción Democrática, el cual tenía un claro perfil nacionalista y antiimperialista (aunque a la vez deslindado del comunismo) y mandos medios de las fuerzas armadas, formados en la Academia Militar, que deseaban quitar del medio a los viejos generales de montoneras que provenían del gomecismo.

El derrocamiento de Medina no significó un simple golpe de estado. La Junta Revolucionaria de Gobierno procedió a convocar en pocos meses a una Asamblea Constituyente, la cual consagró importantes logros democráticos por los cuales el pueblo venezolano había luchado desde la independencia. La radicalización progresiva del nuevo gobierno hegemonizado por el partido Acción Democrática, y la influencia perniciosa de la embajada de los Estados Unidos y de las compañías petroleras extranjeras, originó la ruptura de esa alianza cívico-militar y provocó el golpe militar del 24 de noviembre de 1948, que tuvo características similares a las conspiraciones que en toda Latinoamérica han promovido los Estados Unidos para derrocar a gobiernos progresistas, nacionalistas y de izquierda.

Nuevamente se manifestó la convergencia de militares con fuerzas políticas de izquierda en varios intentos insurreccionales que se suscitaron a lo largo de la dictadura militar entre 1948-1958. Como el intento fracasado de alzamiento en la Base Aérea de Palo Negro (Maracay) en 1952, el cual fue impulsado desde la clandestinidad por Acción Democrática y militares afines a ese partido. Este acercamiento entre fuerzas militares y partidos de izquierda finalmente derrocó a la dictadura en los sucesivos alzamientos del 1° de enero y el 23 de enero de 1958, abriendo un período de 40 años de gobiernos “democráticos” constituidos en base al llamado “Pacto de Punto Fijo”, entre los partidos AD, COPEI y URD[xix], que generó un gobierno aliado a los intereses de los Estados Unidos, excluyendo al partido comunista[xx].

La deriva autoritaria y pro-estadounidense del gobierno de AD electo en diciembre de 1958 (con su candidato y principal líder Rómulo Betancourt) generó una nueva alianza cívico-militar de izquierda que se expresó en los alzamientos militares de Carúpano y Puerto Cabello, en mayo y junio de 1962. Esta alianza se conformó entre los partidos PCV (Partido Comunista de Venezuela) y MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) con numerosos oficiales medios, afines a esos partidos o con visiones progresistas y nacionalistas dentro de las fuerzas armadas venezolanas. Se constituyeron en la clandestinidad el Frente de Liberación Nacional (FLN) y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), con representantes de ambos partidos y de los oficiales rebeldes. Uno de los más relevantes comandantes del FLN-FALN fue el coronel Juan de Dios Moncada Vidal. Esta alianza cívico-militar llevó también a la incorporación de oficiales rebeldes de las fuerzas armadas a los frentes guerrilleros que en todo el país se organizaron en el primer lustro de los 60.

Finalmente, esta alianza cívico-militar volvió a concretarse históricamente el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, cuando Hugo Chávez y otros oficiales de los cuatro componentes de las FAN se vincularon a dirigentes de la izquierda venezolana para impulsar esos alzamientos, los cuales, aun fracasando, impactaron profundamente en la estabilidad de la democracia puntofijista, la cual terminó hundiéndose seis años después, aunque por vías electorales.

El alzamiento de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, no fue un rayo en cielo despejado. Representó históricamente una cultura política originada desde la independencia, por la conformación popular de nuestras fuerzas armadas, y al mismo tiempo una alianza entre fuerzas políticas de izquierda y mandos medios progresistas de las fuerzas armadas, que se manifestó reiteradamente en los momentos de crisis a lo largo del siglo XX venezolano.

CADA NUEVA ELITE EN EL PODER TERMINA TRAICIONANDO SU PROGRAMA ORIGINAL

Una característica común presente en cada uno de estos grupos es el alejamiento de su programa original durante el ejercicio del poder, degenerando hacia lo mismo que criticaron a la oligarquía anterior. De las consignas antiimperialistas se pasó en poco tiempo a la alianza con los mismos imperialismos.

Un ejemplo resaltante lo constituye Juan Vicente Gómez. Como se sabe Gómez, como ministro de guerra y marina de Cipriano Castro, fue el que derrotó militarmente a la llamada “Revolución Libertadora”, guerra civil promovida y financiada por las multinacionales[xxi] con el objetivo de derrocar a Castro. Es decir, Gómez actuó como líder nacionalista y antiimperialista, como ministro de un gobierno que llegó a tomar algunas medidas relevantes como la moratoria de la deuda externa y la expropiación de algunas empresas extranjeras, derrotando al intervencionismo del capital foráneo. Para luego, en 1908, derrocar al propio Castro con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.

Otra manifestación de esas volteretas escenificadas en nuestra historia republicana es el caso de Rómulo Betancourt. Como es sabido, el derrocamiento del presidente adeco Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948 fue antecedido por un ultimátum escrito entregado a Gallegos por el alto mando militar, y cuyo primer punto era la expulsión inmediata de Rómulo Betancourt del territorio nacional. Detrás de ese ultimátum militar estaba una conspiración orquestada desde el gobierno de los Estados Unidos, y la causa principal era la amenaza “comunista” que se encubría a lo interno del partido Acción Democrática (Catalá, 2008).

Betancourt pasó de ser considerado como el enemigo número uno de los intereses yanquis en Venezuela, a ser el artífice en 1958 del Pacto de Punto Fijo que implicaba un acuerdo general con el gobierno de los Estados Unidos para gobernar a Venezuela excluyendo a los comunistas.

EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LAS NUEVAS ELITES “REVOLUCIONARIAS”

De los cinco procesos de cambio sociopolítico en Venezuela, el que se inició con mayores debilidades en cuanto a la maduración de una élite política de vanguardia con un programa de cambios más o menos definido, ha sido precisamente el chavismo.

La revolución social de independencia consolidó una élite de mandos militares curtidos en la larga guerra emancipadora, con una muy grande influencia social en todo el país, que les facilitó acceder al poder en las décadas siguientes al nacimiento de la República. El programa enarbolado por Bolívar, como la política de integración hispanoamericana y los derechos ciudadanos (incluyendo la abolición de la esclavitud), en un marco de estado liberal, fue rápidamente dejado de lado. Se impuso una nueva alianza comercial, como socios menores, con las principales potencias capitalistas, comenzando por Inglaterra y Francia, y la rápida sustitución de la vieja oligarquía terrateniente mantuana por una nueva oligarquía terrateniente surgida de los generales victoriosos de la independencia.

El desarrollo de la guerra federal tuvo que ver con el liderazgo madurado a través del Partido Liberal, fundado en 1840 por Antonio Leocadio Guzmán y principal fuerza opositora a la oligarquía paecista. Tanto Ezequiel Zamora, como Juan Crisóstomo Falcón y Antonio Guzmán Blanco eran los líderes fundamentales de ese partido liberal para 1859.

La llegada de los andinos en 1899 hay que vincularla necesariamente con el auge de la explotación del café como principal producto de nuestra economía agroexportadora, cultivo desarrollado principalmente en los tres estados andinos (Mérida, Táchira y Trujillo) y particularmente en el Táchira, estado del cual provino la expedición militar conocida como Revolución Liberal Restauradora, en cuyo ejército marcharon hasta Caracas los tachirenses Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras, sucesivos presidentes entre 1899 y 1941[xxii].

Los líderes fundamentales de la revolución democrática se forjaron en la lucha estudiantil de la Generación del 28 y en la lucha política en oposición a la dictadura gomecista, lucha que comenzó a ser influida por las modernas corrientes ideológicas provenientes de Europa: el comunismo, la socialdemocracia y la democracia cristiana. Resaltamos la circunstancia de que al momento de acceder por segunda vez al poder en 1959 el partido Acción Democrática[xxiii], constituía una organización cuyos cuadros principales tenían 30 años de experiencia desde su participación en  la generación estudiantil del 28, que habían pasado por la cárcel y el exilio, que habían impulsado y triunfado en dos oportunidades en rebeliones cívico-militares (18 de octubre de 1945 y 23 de enero de 1958), que habían sido derrocados por una conspiración imperialista (24 de noviembre de 1948), que habían pasado largos años de clandestinidad y exilio, que tenían una muy relevante experiencia en el desarrollo de luchas sociales, huelgas obreras y expresiones de lucha armada contra la dictadura encabezada por Marcos Pérez Jiménez. Para 1958-1959 AD era un partido con arraigo en sectores obreros y campesinos, con importantes cuadros de dirección y excelentes profesionales entre sus militantes.

Al triunfar Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998, su partido Movimiento Quinta República (MVR), fundado en 1997, era una organización aluvional[xxiv] recién conformada, sin experiencia en la lucha social y sin experiencia en la lucha parlamentaria, sin programa político definido y unido básicamente por el liderazgo caudillista-mesiánico que desde un principio comenzó a construir el propio Chávez y sus más cercanos colaboradores. Incluso si se considera la incorporación al MVR de algunos cuadros de la vieja izquierda venezolana, podemos recordar que a partir del 27 de febrero de 1989 se había evidenciado en el país la profunda bancarrota de los partidos de izquierda, tanto de los que participaban en el “juego democrático” del puntofijismo como de los impulsores de la lucha armada. Esa izquierda que ingresó al MVR[xxv] y se vinculó a Chávez era una izquierda desarticulada y dividida, sin programa coherente y sin mayores vínculos sociales, que había vivido numerosas derrotas políticas y militares en los 40 años precedentes (López Sánchez, 2015: 83).

LOS PERÍODOS DE REGRESION POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA

En nuestro período republicano destacan varios procesos de regresión política. La larga dictadura de 27 años de Juan Vicente Gómez (1908-1935); la dictadura militar cuyo hombre fuerte fue Marcos Pérez Jiménez (1948-1958); y las dos últimas décadas del puntofijismo (1979-1999).

La dictadura de Gómez se caracterizó por su fuerte autoritarismo, por el personalismo absoluto, y por la modificación radical del modelo económico imperante, que pasó de la agro-exportación a la producción petrolera. Gómez desapareció todo tipo de oposición legal a su régimen. Encarceló, torturó, exilió y asesinó a todo aquel que intentó oponérsele, así fueran simples escritores o periodistas. Enfrentó con éxito las últimas montoneras que desde los espacios agrarios se intentaron contra su régimen, y enfrentó también la primera rebelión urbana representativa de la nueva conformación de clases surgida del petróleo, el alzamiento militar con respaldo civil del 7 de abril de 1928[xxvi]. Durante todo su gobierno Gómez actuó siguiendo los intereses del gobierno de los Estados Unidos, y de las compañías petroleras como la Standard Oil Company (estadounidense) y la Shell (angloholandesa).

Por su parte la dictadura militar encabezada por Pérez Jiménez disolvió los principales partidos democráticos (primero AD en 1948, el PCV en 1950, y URD en 1952). Anuló la constitución de 1947, disolvió los sindicatos más importantes (incluyendo las federaciones petroleras) y encarceló hasta el final de la dictadura a todos los dirigentes obreros que pudo capturar. Este régimen militar, como dijimos antes, surgió de una conspiración aupada por la embajada estadounidense en Caracas, y actuó de la mano de los intereses del Departamento de Estado, como ocurrió con la realización en marzo de 1954 en Caracas de la X Conferencia Interamericana, la cual aprobó una fuerte resolución condenando el comunismo como sistema incompatible con los pueblos de América, la cual sirvió como pretexto para la invasión militar con fuerzas mercenarias contra el gobierno democrático de Guatemala presidido por Jacobo Arbenz, el cual fue finalmente derrocado dando paso a treinta años de gobiernos autoritarios en ese país.

El intervalo dictatorial entre 1948 y 1958 anuló todas las conquistas democráticas del trienio adeco e incluso de lo alcanzado en los últimos gobiernos gomecistas (López Contreras y Medina Angarita). Pero el perezjimenismo como tal no logró trascender debido a las limitaciones de su programa político, y a la reducida alianza política que representaba (falta de consenso entre las élites políticas, económicas y el mismo imperialismo).

La represión política aplicada durante la naciente democracia, en la década de 1960, fue muy superior a la represión de la anterior dictadura perezjimenista[xxvii]. Se ilegalizaron los partidos políticos de la izquierda (el PCV y el MIR); se detuvo por varios años a los parlamentarios y otros dirigentes de dichos partidos. Se persiguió implacablemente a la militancia de dichos partidos, involucrados en la lucha armada a partir de 1962. La represión desatada introdujo por primera vez en Latinoamérica la figura de los desaparecidos. Los cuerpos policiales y militares especializados en la represión política recibieron asesoría directa de las instituciones de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos (la CIA y otros organismos similares), con presencia de funcionarios extranjeros dirigiendo personalmente a la Digepol y el SIFA (como el cubano Luis Posada Carriles). El número de detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos entre 1962 y 1969 superó ampliamente a las víctimas de la represión política entre 1948 y 1958 (Oliveros, 2012). Además de la figura del desaparecido, el gobierno torturó hasta la muerte a significativos dirigentes de la izquierda, como Alberto Lovera, Jorge Rodríguez y Noel Rodríguez. Asesinó impunemente a otros dirigentes como Fabricio Ojeda, Tito González Heredia y Jesús Márquez Finol. Los horrores de las dictaduras de Gómez y Pérez Jiménez no superaron los crímenes políticos que continuaron con la flamante “democracia” representativa[xxviii].

Los últimos 20 años de la democracia puntofijista fueron de regresión absoluta. En materia económica, a partir del “viernes negro” de febrero de 1983 se terminó de hundir el modelo rentístico petrolero y se hizo evidente la bancarrota de la política de sustitución de importaciones impulsada en las décadas anteriores. El salario de los trabajadores alcanzó niveles mínimos no vistos desde muchas décadas atrás, y los derechos laborales en general fueron abiertamente violentados por los patronos y el ministerio del trabajo. En materia política el bipartidismo de AD-Copei mantuvo su deriva de corrupción administrativa e ineficiencia de las instituciones y servicios públicos.

El sistema educativo que durante las dos primeras décadas del período democrático aumentó significativamente la matrícula escolar y universitaria, se estancó completamente y comenzó a predominar la exclusión escolar y universitaria de centenares de miles de jóvenes. Igual retroceso se vivió en el sistema de salud y el resto de los servicios públicos.

En términos represivos, ocurrieron grandes masacres como la de Cantaura (1982), Yumare (1986) y El Amparo (1988). A partir de 1987 la lucha de clases tuvo un cambio sustancial en Venezuela a partir de las protestas populares como respuesta a la crisis económica en curso. La rebelión estudiantil que surgió del llamado “marzo merideño”[xxix] (1987), abrió un periodo de protestas masivas que no se escenificaban en el país desde 1958, y la política represiva del gobierno pasó de selectiva (represión contra las organizaciones de izquierda vinculadas a la lucha armada y las protestas sociales) a masiva, teniendo su principal expresión en la masacre contra el pueblo caraqueño como respuesta a la insurrección espontánea del 27 y 28 de febrero de 1989, conocida como “El Caracazo”[xxx].

La dimensión de la rebelión popular de febrero del 89 introdujo un factor de desestabilización en el bloque social dominante desde el Pacto de Punto Fijo[xxxi], incluyendo una progresiva división en el seno de las fuerzas armadas que condujo a los alzamientos del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, que siguiendo su curso de crisis interna condujo el enjuiciamiento y destitución del presidente Carlos Andrés Pérez (CAP) en 1993, creó las condiciones para la victoria electoral de Rafael Caldera (apoyado por la izquierda) ese mismo año, y finalmente permitió que el descontento popular del 27 de febrero de 1989 se manifestara electoralmente en las presidenciales de 1998, con el triunfo de Hugo Chávez.

El Caracazo introdujo a la democracia puntofijista en una crisis terminal. No obstante, el sistema democrático se mantuvo durante una década más, intentando fórmulas de salvación como la Reforma del Estado (intentada en 1989 con las elecciones de Gobernadores y Alcaldes), la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez como “chivo expiatorio” de la crisis de legitimidad del sistema, y la candidatura “progresista” de Rafael Caldera en 1993. Es de resaltar esta prolongada agonía de 10 años del sistema político nacido del Pacto de Punto Fijo. Las razones de esto habría que buscarlas en la ausencia de una oposición de izquierda con fortaleza suficiente como para capitalizar electoralmente la caída del respaldo popular hacia AD y Copei[xxxii].

La izquierda venezolana, en la década de los 90, sufría la crisis de identidad derivada de la caída del Bloque Socialista de la URSS y Europa Oriental, unida a la profunda división en múltiples partidos derivada del fracaso de la lucha armada en los 60, 70 y 80, y del similar fracaso de las experiencias electorales intentadas desde 1973 en adelante. En los hechos, el auge de la lucha de clases entre 1987 y 1991 no pudo ser capitalizado por ninguna fuerza de izquierda, y a partir del 4 de febrero del 92 las esperanzas de cambio del pueblo se centraron en la figura del líder militar insurrecto, Hugo Chávez.

ALGUNAS CONCLUSIONES

La llegada al poder de Hugo Chávez a partir de febrero de 1999, es derivada directamente del hundimiento político del bloque social dominante desde 1958. En cierta forma, Chávez significó una nueva expresión de la mencionada alianza cívico-militar que bajo programas progresistas se manifestó varias veces a lo largo del siglo XX. Pero la llegada al poder del chavismo puede verse al mismo tiempo como una carambola causada por el vacío político que dejaba la bancarrota de los partidos Acción Democrática y COPEI.

Chávez y el chavismo no representaban como tal ninguna referencia político-organizativa que hubiera estado al frente de la oposición durante las cuatro décadas del puntofijismo, salvo por las pocas horas que duraron los alzamientos militares de 1992. Ni los líderes de la lucha armada ni los líderes de la lucha electoral figuraban entre la dirigencia del recién creado Movimiento Quinta República (MVR, conocido antes como Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 - MBR200). Tampoco estaban allí los líderes que de alguna manera estuvieron en las barricadas durante 1987-1991 (como Carlos Lanz y Roland Denis). El movimiento chavista aluvional juntaba individualidades de izquierda con militares de derecha, detrás de un líder con ínfulas mesiánicas que postulaba una “tercera vía” bastante difusa.

Con el paso de los años, y después del golpe imperialista fracasado de abril de 2002, Chávez concluyó que asumir declarativamente un programa “socialista” le podía rendir mejores frutos que la tercera vía de Tony Blair. Sin embargo, ese programa “socialista del siglo XXI” nunca fue claramente definido por el propio Chávez ni por ningún otro dirigente del chavismo. En general Chávez terminó promoviendo fórmulas parecidas a las utilizadas por el aliado gobierno de Fidel Castro en Cuba, como la creación de un “partido único de la revolución”, y la ejecución de nacionalizaciones masivas contra empresas nacionales y extranjeras. Chávez identificó su “socialismo” con medidas de asistencia social, propias de un Estado de Bienestar, en un momento en que el capitalismo occidental ya tenía más de dos décadas de haber abandonado ese modelo.

Para Chávez su socialismo era la construcción de viviendas para las clases trabajadoras, la conquista de reivindicaciones laborales, la ampliación de los servicios de educación y salud, la construcción de obras públicas como ferrocarriles, puentes y carreteras, etc. Medidas todas que en el medio siglo anterior habían sido ejecutadas tanto por los gobiernos puntofijistas como por la dictadura perezjimenista y los últimos gobiernos del gomecismo.

Tal vez el aspecto en el cual se podía trascender al capitalismo es cuando se impulsó la constitución de un “poder popular” que nacería desde los Consejos Comunales, inspirados en una democracia “participativa y protagónica”.  El poder comunal se formuló enfrentado a los principios de la democracia liberal burguesa, fundada en la representatividad partidista, valorando un nivel de decisiones políticas partiendo desde las mismas asambleas comunitarias y obreras. Concebido como una estructura que crecería paralelamente a las instituciones del estado burgués heredado del puntofijismo (que en líneas generales tuvo continuidad en la Constitución de 1999), en realidad no llegó a tener mayor desarrollo, siendo absorbido y controlado ese “poder comunal” por los poderes tradicionales dominados por el partido gobernante.

Para finalizar, enumeramos algunas conclusiones en base al análisis comparativo de 200 años de vida republicana y los 25 años de chavismo:

1.    El chavismo-madurismo es el quinto proceso de transformación sociopolítica escenificado desde la Guerra de Independencia. Los cuatro procesos anteriores tuvieron una duración aproximada de 40 años cada uno.

 

2.    La caída de las anteriores “revoluciones” se produjo cuando ya existía una vanguardia política opositora más o menos estructurada en los años inmediatamente anteriores. El grupo chavista es el que ha llegado al poder con una estructuración más débil como fuerza política organizada[xxxiii].

 

3.    El chavismo ratifica una vez más la ausencia en Venezuela de una clase burguesa consolidada, y la permanente reconstitución de la clase dominante en cada proceso “revolucionario” que se va sucediendo.

 

4.    Por razones históricas, el chavismo reproduce características de todos los procesos revolucionarios anteriores, como el caudillismo-mesianismo; el militarismo; el uso de consignas antiimperialistas y democráticas que atraen a las masas populares; la conquista de algunas reivindicaciones históricas (aunque muchas son rápidamente abandonadas y revertidas en el proceso final de degeneración política del respectivo grupo o elite dominante); el paso de programas nacionalistas y antiimperialistas a ejecutorias exactamente contrarias, al hacer alianzas como socios menores de las grandes potencias mundiales; el uso de la represión selectiva y masiva como práctica cotidiana contra la protesta social y contra las vanguardias políticas que les hacen oposición; y la importante movilización social que por momentos logran canalizar para sus propios intereses de grupo y de clase (como “nueva” clase burguesa en proceso de conformación).

 

5.    El proceso chavista introdujo una práctica democrática que mejora en forma cualitativa las anteriores experiencias, con la figura del referéndum popular, usado para convocar la Asamblea Constituyente y para aprobar la nueva constitución en 1999, para ratificar la permanencia de Chávez en el poder en 2004 (referéndum revocatorio), y también usado para someter la reforma constitucional que fue rechazada en 2007. El gobierno de Nicolás Maduro se ha alejado totalmente de esa práctica de democracia participativa utilizada por Chávez, reflejando con ello su declive absoluto como programa de transformación en Venezuela.

 

6.    Otro aspecto relevante del período de gobierno de Hugo Chávez fue la revitalización de la propuesta de unidad continental latinoamericana que hace más de 200 años formularon e intentaron llevar a cabo Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Esta política permitió la creación de organismos de integración como la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, creada en 2011); la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas, creada en 2008); ALBA (Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América, creada en 2004); y el fortalecimiento de organizaciones ya existentes como el MERCOSUR. En el marco de esas políticas de integración, Chávez jugó un papel central en el rechazo al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas, propuesta de Estados Unidos formulada en 1994), en la IV Cumbre de las Américas, realizada en 2005. Más allá de los procesos de integración, el gobierno de Chávez desarrolló una considerable incidencia política en todos los países latinoamericanos, y el “chavismo” se convirtió en el principal contendiente político de las fuerzas, partidos y gobiernos aliados de USA a lo largo y ancho del continente. Con el posterior gobierno de Maduro, esa influencia chavista se perdió casi totalmente, los procesos de integración tendieron a paralizarse, y la experiencia venezolana es considerada hoy como algo muy negativo en todo el continente, incluso de parte de los nuevos gobiernos de izquierda que han asumido en años recientes (como en Chile, Perú, Brasil y Colombia). Para la historia, Chávez revivió en pleno siglo XXI el sueño de Bolívar y Miranda de construir una gran nación latinoamericana. Propuesta que sigue vigente y que espera por escenarios más favorables para su desarrollo.

 

7.    El actual gobierno de Nicolás Maduro mantiene el mismo discurso radical de su antecesor, y se presenta como un gobierno genuinamente “obrerista”[xxxiv] y “socialista”[xxxv], que cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios (López, 2012). Sin embargo, ha ejecutado un verdadero cambio de rumbo económico, abriendo las puertas a las políticas neoliberales, en un marco de creciente autoritarismo (Alarcón 2017); (Luna 2019) (Vivas 2019) (Sutherland 2020). Maduro representa hoy la traición al programa original de Hugo Chávez, fenómeno presenciado varias veces antes en nuestra historia (PCDC, 2021). Esta desviación constitucional del gobierno de Nicolás Maduro ha culminado en la profunda crisis política desatada por el desconocimiento del gobierno de los resultados electorales presidenciales del 28 de julio de 2024, elecciones en las que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, habría superado a Maduro por más de doble de votos, resultados que no ha presentado públicamente el Consejo Nacional Electoral (CNE), ni la totalización de votos, ni los resultados por mesa y centro de votación, ni por parroquia, municipio ni estado de la república. El desarrollo de este enorme fraude electoral, que desconoce la soberanía popular consagrada en el artículo 5° de la constitución, se culminó con la actuación también fuera de ley del Tribunal Supremo de Justicia, ente que no tiene potestad jurídica para determinar resultados electorales. La justificada protesta popular ante este fraude-golpe de estado, fue reprimida de manera brutal por Maduro, asesinando a más de 20 ciudadanos que manifestaban de manera pacífica, y deteniendo a unas 2.500 personas, incluyendo centenares de adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad, los cuales fueron torturados en los centros de reclusión, y aún hoy existen más de 1.000 ciudadanos detenidos por protestar pacíficamente contra el fraude electoral. Con este fraude electoral y golpe de estado, el proceso chavista parece terminar de la peor forma el ciclo de transformaciones sociopolíticas iniciado en 1999.

Aunque no defendamos una perspectiva cíclica de la historia, la reiteración de estos procesos sociopolíticos de transformación y desplazamiento de élites gobernantes es un hecho indudable en nuestro proceso republicano desde la independencia.

De acuerdo con las características del período chavista trascurrido hasta ahora (25 años), podemos intentar un análisis prospectivo de los posibles escenarios futuros en el corto plazo:

A.   Tanto el gomecismo como la democracia puntofijista tuvieron un período de fuerte represión política antes de transitar en sus últimos años por cierto tipo de apertura política[xxxvi]. Ese fenómeno pudiera presentarse en Venezuela, en la medida en que sectores del madurismo gobernante opten por una apertura política que intente detener el creciente deterioro de la aceptación popular hacia el régimen PSUV-militares. Este escenario parece haberse descartado luego del fraude electoral del 28 de julio de 2024.

B.   En un escenario completamente distinto al anterior, el madurismo puede evolucionar hacia formas autoritarias, como de hecho ha sucedido en los meses posteriores a las elecciones presidenciales del 28/07/2024. En este escenario la evolución inmediata del madurismo reflejará múltiples expresiones de violencia contra el pueblo y sus organizaciones políticas y sociales.

C.   Hasta ahora no se consolida una nueva élite política y un programa de transformación que se presente como recambio del chavismo-madurismo gobernante. Eso no implica necesariamente que no puedan ser derrocados en el corto plazo. Lo que resultaría es que un nuevo gobierno sustitutivo del chavismo pasaría por etapas de definición antes de consolidarse como una nueva élite gobernante (la sexta, desde la independencia).

 

Por otro lado, las experiencias del socialismo mundial erigidas sobre fundamentos mesiánicos han terminado fracasando de diversas maneras. Así ocurrió con la Rusia de Stalin (no cayó el sistema, pero fue sustituido todo su entorno al morir Stalin), con la Yugoslavia de Tito (se desató una brutal guerra civil que partió al país en 5-6 repúblicas distintas), la Albania de Enver Hoxha y la China de Mao. El fundamento mesiánico del chavismo actúa como un lastre hacia el futuro para mantener una élite en el poder, porque cada vez son más los chavistas originarios marginados del poder que los que quedan en la elite gobernante.

Para que el proceso histórico venezolano pueda retomar un camino de transformación social tantas veces extraviado en las distintas etapas vividas desde la independencia, debe surgir un poderoso movimiento popular organizado que mediante la lucha de calle construya un nuevo programa de cambios que retome las tradiciones de rebelión de la corriente histórico-social y avance a perfilar una clara vanguardia que pueda transitar los desafíos que plantea el capitalismo global en profunda crisis.

 

CAPITULO II

 

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LOS GOBIERNOS DE HUGO CHÁVEZ Y NICOLÁS MADURO[xxxvii]

 

INTRODUCCION

Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 1998 luego de una década de políticas neoliberales en Venezuela. En ese período anterior se habían sucedido dos gobiernos que ejecutaron sendos programas económicos neoliberales; había ocurrido el estallido popular espontáneo de febrero-marzo de 1989, que hizo temblar al sistema político bipartidista vigente desde 1958; se habían presentado dos alzamientos militares de corte nacionalista e izquierdista[xxxviii]; y un presidente en funciones había sido destituido por el parlamento bajo acusaciones de corrupción[xxxix].

El llamado “proceso bolivariano” que se abrió en Venezuela con el triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998, constituyó la respuesta popular ante la crisis de legitimidad del modelo político de democracia representativa instaurado a partir de 1958 (López Maya, 1994) (Carvallo y López Maya, 1989).

El estallido popular espontáneo del 27-28 de febrero de 1989, conocido como el “Caracazo” (Barrios-Ferrer, 1990) (Colmenarez, 1989) (España, 1989), reveló el gran descontento de la población ante un sistema político-económico que no satisfacía sus necesidades fundamentales, y la brutal respuesta represiva del gobierno, que causó centenares de muertos en los barrios de Caracas y ciudades cercanas, había demostrado que quienes gobernaban no merecían gozar del respaldo popular que por tres décadas había sostenido al modelo político bipartidista gobernante (los partidos Acción Democrática –socialdemócrata-, y COPEI –socialcristiano-).

Ante la ausencia de opciones políticas alternativas, y con una izquierda en crisis, tanto en sus versiones electorales como en los grupos que mantenían la lucha armada, el sistema bipartidista, de AD y Copei, se mantendría en el poder durante una década más. Pero la descomposición del modelo político bipartidista, asociado al capital occidental, continuó su curso y en 1992 se suceden dos alzamientos militares, que fracasan, pero que demostraban que el barco de la democracia representativa continuaba hundiéndose.

Las rebeliones militares del 92 significaron un profundo quiebre en el bloque de poder dominante desde 1958[xl]. Un sector muy numeroso de oficiales medios de las fuerzas armadas, descontentos por haber sido utilizados por el gobierno como “verdugos” del pueblo durante los sucesos del 27 de febrero del 89, deciden rebelarse enarbolando consignas anticorrupción y promoviendo un difuso cambio político nacionalista y popular. A pesar de que los militares insurrectos fueron derrotados, el bloque dominante estaba históricamente fragmentado y no pudo recomponerse en los años siguientes.

En esa década anterior a Chávez, el segundo gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1989-1993) inauguró el primer plan económico neoliberal ejecutado a plenitud en Venezuela. El paquete de medidas aplicadas al inicio de su gobierno, como la liberación de precios y la eliminación de subsidios (incluyendo el importante subsidio a la gasolina), fueron los detonantes del Caracazo. Pérez terminó siendo destituido en 1993 por el Poder Legislativo, acusado de corrupción.

El gobierno que sucedió a Pérez fue el del socialcristiano Rafael Caldera (1994-1999), que también accedía al poder por segunda vez. Con la característica que Caldera, siendo fundador de Copei, había roto con dicho partido, y ganado las elecciones con el apoyo de los partidos de izquierda. Pero el gobierno de Caldera, en vez de ser consecuente con su discurso crítico ante el plan neoliberal ejecutado por su predecesor, aplicó también la misma receta económica del Fondo Monetario Internacional[xli].

El rechazo ciudadano ante esta nueva ejecución neoliberal se manifestó entonces de manera electoral, y le permitió a Hugo Chávez presentarse en 1998 como la alternativa nacionalista y popular ante veinte años de fracasos económicos y 40 años de desprestigiado modelo político bipartidista (Ellner, 2009: 42).

HUGO CHÁVEZ: DE LA TERCERA VÍA AL SOCIALISMO

El teniente coronel Hugo Chávez había encabezado la rebelión militar “bolivariana”[xlii] del 4 de febrero de 1992, y planificado desde la cárcel el levantamiento del 27 de noviembre del mismo año. Luego de recuperar la libertad, decidió fundar un partido legal (Movimiento Quinta República – MVR) e incursionar en el proceso electoral de 1998.

En un crecimiento electoral vertiginoso a lo largo del año 98, Chávez finalmente se impuso ante el candidato unificado de los partidos Acción Democrática y Copei, que se habían turnado en el poder desde 1958. Con una propuesta principal de convocar una asamblea para redactar una nueva constitución, Chávez tenía un programa político-económico muy cercano al Estado de Bienestar, en un contexto global neoliberal. Su propuesta electoral anunciaba un respaldo a la difusa “Tercera Vía” formulada por el líder británico Tony Blair (Martinez, 2018).

Pero su desempeño al frente del gobierno trascendió rápidamente los marcos del populismo tradicional, acercándose a modelos de “revolución socialista” como Cuba. En un contexto global de derrumbe del Bloque Socialista en Europa Oriental una década antes, de fracaso en Latinoamérica de los intentos de cambio político por medio de la lucha armada (como en El Salvador y Guatemala) y el aplastamiento de los intentos socialistas por “vía pacífica” (Chile), Chávez replanteó, en la culminación del siglo XX e inicios del nuevo siglo XXI, un ideal de “revolución socialista” que empalmaba los principios de soberanía nacional e integración continental formulados en la Guerra de Independencia, con las tradiciones de lucha popular revolucionaria expresadas en el último siglo.

La situación general en América Latina a fines del siglo XX, en cuanto a lo económico y lo político, incluía un considerable rechazo ciudadano hacia los ajustes de “shock” neoliberales ejecutados en las dos décadas anteriores, y un descontento popular acumulado ante los resultados nefastos de dichos ajustes, que habían generado todo un retroceso en los derechos laborales conquistados en la posguerra, y una caída significativa de los niveles de ingreso de las clases trabajadoras (Alayón, 2007). Esta realidad obligaba a muchos partidos y líderes progresistas a pronunciarse en contra del neoliberalismo y su principal promotor, el Fondo Monetario Internacional (FMI), y a postular caminos alternativos que incluían postulados keynesianos y hasta socialistas.

El triunfo electoral de Chávez en 1998 contribuyó a revertir ese proceso de caída de los niveles de ingreso de la clase trabajadora, pues todos los planes neoliberales que de alguna forma se estaban ejecutando desde febrero de 1989 comenzaron a frenarse y en algunos casos a revertirse debido a políticas explícitas del nuevo gobierno (Alayón, 2007). Particularmente se detuvieron los procesos de privatización de empresas públicas[xliii], incluyendo la llamada “apertura petrolera” propuesta por Pérez e iniciada por Caldera a partir de 1995 (Toussaint, 2009: 255) (Mateo Tome, 2010).

En el plano económico el proyecto se definió por el anti-neoliberalismo y la superación del rentismo petrolero (Rodríguez, 2010) y su reemplazo por una política de tipo neo-desarrollista con fuerte intervención estatal en áreas estratégicas. El ensayo se llevó a cabo en un proceso de lucha polarizada entre el gobierno, la derecha política y el empresariado tradicional.

En enero de 2005 Chávez definió su revolución como “socialista”, durante su participación en el Foro Social de Porto Alegre (Biardeau, 2015). Teniendo como premisas básicas para ese “socialismo”, la democracia participativa y protagónica del “poder popular” (como oposición a la democracia liberal representativa); la “igualdad y la justicia”; y la unidad “cívico-militar”.

El primer paso transformador dado por el gobierno de Chávez fue la convocatoria de una Asamblea Constituyente, previa realización de un referéndum consultivo el 25 de abril de 1999. La nueva constitución amplió significativamente los derechos sociales, y algunos derechos políticos nuevos como el referéndum revocatorio a mitad de período para el presidente de la República y demás cargos electivos del poder ejecutivo y legislativo.

El período de Chavez revitalizó la lucha de los trabajadores, modificando las relaciones laborales y las formas de propiedad. En lo atinente a los derechos laborales, la Constitución aprobada en diciembre de 1999 ratificó derechos fundamentales de los trabajadores, ya consagrados en las Constituciones de 1947 y de 1961, como el derecho a sindicalización; la autonomía de los sindicatos frente al patrono y el estado; el derecho a contratación colectiva; el derecho a huelga; el derecho a la seguridad social como servicio público y la obligación del Estado para garantizarlo; el derecho al trabajo. La nueva Constitución incluyó también nuevos derechos laborales, como la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo; el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social; el derecho de las amas de casa a la seguridad social; la progresividad de los derechos laborales y su carácter irrenunciable; y finalmente destacaba la reducción de la jornada de trabajo diurna de 48 a 44 horas semanales (López Sánchez, 2017-a: 34-50).

Los derechos de los trabajadores que fueron consagrados en la Constitución impulsada por Chávez en 1999, que provienen de las visiones más progresistas del Estado de Bienestar[xliv], tienen el mérito histórico de haber sido ratificados luego de dos décadas de aplicación de políticas neoliberales a nivel mundial, que llevaban entre sus objetivos principales el aniquilar dichos derechos y “flexibilizar” las relaciones laborales.

La “revolución” de Chávez ratificó y consagró constitucionalmente unos derechos laborales que el capitalismo mundial había dejado de defender desde un cuarto de siglo antes. A partir de allí los trabajadores venezolanos se lanzaron en los años sucesivos a un proceso de profunda reorganización de sus estructuras sindicales, enarbolando propuestas reivindicativas y políticas que se enfrentaban y trascendían la década neoliberal anterior y abrían perspectivas a un rumbo anticapitalista del proceso político venezolano (Chirino, 2005).

La resistencia al paro golpista-patronal que las elites puntofijistas ejecutaron entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 tratando de derrocar al gobierno de Chávez, generó la elevación de la lucha obrera en todo el país. El fracaso de ese paro fue tomado como una victoria por los sectores de trabajadores bolivarianos que comenzaban a organizarse de manera independiente, al margen de la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela, que fue una de las organizaciones convocantes de ese paro, junto al gremio empresarial Fedecámaras). En 2003 se constituyó la Unión Nacional de Trabajadores, UNETE, como central sindical alternativa y clasista, que terminó agrupando a todas las federaciones y sindicatos descontentos con el liderazgo de la CTV.

A partir de 2003, los trabajadores venezolanos recuperaron las empresas que se encontraban paralizadas y exigieron la nacionalización/renacionalización de industrias en manos del sector privado nacional o extranjero. Al mismo tiempo la lucha obrera comenzó a ensayar formas novedosas de organización de la actividad productiva mediante los consejos de trabajadores y el control obrero, propuestas que encontraron eco en el gobierno bolivariano y terminaron convirtiéndose en políticas de Estado (López 2017-a, 34-50).

El control obrero que surgió como consigna de acción durante el paro patronal de 2002-2003, lanzó las consignas de “fábrica parada, fábrica ocupada” y de “control por los trabajadores de la actividad productiva”, llevando a la ocupación por sus trabajadores de numerosas empresas que habían parado su actividad, como ocurrió en Venepal (Carabobo), Venezolana de Válvulas (Los Teques), Textiles Fénix (Guárico), Perfumes Cristine-Carol (Caracas), y otras (López y Hernández, 2016: 184-214).

A partir de 2004, cuando Chávez ordenó la expropiación de Venepal, el control obrero comenzó a ser considerado como política del estado venezolano. Aunque fue solo en 2009, luego de la renacionalización de Sidor, cuando el control obrero fue incluido como lineamiento principal de gobierno en lo que se conoció como Plan Guayana Socialista (López y Hernández, 2016: 184-214).

El Control Obrero tenía por objetivo lograr el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica por parte de los trabajadores, dentro y fuera de la fábrica (Adarfio, 2011: 43-56). Esta experiencia de Control Obrero constituyó un experimento en la batalla de los trabajadores por reemplazar al Estado Burgués por un nuevo Estado de transición al socialismo, que no debía repetir los errores fatales de la experiencia soviética (Carcione, 2010: 56-71).

Otra experiencia novedosa de organización de los trabajadores fueron los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud Laboral (CSSL), cuya promoción estuvo en manos del INPSASEL[xlv] , instituto adscrito al Ministerio del Trabajo. Su expansión por todo el país y por diversas empresas e instituciones públicas y privadas los convirtió en una herramienta organizativa casi tan generalizada como los propios sindicatos. Los delegados de prevención han cumplido un papel como defensores de los derechos de los trabajadores sobre todo en las pequeñas empresas, donde no existen sindicatos (Lopez Sanchez, 2017-b).

Una de las expresiones más relevantes del programa antineoliberal ejecutado durante el gobierno de Chávez fueron las nacionalizaciones de diferentes empresas a lo largo y ancho del país (Carcione, 2009):

  • Febrero de 2007: Nacionalización de los campos petroleros operados en la Faja del Orinoco por empresas trasnacionales de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Noruega.
  • Mayo de 2007: Nacionalización de la compañía Electricidad de Caracas, creación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y estatización de las empresas privadas regionales.
  • Mayo de 2008: Estatización de la CANTV, comprando las acciones de la empresa estadounidense Verizon.
  • Abril de 2008: Renacionalización de la Siderúrgica del Orinoco[xlvi] (SIDOR), que era propiedad de la multinacional italo-argentina Techint, empresa muy vinculada al gobierno de los Kirchner.
  • 2008: Chávez ordena la nacionalización de las principales industrias cementeras del país, que eran propiedad de la mexicana Cemex, de la suiza Holcin y la francesa Lafarge.
  • Mayo de 2009: Nacionalización de las empresas briqueteras como MATESSI, y la fábrica de tubos TAVSA.
  • 2009: Estatización de 76 empresas medianas que prestaban servicios a la industria petrolera.
  • 2009: El presidente Chávez ordena la nacionalización de varias empresas de alimentos como la procesadora de sardinas La Gaviota y Café Fama de América.
  • 2009: Nacionalización del Banco de Venezuela, que era propiedad del grupo español Santander.
  • Años 2007-2009: Ocupación de tierras ociosas y estatización de numerosos latifundios en varios estados del país.

Lo más resaltante de este proceso lo constituyó la re-nacionalización de la Siderúrgica del Orinoco, SIDOR, como resultado de una larga lucha de sus trabajadores. SIDOR había sido privatizada en los 90 y entregada a un consorcio privado argentino[xlvii] (Giacalone, 2003: 53-87). Luego de quince meses de lucha de sus trabajadores, la decisión del presidente Chávez de estatizar la empresa, fue el detonante para que se fortaleciera el “Control Obrero” y se aprobara en 2009 el Plan Guayana Socialista (Pérez Borges y otros, 2009: 23-51).

El Plan Guayana Socialista (PGS) representó el punto culminante de los esfuerzos realizados durante el gobierno de Hugo Chávez en asumir un camino que desmontara las políticas neoliberales de las décadas anteriores y avanzara en la definición de modelos productivos anticapitalistas (Comisión de Sistematización, 2013).

Dicho plan encontró desde un primer momento la resistencia y saboteo tanto de la burocracia incrustada en las estructuras del estado (empresas básicas y ministerios) como de los sindicatos (Pérez Borges, 2010: 63-97).[xlviii]. Ambos sectores reflejaban de alguna manera los intereses de las grandes multinacionales del hierro y del aluminio que habían sido afectadas por las nacionalizaciones y se proponían recuperar los negocios que la revolución les había arrebatado (Carcione y Poliak, 2010: 57-62).

De manera general, todas las empresas nacionalizadas pasaron a control del estado, a través de diferentes ministerios. Aunque hubo propuestas e intentos de establecer formas de cogestión mediante consejos de trabajadores, el gobierno de Chávez terminó imponiendo una gestión estatal, designando presidentes, gerentes y directores de cada una de las empresas expropiadas. Con casi todas estas empresas expropiadas, el estado pagó a sus propietarios la respectiva indemnización, como lo hizo con Agroisleña, con el Banco de Venezuela (Grupo Santander), la CANTV (teléfonos), la electricidad de Caracas, Sidor, y la mayoría de las empresas petroleras de servicios en el estado Zulia. En el caso de las expropiaciones de tierras, el estado pagó algunas, las más grandes, y dejó de pagar varias decenas de pequeñas expropiaciones[xlix]. La operatividad productiva de casi todas las expropiaciones ejecutadas por Chávez, ha tenido un prolongado declive en estos últimos 15 años. La casi totalidad de dichas empresas han generado pérdidas en este período, algunas han dejado de funcionar, y otras se mantienen gracias al subsidio del estado. Hoy, en 2024, el gobierno de Maduro se propone privatizar alrededor de 350 empresas que siguen estando en manos del estado, como lo anunció el presidente de Conindustria, Luigi Pisella[l].

Finalmente, la enfermedad de Chávez a mediados de 2011 terminó de debilitar las fuerzas que pugnaban por caminos alternativos al viejo recetario neoliberal y en el trascurso del año 2012 el PGS comenzó a ser desmantelado y abandonado por los ministerios y empresas involucradas. En ese desmantelamiento del PGS jugó un papel estelar la FSBT (García Romero, 2011) (Rivero, 2010).

En mayo de 2012 se aprobó una nueva Ley del Trabajo[li] (LOTTT), restituyendo los derechos conculcados en la reforma de Caldera de 1997[lii] e incorporando nuevas reivindicaciones laborales y políticas para la clase trabajadora (López, 2017-b). La aprobación de la nueva LOTTT, quedó como un aporte jurídico destacado en la lucha de los trabajadores contra el neoliberalismo y contra la explotación capitalista en general, según la definición contemplada en su artículo 25, que dice: El proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial superar las formas de explotación capitalista” (López, 2017-a: 34-50).

Otro punto destacado de lo ejecutado por Chávez fue la confrontación al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto empujado por el gobierno de los Estados Unidos y que terminó siendo derrotado en la IV Cumbre de las Américas en Mar de Plata (noviembre de 2005), con la participación destacada de los presidentes de los países del Mercosur[liii], que coincidieron con Chávez para rechazar la propuesta estadounidense y asestar una derrota histórica a los intereses norteamericanos que estaban allí presentes con George Bush y Condoleeza Rice (Karg y Lewitt, 2015).

El período de gobierno de Hugo Chávez contribuyó a una mejora relativa del ingreso de los trabajadores y de sus condiciones de vida, al introducir las misiones sociales, concebidas como “salario social”. Programas de salud en los barrios, construcción de viviendas populares, programas de alimentación escolar, ventas a precios populares de vehículos y electrodomésticos, expansión del sistema universitario público, expansión del sistema de pensiones a las amas de casa y trabajadores no cotizantes, entre otros, permitieron mejorar las condiciones generales de vida de la clase trabajadora. Todo esto a pesar de que los salarios reales, aunque tuvieron períodos de aumento entre 1999-2001 y 2003-2006, en la primera década del chavismo (1999-2010) tuvieron un descenso general del 20 % (Mateo Tomé, 2010: 43-57).

Es necesario recalcar esta idea: en la segunda mitad del período de gobierno de Chávez (2006-2012), los salarios reales iniciaron una caída, que se aceleró en el gobierno de Nicolás Maduro, hasta prácticamente desaparecer (los salarios tuvieron un descenso, en el gobierno de Maduro, superior al 95 %).[liv]

Si bien el programa ejecutado por Chávez no fue, estrictamente, un programa socialista ni comunista, su desempeño al frente del Estado implicó un giro de 180 grados con relación a los anteriores gobiernos de Venezuela desde la Independencia.

Chávez rompió radicalmente con la anterior subordinación ante el gobierno de los Estados Unidos y se alejó del llamado Bloque Occidental (USA y la Unión Europea), acercándose a potencias emergentes como China, Rusia, Irán y Turquía. Se enfrentó a la tradicional hegemonía estadounidense en Latinoamérica, cuestionando con fuerza a la Organización de Estados Americanos (OEA), y promoviendo la creación de organismos de integración alternativos como la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y ALBA (Alternativa Bolivariana para los pueblos de América).

Mantuvo un acercamiento permanente con el gobierno comunista de Fidel Castro en Cuba y durante su mandato se produjo en todo el continente latinoamericano un ascenso de las fuerzas de izquierda que se tradujo en los triunfos electorales de Lula Da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff[lv] (2011-2016) en Brasil, Néstor Kirchner (2003.2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en Argentina, Rafael Correa en Ecuador (2007-2017), Evo Morales en Bolivia (2006-2019), Tabaré Vazquez (2005-2010) y Pepe Mujica (2010-2015) en Uruguay, Fernando Lugo[lvi] en Paraguay (2008-2012), Michelle Bachelet en Chile (2006-2010), Daniel Ortega en Nicaragua (2007-2023), Mauricio Funes en El Salvador (2009-2014), Manuel Zelaya[lvii] en Honduras (2006-2009) y Ollanta Humala en Perú (2011-2016).

El período de Chávez en la presidencia de Venezuela favoreció la modificación radical de todo el panorama político latinoamericano. El discurso antiimperialista, enfrentado al gobierno de los Estados Unidos y su tradicional influencia en el continente, se fortaleció como nunca antes en la historia, contribuyendo a identificar a Chávez y al chavismo como una fuerza política “comunista”, aunque en sus definiciones y en su programa no lo fueran. En los hechos, la acusación principal hacia Chávez no lo calificaba como “populista”, sino como “comunista”. La influencia del chavismo por toda Latinoamérica resucitó el discurso de la antigua “guerra fría” en boca de los voceros del gobierno de los Estados Unidos y de sus fuerzas aliadas a lo largo y ancho del continente, aunque esta ya hubiese fenecido en 1991 luego del derrumbe de la Unión Soviética.

La campaña levantada por el gobierno de los Estados Unidos contra Chávez y la influencia del chavismo en el continente, implicó resucitar en pleno siglo XXI la lucha contra la “expansión comunista” realizada en las décadas de 1960, 70 y 80.

Sin embargo, debe quedar claro que Hugo Chávez nunca esbozó un programa económico propiamente socialista. Las medidas por él ejecutadas se encuadran perfectamente en un modelo keynesiano, de intervención del estado en la economía. El socialismo estuvo siempre en los discursos, pero prácticamente nunca en la ejecución real del gobierno. Las expropiaciones de empresas y de tierras pudieron dar esa impresión de “gobierno socialista”, pero en la realidad no pasaron de contribuir a conformar un relativamente poderoso capitalismo de estado. Ya en el año 2009, en un evento donde 40 intelectuales debatimos los problemas más visibles de la revolución bolivariana[lviii], alertábamos sobre el proceso de conformación de una nueva burguesía “bolivariana”, surgida mediante la influencia del partido de gobierno y de numerosos dirigentes de la revolución (gobernadores, alcaldes, diputados, jefes militares), que les permitió apoderarse de numerosas empresas privadas, que simplemente cambiaron de manos gracias al poder extorsivo de quienes controlan el Estado[lix]. Buena parte de los grupos económicos denominados “boliburgueses” (burguesía bolivariana) se constituyeron durante el período de Hugo Chávez, como el de Raúl Gorrín (dueño del canal privado de TV Globovisión) y Wilmer Ruperti (dueño de otro canal televisivo privado, empresario petrolero y dueño de un equipo del béisbol profesional). Grandes desfalcadores del erario público, como el teniente Alejandro Andrade (secretario privado de Chávez y luego tesorero de la nación) y Claudia Díaz (enfermera de Chávez y luego tesorera de la nación), que se fueron de Venezuela con cientos de millones de dólares luego de morir Chávez, ha sido detenidos en Estados Unidos y confiscado su capital en años recientes.

 

EL REGRESO AL PASADO NEOLIBERAL Y AUTORITARIO BAJO EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO

La muerte de Chávez en 2013 y la asunción de Nicolás Maduro (2013-2023) como presidente significaron el abandono casi total de ese programa antineoliberal, y el regreso progresivo de las mismas políticas económicas ejecutadas en la última década del siglo XX. Maduro ha mantenido el mismo discurso radical de su antecesor, y se presenta como un gobierno genuinamente “obrerista”[lx], “socialista”[lxi] y antiimperialista, que dice contar con el respaldo de los sindicatos mayoritarios (López, 2012: 145-181). Sin embargo, ha ejecutado un verdadero cambio de rumbo económico, abriendo las puertas a las políticas neoliberales, en un marco de creciente autoritarismo (Alarcón, 2017); (Luna, 2019) (Vivas, 2019) (Sutherland, 2020).

La realidad de la economía venezolana a más de diez años de gobierno de Nicolas Maduro se ubica como el peor desempeño del mundo y uno de los cinco peores resultados en la historia del capitalismo en los últimos setenta años (Straka, 2019) (Bermúdez, 2016) (Sutherland, 2018) (Vera, 2018). Una contracción de más del 80% del PIB entre 2014 y 2020 (El País, 2023); cierre o paralización del 80 % de las fábricas existentes para 1999 (Ostos, 2019); un salario mínimo de 4 dólares mensuales y una canasta alimentaria de 511 dólares al mes (CENDAS-FVM, 2023); una sociedad que recibió un billón de dólares en el boom petrolero entre 2004-2008 y que sin haber pasado por una guerra tiene hoy una economía totalmente destruida (Straka, 2019). Resaltando la ausencia de un plan económico coherente, y la adopción de medidas que se contradicen entre sí y que profundizan cada día el colapso de la economía venezolana (Sutherland, 2018).

El fracaso de los proyectos de desarrollo endógeno debido a la mala gestión estatal de las empresas nacionalizadas se combinó con la caída de los precios del petróleo en la última década, generando una caída de la producción y el incremento de la deuda externa para cubrir la financiación del aparato estatal y las importaciones de manufacturas y alimentos. Estos son los antecedentes del escenario de hiperinflación, sobreendeudamiento y caída de la producción petrolera vivido entre 2017 y 2022 (Vera, 2018).

En esta coyuntura, es importante no olvidar que esta crisis ha sido profundizada hasta situaciones de colapso inducido por el bloqueo de activos y sanciones económicas y financieras aplicadas por Estados Unidos y sus aliados internacionales en el curso de 2017-2023 (Ayala, 2019).

El proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) representa tal vez el más claro ejemplo de propuesta económica neoliberal que entregó a diversas empresas multinacionales la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros minerales en un espacio de los Estados Bolívar y Amazonas de 112 mil kilómetros cuadrados, equivalente al 12 % del territorio nacional (Lander, 2016). La aprobación del AMO no cumplió la exigencia constitucional de consulta a las comunidades indígenas que habitan en dicho territorio. El proyecto AMO subordina las diferencias que puedan existir entre el Estado venezolano y las empresas contratistas a los tribunales internacionales (CIADI), a pesar de las disposiciones constitucionales expresas que rechazan toda intromisión de tribunales extranjeros en la economía nacional[lxii] (El Estímulo, 2016) (Aporrea, 2016). A semejanza de las regiones maquiladoras del neoliberalismo tradicional, el AMO no reconoce la vigencia de los derechos laborales contemplados en la Constitución y en la LOTTT en las zonas objeto de concesiones mineras.

Como lo plantea Edgardo Lander:

“el gobierno venezolano está tomando en secreto decisiones de carácter estratégico que podrían estar definiendo el futuro del país por el resto del siglo, sin debate alguno en el seno de la sociedad. Mediante el decreto presidencial del Arco Minero del Orinoco, se decidió la creación de una especie de zona franca minera, bajo control militar, donde se suspenden preventivamente muchos de los derechos constitucionales entre otros, los derechos de los pueblos indígenas. Se ha llegado acuerdos con 130 o 150 empresas, sin que … tengamos idea de cuáles son dichas empresas, y cuál es el contenido de dichos contratos” (Lander, 2016).

En materia de política salarial, el desempeño de los salarios durante el período 1999-2021 expresa una curva muy semejante al recorrido presentado en tiempos del puntofijismo (1958-1999)[lxiii], de ascenso en la primera mitad del período (1999-2007) y de caída en los años siguientes (2008-2023). Con la diferencia de que la caída salarial de los últimos años alcanza niveles no vistos en ninguna de las experiencias neoliberales del continente, pues en comparación con los salarios reales de los años 2006-2007, el descenso alcanzaba hasta un 96% del mismo para 2020. (Sutherland, 2020).

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, afirma que la caída del salario en el período 2001-2020 alcanza hasta el 99 %:

En cuanto al monto en dólares de los sueldos básicos, en enero de 2001 los profesores instructores TC[lxiv] ganaban el equivalente a USD 903,43 y los titulares DE un monto de USD 2.659,63… Hoy todos ganan alrededor del 1% de lo que ganaban entonces”. (FAPUV, 2020).

Este abismal derrumbe de los salarios reales en un 99 %, es lo que explica la enorme migración de más de siete millones de personas que han salido de Venezuela en los últimos 10 años. El retroceso salarial de los trabajadores venezolanos es tan pronunciado que el salario en tiempos de la gran huelga petrolera del año 1936, 5 bolívares de salario diario (equivalente a 1,57 $ diarios por jornada), implica que en 2020 un trabajador en Venezuela recibía como salario mensual casi el mismo monto[lxv] que un trabajador petrolero ganaba en un solo día de trabajo, 84 años atrás (Biardeau, 2020).

El gobierno de Maduro, con el memorando 2792 del ministerio del trabajo de octubre de 2018 (La izquierda diario, 2018-a), desconoció todas las contrataciones colectivas vigentes en la administración pública y en el sector privado, barriendo en un solo acto las conquistas obreras que se habían logrado durante el período de Hugo Chávez. Como afirma el dirigente sindical clasista Orlando Chirino: “En las relaciones laborales de los últimos 30 años un gobierno no había producido un instrumento jurídico tan reaccionario y antiobrero como el memorándum 2792” (Chirino, 2019).

La política del gobierno ha sido la de “aplanar” las tablas salariales, estableciendo diferencias mínimas entre los salarios iniciales y las escalas más altas de remuneración, violentando el principio constitucional de progresividad en los derechos laborales, desconociendo la antigüedad, la capacitación profesional y técnica, los grados de responsabilidad y la meritocracia de los trabajadores (La Izquierda Diario, 2018-a).

En semejanza a los programas neoliberales aplicados por los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera entre 1989 y 1999, podemos comprobar la ejecución de los mismos por el gobierno de Nicolás Maduro:

v  Liberación del control de cambio y libre flotación de la moneda con respecto al dólar. Desde 2017 el bolívar se devalúa a ritmo de hiperinflación (Efecto Cocuyo, 2023).

v  Libre importación de alimentos y otros productos libres de aranceles. Permisos de importación que se han otorgado a empresarios afines al gobierno.

v  Liberación de precios de los alimentos y demás productos de la canasta básica. Cuando se establecen regulaciones de precios a una lista específica de productos, el monto necesario para adquirir dicha lista supera en más de 20 veces al salario mínimo oficial (Aporrea, 2020).

v  Pulverización de los salarios reales, que en relación al dólar se han reducido entre un 96 % y un 99 % en 20 años.

v  Mantenimiento del IVA como un impuesto regresivo que pecha a los consumidores.

v  Procesos de privatización en ramas principales de industrias como petróleo, hierro, aluminio, oro, diamantes, y en servicios como la distribución de gasolina, que por ley se supone que está reservada al estado. El precio “no regulado” de la gasolina lo determinó el gobierno en 0,50$ x litro, introduciendo al dólar como moneda de uso oficial en el país (Vázquez Heredia, 2020).

v  Entre 2015 y 2021, al menos 33 compañías propiedad del Estado venezolano pasaron a ser administradas por el sector privado (Transparencia Venezuela, 2021).

v  Flexibilización laboral casi total, con el memorando 2792 que desconoce los derechos laborales consagrados en la propia Constitución y en la LOTTT. (Ministerio del Trabajo, 2018). A lo que se une el “Instructivo Onapre”, aprobado en marzo de 2022 por la Oficina Nacional de Presupuesto, que volvió a desconocer las tablas salariales y demás beneficios laborales de las contrataciones colectivas en toda la administración pública (Acceso a la Justicia, 2022).

v  Limitaciones de las políticas sociales denominadas “misiones”, las cuales tienen mayor efectividad en la capital Caracas, y son casi inexistentes en el resto de ciudades y pueblos (Transparencia, 2020). A las misiones sociales se ha incorporado en los últimos años la entrega del CLAP[lxvi] y de bonos a quienes poseen el “carnet de la patria” (Aula Abierta, 2018), entrega que es de forma aleatoria e irregular[lxvii].       

v  De manera general, el gobierno de Maduro ha establecido acuerdos principales con el empresariado tradicional, representado en Fedecámaras. El nuevo presidente del gremio empresarial, Adán Celis, ha manifestado que el diálogo con el gobierno es parte fundamental para alcanzar la transformación de la economía y el desarrollo del país (Fedecámaras, 2023). En ese marco, el gobierno asumió en mayo de 2023 la propuesta empresarial de no aumentar salarios, pagando “bonos” que no repercuten en las prestaciones de antigüedad y otros conceptos laborales como vacaciones y utilidades (Alcalá, 2023) (López Sánchez, 2023).

v  Al mismo tiempo su gestión ha propiciado el crecimiento de una nueva burguesía, identificada con el “proceso bolivariano”, integrada por civiles y militares, a la cual se le denomina “boliburguesía”.  Esta nueva clase dominante se soporta en una economía “gris” que se ejecuta al margen de las leyes, desde valerse de barcos fantasma para vender petróleo fuera del radar de EEUU, hasta abrir en tiempo récord decenas de supermercados o concesionarios con coches de lujo. Pero son unas nuevas elites que sólo consumen, no generan empleos ni conocimiento (Nueva Sociedad, 2023).

Al mismo tiempo, el gobierno de Maduro ha desarrollado un importante perfil autoritario, manifestado en:

·         El gobierno ha suspendido la vigencia de la Constitución Nacional mediante la llamada “Ley Antibloqueo”[lxviii] (LAB), aprobada por la anticonstitucional Asamblea Constituyente (2017-2020), la cual le permite al presidente de la República flexibilizar y suspender regulaciones y normativas legales y constitucionales “para adelantar una reorganización y reestructuración de los entes públicos y empresas del Estado, incluyendo la modificación del régimen empresarial, modelo de negocios y la participación accionaria del Estado en las empresas mixtas y públicas, en el contexto de una política de apertura de la economía al capital nacional e internacional (Márquez, 2021).

·         La LAB también faculta al presidente para negociar los activos y pasivos de la República a fin de generar ingresos, lo cual, dicho sin eufemismo, es una autorización abierta para liquidar los activos de la República a través de un proceso de privatización y de renegociación de los pasivos financieros. Todo ello, sin estar sometido a los controles legales y constitucionales (Márquez, 2021).

·         La LAB establece mecanismos excepcionales de contratación, un régimen de confidencialidad para todas las decisiones económicas del ejecutivo, y somete las controversias con inversionistas extranjeros a tribunales foráneos, todo lo cual viola disposiciones expresas de la Constitución, anula todas las funciones contraloras de la Asamblea Nacional y termina aboliendo el Estado de Derecho en Venezuela (Márquez, 2021).

·         La Ley de Regionalización (decreto-ley de 2014) y la Ley de Zonas Económicas Especiales (aprobada en julio de 2022) apuntan a una reorganización del territorio de la República al margen de la división territorial consagrada en la Constitución, con las características de las “zonas de maquila” y enclaves extractivistas propios del capitalismo salvaje neoliberal, cuyas características son la supresión de impuestos, y la ausencia de regulaciones laborales y ambientales. En agosto de 2023, el presidente Maduro ha activado cuatro Zonas Económicas Especiales, Paraguaná, La Guaira, Aragua y La Tortuga (Tal Cual, 2023).

·         La Ley “contra el odio” que ha servido para encarcelar a decenas de activistas opositores por el sólo hecho de realizar críticas a las acciones del gobierno (La Izquierda Diario, 2018-b) (Crónica Uno, 2020) (Provea, 2021).

·         La suspensión indefinida de todas las elecciones sindicales y gremiales, el desconocimiento de las federaciones mayoritarias de trabajadores, y la utilización de pequeñas organizaciones sindicales afines al gobierno para simular una inexistente “democracia obrera”. La Organización Internacional del Trabajo ha atendido a denuncias de diferentes sindicatos y federaciones, en el sentido de que el gobierno de Nicolás Maduro violenta el derecho de los trabajadores a la libertad sindical, a la libre asociación, a la contratación colectiva y a la participación tripartita en la fijación del salario mínimo nacional (Acceso a la Justicia, 2021).

·         Las reiteradas persecuciones y detenciones contra activistas obreros y directivos sindicales, ejecutada en los últimos diez años por el gobierno de Maduro, ha alcanzado su punto máximo con las recientes sentencias judiciales en donde se condena a 16 años de cárcel a seis activistas del movimiento de trabajadores[lxix] (DW, 2023). Con ello, el gobierno envía un duro mensaje represivo a las constantes y masivas protestas laborales que en el último año han sacudido todas las ciudades venezolanas.

·         La deriva autoritaria del gobierno de Maduro se observa también en la reciente intervención judicial del Partido Comunista de Venezuela, al cual el Tribunal Supremo de Justicia ha decretado su intervención, destituyendo a su directiva electa democráticamente en el último congreso del partido celebrado en diciembre de 2022, e imponiendo una directiva de siete personas que no son militantes del PCV y que venían actuando como activistas del partido de gobierno PSUV (Tal Cual, 2023)

CONSIDERACIONES FINALES.

Más allá de los errores cometidos en lo político y económico durante su gestión, el gobierno de Chávez realizó intentos significativos por trascender el neoliberalismo y fomentar una economía productiva sobre bases de independencia económica y participación popular. Durante la primera década del siglo XXI, en Venezuela se escenificaron políticas de gobierno que pretendían dejar atrás el rentismo petrolero y avanzar a una economía socialista.

Tras la muerte de Chávez en 2013, el neoliberalismo y el autoritarismo ha regresado bajo el gobierno de Nicolás Maduro, que, no obstante, presume ser todo lo contrario. La economista Pascualina Curcio (2020), destacada defensora del gobierno de Nicolás Maduro, reconoce cómo se ha modificado regresivamente la distribución del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2014 y 2017[lxx]. Usando un ejemplo didáctico, Curcio explica que en 2014 “la torta de la economía venezolana”, repartida en 16 trozos, se distribuyó en 7 trozos para la burguesía, 7 para los asalariados y 2 para el estado (Curcio 2020). En 2017, con una torta un tercio más pequeña que la de 2014 (la economía se redujo, según el BCV, 34% entre 2014 y 2017), a la burguesía le tocaron 10 trozos, a los asalariados 5 y al estado 1 trozo. En términos de precios y salarios, entre 2014 y 2017 los precios aumentaron 10.013% y los salarios apenas 6.436% (Curcio, 2020). La misma Curcio reconoce que esa regresión distributiva del PIB se ha acentuado aún más entre 2017 y 2023.

Algunas consecuencias de estas políticas neoliberales las expuso la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC, 2020):

“El reciente estudio de Caritas, ‘Nutrición infantil y seguridad alimentaria’ de abril 2020 (Caritas, 2020) detectó que la desnutrición grave de los niños menores de cinco años creció, en apenas 6 meses, en un 5.78 %, al pasar de 11.5% en noviembre de 2019 a 17.3% en abril de 2020. Otro hallazgo importante de esa investigación es que en ese mismo período disminuyó en casi un tercio, el número de hogares con acceso a los alimentos subsidiados por el Estado a través de las “cajas CLAP” de 73% a 41 %, mientras su inseguridad alimentaria creció en los últimos seis meses de 32.2% a 40%, del cual el 21% sufre de inseguridad alimentaria grave. Al comparar éstas cifras con las plasmadas en el informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA), elaborado con la autorización del gobierno de Nicolás Maduro antes de que se decretara la cuarentena (2019), se observa que hay una fuerte aceleración de la desnutrición vinculada con el incremento de la pobreza y la precarización social masiva Éstas son señales inequívocas que comienzan a develar el rostro pavoroso de una hambruna en progreso”

El gobierno de Nicolás Maduro[lxxi], autodenominado antiimperialista, que de hecho enfrenta la intromisión del gobierno de los Estados Unidos y de sus aliados de la Unión Europea en los asuntos internos de Venezuela, injerencia que busca explícitamente la salida de Maduro del poder y la asunción de un liderazgo político dócil a los intereses de las grandes potencias occidentales, ha ejecutado de manera simultánea un plan neoliberal de privatizaciones, flexibilización laboral y represión política contra el pueblo que lucha.

En la realidad de los hechos, Nicolás Maduro es un gobernante con un discurso demagógico sumamente radical, que no concuerda para nada con una ejecución autoritaria y neoliberal, de espaldas al pueblo y a los intereses del desarrollo nacional.

Una realidad compleja y contradictoria, que demuestra cómo los intereses del gran capital multinacional no tienen fronteras ideológicas, y que el programa económico neoliberal puede ser ejecutado por gobiernos que se declaran formalmente enemigos de ese mismo neoliberalismo.

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III

 

EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EN VENEZUELA DURANTE EL PERÍODO BOLIVARIANO (1999-2024)

 

INTRODUCCIÓN 

El presente análisis se propone considerar el desempeño del movimiento de trabajadores en Venezuela durante los 25 años del proceso político conocido como “revolución bolivariana”, durante los períodos de gobierno de Hugo Chávez Frías (1999-2012) y Nicolás Maduro Moros (2013-2024). Un período que implicó nuevas conquistas legales en materia de derecho laboral, que presenció un renacimiento del movimiento obrero y su protagonismo en los procesos de cambio que se desarrollaron en la primera década del siglo XXI, y que ha involucionado hacia las mismas políticas neoliberales de la década de 1990, ante las cuales el movimiento de trabajadores, confundido y dividido por la modificación radical del programa político y económico de la “revolución”, apenas en años recientes ha comenzado un proceso de reorganización y lucha exigiendo respeto hacia los derechos laborales y por el cese a las políticas represivas contra los luchadores sociales.

 

EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES AL MOMENTO DEL TRIUNFO ELECTORAL DE CHÁVEZ.

El movimiento de trabajadores en Venezuela, al momento del triunfo electoral de Hugo Chávez en diciembre de 1998, se encontraba sumamente debilitado por efecto de 40 años de liderazgo socialdemócrata del partido Acción Democrática al frente de la mayor central obrera del país, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); liderazgo caracterizado por la conciliación de clases como línea de acción, que en la  década inmediata anterior había significado avalar los programas económicos neoliberales de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-1999) (López Sánchez, 2018: 135).

 

Aunque la campaña electoral de Chávez tuvo respaldo de pequeños núcleos sindicales clasistas que aisladamente pervivían en el país, el grueso de federaciones y sindicatos permanecían bajo la conducción de la CTV, sumamente burocratizada y desprestigiada entre la masa obrera. Ante la ausencia de un referente político-sindical alternativo, “el movimiento obrero venezolano existente para 1998 se encontraba totalmente entregado ante las políticas neoliberales, sin ofrecer la menor resistencia, y en condiciones de debilidad política y organizativa que lo ubicaban en posiciones claramente secundarias como actor del sistema político imperante en Venezuela”. En ese contexto laboral se inició el gobierno de Hugo Chávez en febrero de 1999 (López y  Hernández, 2016-a: 41).

 

LOS DERECHOS LABORALES CONSAGRADOS EN LA CRBV[lxxii] Y LA LOTTT[lxxiii]

 

Una característica principal del período de gobierno de Hugo Chávez, fue la conquista de derechos laborales consagrados en la constitución y las leyes. Primero en la Asamblea Constituyente de 1999 y posteriormente en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras aprobada en 2012.

 

En la nueva Constitución aprobada el 15 de diciembre de 1999 se incorporaron una serie de conquistas laborales significativas, que modificaron radicalmente la ejecutoria neoliberal que había tenido el Estado venezolano durante la última década del siglo XX. Estas conquistas provinieron de las iniciativas personales de algunos constituyentistas, más que de un plan político previamente acordado en la dirección del chavismo. 

 

Los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución Bolivariana de 1999 provienen principalmente de una concepción ampliada del Estado de Bienestar surgido en el siglo XX en las democracias liberales europeas y los Estados Unidos. Algunos de esos derechos ya aparecían en la Constitución de 1961 y la de 1947. La diferencia estriba en que fueron ratificados en un momento histórico en que el capitalismo globalizado ya no defiende ni promueve esas conquistas obreras, y que por el contrario predomina el modelo neoliberal, que consiste en el desconocimiento y la restricción de esos mismos derechos.

 

Entre los derechos consagrados constitucionalmente en 1999 y que se relacionan directamente con el mundo del trabajo están:

·         El derecho de todo ciudadano a la seguridad social como servicio público, y la obligación del Estado de garantizarlo (artículo 86).

·         El derecho al trabajo y la responsabilidad del Estado en fomentar y garantizar el empleo (art. 87).

·         La igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo, y el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. El derecho de las amas de casa a la seguridad social (art. 88)[lxxiv].

·         La progresividad de los derechos laborales y su carácter irrenunciable (art. 89)[lxxv].

·         La reducción de la jornada de trabajo diurna de 48 a 44 horas semanales (art. 90)[lxxvi].

·         La responsabilidad de Estado en fijar el salario mínimo y de ajustarlo cada año de acuerdo con el costo de la canasta básica (art. 91).

·         El derecho de los trabajadores al pago de antigüedad (art. 92).

·         La garantía de la estabilidad en el trabajo[lxxvii] (art. 93).

·         El derecho de los trabajadores a conformar sindicatos y la autonomía de los mismos con respecto a los patronos y el Estado (art. 95).

·         La democracia sindical entendida mediante la alternabilidad de los directivos sindicales a través de sufragios universales, directos y secretos (art. 95).

·         El derecho a la contratación colectiva[lxxviii] (art. 96).

·         El derecho a huelga (art. 97).

Si bien la consagración constitucional de todos estos derechos no implicaba su ejecución efectiva, podemos decir que en términos históricos y políticos estas conquistas logradas en la Asamblea Constituyente fortalecieron el espíritu de lucha de los trabajadores venezolanos, ampliaron significativamente sus derechos y su propia conformación numérica (al considerar, por ejemplo, a las amas de casa como trabajadoras). 

 

No obstante, la redacción de una nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT), mandato constitucional que debía cumplirse al año de haberse instalado la nueva Asamblea Nacional (disposición transitoria cuarta de la CRBV), no fue elaborada durante los siguientes 13 años, y es solamente en 2012 que se procedió, mediante la Ley Habilitante, a aprobar una nueva LOT.

 

Sin embargo, es necesario resaltar el carácter progresista de estos derechos consagrados constitucionalmente. Los mismos fueron ratificados luego de más de dos décadas de aplicación descarnada de las políticas neoliberales en América Latina, caracterizadas precisamente por su desconocimiento de conquistas laborales históricas, y apenas dos años después de que el segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) modificara en 1997 la Ley del Trabajo introduciendo aspectos que vulneraban abiertamente los intereses de la clase trabajadora, como la eliminación del cálculo retroactivo para el pago de las antigüedades y la eliminación de la ley contra despidos injustificados.

 

La aprobación en mayo de 2012 de una nueva Ley Orgánica del Trabajo que no sólo restituyó los derechos conculcados en 1997, sino que incorporó y profundizó nuevas reivindicaciones laborales y políticas, y el masivo respaldo a dicha ley manifestado en la movilización de miles de trabajadores el 1º de mayo de 2012, permitía hablar de una nueva situación en la cual los trabajadores venezolanos comenzaban a jugar un papel destacado en el sistema político del país. 

 

La nueva LOTTT fue la respuesta del gobierno bolivariano a un proceso continuado de protagonismo de los trabajadores desarrollado como respuesta al paro patronal-petrolero realizado por Fedecámaras[lxxix] y la CTV en 2002-2003. A partir de allí, los trabajadores comenzaron a movilizarse ensayando nuevos escenarios de producción mediante la recuperación de empresas paradas y exigiendo la nacionalización/re-nacionalización de empresas en manos privadas, imponiendo formas novedosas de organización de la actividad productiva mediante los consejos de trabajadores y el control obrero, propuestas que encontraron eco en el gobierno bolivariano y avanzaron a convertirse en políticas de Estado.

 

En la esfera de las reivindicaciones económicas propias de las negociaciones entre trabajo asalariado y capital, la Revolución Bolivariana profundizó derechos y conquistas sin parangón en la vida política anterior del país. Comenzando por la recuperación de lo perdido por los trabajadores en la Reforma de la LOT en 1997: el cálculo del pago de la prestación de antigüedad en base al último salario, y el pago doble de prestaciones por despido injustificado. A la vez en esta nueva LOTTT se ampliaron otros derechos como:

 

·         Inamovilidad de dos años a la trabajadora después del parto.

·         Inamovilidad de dos años al padre trabajador después del parto.

·         Descanso pre y postnatal: 6 semanas antes del parto y 20 semanas después del parto.

·         Guarderías: Desde los 3 meses hasta los 6 años. Pago de matrícula y mensualidades por el patrono.

·         Jornada laboral de 5 días a la semana, dos días de descanso continuos y remunerados. Jornada diurna de 8 horas diarias y 40 horas semanales (antes eran 44 horas semanales, y un solo día de descanso oficial).

·         Nuevos días feriados: Lunes y Martes de carnaval, 24 y 31 de diciembre.

·         Bono vacacional: 15 días de salario normal más 1 día por cada año de servicio, hasta 30 días (antes eran 7 días de salario hasta 21).

·         Bono de fin de año: 30 días (antes eran 15 días).

·         Los reclamos por prestaciones sociales prescribirán a los 10 años (antes era 1 año). El resto de reclamos laborales prescriben a los 5 años (antes era 1 año).

·         Queda prohibida la tercerización. En un lapso no mayor de 3 años los patronos se ajustarán a ella, incorporando a la nómina a los trabajadores tercerizados (el plazo venció el 7 de mayo de 2015).

 

La definición contemplada en el artículo 25 de la LOTTT, que dice: “El proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial superar las formas de explotación capitalista”, constituyó un aspecto que además de novedoso fue radicalmente avanzado con respecto a toda la anterior legislación laboral venezolana, la cual, como ya dijimos, siempre se limitó a regular las formas de explotación del trabajo asalariado por el capital.

 

Son una serie de aspectos reivindicativos unos y políticos otros (en el sentido de propuesta de transformación política y socio-económica), que reunidos constituyeron un avance histórico formidable con relación a lo que venían siendo las conquistas de los trabajadores venezolanos desde que comenzaron sus primeras formas de organización en los albores del siglo XX.

 

CRISIS Y CAÍDA DE LA CTV COMO CENTRAL HEGEMÓNICA EN VENEZUELA

 

La tradicional hegemonía de la Confederación de Trabajadores de Venezuela fue desplazada completamente en la primera década del proceso bolivariano. Aunque la CTV mantuvo su vigencia en los primeros años del bolivarianismo, su participación tanto en el golpe de estado de abril de 2002 como en la huelga patronal de 2002-2003 significó un punto de inflexión a partir del cual los trabajadores abandonaron masivamente los sindicatos afiliados a la CTV y procedieron a constituir nuevos sindicatos denominados “bolivarianos”. 

 

Luego de su participación tanto en el golpe de abril como en el paro patronal de finales de 2002, la CTV entró en virtual colapso. Los sindicatos cetevistas se quedaron vacíos de trabajadores, produciéndose una migración masiva de los mismos hacia los nuevos sindicatos bolivarianos creados en los primeros años del gobierno de Chávez. Esto no respondió a estrategia alguna del chavismo, fue simplemente un proceso espontáneo en el cual los mismos trabajadores decidieron abandonar los sindicatos y federaciones a los cuales habían estado afiliados por años y hasta décadas, y constituir nuevos sindicatos que en la mayoría de los casos se identificaron con el proceso bolivariano (en muchos casos la palabra “bolivariano” estaba incluida en sus siglas).

 

Tan sólo en los años 2003 y 2004 el número de sindicatos reconocidos por el Ministerio del Trabajo aumentó de 2.974 a unos 4.000. La CTV había perdido para 2012, el 90 % de los trabajadores que tenían afiliados en 1998, según declaraciones del presidente de la Comisión Electoral Permanente de la CTV, Daniel Santolo, del partido La Causa R (Santolo, 2012).

 

Progresivamente la CTV quedó como un “cascarón vacío”, según palabras de algunos de sus propios dirigentes. La asistencia de los trabajadores a las marchas sindicales convocadas el primero de mayo de 2012 fue prueba contundente de este proceso político. Mientras la marcha convocada por la nueva Central de Trabajadores “oficialista”, la CBST, reunió a unas 400.000 personas en Caracas, la marcha convocada por la CTV en otro lugar de la capital no reunió más de mil trabajadores; una tercera marcha en Caracas, convocada por varias tendencias de la UNETE, tampoco logró reunir a más de mil asistentes. Esta asistencia a la marcha de la CBST se produjo a pesar del malestar existente en el seno de los trabajadores y sus organizaciones debido a las incongruencias presentes entre el discurso radical y “obrerista” de Chávez y sus principales voceros gubernamentales, y la ejecución contraria que se observaba en las instituciones del estado y el propio ministerio del trabajo. Reflejo de que las esperanzas de cambio de la masa trabajadora prevalecían, para ese momento, sobre las propuestas críticas.

 

NACIMIENTO DE LA UNETE Y DE LA CBST

 

Luego del paro petrolero de 2002-2003 se constituyó en Caracas la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), central sindical cuyo nacimiento indicaba el fin de la era cetevista. En asamblea nacional de trabajadores realizada en Caracas el 5 de abril de 2003, se aprobó la constitución de la Unión Nacional de Trabajadores, fue designada una Coordinación Nacional horizontal con 21 miembros, representativos de los sindicatos y regiones fundamentales, elaborada un acta constitutiva y un cuerpo de estatutos. Se otorgó el mandato a la coordinación nacional de la UNETE de construir las estructuras nacionales y regionales de la nueva central. 

 

El 1 y 2 de agosto de 2003 se realiza el 1er. Congreso de UNETE que aprueba la declaración de principios, el código de ética sindical, la plataforma de lucha y un acuerdo sobre la coyuntura del país. Se constituyeron las seccionales regionales de UNETE en el país y se estructuraron los sectores nacionales. Igualmente se discutieron las convenciones colectivas más importantes del país.

 

La UNETE representó al movimiento de trabajadores venezolano ante la OIT y diversos escenarios internacionales entre 2003 y 2011. Las diferencias entre las tendencias bolivarianas que integraban la UNETE llevaron a que en 2006 la corriente de trabajadores más ligada al oficialismo, la FSBT (Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores), abandonara esta central y comenzara esfuerzos para construir otra central paralela. Las razones de fondo para este abandono eran bastante simples: la FSBT era la tendencia más vinculada a Chávez, a través de su fundador Nicolás Maduro, pero era bastante minoritaria dentro de la UNETE. Destruían lo que no podían controlar. En el II Congreso de la UNETE en mayo de 2006, la FSBT apenas tenía un 10 % de los delegados nacionales, en contraste con un 60 % de la tendencia CCURA[lxxx] (vinculada al trotskysmo), un 20 % de la tendencia CTR[lxxxi], liderada por Marcela Máspero, y un 10 % de otras tendencias minoritarias[lxxxii] (Ultimas Noticias, 2006).

 

Los esfuerzos de la FSBT por constituir una central de trabajadores paralela que diera al traste con la UNETE se concretaron el 10 de noviembre de 2011, en el marco del llamado Primer Encuentro de Trabajadores del Campo, la Ciudad y el Mar. Con la asistencia y el pleno respaldo del presidente Hugo Chávez, y designando como presidente de la nueva central al dirigente petrolero Will Rangel, se dio la conformación definitiva de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), la que logró agrupar a la casi totalidad de las federaciones sindicales de carácter nacional ligadas al bolivarianismo.

 

El nacimiento de la CBST, terminó de desplazar a la UNETE de la posición privilegiada que hasta ese momento había ocupado como la principal central de trabajadores del país (esa influencia de la UNETE se fue desmoronando entre 2006 y 2011). La directiva de la CBST quedó constituida en 2011 por los siguientes dirigentes de distintas ramas laborales: Will Rangel (sector petrolero y presidente de la CBST), Franklin Rondón (sector público), Orlando Pérez (educación), Francisco Torrealba (ferroviario), Braulio Álvarez (campesino), Eglée Sánchez (gráfico), Octavio Solórzano (salud), Marcos Tulio Díaz (construcción), Carlos López (sector universitario y coordinador nacional de la CBST), Julio Moreno (pescadores), Rubén Linares (transporte pesado), Omar Acosta (sector público), Omar Mora (Cantv y sectores conexos), Raúl Pinto (deporte), José Carrasco (empresas recuperadas) y José Gil (empresas básicas). 

 

A mediados de 2013, los sindicatos afiliados a la UNETE, relacionados con la Corriente Sindical Cruz Villegas (vinculada al Partido Comunista de Venezuela), entraron en contradicciones con la Corriente CTR y se incorporaron también a la CBST. Con ello, la UNETE quedó aún más debilitada, sólo con el grupo de Máspero, y se ha mantenido hasta el presente como central de trabajadores muy minoritaria y sin mayor capacidad de movilización. 

 

Dentro de la CBST han existido corrientes políticas con importantes diferencias sobre la forma de concebir al movimiento de trabajadores y sobre sus formas de organización y lucha. La hegemonía de la FSBT dentro de la central oficialista se ha desarrollado bajo prácticas antidemocráticas, imponiendo posiciones políticas sin ningún tipo de consultas a las bases de los trabajadores, lo que ha generado con el tiempo progresivas rupturas y desprendimientos de federaciones, sindicatos y dirigentes descontentos con esa ausencia de democracia sindical en la CBST.

 

Hasta la actualidad, agosto de 2023, la CBST todavía no realiza elecciones, y sus dirigentes siguen siendo los mismos designados al constituirse como central en 2011.

 

RENACE LA COMBATIVIDAD EN EL MOVIMIENTO OBRERO DURANTE EL PERÍODO DE CHÁVEZ

 

Uno de los cambios suscitados en el movimiento de trabajadores venezolano fue su considerable movilización y confrontación contra las políticas de corte neoliberal que permanecían en la gestión del gobierno de Hugo Chávez. Un hecho resaltante fue la movilización de los trabajadores de SIDOR[lxxxiii] por lograr la renacionalización de esta empresa, privatizada en la década de los 90 en el marco de los paquetes neoliberales aplicados por Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Luego de varios años de masivos y violentos conflictos, en 2008 el gobierno de Chávez finalmente accedió a nacionalizar a SIDOR, a pesar de los problemas internacionales que esto traía debido a los acuerdos económicos existentes entre el gobierno bolivariano y la república Argentina. 

 

Esta nacionalización fue un considerable y significativo triunfo de los trabajadores, el cual abrió paso al posterior proceso por el Control Obrero que abarcó a todas las empresas básicas de Guayana (el denominado Plan Guayana Socialista, aprobado en 2009) (López Sánchez, 2008). 

 

Otro ejemplo de significación fue la promulgación definitiva de la nueva Ley del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) en mayo de 2012; es de resaltar que, en los años 2009, 2010 y 2011 se realizaron varias y masivas movilizaciones de trabajadores exigiendo al gobierno la aprobación de la nueva ley (marchas convocadas principalmente por la UNETE y por los promotores del Control Obrero). Aunque el gobierno retardó por más de una década esta nueva ley del trabajo, finalmente aceptó promulgarla, echando para atrás todas las medidas neoliberales que promulgara Rafael Caldera en 1997 al reformar la LOT. 

 

El movimiento de trabajadores venezolano constituido a lo largo del proceso bolivariano, al momento de la muerte de Chávez, expresaba signos de recuperación que contrastaban con el anterior movimiento de trabajadores que en la década del 90 no pudo realizar jornadas de lucha para enfrentar las reformas laborales neoliberales.

 

LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN, EL CONTROL OBRERO Y LOS CONSEJOS DE TRABAJADORES

 

Durante el gobierno de Chávez surgieron dos nuevas expresiones organizativas del movimiento de trabajadores: los Delegados de Prevención, y los Consejos de Trabajadores. Los primeros derivados de la reforma de la LOPCYMAT en 2005, y los segundos contemplados en la nueva Ley del Trabajo de mayo de 2012 (LOTTT). 

 

El control obrero surgió como consigna de acción de los trabajadores venezolanos durante el paro petrolero-patronal ocurrido en 2002-2003. Ante la paralización y el abandono por los patronos de numerosas empresas, el movimiento obrero lanzó las consignas de “fábrica parada, fábrica ocupada” y de “control por los trabajadores de la actividad productiva”, lineamientos que comenzaron a desarrollarse de manera espontánea, al producirse la ocupación por sus trabajadores de numerosas empresas que habían parado su actividad, como ocurrió en Venepal (Carabobo), Venezolana de Válvulas (Los Teques), Textiles Fénix (Guárico), Perfumes Cristine-Carol (Caracas), y otras. Pero fue sólo a partir de 2004, cuando el presidente Chávez ordenó la expropiación de Venepal, que el control obrero comenzó a ser considerado como política del estado venezolano. No obstante, no fue sino hasta 2009, luego de la renacionalización de Sidor ocurrida en 2008, cuando el control obrero fue incluido como lineamiento principal de gobierno en lo que se conoció como Plan Guayana Socialista (López y Hernández, 2016-b: 197).

 

El impulso de esta política de Control Obrero Socialista tenía por objetivo lograr el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica por parte de los trabajadores, dentro y fuera de la fábrica. Como instrumento organizativo de esta política se plantearon los Consejos de Trabajadores, para romper con la división capitalista que agrupa por separado a los trabajadores en mecánicos, electricistas, lubricadores, instrumentistas y operadores por gerencia, pasando a la democracia directa que junte a la militancia revolucionaria en el debate y la acción política (Adarfio, 2011: 52). 

 

Para Carlos Carcione, esta experiencia de Control Obrero (2003-2010) constituyó un experimento colosal en la batalla de los trabajadores por reemplazar el actual Estado Burgués por un nuevo Estado de transición al socialismo, que no debía repetir los errores fatales de la experiencia soviética. La lucha de los trabajadores por el control obrero generaría la convicción de que se hace necesario construir un régimen político esencialmente diferente al actual, que acabe con la propiedad privada de los medios de producción y las relaciones de producción capitalistas, y liquide al viejo Estado Burgués para construir un nuevo Estado de transición al Socialismo (Carcione, 2010: 70).

 

Aunque los Consejos de Trabajadores no tuvieron existencia jurídica hasta mayo de 2012, los mismos comenzaron a constituirse desde el 2003, como expresión de grupos de trabajadores que deseaban mantener en funcionamiento empresas paradas por los patronos durante el paro de 2002-2003, o empresas que habían sido abandonadas por esos mismos patronos y que se encontraban sin actividad. Posteriormente, los Consejos de Trabajadores comenzaron a ser promovidos desde el mismo Estado, por el Ministerio del Trabajo y otros ministerios ligados a la administración de fábricas recuperadas, aunque sin responder a una política única y coherente. La nueva LOTTT de 2012 estableció que se elaboraría una ley especial para los consejos de trabajadores, ley que fue aprobada en enero de 2018, modificando el nombre a “ley de los consejos productivos de trabajadores”[lxxxiv].

 

Esta ley de consejos productivos de trabajadores (CPT) aprobada en 2018 modificó considerablemente los objetivos bajo los cuales nació el llamado “control obrero”, luego de la derrota del paro patronal-laboral golpista de diciembre 2002-enero 2003. Los CPT no los consideró la ley como una organización de todos los trabajadores de la fábrica o empresa, sino que los redujo a un número de 3, 5 o máximo 7 personas. Es decir, de una práctica asamblearia que se practicó en numerosas empresas como Sidor, Alcasa, Venepal, Venezolana de Válvulas y otras, se pasó a designar, en “asamblea de trabajadores”, a un grupo muy reducido de personas que asumen para sí las funciones que inicialmente se plantearon como potestad de la asamblea de trabajadores misma. Es de resaltar que en empresas como Sidor y Alcasa, las asambleas de trabajadores inspiradas en el control obrero, realizadas en 2008-2009, fueron las que designaron a los trabajadores que asumieron la dirección de estas grandes empresas del Estado.

 

Las funciones de los CPT se redujeron, en la ley de 2018, a “fiscalizar los procesos de producción”, “a informar al patrono de las recomendaciones propuestas”, y a “denunciar ante los organismos competentes” las “acciones contrarias al sistema económico” venezolano. De organismos asamblearios de control obrero, los CPT terminaron siendo un pequeño comité de fiscalización que realizan propuestas y denuncias ante los patronos y organismos del Estado, funciones que perfectamente pueden cumplir, y en la práctica las han cumplido siempre, las mismas organizaciones sindicales.

 

En el caso de los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud Laboral (CSSL), la promoción de los mismos ha corrido por cuenta del INPSASEL[lxxxv], instituto adscrito al Ministerio del Trabajo, y su expansión por todo el país y por diversas empresas e instituciones públicas y privadas los convirtió, por un tiempo, en una herramienta organizativa casi tan generalizada como los propios sindicatos. 

Los Delegados de Prevención fueron electos a través del Ministerio del Trabajo, durante un período aproximado que va del año 2003 al 2010. Durante ese tiempo, el INPSASEL contribuyó a fortalecer la organización de los trabajadores en las empresas donde no existían sindicatos, o donde la actividad sindical era muy reducida. En empresas grandes como Pequiven (Petroquímica) en el estado Zulia, llegaron a elegirse hasta 90 delegados de prevención. También fueron electos delegados de prevención y los CSSL en empresas del Estado donde existía una fuerte organización sindical; en este caso, la orientación asumida tanto por el ministerio del trabajo como por las tendencias clasistas de trabajadores, fue la búsqueda de la complementariedad entre los sindicatos y los delegados de prevención, aunque en muchas empresas del Estado y también privadas se presentaron contradicciones entre las directivas sindicales y los comités de seguridad y salud laboral.

 

Ya entrado el gobierno de Nicolás Maduro, el ministerio del trabajo no le dio mayor continuidad a la promoción de los delegados de prevención, muy probablemente porque eran elegidos democráticamente en asamblea, por turno y por área de trabajo dentro de la empresa, y representaban un colectivo de trabajadores con autonomía, sustentada en las atribuciones que le confiere la Lopcymat (aún vigente), y por tanto, de difícil control por parte de la burocracia del Estado. Hoy en día, los delegados de prevención y los CSSL son una figura muy debilitada y casi inexistente.

 

DEBILIDADES PRESENTES EN EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES QUE SURGIÓ DURANTE EL GOBIERNO DE CHÁVEZ

 

La hegemonía en la CBST de tendencias políticas que no respaldaban la autonomía sindical (ante el Estado, ante los patronos y ante los partidos) y que en contrario promovían la subordinación de las organizaciones obreras ante el Estado y el partido dirigente, constituía un elemento negativo para el futuro del movimiento de trabajadores, amenazando desviarlo hacia caminos burocráticos que repetirían la experiencia de la vieja CTV

. 

En general, permanecían para el 2013, en la nueva central CBST, vicios y prácticas burocráticas que existían antes en la vieja CTV. Lo más resaltante, la pérdida absoluta de autonomía y la subordinación total a las directrices del poder ejecutivo; el discurso de los principales directivos de la CBST era y sigue siendo muy similar al que realizan los funcionarios en cargos patronales (directores de empresas e instituciones estatales).

EL VUELCO HACIA EL NEOLIBERALISMO DE NICOLÁS MADURO, Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA CBST A ESA NUEVA RUTA NEOLIBERAL DE LA “REVOLUCIÓN”.

A pesar de que el dirigente que asumió la conducción de la “revolución” luego de la muerte de Chávez, Nicolás Maduro, proviene del sector obrero y ha contado con el respaldo unánime de toda la dirigencia de la Central de Trabajadores oficialista (la CBST), su gestión de gobierno, lejos de favorecer a la clase trabajadora, asumió progresivamente un programa económico de carácter neoliberal, combinado con una política antisindical de restricción de los derechos laborales y de represión contra los dirigentes obreros que han hecho resistencia a estas políticas (La Izquierda Diario, 2022).

Entre las principales medidas de flexibilización laboral tomadas por el gobierno de Maduro, destacan:

·         El memorándum 2792 del ministerio del trabajo, aprobado en 2018, que desconoció, con la excusa de las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos y países de Europa occidental contra Venezuela, todas las contrataciones colectivas vigentes (Las Comadres Púrpuras, 2019).

·         El denominado “instructivo Onapre”, aprobado en 2022, que impidió que el aumento salarial decretado por el gobierno en marzo de ese año, tuviera incidencia en las escalas salariales de la administración pública de acuerdo a las contrataciones colectivas que recientemente había firmado la misma CBST con el gobierno (Acceso a la Justicia, 2022).

·         El aplanamiento de las tablas salariales de la administración pública, reduciendo al mínimo las diferencias salariales entre las primeras y las últimas escalas, dejando caer los salarios hasta en un 96 % con relación al 2007, desconociendo la antigüedad, la capacitación profesional y técnica, los grados de responsabilidad y la meritocracia de los trabajadores (El Economista, 2023).

·         La bonificación del salario, negando cualquier aumento del salario propiamente dicho, y limitándose a otorgar bonos de alimentación y otros bonos no contabilizables para efecto de pago de prestaciones sociales, bonos vacacionales y utilidades de fin de año. Desde marzo de 2022, el gobierno mantiene un mismo salario mínimo de 130 bolívares mensuales, que al momento de ser aprobado equivalía a 30 $ y hoy equivale a menos de 3 dólares mensuales, a pesar de que la inflación en el tiempo trascurrido supera el 400 % (DW-a, 2023).

Entre las políticas económicas neoliberales ejecutadas por el gobierno en la última década, destacan:

·         La creación de Zonas Económicas Especiales, que constituyen espacios productivos en los cuales se desconocen los derechos laborales, regulaciones ambientales y supresión de impuestos. Siendo la principal de ellas, el Arco Minero del Orinoco, creado en 2016, que ocupa el 12 % del territorio nacional, y que fue aprobado y ha funcionado violando numerosas disposiciones de la Constitución nacional (OEPV, 2022).

·         La libre flotación (devaluación) de la moneda. Liberación de precios de productos de primera necesidad (antes regulados). Libre importación de bienes que tradicionalmente eran producidos en el país (favoreciendo una burguesía importadora ligada al gobierno y perjudicando a los productores nacionales). Mantenimiento del IVA como impuesto regresivo que termina pagando el pueblo trabajador. Privatización de numerosas empresas propiedad del Estado, muchas de las cuales que habían sido estatizadas y nacionalizadas en el período de Chávez (López Sánchez, 2022).

Entre las políticas represivas contra los sindicatos y dirigentes laborales que han enfrentado este giro neoliberal del gobierno de Maduro, destacan:

·         Las recientes sentencias judiciales en donde se condena a 16 años de cárcel a seis activistas del movimiento de trabajadores[lxxxvi] (DW-b, 2023). Con ello, el gobierno envía un duro mensaje represivo a las constantes y masivas protestas laborales que en el último año han sacudido todas las ciudades venezolanas.

·         La detención por la inteligencia militar de dos dirigentes sindicales de SIDOR, Leonardo Azócar y Daniel Romero, por estar encabezando las protestas laborales que se han suscitado en la siderúrgica desde los primeros meses de 2023 (Efecto Cocuyo, 2023). En el mismo estado Bolívar, la contrainteligencia militar también mantiene detenido a Bladimir Tremaria, presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (FUTSEB) y trabajador del sector construcción, por encabezar varias jornadas de protesta laboral exigiendo mejores condiciones salariales y de trabajo (NTA, 2023).

·         En enero de 2024, fue detenido Víctor Venegas, presidente del sindicato magisterial Fenatev, en el Estado Barinas. Hasta marzo de 2024, el profesor Venegas continúa detenido, acusado de participar supuestamente en una conspiración para derrocar al gobierno[lxxxvii]. La detención de Venegas se produjo en la misma semana en que se produjeron masivas manifestaciones de maestros en Barinas y en otros estados del país. En el mes de marzo, el profesor Venegas fue liberado, con medidas cautelares[lxxxviii].

·         En los años posteriores a Chávez (falleció en 2013), el gobierno ha impedido, mediante sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, la realización de elecciones sindicales en las principales federaciones y empresas (como la Federación Petrolera –FUTPV-, y SUTISS, el sindicato de Sidor). 

Ante toda esta política de flexibilización laboral que impone el gobierno de Maduro, y ante las medidas represivas que los cuerpos policiales vienen tomando contra los principales dirigentes obreros (donde destaca la calificación de “actividades terroristas” y el uso de tribunales antiterroristas para juzgar a los líderes obreros), la central de trabajadores oficialistas, CBST, ha convalidado las políticas gubernamentales, justificando tanto el programa de flexibilización laboral, con la excusa de las sanciones impuestas por el imperialismo estadounidense, como la represión contra los líderes sindicales (PSUV, 2023).

LOS TRABAJADORES SE ORGANIZAN Y LUCHAN CONTRA LA POLÍTICA NEOLIBERAL DE NICOLÁS MADURO

El 18 de marzo de 2023, 170 delegados y representantes de sindicatos, federaciones y movimientos de trabajadores, de 17 estados de Venezuela, se reunieron en Caracas y constituyeron el Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha (CNC-TL), con el objetivo de aglutinar todas las movilizaciones y conflictos de las regiones en una sola lucha, para recuperar todos los derechos laborales, sociales, económicos y civiles conculcados por el gobierno neoliberal de Nicolás Maduro (Aporrea, 2023).

El CNC-TL constituye un esfuerzo de organización nacional que busca unificar las masivas protestas que los trabajadores venezolanos han venido protagonizando en el último año, exigiendo de manera principal un salario digno, acorde a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, pues el salario mínimo vigente hoy día es menor a los cinco (5) dólares mensuales, representando el salario más bajo de Latinoamérica y uno de los más bajos del mundo. Actualmente el CNC-TL se ha extendido a todos los estados de Venezuela y se encuentra en proceso de consolidar su organización en las principales ciudades del país, al calor de las movilizaciones y jornadas de lucha por salarios dignos, respeto a las leyes laborales y cese a la represión gubernamental.

 

En un contexto de profunda corrupción en los altos niveles de la administración pública, reconocidos por el propio gobierno ante las constantes detenciones judiciales de ministros, presidentes de empresas públicas, diputados y oficiales militares, Nicolás Maduro se ha escudado en las sanciones económicas que el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto contra Venezuela, para justificar su programa neoliberal y de manera específica su política de destrucción del salario.

 

Reconociendo que dichas sanciones constituyen una intromisión inaceptable de potencias extranjeras en los asuntos internos de Venezuela, los trabajadores afirman a la vez que dichas sanciones no repercuten en la élite gobernante, sino que afectan directamente al pueblo venezolano. Considera la CNC-TL que estas sanciones no son la causa principal de la “flexibilización” de las relaciones laborales que aplica el gobierno de Maduro. La crisis en nuestra industria petrolera obedece principalmente a la gran corrupción que impera en el alto gobierno, como se demuestra con los procesos judiciales contra casi todos los directivos de PDVSA, que han ocurrido en años recientes.

 

El trabajo asalariado en Venezuela se ubica hoy en niveles prácticos de esclavitud, pues los trabajadores no obtienen por su trabajo una remuneración que les permita cubrir los gastos mínimos de subsistencia de ellos y sus familias (en agosto de 2023, una familia necesita 118 salarios mínimos para cubrir gastos de alimentos). La política laboral de Maduro, de esclavitud asalariada, ha generado una enorme migración de jóvenes y de trabajadores especializados que, junto a sus familias, huyen del país buscando mejores condiciones de trabajo. Más de siete (7) millones de venezolanos han emigrado, porque en Venezuela sienten que no pueden sobrevivir con los salarios y las condiciones laborales existentes.

 

Ante esta grave y brutal realidad, la conformación del CNC-TL constituye un paso adelante en el fortalecimiento de las luchas laborales que, desde el año 2022, se vienen suscitando en todos los rincones del país. En lo inmediato, la CNC-TL se ha propuesto la convocatoria de un Congreso Nacional de Trabajadores, que profundice la organización y el debate al interior del movimiento obrero venezolano, avanzando a definir un programa de luchas que contribuya a enfrentar a un gobierno totalmente intransigente, que a pesar de obtener importantes ingresos en divisas provenientes de la explotación de petróleo, oro, coltán, bauxita, carbón, litio y diamantes (ingresos que no son de conocimiento público, amparados en leyes anticonstitucionales como la llamada “ley antibloqueo”, que en la práctica suspende la vigencia de la CRBV y otorga poderes extra constitucionales al ejecutivo para dirigir la economía del país), se niega a reconocer la necesidad de un salario digno y de condiciones dignas de trabajo para el pueblo venezolano, y que responde con la represión ante las numerosas movilizaciones laborales en todo el país.

 

La Coordinación Nacional del Comité Nacional de Conflicto-Trabajadores en Lucha, quedó integrada inicialmente por: Raquel Figueroa (CNProfesores), Gregorio Afonso (APUCV), Pedro Eusse (CUTV), Eduardo Sánchez (SINATRA/UCV), José Bodas (FUTPV), José Basanta (SITRALUMINA Bolívar), Ana Rosario Contreras (Col. Enfermería DC), Carmen Teresa Márquez (FVM), Servando Carbone (UNETE), Dick Guanique (FADESS), Pedro García (ASOCEJUPRC), José Teixeira (FENATEV), Gricelda Sánchez (FORDISI), Ana Yánez (UNETE), Edgar Silva (Comité Pensionados del IVSS), Ketha Stephany (FAPUV), Yanny González (Col. Enfermería Barinas), José Jiménez (AEUC Carabobo), Oswaldo Méndez (Corpoelec Lara), Nelson Álvarez (APUNELLARG Guárico), Alí Gavidia (Sindicato CANTV Mérida), Luisa Rada (SITRAENSEÑANZA DC Caracas), Argelia Castillo (Central ASI), Ofelia Rivera (UDSE Caracas), Juan Carlos Calderón (USB La Guaira), Ronald Rodríguez (SITRAIUT Sucre), Pedro Moreno (DDHH CTV), Orlando Chirinos (CCURA), Jorge Tovar (FETRASINED Monagas), Carlos Timaure (CTL Miranda), Nairobi Ávila (Coalición Magisterio Yaracuy), Jesús León (SOLUZ Zulia), Ángel Castillo (Colectivo 2 de Junio Caracas), Freddy Lucena (CTL Aragua), Manuel Vásquez (CTL Aragua), Arturo Gómez (Trab. del Campo Guárico), Wolfang Acosta (SUNEP Amazonas), Thony Navas (Sirtrasalud Caracas), Jhonny Magdaleno (Fetracarabobo), Islenis Pulido (FETRASINED), Raul Ordóñez (Zulia), Juan Contreras (Sindicato Minero), José María Bastidas (Comité Conflicto Padres y representantes Trujillo), José Luis Sánchez (UDO Sucre), Alex Sánchez (SUTICEZ Zulia), Juan Gutiérrez (Palabra Obrera), Albert Villarroel (ATAUNEG Guárico), Edgar Pérez (CAIT), Luis Bastardo (UPTOS Sucre), Emilio Losada (FENAJUPV), Jenny Silva (Sindicato Obreros Alcaldía Caracas) y otros que posteriormente han sido designados.

 

ALGUNAS CONCLUSIONES

 

Durante el período de gobierno de Hugo Chávez (1999-2012) se generó un proceso de organización, movilización, lucha y reflexión teórica del movimiento de trabajadores venezolano, destacando la voluntad de sectores de la clase decididos a transitar los caminos de profundas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, afirmando que su norte era la construcción de un nuevo modelo productivo socialista que acabara con la explotación del trabajo asalariado por el capital y sentara las bases de una verdadera justicia social.

 

Pero ese horizonte de cambios fue abruptamente eliminado con la gestión neoliberal del gobierno de Nicolás Maduro. Todas las conquistas laborales del período de Chávez fueron borradas del mapa en el gobierno de Maduro. Junto a eso, la conducta de los dirigentes de la CBST en el marco de la profunda crisis económica desatada en los últimos años (2013-2023), al tratar de contener las luchas obreras y respaldar políticas laborales neoliberales como la bonificación del salario y la represión contra las protestas obreras, los ha deslegitimado como representantes de los trabajadores.

 

Si bien se puede hacer un balance histórico bastante positivo sobre el desarrollo del movimiento de trabajadores durante el período de gobierno de Chávez, la poca consolidación organizativa y teórico-política del movimiento obrero, unido al giro neoliberal que dio la dirigencia del PSUV en la última década, impidieron la permanencia de las importantes conquistas laborales logradas en ese período, a la vez que han dificultado el desarrollo mismo de las organizaciones de trabajadores siguiendo los parámetros de democracia participativa y de lucha anticapitalista que se delinearon durante el proceso chavista.

 

Hoy en 2024, la lucha de la clase trabajadora venezolana es a la vez la lucha de todos los trabajadores del mundo contra la exacerbación de la explotación capitalista que impone el neoliberalismo, aunque se disfrace de “gobierno obrerista y socialista”.

Maracaibo, 12 de diciembre de 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[i] Roberto López Sánchez. Doctor en Ciencia Política y Magister en Historia. Profesor titular de la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela). Dicta clases en la Licenciatura de Antropología, entre otras materias: Historia de Venezuela, Historia de América; Poder y Movimientos Sociales; Culturas Afroamericanas. Ha publicado (entre otras): Historia Descolonizada de América (2023); El proceso bolivariano en Venezuela: ¿Socialismo, populismo o neoliberalismo? (2023); Movimientos sociales, organizaciones indígenas y partidos progresistas en las crisis políticas de Ecuador, Bolivia y Perú (2023); El proceso chavista: un análisis histórico comparativo (2023); La civilización Caral y sus implicaciones. Una nueva historia de América y del mundo (2019); Las selvas antropogénicas de los indígenas amazónicos (2020); Un nuevo debate sobre la América indígena. ¿se puede seguir llamando nuevo mundo? (2019); El movimiento de trabajadores en Venezuela durante la revolución bolivariana: 1999-2012 (2017); La industria petrolera en Venezuela: relaciones de trabajo y conciencia de clase: 1914-2015. (2016); Trayectoria del movimiento de trabajadores en un siglo de historia de Venezuela (2016); El protagonismo popular en la historia de Venezuela (2015); La lucha de clases en el siglo XXI. Los nuevos movimientos sociales en Latinoamérica 1989-2015 (2015); Venezuela ante la globalización, la crisis mundial y los retos de su desarrollo (2012); Movimiento estudiantil y proceso político venezolano, 1958-1989 (2007). Correo: cruzcarrillo2001@yahoo.com.

 

[ii] Partido Socialista Unido de Venezuela. PSUV.

[iii] Versión actualizada de la publicación original en la revista Debates por la Historia. Vol. XI. N° 1. Enero-junio 2023. Pp. 47-84. https://doi.org/10.54167/debates-por-la-historia.v11i1.1055 Universidad Autónoma de Chihuahua. ISSN-e: 2594-2956. Para descargar PDF: https://vocero.uach.mx/index.php/debates-por-la-historia/article/view/1055

[iv] Periodos de gobierno de Hugo Chávez (1999-2012) y Nicolás Maduro (2012-2024).

[v] En alusión a la obra de Francisco Herrera Luque, “Los cuatro reyes de la baraja”, publicada en 1991, que hace referencia a cuatro principales líderes o caudillos de la historia republicana venezolana: José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez y Rómulo Betancourt. Cuando fue escrito el libro, Hugo Chávez aún no era figura pública, y fue sólo en 1999 cuando se inició su primer período de gobierno.

[vi] Nuestra perspectiva de considerar a la Guerra de Independencia en su faceta de Revolución Social, la desarrollamos de manera más extensa en el trabajo: “La insurgencia popular en la independencia venezolana”. Cuadernos Latinoamericanos. Año 21, nº 37. Enero-junio 2010. http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/cuadernos/article/view/16131

 

[vii] Idea expresada en su libro “Cesarismo Democrático”. Esa conceptualización de “guerra civil” no formó parte de los textos de enseñanza de la Historia de Venezuela en la escuela primaria y secundaria a lo largo del siglo XX, ni era considerada hasta hace una década en las aulas universitarias. El libro Cesarismo Democrático es muy conocido por su tesis del “gendarme necesario”. La tesis de la “guerra civil” es apenas mencionada en la historiografía tradicional. La idea del gendarme necesario consiste en que Vallenilla, al reconocer que la independencia quebró completamente la estructura social de dominación colonial, valoró la figura de José Antonio Páez como el “gendarme” que logró recomponer al orden social y dominar las fuerzas populares de pardos y esclavos desatadas durante la independencia. Ese papel de gendarme necesario también lo habría cumplido Juan Vicente Gómez, para quien trabajó Vallenilla. Los rasgos principales de esos “gendarmes necesarios” era que fueran militares que, proviniendo de la misma revolución social desatada, tuvieran de esa manera la autoridad necesaria para detener la igualación social en desarrollo (en otras palabras, que traicionaran a la propia causa de la cual provenían).

[viii] Los historiadores (como Arturo Cardozo y Federico Brito Figueroa) coinciden en que los Pardos constituían aproximadamente el 50 % de la población de la Capitanía General de Venezuela (Cardozo, 1987: 193). Las cifras aportadas por Humboldt, que visitó Venezuela para 1800, apuntan en esa misma dirección (Brito Figueroa, 1985: 226). La población esclava se ubicaría en aproximadamente un 15 %. Y los grupos indígenas sobrevivientes constituirían otro 15 % (con la característica de que estos grupos indígenas sobrevivían en la periferia de la Capitanía General, sin mayor vinculación socioeconómica ni política con la sociedad colonial implantada). Sobre un total de población alrededor del millón de personas, los blancos criollos serían otro 15 % (destacando que sólo una fracción minoritaria de esos blancos criollos eran poseedores de tierras y de esclavos; el resto lo denominaban “blancos de orilla”), y los blancos peninsulares ocuparían el 5 % restante. Numerosos mandos del ejército de Boves eran pardos o antiguos esclavos. Todos ellos fueron destituidos a partir de 1815 cuando el mariscal Pablo Morillo desembarcó en Venezuela con un ejército profesional de 10.000 soldados españoles y 75 barcos.

[ix] El término de Pardo abarcaba a todos los grupos derivados de la mezcla entre europeos, indígenas y africanos. Se construyó toda una división social que acuñó términos como “Mestizos” (producto de la mezcla entre europeos e indígenas), Mulatos (mezcla entre africanos y europeos) y Zambos (mezcla de indígenas y africanos), y otros términos subderivados (como cuarterones, ochavones, salto atrás y otros). La sociedad colonial restringía la intervención política y social de los pardos. No podían integrar los cabildos. Tampoco podían estudiar en las universidades ni ejercer profesiones liberales como medicina y derecho. Tenían su puesto secundario en las iglesias a la hora de la misa. Y por supuesto, no podían usar mantas las mujeres pardas. De allí el término mantuano: nobleza de manta (Cardozo, 1987, 194).

[x] Boves era de origen asturiano, radicado en Venezuela como comerciante desde inicios del siglo XIX.

[xi] Un estudio magistral de esta epopeya de Boves está contenido en el libro “La revolución popular de 1814”, de Juan Uslar Pietri.

[xii] En las filas patriotas destacaron notables jefes militares provenientes del estamento “pardo”, como el general Manuel Carlos Piar (conductor y héroe de las batallas de El Juncal, 1816, y San Félix, 1817, que consolidaron la liberación del oriente de Venezuela); y el Almirante José Prudencio Padilla (conductor y héroe de la batalla naval del Lago de Maracaibo,1823, que culminó la liberación de todo el territorio venezolano). Ambos jefes militares fueron fusilados posteriormente por participar en supuestas conspiraciones contra la jefatura de Simón Bolívar. Al respecto puede consultarse el reciente libro de Amílcar Figueroa: “Piar: La contradictoria lectura de la historia”.

[xiii] Páez era “blanco de orilla”, no poseía bienes de fortuna, ni la “limpieza de sangre” que reclamaba la clase mantuana.

[xiv] “…resolví separarme y poner en práctica la resolución que había tomado en Mérida de irme a los llanos de Casanare, para ver si desde allí podía emprender operaciones contra Venezuela, apoderándome del territorio del Apure y de los mismos hombres que habían destruido a los patriotas bajo las órdenes de Boves, Ceballos y Yáñez. Todos … creían que era poco menos que delirio, pues no veían posibilidad ninguna de que los llaneros, que tan entusiastas se habían mostrado en la lucha contra los patriotas, cambiasen de opinión y se decidiesen a defender la causa de estos” (Páez, 1878: 57).

[xv] Sobre este tema ha escrito importantes obras Germán Carrera Damas, como “La disputa de la Independencia” (1995).

[xvi] Cuando Páez sale de la presidencia en 1863 ya tiene 73 años. En cierta forma era también un relevo generacional.

[xvii] A los miembros del partido Acción Democrática (AD), se les denomina “adecos”.

[xviii] Líderes estudiantiles que en años posteriores fundaron los partidos Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y Partido Comunista de Venezuela. Entre ellos estaban Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Andrés Eloy Blanco (Acción Democrática); Jóvito Villalba (URD); Juan Bautista Fuenmayor, Rodolfo Quintero y Kotepa Delgado (PCV).

[xix] Las siglas COPEI significaban originalmente Comité de Organización Política Electoral Independiente; Partido de tendencia socialcristiana. Las siglas URD derivaban del partido Unión Republicana Democrática.

[xx] Al período histórico entre 1958 y 1998 se le denomina “puntofijismo”, por ser resultante de esa alianza política entre los partidos AD, COPEI y URD, que se reunieron en 1958 en la casa de habitación de Rafael Caldera (principal líder de COPEI). Dicha casa se llamaba “Punto Fijo”.

[xxi] Compañías como la New York and Bermúdez Company y el Cable Francés, expropiadas por Castro, financiaron a la “Revolución Libertadora”, en 1902-1903.

[xxii] El cuarto presidente andino, también tachirense y militar, Isaías Medina Angarita, pertenecía a una segunda generación de los andinos en el poder.

[xxiii] El cual gana las elecciones presidenciales de diciembre de 1958, con su candidato y líder fundamental Rómulo Betancourt. Las elecciones fueron convocadas luego del derrocamiento de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958.

[xxiv] En Venezuela se denomina “organización aluvional” a las fuerzas políticas que surgen sin mayor planificación previa, constituidas por individuos y grupos provenientes de diferentes y hasta antagónicas experiencias de organización política.

[xxv] En realidad, fueron muy pocos los activistas o cuadros de la izquierda que se incorporaron al movimiento de Chávez. Muchos de ellos como Nicolás Maduro y Elías Jaua, apenas habían sido militantes medios de sus respectivas organizaciones, sin mayor experiencia en la conducción política de un partido revolucionario. Otros como Luis Miquelena si tenía una larga experiencia, pero a la vez tenía como 30 años apartado de la política.

[xxvi] Insurrección del Cuartel San Carlos, en Caracas, encabezada por el capitán Rafael Alvarado, en la cual participaron líderes estudiantiles como Rómulo Betancourt y Jóvito Villalba (incluso estos últimos con fusiles en mano). La insurrección fue controlada en un acto de audacia por el ministro de guerra y marina, Eleazar López Contreras, quien a pecho descubierto ingresó al cuartel insurrecto y logró su rendición. Gómez se encontraba en su residencia en Maracay.

[xxvii] Hay que destacar que el partido Acción Democrática, bajo los gobiernos de Rómulo Betancourt (1959-1964) y de Raúl Leoni (1964-1969), ejecutaron una violenta represión contra sus propios excompañeros de partido del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que se habían dividido de AD al comienzo de la década. Esa represión incluyó persecuciones, detenciones, torturas, exilios y asesinatos contra sus antiguos camaradas de partido.

[xxviii] El libro de la historiadora y activista revolucionaria Elia Oliveros Espinoza, “La lucha social y la lucha armada en Venezuela”, realiza una cronología detallada de la represión política entre 1958 y 1973. Una obra poco conocida pero única por su valioso contenido como memoria de la lucha popular y la represión política en ese período de nuestra historia.

[xxix] El 13 de marzo de 1987, un estudiante de la Universidad de los Andes fue asesinado mientras celebraba su graduación, cuando ingresó al jardín de una vivienda privada y el propietario le disparó. A partir de ese día, estallaron violentas manifestaciones estudiantiles en toda la ciudad de Mérida, que se extendieron de inmediato a todas las universidades del país, desatándose un ciclo general de protestas que estremeció al gobierno de turno (de Jaime Lusinchi, del partido Acción Democrática) y sólo se vinieron aplacando en diciembre del mismo año 87, pero que, de manera general, revitalizó la protesta social nacionalmente, y revivió al movimiento estudiantil, el cual tendría un lustro de intensas movilizaciones de calle, que se empalmaron con el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992. Un análisis más extenso de este proceso lo hemos realizado en: LOS MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES EN VENEZUELA, 1958-1990. http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/view/152

[xxx] El gobierno reconoció oficialmente cerca de 280 fallecidos durante el Caracazo, pero la cifra de muertos podría superar el millar, según los analistas de la época (Colmenarez, 1989). Un análisis sobre El Caracazo lo hemos realizado en: EL PROTAGONISMO POPULAR EN LA HISTORIA DE VENEZUELA. http://robertolopezsanchez.blogspot.com/2015/01/el-protagonismo-popular-en-la-historia.html

[xxxi] Bloque dominante integrado por las cúpulas de los partidos AD y Copei, el alto mando militar, la jerarquía de la Iglesia Católica, el empresariado reunido en Fedecámaras, la dirigencia obrera de la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela) y los grandes medios de comunicación.

[xxxii] Aunque en las elecciones presidenciales de 1993, la candidatura de Andrés Velásquez por el partido Causa R obtuvo aparentemente una mayor votación a la que oficialmente registró el organismo electoral, votos escamoteados por irregularidades denunciadas en ese momento.

[xxxiii] Comparable tal vez con la revolución andina, cuyas definiciones y conformación también era difusa.

[xxxiv] Maduro fue activista sindical del Metro de Caracas, empresa en la cual trabajó como chofer de autobuses en la década de los 80. En la disputa escenificada al interior de las fuerzas sindicales chavistas a partir del 2003, se impuso la tendencia FBT (Fuerza Bolivariana de Trabajadores), gracias al gran respaldo dado por Chávez a su principal dirigente Nicolás Maduro. La conformación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) en noviembre de 2011 se realizó bajo control casi total de la FBT, siendo desplazadas completamente las tendencias más radicales.

[xxxv] Maduro hizo una primera militancia en el partido Liga Socialista, organización marxista-leninista que existió desde la década de los 70 hasta su integración en el PSUV cuando este último fue conformado por Chávez en 2007. La Liga Socialista envió a Maduro a Cuba en algún momento de la década de los 80, para “formarse políticamente”.

[xxxvi] La férrea dictadura de Gómez, una vez muerto el dictador, dio paso a los gobiernos aperturistas de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita. La democracia de Punto Fijo pasó por períodos de fuerte represión (Betancourt, Leoni, Caldera I, CAP I y II, Lusinchi), antes de finalizar con el relativamente tranquilo gobierno de Caldera II.

[xxxvii] Actualización de un capítulo de libro publicado en: Mariana Mastrángelo, Ronaldo Munck, Pablo Pozzi, editores. Populismo: Una perspectiva latinoamericana. Buenos Aires: CLACSO, mayo de 2023. Pp. 167-190. ISBN 978-987-813-488-8. https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=2796&c=5

[xxxviii] El 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992.

[xxxix] Carlos Andrés Pérez fue destituido por el parlamento en mayo de 1993.

[xl] Bloque de poder integrado por los partidos Acción Democrática (AD) y Copei, el alto mando militar, la cúpula empresarial agrupada en Fedecámaras, la jerarquía eclesiástica, los grandes medios de comunicación y la burocracia sindical de la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela). La conformación de este bloque de poder es considerada por los historiadores a partir del Pacto de Punto Fijo, firmado en octubre de 1958 por los partidos AD, Copei y URD. Los gobiernos entre 1959 y 1999 son denominados gobiernos “puntofijistas”.

[xli] El plan económico neoliberal aplicado por Caldera a partir de 1996 fue denominado “Agenda Venezuela”.

[xlii] Autodenominado “movimiento militar bolivariano”, Chávez siempre postuló al pensamiento de Simón Bolívar como el fundamento ideológico de su propuesta programática. De allí su postura anti-imperialista y nacionalista, considerando que Bolívar derrotó y expulsó de Suramérica al Imperio Español, y fue el fundador de lo que hoy son seis naciones del continente (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá).

[xliii] En el gobierno de Caldera se privatizaron la Siderúrgica del Orinoco, la Compañía Nacional de Teléfonos CANTV, la empresa aérea Aeropostal, y se vendieron al sector privado los bancos que habían quebrado y se encontraban bajo control del estado desde la profunda crisis bancaria de 1994.

[xliv] En los principales países capitalistas occidentales los derechos laborales no tienen rango constitucional, sino que aparecen en leyes y normativas específicas. Venezuela fue uno de los primeros países, luego de México (Constitución de Querétaro, 1917), en refrendar constitucionalmente los derechos fundamentales de la clase trabajadora, con la Constitución surgida de la Asamblea Constituyente de 1947.

[xlv] Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, adscrito al Ministerio del Trabajo.

[xlvi] Había sido privatizada durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, en la década de 1990.

[xlvii] Sidor fue subastada en diciembre de 1997 y otorgada en concesión al Consorcio Amazonia, donde era mayoría el Grupo Techint de Argentina. Otras empresas participantes en el consorcio: Siderar (Argentina), Tamsa (México), Hylsa (México), Sivensa (Venezuela) y Usiminas (Brasil)

[xlviii] La corriente sindical más alineada con la burocracia gubernamental ha sido a todo lo largo del período Chávez-Maduro la denominada FSBT o FBT (Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores), que reproduce las mismas prácticas de la vieja CTV y del Buró Sindical de Acción Democrática.

[xlix] Datos aportados por Andrés Izarra, ministro de comunicación del presidente Chávez.

[li] Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, LOTTT.

[lii] El punto principal, que había sido elemento central del discurso programático de Chávez durante la campaña electoral de 1998, fue la restitución del cálculo retroactivo para el pago de antigüedades (pago de las prestaciones sociales en base al último salario). Además, se restableció la indemnización doble en caso de despido injustificado.

[liii] Néstor Kirchner, Lula Da Silva y Tabaré Vásquez.

[liv] Se puede ver la evolución de los salarios en el período anterior al chavismo (1958-1998), en el cuadro N°1 y en el período chavista (1999-2024), en el cuadro N° 2, insertos al final de este capítulo.

[lv] Destituida por el Poder Legislativo en su segundo mandato presidencial.

[lvi] Destituido por el Poder Legislativo en 2012.

[lvii] Derrocado por un golpe militar en 2009.

[lviii] En el seminario “Intelectuales, democracia y socialismo”, realizado en el mes de junio de 2009 en el Centro Internacional Miranda, en Caracas.

[lix] Revista Comuna. N° 0. Intelectuales, democracia y socialismo. Recopilación de 31 intervenciones y 23 artículos referidos al seminariio de debate realizado en el Centro Internacional Miranda. Junio de 2009.

[lx] Maduro fue activista sindical del Metro de Caracas, empresa en la cual trabajó como chofer de autobuses en la década de los 80. En la disputa escenificada al interior de las fuerza sindicales chavistas a partir del 2003, se impuso la tendencia FBT, gracias al gran respaldo dado por Chávez a su principal dirigente Nicolás Maduro. La conformación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) en noviembre de 2011 se realizó bajo control casi total de la FSBT, siendo desplazadas completamente las tendencias más radicales.

[lxi] Maduro hizo una primera militancia en el partido Liga Socialista, organización marxista-leninista que existió desde la década de los 70 hasta su integración en el PSUV cuando este último fue conformado por Chávez en 2007. La Liga Socialista envió a Maduro a Cuba en algún momento de la década de los 80, para formarse políticamente.

[lxii] Durante la campaña electoral de 1998, Chávez enfatizó en que esas cláusulas presentes en los contratos de la apertura petrolera (permitir que las diferencias fueran arbitradas en tribunales extranjeros) eran equivalentes a un acto de traición a la patria. Chávez desconoció la concesión realizada por el gobierno de Caldera a la empresa minera canadiense Gold Reserve, y rechazó pagar la indemnización dictada por el CIADI cuando dicha empresa recurrió a dicho tribunal. Maduro, actuando a la inversa, contrató de nuevo con la Gold Reserve y pagó la indemnización que Chávez había desconocido.

[lxiii] Con la diferencia que el primer período fue de 40 años aproximadamente y el proceso chavista-madurista apenas ha recorrido un poco más de 20 años.

[lxiv] TC: Tiempo Completo. DE: Dedicación Exclusiva. Profesores Instructores: Nivel de ingreso en el escalafón universitario. Profesores Titulares: Máximo escalafón universitario.

[lxv] El salario mínimo en Venezuela estaba al 4 de julio de 2020, en 400.000 Bs. mensuales. Al cambio oficial de 202.000 bolívares por dólar, equivale a 1,98 dólares de ingreso mensual. Para marzo de 2022, el salario mínimo era de 7 bolívares mensuales, equivalente a 1,59 dólares mensuales. En agosto de 2023, el salario mínimo es de 130 bolívares mensuales, equivalentes a 4,12 $.

[lxvi] Caja de alimentos que provee el gobierno a trabajadores y familias a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

[lxvii] En ciudades principales de la provincia los CLAP llegan una o dos veces por año. Los bonos que se reparten a través del carnet de la patria no tienen regularidad en su entrega ni tienen montos fijos. No aportan ningún tipo de estabilidad a las familias trabajadoras. Generalmente su monto oscila entre dos y cuatro (2-4) dólares.

[lxviii] La justificación para aprobar esta ley han sido las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela.

[lxix] Los sentenciados a pagar 16 años de cárcel son los trabajadores Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, todos activistas sindicales y militantes de partidos opositores.

[lxx] Llega hasta 2017 por ser el último año en que el Banco Central de Venezuela (BCV) ha publicado estadísticas.

[lxxi].Antiimperialista con relación a Occidente. Al mismo tiempo el gobierno de Maduro se ha alineado con el Bloque “Oriental” conformado principalmente por China y Rusia, que en términos económicos no está distanciado de la filosofía neoliberal y por el contrario algunos analistas como Hernández Parra (2020) señalan a China como el nuevo modelo que inspira al Fondo Monetario Internacional.

[lxxii] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

[lxxiii] Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

[lxxiv] Los derechos consagrados en este artículo fortalecen un concepto ampliado de “clase trabajadora”. Por una parte, se otorga a la mujer un papel equitativo en el derecho a obtener empleo, y por la otra se considera a las amas de casa como “trabajadoras”. 

[lxxv] Todas las reformas laborales promovidas por el Fondo Monetario Internacional en América Latina desde finales de los 70 tienden a restringir los derechos laborales, lo que implica la renuncia a muchas conquistas que se mantuvieron vigentes por décadas. Esta misma restricción de los derechos laborales es la que se aplica actualmente en los países de la Unión Europea, en Inglaterra y en los Estados Unidos. El actual gobierno de Maduro ha desconocido todos estos avances legales, aplicando una flexibilización laboral en el mismo estilo de las recetas fondomonetaristas.

[lxxvi] La reforma laboral europea de la última década busca el aumento de la jornada de trabajo en varios países (por ejemplo, en 30 minutos diarios en Portugal).

[lxxvii] La reforma laboral española y griega ejecutada en 2012 implicó facilitar y abaratar los despidos.

[lxxviii] Las reformas neoliberales tienden al desconocimiento de las contrataciones colectivas, al debilitamiento de las organizaciones sindicales, y al fomento del contrato individual entre trabajador y patrono, rompiendo con la fuerza negociadora que la clase trabajadora acumuló de sus experiencias de lucha durante los siglos XIX y XX.

[lxxix] Federación de Cámaras Empresariales, principal gremio patronal de Venezuela.

[lxxx] Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma. Liderada principalmente por Orlando Chirinos y Stalin Pérez Borges (para ese año 2006). Pérez Borges posteriormente contribuyó a conformar la corriente Marea Socialista.

[lxxxi] Colectivo de Trabajadores en Revolución.

[lxxxii] Estuvimos presentes en ese congreso, como integrante de CCURA, para ese entonces.

[lxxxiii] Siderúrgica del Orinoco.

[lxxxv] Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.

 

[lxxxvi] Los sentenciados a pagar 16 años de cárcel son los trabajadores Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, todos activistas sindicales y militantes de partidos opositores. Estos trabajadores detenidos fueron liberados en diciembre de 2023, producto de los acuerdos de Barbados entre el gobierno de Maduro y sectores de la oposición.

[lxxxviii] https://talcualdigital.com/excarcelan-al-sindicalista-victor-venegas-tras-casi-dos-meses-detenido/

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