TRAYECTORIA
HISTÓRICA DEL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EN VENEZUELA ANTES DE LA REVOLUCIÓN
BOLIVARIANA.
RESUMEN:
El trabajo expone la trayectoria histórica del movimiento de trabajadores
en Venezuela, desde sus primeras expresiones organizativas a fines del siglo
XIX, hasta el desempeño de sus principales organizaciones representativas, como
la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela), en la última década del
siglo pasado, pasando por los períodos de conformación y madurez del movimiento
obrero venezolano en el marco de la huelga petrolera de 1936. Se concluye que
para 1998-99 el movimiento obrero venezolano se encontraba totalmente
entregado ante las políticas neoliberales que ejecutaban los gobiernos de la
llamada democracia representativa, sin ofrecer la menor resistencia a las
reformas laborales implementadas, y en condiciones de debilidad política y
organizativa que lo ubicaban en posiciones claramente secundarias como actor
del sistema político imperante en Venezuela. En ese contexto laboral se inició
el gobierno de Hugo Chávez en febrero de1999.
Palabras
clave: movimiento de
trabajadores, sindicatos, huelga.
INTRODUCCIÓN.
Las revoluciones socialistas se identificaron históricamente con la
acción del movimiento de trabajadores en su lucha contra la opresión del
capital. Sin embargo, el proceso de transformaciones sociopolíticas que
transcurre en Venezuela desde 1999, y que se considera a sí mismo como una
revolución socialista, se ha desarrolla con una limitada participación del
movimiento obrero. La explicación histórica de estas carencias de participación
obrera en el proceso bolivariano tal vez podamos encontrarlas en la trayectoria
misma de las organizaciones representativas de los trabajadores venezolanos en
las décadas previas a la llegada de Hugo Chávez al gobierno en febrero de 1999.
En razón de lo anterior, hemos intentado resumir la trayectoria histórica
del movimiento de trabajadores en Venezuela a lo largo del siglo XX, con el
objetivo de aportar al debate que se suscita en los ámbitos de las propias
centrales obreras revolucionarias. Más que una creación académica, tratamos de
desentrañar las claves históricas que han impulsado la acción de los
trabajadores venezolanos en el período contemporáneo.
1. PRIMERAS EXPERIENCIAS ORGANIZATIVAS DE
LOS TRABAJADORES VENEZOLANOS.
La clase
trabajadora venezolana tuvo un lento crecimiento durante el siglo XIX,
particularmente a partir de su segunda mitad y derivado de las incipientes
transformaciones en la economía agroexportadora que se produjeron gracias al
comienzo de las inversiones extranjeras a partir del gobierno de Antonio Guzmán
Blanco (Córdova, 1979: 14).
Dado que
este proceso de inversiones extranjeras se generó en toda Latinoamérica, las
primeras formas de organización de los trabajadores venezolanos coincidieron en
el tiempo con las que asumían sus pares latinoamericanos. El primer Congreso
Obrero de Venezuela, celebrado en 1896, se desarrolla luego de celebrarse
eventos similares en México (1876), Cuba (1887), Argentina (1892) y Uruguay
(1896). Al celebrarse en Caracas el 28 de octubre de 1896, el “Primer Congreso
de Obreros” formó parte de los esfuerzos realizados por grupos de trabajadores
de la capital para constituir un partido de trabajadores, el Partido Popular,
que será fundado en diciembre del mismo año (Rodríguez, 1988: 15).
Los
promotores del primero Congreso Obrero en Venezuela integraban el denominado
“Centro Popular” (conformado en los primeros meses de 1896), organización que
buscó reunir a los representantes de los diferentes gremios de la capital, con
el objetivo de que designaran los respectivos delegados para su participación
en el Congreso Obrero. De esa forma participaron los gremios de carpinteros,
sastres y zapateros, entre otros. Entre los temas de debate de dicho congreso
figuraba la necesidad de implantar el civismo en la nación venezolana, el
fomento de la instrucción pública, la fundación de periódicos doctrinarios, el
impulso de sociedades cooperativas y sociedades benéficas, y la propuesta de
disolver el ejército permanente y la creación de una milicia ciudadana que
garantizara el cumplimiento de los derechos populares (Rodríguez: 1988: 22).
Esta iniciativa de los trabajadores desapareció de la escena pública venezolana
en 1898, debido a la represión ejercida por los gobiernos de Joaquín Crespo e
Ignacio Andrade, los cuales ejecutaron un fraude electoral en las elecciones de
1897. Es de señalar que algunos historiadores del movimiento sindical
venezolano consideran que este Congreso Obrero de 1896 se limitó a ser una “reunión político-partidista” y no
puede considerarse como un escenario de organización de los trabajadores (Mata,
1985: 22).
2. LOS CONFLICTOS DE LOS TRABAJADORES DE
TELÉGRAFOS Y FERROCARRILES.
La clase
obrera venezolana culmina su proceso de conformación a partir de la aparición
de la industria petrolera en la segunda década del siglo XX (De La Plaza, 1970:
28). Los primeros grandes núcleos de trabajadores asalariados surgieron en los
propios campos petroleros, en el desarrollo de la industria de la construcción
a partir del impulso de las obras públicas en diferentes regiones del país, en
la ejecución de nuevos servicios públicos por parte del Estado (salud,
educación) y en la expansión de las actividades comerciales, de importación y
financieras que generó el mismo desarrollo petrolero (Aranda, 1992: 70). La
industria petrolera jugará a partir de allí un papel clave en la economía
venezolana, como principal generadora de divisas y en el aporte al presupuesto
nacional, situación que no ha variado desde hace más de 80 años (Lucena, 2010:
378).
Pero antes
de que los obreros petroleros comenzaran a organizarse y luchar, ya los
trabajadores de los telégrafos y ferrocarriles desarrollan acciones
conflictivas, como lo reseña Celestino Mata, quien menciona la huelga de marzo
de 1914 realizada por los empleados de la Estación Central de Telégrafos del
Estado, huelga que fue duramente reprimida por la dictadura gomecista con la
encarcelación de sus principales líderes. También menciona la huelga
desarrollada el 3 de julio de 1918, en Aroa, Estado Yaracuy, por los
trabajadores del ferrocarril inglés “The Bolívar Railway Company Limited”, los
cuales llegaron incluso a descarrilar los trenes de carga como medida de
presión contra la empresa, lo que llevó a la empresa a otorgar parte del
aumento solicitado, aunque el intento de continuar la huelga por algunos de los
líderes obreros los condujo a las prisiones gomecistas por seis meses (Mata,
1985: 24).
Esta
combatividad de los trabajadores ferrocarrileros probablemente fue lo que
permitió que el 18 de julio de 1819 se firmara en Caracas el primer “Contrato
Colectivo” del que se tenga noticias en Venezuela, entre el Gran Ferrocarril
Venezuela y sus trabajadores, empresa cuya propiedad recaía en la alemana
Krupp, y que era denominado el “Ferrocarril Alemán”, entre Caracas y Cagua
(Mata, 1985: 25).
3. LOS EMBRIONES DE ORGANIZACIÓN EN LA
INDUSTRIA PETROLERA Y PRIMERAS HUELGAS.
En la
industria petrolera, la necesidad de luchar por mejorar las condiciones de
trabajo y de vida que le imponían las multinacionales a los trabajadores
venezolanos, actuaron como incentivo para que surgieran núcleos organizados de
trabajadores, que progresivamente comenzaron a ejecutar acciones conflictivas
en contra de las compañías. En 1925 los trabajadores petroleros de Mene Grande
realizan dos movimientos huelguísticos, el primero en el sector del transporte
y el segundo entre los obreros de campo. La primera huelga fue de un solo día y
generó el despido de varios de los participantes. La segunda huelga abarcó a
más de 10 mil trabajadores y paralizó las actividades en toda el área de Mene
Grande (Lucena, 1998: 156). Luego de 12 días de huelga los trabajadores
conquistaron algunas reivindicaciones ante la empresa, como por ejemplo
aumentar en 2 Bs. diarios el salario que era anteriormente de 5 Bs. diarios
(Godio, 1980: 61). En 1928 la protesta estudiantil que insurgió ese año contra
la dictadura de Juan Vicente Gómez, también contó con la participación de
sectores obreros que se incorporaron a jornadas de calle y huelguísticas que
enarbolaban reivindicaciones no sólo de carácter político, como lo era la
exigencia de mayor democracia, sino también de carácter social y económico,
vinculadas precisamente a los inicios de las luchas reivindicativas obreras por
mejores condiciones de trabajo y de vida (Aranda, 1992: 72).
Es de
señalar que en Venezuela tuvo escasa influencia inicial el movimiento comunista
internacional que se había organizado en Londres desde 1864 en la Asociación
Internacional de Trabajadores. Debido al tardío desarrollo industrial venezolano,
y a la escasa población inmigrante europea, factores que en países como México,
Argentina, Uruguay, Brasil y Chile contribuyeron a la formación de núcleos
comunistas, anarquistas y socialistas desde finales del siglo XIX, en nuestro
país las ideas comunistas y anarquistas no tuvieron expresiones organizadas
hasta las primeras décadas del siglo XX (Rama, 1976: 68). Las doctrinas
políticas vinculadas al fortalecimiento del movimiento obrero en Europa y los
Estados Unidos comenzaron a organizarse en nuestro país sólo a partir de la
llegada de exiliados que regresaban luego de tener experiencias de organización
en países como México y Cuba, como fue el caso de Pío Tamayo[1]
y Salvador de la Plaza[2].
4. LA HUELGA PETROLERA DE 1936-37.
El
movimiento de trabajadores en Venezuela va a tener su primer momento estelar a partir
de las luchas de los trabajadores petroleros en la década de 1930[3].
La
primera confederación de trabajadores de alcance nacional, la Confederación
Venezolana del Trabajo (CVT), se constituyó precisamente en el marco de la
huelga petrolera. Su congreso fundacional se efectuó entre el 26 de diciembre
de 1936 y el 7 de enero de 1937 (Arrieta, 1995-a: 21). Este movimiento de trabajadores jugó un papel
destacado en la conformación de los llamados partidos políticos modernos,
principalmente en el surgimiento inicial de Acción Democrática (AD) y del
Partido Comunista de Venezuela (PCV), y en las luchas por conquistar la
democracia política luego de la caída de la dictadura gomecista (en los gobiernos
de López Contreras y de Medina Angarita) (Tenasse, 1979).
La muerte del dictador Juan Vicente Gómez en diciembre de
1935 abrió un período, desconocido hasta entonces, de auge del movimiento
obrero en Venezuela. Como afirma Rodolfo Quintero, “los trabajadores petroleros viven en 1936 un período de gran
importancia para su desarrollo como parte de una clase social: el de su
politización” (Quintero, 1976: 128). Más de un centenar de sindicatos se
legalizan, uniéndose a un número similar de organizaciones obreras que actuaron
en los últimos años de la dictadura, bajo la figura de sociedades de mutuo
auxilio. El fallecimiento de Gómez implicó que se relajaran las medidas
represivas que por décadas se ejecutaron contra el movimiento obrero,
facilitándose el proceso de conformación de nuevas organizaciones sindicales.
Aunque esa “apertura política” duró pocos meses, porque ya a partir de junio de
1936 el gobierno de López Contreras comenzó a reprimir con fuerza al nuevo
movimiento democrático que surgía en Venezuela.
En este contexto el naciente movimiento obrero comenzó a
manifestarse contra la denominada “Ley Lara”, propuesta ante el Congreso
Nacional por el ministro lopecista Alejandro Lara, la cual restringía
considerablemente las libertades democráticas. El 10 de junio de ese año se
realiza un fracasado intento huelguístico en contra de dicha ley. El 24 de
junio de 1936 una asamblea de obreros petroleros reunida en Mene Grande para
protestar contra la ley es reprimida por fuerzas militares asesinando a 5
activistas sindicales (Brett, 1986: 11).
El gobierno de Eleazar López
Contreras (1935-1941) restringió la actividad sindical, sobre todo después de
la huelga petrolera efectuada de diciembre 1936 a enero de 1937 (García
Salazar, 1982: 39), y de 241 sindicatos legalizados a mediados de 1936, en 1941
sólo quedaban activos 140 (Arrieta, 1995-a: 22). Durante su gobierno, el inciso
VI del artículo 32 de la Constitución de 1928 fue modificado en 1936 ampliando
las restricciones ideológicas hacia las actividades comunistas. Anteriormente
el inciso VI prohibía la difusión de propaganda comunista en el territorio
nacional. La modificación ejecutada por López Contreras en 1936 consideró al
comunismo un pensamiento pernicioso y quienes lo siguieran se consideraban como
traidores a la patria. Esta definición se ampliaba a las actividades
anarquistas (el inciso VI fue eliminado en la reforma constitucional de 1945,
promovida por el presidente Medina Angarita, lo que permitió la legalización
del Partido Comunista de Venezuela ese año).
Fundamentándose en esa reforma
constitucional, López expulsó del país a 48 dirigentes sociales en marzo de
1937, acusándolos de actividades comunistas. En el grupo de expulsados
destacaron Rómulo Betancourt (quién paso a la clandestinidad), Carlos Irazabal,
Luís Hernández Solís, Jóvito Villalba, Alejandro Oropeza Castillo, Miguel
Acosta Saignes, Gonzalo Barrios, Juan Bautista Fuenmayor, Rodolfo Quintero,
Salvador de la Plaza, Miguel Acosta Silva, Gabriel Bracho, Jorge Saldivia Gil,
Carlos Rovatti, Germán Herrera, Alfonso Escuraima, Ramón Quijada, Valmore
Rodríguez, Francisco José Delgado, Alfredo Jahn, Carlos D’Ascoli, Raúl Leoni,
Guillermo Mujica, Augusto Villalba, Inocente Palacios, Isidro Valles, Miguel
Otero Silva, José Antonio Mayobre, Manuel Antonio Corao, José Hermenegildo
Briceño y Gustavo Machado. Muchos de ellos eran destacados dirigentes
sindicales, como Isidro Valles, Juan Bautista Fuenmayor, José Antonio Mayobre y
Rodolfo Quintero, de significativa participación en la huelga petrolera que
recién había ocurrido en diciembre del 36.
No obstante, la Ley del Trabajo
promulgada en julio de 1936, y que estuvo vigente hasta 1991, permitió por
primera vez el derecho a la organización de sindicatos y el derecho de huelga,
aspectos que facilitaron el desarrollo del movimiento sindical, además de
reconocer también por vez primera el pago por antigüedad (pago por el patrono
de quince días de salario por cada año de servicio, al finalizar la relación
laboral).
El principal redactor de esta Ley
del Trabajo fue Rafael Caldera, para entonces sub-director de la Oficina
Nacional de Trabajo, y quién contaba con apenas veinte años de edad. Steve
Ellner y otros autores han hecho énfasis en esta característica del origen de
la legislación laboral en Venezuela, al afirmar que a diferencia de otros
países, en Venezuela las conquistas laborales no fueron el producto de largos
períodos de luchas obreras, sino derivadas de concesiones otorgadas por la propia burguesía (Ellner,
1997: 3). Las medidas protectoras de los intereses del proletariado que
aparecen tanto en la Ley del Trabajo de 1936 como en la de 1991, superan lo que
el movimiento obrero hubiera podido conquistar con su capacidad de lucha. Sin
embargo, otra lectura nos indica que la ley de 1936 constituyó una medida
“preventiva” que tomaban los sectores capitalistas gobernantes con el objetivo
de disuadir la conflictividad obrera que ya se avizoraba en el país.
La huelga petrolera (1936-37)
constituirá el momento culminante de este período que puede considerarse como
el del nacimiento definitivo del movimiento obrero en Venezuela (Villegas,
1988: 10). Fue el evento que le dio fisonomía, identidad, presencia a la clase
trabajadora. Manifestó la existencia de un nuevo sector en la sociedad venezolana,
una clase trabajadora surgida en el contexto de una economía primaria
exportadora dominada por capitales extranjeros. El movimiento obrero petrolero
de 1936 significó la primera gran batalla de las luchas de los trabajadores
venezolanos, y los dirigentes formados en ese conflicto jugaron un papel
protagónico en las siguientes décadas. Los principales dirigentes de esa huelga
fueron Juan Bautista Fuenmayor, Rodolfo Quintero, Valmore Rodríguez, Isidro
Valles, Felipe Hernández, Dilio Marín, José Antonio Mayobre, José Pariz María
(español), Domingo Mariani (francés), Manuel Taborda, Fernando Colina Nava,
Luis Marín, Aníbal Mestre Fuenmayor, Luis Torres Nava, Hermes Coello León, Luis
Gallardo, José Martínez Pozo, Juan José Medina, Espartaco González Pacheco, Max
García y Pantaleón García Salazar (García Salazar, 1982: 41) (Rangel, 2007:
113).
Autores como Pedro Castro consideran
que la huelga petrolera constituyó “una derrota” y que sus causas hay que
buscarlas en la inconsecuencia de sus dirigentes, que no estuvieron dispuestos
a enfrentar decididamente al gobierno de López Contreras y a las
multinacionales (Castro, 1982: 93). Luego de finalizada la huelga, López dicta
un decreto de disolución de los partidos políticos que se habían legalizado en
1936, acusándolos de comunistas y utilizando para ello la ya mencionada “Ley
Lara”. Fueron disueltos los partidos ORVE[4]
(Movimiento de Organización Venezolana), FEV-OP[5]
(Federación de Estudiantes de Venezuela – Organización Política), PRP[6]
(Partido Republicano Progresista), Frente Obrero y Frente Nacional de
Trabajadores.
Esta medida permitió la persecución
contra numerosos dirigentes sindicales, y la disolución de las organizaciones
partidistas redundó en la desorganización de las fuerzas sindicales vinculadas
a los partidos ilegalizados. De igual forma, condujo al decreto de expulsión ya
mencionado antes.
Aunque la huelga petrolera de 1936
no alcanzó reivindicaciones de gran significación (apenas el aumento de 1
bolívar en el salario y otras medidas como la disposición de agua en las áreas
de trabajo), su impacto se extendió por décadas. De la misma surgieron los
principales líderes sindicales del Partido Comunista y de Acción Democrática,
que actuarían en los siguientes 50 años. En los hechos fue el inicio formal de
la lucha obrera en Venezuela, pero posteriormente no se desarrollaron acciones
huelguísticas que la equipararan. Durante el resto del siglo XX, la clase
trabajadora no pudo consolidar una fuerza suficiente como para incidir de
manera determinante en el proceso político venezolano. La sombra de la huelga
del 36 cubrió toda la acción política de los trabajadores venezolanos hasta
finales de siglo, sin que pudieran reeditarse jornadas de lucha que implicaran
un mayor protagonismo político para el movimiento sindical.
5.
EL MOVIMIENTO OBRERO EN LA DÉCADA DE
1940.
Con el gobierno de Isaías Medina Angarita (1941-1945) el
movimiento obrero va a experimentar un notable crecimiento. Para el momento del
derrocamiento de Medina, en octubre de 1945, existían 252 sindicatos
legalizados. El momento más significativo de este período fue la reunión de la
Convención Nacional de Trabajadores en el Teatro Nacional de Caracas el 23 de
marzo de 1944. La disputa entre el Partido Comunista (que actuaba de manera
encubierta porque la Constitución no permitía legalizar actividades comunistas,
y que era, de manera evidente, la fuerza política de mayor influencia dentro
del movimiento obrero venezolano) y Acción Democrática por el control de la
Convención Nacional llevó a que los sindicatos influidos por AD se retiraran de
la misma, y su dirigencia acusara por la prensa escrita que los sindicatos que
se habían quedado en la convención eran “comunistas”. Esta circunstancia
produjo que el gobierno de Medina disolviera las 93 organizaciones sindicales
que habían permanecido en el congreso obrero (Ellner, 1980). Somos del criterio
que esta medida represiva del gobierno medinista en marzo de 1944, contra los
sindicatos influidos por el Partido Comunista, le facilitó a Acción Democrática
asumir el control hegemónico del movimiento obrero venezolano, el cual lo
fortaleció en el llamado “Trienio Adeco” (1945-1948) y lo mantuvo por más de
medio siglo.
Al considerar el número de sindicatos presentes en la
convención, 150, y 370 delegados en total, sólo 41 de esos sindicatos estaban
influidos por AD, lo que implicaba que su exigencia de “paridad” (entre
comunistas y adecos) en la junta directiva de la Confederación de Trabajadores
a elegirse y de que el secretario general de la misma fuera un independiente,
no sólo no se ajustaba a la verdadera correlación de fuerzas, sino que
demostraba la intención de los adecos de evitar cualquier proceso de elección
democrática que inexorablemente debía reconocer la mayoría comunista en el seno
del movimiento obrero venezolano (Moncada, 1982: 182). Autores como Moncada
consideran que la conducta asumida por el gobierno de Medina, es decir, la
disolución de la Convención de Trabajadores, y la disolución también de los 93
sindicatos comunistas, no fue un simple error de cálculo sino una medida
premeditada que favorecía abiertamente a las fuerzas socialdemócratas
representadas en AD y golpeaba brutalmente al sindicalismo comunista que hasta
ese entonces era mayoritario.
El gobierno revolucionario que surge del 18 de octubre de
1945 va a potenciar al movimiento obrero venezolano hasta colocarlo en un papel
significativo dentro de la lucha política nacional. El número de sindicatos
legalizados se cuadruplicó en muy poco tiempo, aprovechando las facilidades
creadas por el Ministerio del Trabajo, cuyo titular era Raúl Leoni[7].
Aunque el Partido Comunista mantuvo cierta influencia en sectores sindicales
como el petrolero y el textil, el apoyo gubernamental a los sindicatos de
Acción Democrática favoreció que creciera enormemente la hegemonía sindical
adeca.
La Constitución Nacional de 1947 va a reconocer el derecho a
la organización sindical, así como la estabilidad en el trabajo de los
directivos sindicales, el derecho a contratación colectiva y el derecho a
huelga (Lucena, 1998: 312). Uno de los fundamentos del llamado “Trienio Adeco”
fue la participación del movimiento obrero como apoyo social del partido
gobernante Acción Democrática. Para ello se va a fundamentar en las buenas
relaciones entre el gobierno y el Buró Sindical de AD, y en la creación del
Ministerio del Trabajo, separado del anterior despacho de Trabajo y
Comunicaciones. La hegemonía adeca en el movimiento obrero se va a construir a
partir de la utilización de este Ministerio con fines de control político e
ideológico.
El número de sindicatos pasa de 215 en 1945 a 1053 para el
momento del golpe el 24 de noviembre de 1948. Las negociaciones colectivas
también aumentan considerablemente, de 227 en 1946 pasan a 575 en 1947, y en el
primer semestre de 1948 se firman 261 contratos colectivos (Lucena, 1998: 315).
Sin embargo, autores como Lucena consideran que el gran
número de sindicatos legalizados y de las contrataciones colectivas firmadas
obedecían no a un desarrollo autónomo del movimiento obrero, sino al esfuerzo
de Acción Democrática en fortalecer su estructura partidista en los sindicatos
y con ello ampliar la base social de respaldo al gobierno. Esto se demuestra
que en contrapartida el PCV encontró en ese período muchas dificultades para
legalizar sindicatos, sus solicitudes ante el Ministerio del Trabajo eran
negadas o ignoradas; incluso existió una considerable represión hacia los
dirigentes sindicales comunistas.
La división del movimiento obrero fue el resultado de esta
política sectaria desarrollada por Acción Democrática. En 1948 promueven la
expulsión de los dirigentes comunistas de Fedepetrol, y estos constituyen otra
federación nacional, Consutrapet. Desde 1946 se comienzan a realizar
celebraciones por separado del 1º de mayo. Sólo la posterior lucha contra la
dictadura militar permitirá unificar de nuevo las luchas del movimiento obrero
venezolano.
6.
LA DICTADURA MILITAR Y LA REPRESIÓN
CONTRA EL MOVIMIENTO OBRERO.
El advenimiento de la dictadura militar a partir de
noviembre de 1948, significó la implementación de una fuerte represión política
hacia los sindicatos y hacia los partidos que dirigían dichos sindicatos (AD y
PCV). Entre 1950 y 1952 el movimiento clasista de trabajadores petroleros
intentó vanamente desarrollar jornadas de huelga en contra de la dictadura, lo
que conllevó a la ilegalización de prácticamente todos los sindicatos petroleros,
y a la persecución, cárcel, exilio y/o asesinato de sus principales dirigentes
(Faría, 2007: 169).. Particularmente en el Zulia, esta represión militar contra
los sindicatos significó una derrota de carácter histórico, pues durante 50
años no se volvió a levantar en este estado un movimiento clasista, autónomo y
revolucionario de trabajadores (sin negar que existieron en el período
puntofijista algunos sindicatos dirigidos por la izquierda, como por ejemplo el
de Enelvén).
Jesús Faría, quizás el más destacado dirigente obrero del
Partido Comunista y que además era del sector petrolero, relata como la huelga
de mayo de 1950 se desató debido a la negativa de las compañías y el gobierno a
discutir la contratación colectiva (Faría, 2007: 170). Aunque la huelga,
respaldada por 51 sindicatos petroleros de todo el país y por el 95 % de la
masa laboral petrolera, se originaba en cuestiones puramente reivindicativas,
el fondo del conflicto estaba directamente relacionado con el intento de los
partidos PCV y AD por conservar las libertades democráticas fuertemente
restringidas por la dictadura militar que asaltó el poder a partir del 24 de
noviembre de 1948.
Según algunos autores, la huelga petrolera de mayo de 1950
no fue simplemente un acto de lucha reivindicativa sino que tenía por objetivos
el generar una crisis política de grandes proporciones que afectara la
estabilidad de la Junta Militar de Gobierno. La huelga, que duró unos 10 días y
en algunos sectores alcanzó hasta 15 días de paralización, fue promovida
conjuntamente por las dos federaciones petroleras existentes, Cosutrapet,
respaldada por los comunistas, y el Comité Pro-Federación Nacional Petrolera,
respaldado por los adecos (Dum, 1982: 407).
Repitiendo un esquema practicado en toda Latinoamérica, las
compañías petroleras extranjeras se aprovechaban del respaldo incondicional que
encontraban en la Junta Militar gobernante para desconocer los derechos
laborales de los trabajadores. Al rechazo que las solicitudes sindicales habían
encontrado en el Ministerio del Trabajo, se unió la ilegalización de la huelga.
El respaldo a la huelga petrolera de 1950 fue masivo en las zonas petroleras
del Zulia, pero débil en el oriente del país, lo que facilitó su derrota. El
gobierno militar respondió con una feroz represión que incluyó la
militarización de los campos petroleros y la detención de todos los dirigentes
sindicales asociados a los partidos AD y PCV (el propio Jesús Faría sería
detenido y pasaría 8 años en prisión). Los sindicatos petroleros fueron disueltos,
ilegalizado el PCV y su periódico Tribuna Popular, confiscándole la dictadura
todos sus bienes. Pasarían décadas antes de que el movimiento obrero petrolero
recuperara la fuerza que había tenido hasta ese momento.
7.
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y RENACIMIENTO
DEL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES.
La democracia representativa que
nace a partir de 1958 resucita al movimiento obrero, pero lo desarrolla con una
camisa de fuerza, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)[8].
Esta central de trabajadores, firmemente controlada por Acción Democrática, se
convertirá en los 40 años de democracia puntofijista en el mecanismo
apaciguador de las luchas obreras, siendo a la vez fuente de corrupción de una
dirigencia vendida a los patronos y al gobierno de turno (Quintero, 1980: 85).
Los líderes sindicales se enriquecieron administrando bancos y empresas cedidas
por los gobiernos de turno, y pasaron a formar parte de la elite de poder que
sustentó el período del Pacto de Punto Fijo[9].
La CTV cumplió un papel estelar
dentro del bloque de alianzas sociales que condujo a la democracia nacida del
23 de enero de 1958. Este bloque
dominante en Venezuela entre el 58 y el 99 estuvo conformado por:
·
las cúpulas de los partidos AD y Copei,
·
el alto mando militar,
·
la jerarquía de la iglesia católica,
·
la dirigencia empresarial agrupada en Fedecámaras (incluyendo aquí
a los propietarios de los grandes medios de comunicación),
·
y la dirigencia obrera organizada en la CTV.
Además de la CTV se conformarán en
ese período otras centrales sindicales. La CUTV (Central Unitaria de
Trabajadores de Venezuela) se conformará en 1963 por iniciativa del Partido
Comunista y otros partidos de izquierda como el MIR, como resultado del proceso
de represión desatada desde el gobierno acciondemocratista de Rómulo
Betancourt, el cual inició una persecución contra la dirigencia sindical de
izquierda, llegando incluso hasta el ametrallamiento de manifestaciones y el
asesinato de activistas obreros. CODESA (Confederación de Sindicatos Autónomos
de Venezuela) se funda en 1964, representando corrientes sindicales
socialcristianas. La división de CODESA en 1971 dio origen a la CGT
(Confederación General de Trabajadores). Estas tres centrales sindicales nunca
llegaron a amenazar la hegemonía que mantuvo la CTV sobre la mayoría del
movimiento sindical organizado.
En este período se debate en el
sindicalismo venezolano la conveniencia de constituir o no varias centrales
sindicales. El criterio predominante consistía en mantener la “unidad
monolítica” de la clase obrera (García, 1982: 83). Solo que las condiciones
concretas de la lucha política venezolana a comienzos de los 60 condujo a la
división del movimiento sindical, aunque dicha fractura no necesariamente haya
debilitado las luchas impulsadas por los sectores más clasistas y
revolucionarios. Más bien, probablemente la existencia de otras centrales como
la CUTV permitió canalizar gremialmente la protesta política que nacía de
sectores obreros descontentos con el rumbo que tomaba la democracia
puntofijista.
Otro elemento resaltante de este
período es que se consolida la pérdida de autonomía del movimiento de
trabajadores ante los partidos y el Estado (y por ende, ante la patronal
burguesa). La relación partido/sindicatos en Venezuela era realmente de una
subordinación del sindicato hacia el partido (Díaz, 2000: 158). Algunos autores
lo califican de “cooptación” o
supeditación de la acción sindical a las tácticas y estrategias de los partidos,
definiéndose de esa forma la sociedad civil por medio de la sociedad política,
invirtiendo los términos de la visión tradicional contractualista que define a
la sociedad civil como partera de lo político (Bracho, 1992: 179).
Un aspecto resaltante de esta
pérdida de autonomía de la acción de la clase trabajadora se ejemplifica
históricamente en el llamado “avenimiento obrero-patronal” acordado en 1958
entre los sindicatos y gremios empresariales, acuerdo aupado por los partidos
políticos incluyendo a AD y el PCV. Este acuerdo buscaba regularizar las formas
de solución a los conflictos laborales y desestimular la lucha de clases, ante
los riesgos derivados de la crisis fiscal y de las demandas sociales represadas
por el período dictatorial (Bracho, 1992: 180). De esta forma, la democracia de
Punto Fijo nació hipotecando los intereses de los trabajadores, práctica que se
mantendrá a lo largo de los 40 años de hegemonía de los partidos AD y Copei.
La subordinación sindical hacia el partido estaba
directamente relacionada con el hecho de que el partido estuviera en el
ejercicio del gobierno, o que por lo menos tuviera considerable poder dentro
del Estado. Los líderes sindicales decidían sus preferencias partidistas
buscando la resolución más fácil de sus propuestas reivindicativas, incorporándose
a los partidos en el poder (AD y Copei, principalmente).
No obstante, dado que el Estado
clientelar no estaba dispuesto a satisfacer todas estas exigencias, la
subordinación sindical ante el partido y el Estado terminaba vendiendo las
luchas obreras a cambio de prebendas para los directivos de los sindicatos.
Aunque se produjeron “mejoras relativas
en el nivel de vida y en la distribución del ingreso” a cambio de la
renuncia al desarrollo de una opción de clase, los principales beneficios de la
democracia puntofijista no fueron hacia el sector laboral (Bracho, 1992: 181).
La función de la CTV como
apagafuegos de las luchas obreras se comprueba en el hecho de que fue sólo en
mayo de 1989, luego del levantamiento semi-insurreccional espontáneo del pueblo
de Caracas, y luego de tres décadas de predominio de su estrategia de
conciliación de clases, que esta central de trabajadores organizó una huelga
nacional en contra de un gobierno puntofijista (paro nacional de 24 horas
cumplido el 18 de mayo del 89, era presidente Carlos Andrés Pérez del partido
Acción Democrática). Antes de esa fecha, durante treinta años, la CTV mantuvo
una conducta de permanente conciliación de clases, limitando las luchas
reivindicativas de los trabajadores a las migajas que sobraban del festín
petrolero. Conducta conciliadora que luego de 1989 se continuó por una década
más.
El papel hegemónico cumplido por la
CTV se fortaleció luego de la derrota que sufrió la izquierda en la lucha
armada iniciada en los primeros años de la década de 1960. En primer lugar el
recurrir a la lucha armada facilitó el alejamiento de la izquierda de los
sindicatos y movimientos de trabajadores en general. La derrota de la
insurgencia armada generó una fragmentación de los partidos PCV y MIR, de los
cuales surgieron multitud de organizaciones partidistas como el Movimiento al
Socialismo (MAS), Vanguardia Comunista, la Causa Radical, la Organización de
Revolucionarios-Liga Socialista, Bandera Roja-Comité de Luchas Populares,
PRV-Ruptura, y otros como el Movimiento Electoral del Pueblo (desprendido de
Acción Democrática), GAR, EPA y Primero de Mayo. Esta enorme división en el
seno de las tendencias de izquierda que actuaban en el movimiento obrero,
impidieron que se conformara un frente político con poder suficiente como para
capitalizar el descontento existente hacia la dirigencia sindical
adeco-copeyana (Lestienne, 1981: 29).
Como expresión significativa de la
lucha de los trabajadores en este período puntofijista, mencionamos la Huelga
del Aseo Urbano de Maracaibo, ocurrida en marzo de 1968 (Bracho, 1993: 23), la
cual tuvo entre sus manifestaciones más resaltantes la insurrección espontánea
del pueblo marabino los días 27 y 28 de marzo de dicho año, generada como
respuesta a la fuerte represión gubernamental que con el objetivo de disolver
la huelga se ejecutó en la mañana del día 27 en la sede del Sindicato del Aseo
Urbano. Este levantamiento popular poco recordado en Venezuela generó que el
gobierno de Leoni suspendiera las garantías constitucionales en el Zulia,
declarara el toque de queda y dejara la región bajo control militar por varios
días. No obstante, al mismo tiempo se vio obligado a satisfacer las demandas de
aumento salarial que hacían los trabajadores y que había sido la causa del
estallido huelgístico. La huelga del aseo urbano de Maracaibo generó la amplia
solidaridad de todo el mundo sindical, de los movimientos estudiantiles,
organizaciones barriales y partidos democráticos, y constituye en términos
históricos una de las más destacadas manifestaciones de lucha obrera de nuestra
historia reciente.
8.
LOS TRABAJADORES EN LAS ÚLTIMAS
DÉCADAS DEL SIGLO XX.
Si bien el
movimiento organizado de los trabajadores cumplió históricamente un papel
importante en los procesos de cambios sociopolíticos registrados en Venezuela a
lo largo del siglo XX, sobre todo en su aporte a la conformación de los
partidos políticos modernos y en la lucha por conquistar la democracia
representativa, ese protagonismo obrero comenzó a diluirse en las últimas
décadas del siglo, particularmente durante el período del llamado Puntofijismo[10].
A partir de la insurrección espontánea del 27-28 de febrero de 1989, fueron los
sectores sociales excluidos, los marginales de las grandes concentraciones
urbanas, quienes figuraron como actores relevantes del proceso político
venezolano. Cuando llega al poder Hugo Chávez en 1999, el movimiento obrero se
encuentra debilitado y desorganizado[11],
con una dirigencia cuestionada, y su papel en el nuevo gobierno tendrá
inicialmente una escasa relevancia.
Durante
los segundos gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y de Rafael Caldera
(1994-1999) se produjeron en el país una serie de reformas laborales que
formaban parte de los planes neoliberales que ejecutaron ambos gobernantes.
Pérez llevó adelante la llamada Reconversión Industrial, que implicaba la
modificación de los términos contractuales con el sector laboral, introduciendo
una serie de medidas que afectaban los derechos que hasta ese momento habían
tenido los trabajadores.
La
Reconversión Industrial buscaba incrementar la explotación del trabajo aumentando la intensidad del
ritmo de producción, acelerando la cadencia de los equipos, extendiendo la
jornada de trabajo, redoblando los turnos, incrementando el sobretiempo. Se
trataba en este caso de producir plusvalía absoluta con el paquete industrial
instalado. Buscaba también desvalorizar el salario a través de la reducción de
los gastos de reproducción de la fuerza de trabajo (educación, alimentación,
vivienda, salud, transporte, etc.), mediante la manipulación inflacionaria que
conduce al alza de precios de los bienes de subsistencia diaria (Lanz Rodríguez,
1990: 56).
Esta política ejecutada por Pérez y
continuada por Caldera, se fundamentaba en el modelo neoliberal de promover la
“industrialización especializada”, en donde el capital internacional
cristalizado en los bloques económicos (Estados Unidos, Europa y Japón), sigue
manteniendo la hegemonía sobre las tecnologías de punta (microelectrónica,
biotecnología, nuevos materiales, etc.) y delegan un tipo de industrialización
especializada en los países dependientes, utilizando las llamadas ventajas comparativas:
bajos salarios, materia prima barata, buena infraestructura de servicios,
seguridad jurídica, etc., y buscando la utilización rentable de equipos
industriales obsoletos. Esta forma de industrialización especializada ha tomado
forma en las Industrias Maquiladoras,
con las cuales las transnacionales manufacturan partes y componentes en
aquellos países con salarios bajos y demás condiciones favorables.
La industria de maquila implica
cambios en la organización de la producción, en donde resalta el llamado
trabajo domiciliario, en el cual aparentemente se es un trabajador
independiente, pero en la realidad está subordinado, colocando al sector
informal como una colonia del sector formal, afectando negativamente la
capacidad de organización sindical y de lucha de los trabajadores.
Rafael Caldera implementó la Reforma a la Ley del Trabajo,
en junio de 1997, la cual sirvió para llevar adelante la tesis neoliberal de la
“flexibilización” de las relaciones de trabajo. Dicha reforma eliminó el
cálculo retroactivo para el pago de las prestaciones sociales de los
trabajadores. Igualmente abarató los despidos al eliminar el pago o liquidación
doble en caso de despido injustificado. Además, las formas de pago que
estableció para las prestaciones acumuladas, sobre todo en la administración
pública, constituyeron una estafa a los trabajadores, pues no se definieron
claramente ni los lapsos para los pagos ni de dónde saldrían los recursos
financieros para cumplir con dichas obligaciones. Finalmente, la nueva Ley de
Seguridad Social amenazaba con terminar de vulnerar los derechos de los
trabajadores. El gobierno de Caldera logró ejecutar las reformas
flexibilizadoras del mercado laboral que formuló Carlos Andrés Pérez en 1989.
La reconversión industrial-laboral trajo efectos desastrosos
para las clases trabajadoras (Iranzo, 1991: 77). El efecto negativo más
importante de la reestructuración industrial fue el aumento del desempleo:
1. La estrategia industrial
gubernamental suponía el crecimiento de sectores altamente intensivos de
capital (actividades extractivas y de transformación primaria) y por ende poco
generadores de empleo. A su vez, las ramas más afectadas por la crisis, los
sectores industriales tradicionales, son los más intensivos en mano de obra.
2. La primera medida tomada por los
empresarios para adaptarse a la nueva situación fue la de despedir
trabajadores.
3. Como consecuencia de la caída de la
demanda, se produjo una fuerte disminución del sector comercio.
4. La política dirigida hacia el sector
agrícola significó un importante aumento del desempleo en el sector.
5. Con la introducción de nuevas
tecnologías y maquinaria automatizada, se reducen puestos de trabajo.
La segunda tendencia negativa de la reconversión fue la
informalización del sector moderno, como consecuencia de la generalización de
formas de contratación que hasta ahora se denominaban “atípicas” porque no
correspondían con las condiciones del trabajo formal. Basándose en la llamada
“flexibilización del trabajo”, los empresarios comenzaron a ejercer fuertes
presiones para desregularizar el mercado de trabajo, bajo el supuesto de que
las normativas legales son las que impiden adecuarse a las nuevas
circunstancias. De allí surgió la propuesta de
eliminar el cálculo retroactivo en las prestaciones sociales y la ley
sobre despidos injustificados.
Las prácticas “flexibilizadoras” ya existían desde antes en
Venezuela, pero durante los gobiernos de Pérez y Caldera se multiplicaron:
contratos por tiempo determinado, a tiempo parcial, a domicilio, subcontratación,
etc. Muchos sindicatos, ante la perspectiva de desempleos masivos, las
aceptaron. El crecimiento del sector de trabajadores “flexibles” (Iranzo, 1991:
80) (Pérez Sáinz, 1996: 20) representaba un serio problema social que
profundizaba la precarización de las condiciones de vida y de trabajo, ya
pronunciadas con la expansión del sector informal. Todos ellos constituyen
grupos sociales sin cobertura social ni protección legal, pues la ley no amparaba
a los trabajadores que no estuvieran en condiciones de subordinación (lo que se
ha superado con la nueva constitución de 1999). El cuadro final es, entonces,
el aumento de la pobreza y de la indefensión social, factores de reforzamiento
de las desigualdades sociales.
Otra tendencia desarrollada por la reconversión industrial
fue la intensificación del trabajo. Generada en primer lugar porque las
empresas redujeron sus plantillas al punto que sus volúmenes de producción no
se correspondían con la cantidad de trabajadores por unidad de producto que
tenían previamente. Es decir, se incrementa la productividad laboral pero no
por cambio tecnológico u organizativo sino por un aumento en el ritmo y la
cantidad de trabajo individual y colectivo (Cárdenas, 2000: 93).
La segunda vía de intensificación del trabajo se basa en el
uso de una mano de obra polivalente que cuenta con la capacitación necesaria
para desplazarse por diferentes puestos de trabajo de acuerdo a las necesidades
de la producción, lo que rompe con la tradicional distribución fija de
responsabilidades propia de la organización taylorista. Esta “flexibilización”
provoca la intensificación del trabajo en la medida en que no se puede fijar de
antemano el tipo y la cantidad de tareas a realizar por parte de cada
trabajador, pues ello depende de las circunstancias; de esta forma, los
mecanismos tradicionales de regulación de la carga de trabajo se vuelven
inoperantes (Iranzo, 1991: 83).
Todas estas medidas neoliberales de Pérez y Caldera no
encontraron mayor oposición de parte de un movimiento sindical domesticado por
la dirigencia de la CTV, la cual dio su respaldo explícito a la reforma de la
LOT en 1997 y protestó tímidamente las medidas inflacionarias que implicaban
dichos planes económicos. A fines del siglo XX, la clase trabajadora venezolana
se encontraba totalmente desarmada ante un sector capitalista gobernante que
aplicaba a su antojo toda una reforma económica y laboral en beneficio del gran
capital financiero multinacional, en desmedro del desarrollo económico nacional
independiente y a costa de la pérdida masiva de derechos laborales por parte de
la clase trabajadora. Situación que existía a nivel continental y mundial, pues
el avance del neoliberalismo en las dos décadas anteriores había generado todo
un retroceso y crisis en el mundo sindical (De la Cueva, 2000: 112).
Autores como Juan Pablo Mateo Tomé han investigado el
desempeño de los salarios en Venezuela durante los últimos cincuenta años
(Mateo Tomé, 2001: 126). El papel de los salarios dentro de la economía
venezolana se había expandido considerablemente en las dos primeras décadas de
la democracia representativa (1958-1980), para contraerse de igual forma en las
dos décadas siguientes (1980-1999), particularmente visible en la última etapa
neoliberal (1989-1999).
La participación de los salarios en la renta nacional, que
se ubicaba en el 57 % en 1957, pasó al 67 % en 1980, para decaer al 44 % en
1998. El salario real de 1998 era un 52 % inferior al de 1979, y sólo un 7 %
superior al de 1957[12].
Una curva de ascenso inicial y posterior descenso del salario real, pues para
1979 representaba el 120 % del existente en 1957. Las mayores caídas de la
capacidad adquisitiva del salario se registraron en los dos años de aplicación
de los paquetes de medidas neoliberales: 11,9 % en 1989, durante el gobierno de
Pérez, y 13 % en 1996, en el gobierno de Caldera.
Según datos que aporta Rubén Alayón, los planes neoliberales
generaron una alta inflación y un incremento del desempleo tanto en el segundo
gobierno de Pérez como en el segundo gobierno de Caldera. Los alimentos
tuvieron un incremento de precios de 125 % en 1989, de 47 % en 1990, y de 36%
en 1991 (Alayón, 2011: 58). El índice general de inflación alcanzó hasta el 103
% en 1996. El desempleo, que había crecido a 9.86 % en 1990, alcanzó al 12,4 % en
1996.
De manera general, la década de aplicación de las políticas
neoliberales (1989-1998) genero una considerable caída en los salarios reales
de los trabajadores. Según la Oficina Central de Estadística (OCEI), en 1998 la
pobreza en Venezuela abarcaba hasta un 59 % de la población (Alayón, 2011: 59).
Junto a ese descenso del salario hay que mencionar que en
los gobiernos neoliberales de los años 90 se produjo una “desalarización” del
ingreso de los trabajadores, mediante la conversión de gran parte del salario
en bonos o subsidios de transporte y alimentación, que disminuían la base de
cálculo de las prestaciones y otros beneficios de los trabajadores (Mateo Tomé,
2011: 132).
Toda esta pérdida salarial para los trabajadores no fue
enfrentada por las organizaciones de trabajadores y particularmente por la CTV,
la cual en la medida en que se profundizaron los planes neoliberales y con
ellos se agudizó la pérdida de derechos para los trabajadores, se alineó cada
vez más en respaldo a dichas medidas, colocándose a la cola de la patronal y
sin asomar siquiera la posibilidad de acciones conflictivas que detuvieran de
alguna manera la aplicación de dichas medidas. La conducta del sindicalismo
cetevista se encuadraba en un retroceso general del movimiento sindical mundial
ante el avance del modelo neoliberal durante los años 80 y como efecto del
colapso del socialismo real acontecido a comienzos de los 90 (Antunes, 1997:
50).
Autores como Steve Ellner señalan que las fuerzas políticas
que en Venezuela habían defendido por décadas el modelo intervencionista
estatal, se hicieron neoliberales en los años 90 y respaldaron los planes
económicos aplicados durante los gobiernos de Pérez y Caldera. Ese fue el caso
de los tradicionales partidos Acción Democrática (socialdemócrata) y COPEI
(socialcristiano), pero también de partidos de izquierda como el Movimiento al
Socialismo (MAS) y la Causa Radical (Causa R). Este alejamiento de los
principales partidos políticos de las políticas que históricamente habían
recibido el respaldo popular, contribuyeron a fortalecer un sentimiento
antipartido que contribuyó al triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998 (Ellner,
2009: 41).
Los planes neoliberales de Carlos Andrés Pérez y Rafael
Caldera, pese a presentar logros macroeconómicos relativamente destacados,
redundaron fundamentalmente en el aumento de los niveles de explotación de la
masa trabajadora, en el deterioro tanto de las condiciones de trabajo como del
nivel de vida de la mayoría de la población, favoreciendo el aumento de los
niveles de ganancias por parte de los empresarios criollos y extranjeros. Los ricos se hicieron más ricos, los pobres
aumentaron su pobreza y aumentaron también su número, pues un grueso sector de
la antigua clase media se empobreció en la última década del siglo XX. Aumentó
el desempleo y la economía informal alcanzó el 50% de la fuerza de trabajo. El
salario real de los trabajadores se desvalorizó en más del 50 %.
Nuestra economía aumentó su grado de dependencia para con el
capitalismo multinacional, debido a los procesos privatizadores y a la apertura
indiscriminada al mercado mundial. El descontento de las grandes mayorías
sociales por diez años de neoliberalismo en Venezuela fue el detonante del
comportamiento electoral que condujo al triunfo de Hugo Chávez en las
elecciones de 1998, y la consiguiente modificación del panorama político del
país. A partir de esa nueva realidad se abrió la posibilidad de modificar el
rumbo neoliberal que llevaba nuestra economía, y que se comenzara a superar la
dependencia y el subdesarrollo.
La llegada al gobierno de Hugo Chávez en 1999 trastocaría
completamente el panorama neoliberal anterior, pues desde un inicio se
comenzaron a modificar o eliminar los planes neoliberales en ejecución, y
progresivamente se comenzó a abrir paso un nuevo movimiento obrero que levantó
reivindicaciones y banderas políticas como nunca antes había ocurrido en
nuestra historia.
CONCLUSIONES.
Autores
como Alexis Adarfio dividen el proceso de conformación y lucha de la clase
trabajadora venezolana en tres grandes períodos (Adarfio, 2011: 44):
i.
El período del capitalismo de estado,
que ubica entre 1910 hasta 1990. Igual que otros autores, considera que el
movimiento obrero venezolano nació a partir del desarrollo de la industria
petrolera, que en su desarrollo fue minado por el burocratismo y la corrupción,
no obstante la lucha obrera permitió obtener conquistas que se reflejaron en
las leyes laborales de ese período. Pero los grandes negocios y privilegios que
signaron a la dirigencia sindical pervirtió la lucha de los trabajadores y
facilitó su desmovilización, lo que favoreció que la propuesta neoliberal se
ejecutara sin mayor resistencia obrera.
ii.
El período del capitalismo salvaje y las
privatizaciones (1990-1999). La desmovilización de los trabajadores permitió
sin mayor resistencia los procesos de privatización de importantes empresas del
estado (SIDOR, CANTV, VIASA, etc.) y la modificación de la Ley Orgánica del
Trabajo en 1997, cuando se eliminó la retroactividad de las prestaciones
sociales, se introdujo la reconversión industrial, se facilitaron los despidos
y en general se golpeó fuertemente las reivindicaciones obreras contenidas en
las contrataciones colectivas.
iii.
La nueva etapa de nacionalizaciones y de
dignificación de la lucha obrera (1999 hasta hoy). Con la llegada al poder de
Hugo Chávez se detienen y revierten los procesos de privatización de las
empresas públicas y se comienzan a desarrollar iniciativas tendientes a que los
trabajadores dirijan la producción: cooperativas, cogestión en empresas
públicas, toma de empresas abandonadas por los patronos, y nacionalización de
empresas por utilidad pública. Este proceso ha permitido nacer otra dimensión
de la lucha de los trabajadores: el Control Obrero. El factor clave en este proceso en que la clase trabajadora ha pasado a
jugar un papel hasta ahora inédito en la historia nacional fue el desarrollo
del paro patronal-petrolero de 2002-2003, pues allí los trabajadores venezolanos
se plantearon por primera vez asumir directamente el control productivo de las
empresas públicas y privadas.
El
movimiento obrero venezolano existente para 1998 se encontraba totalmente
entregado ante las políticas neoliberales, sin ofrecer la menor resistencia, y
en condiciones de debilidad política y organizativa que lo ubicaban en posiciones claramente secundarias como actor del sistema
político imperante en Venezuela. En ese contexto laboral se inició el
gobierno de Hugo Chávez en febrero de1999.
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[1] Considerado el principal ideólogo de la llamada “Generación
Estudiantil del 28”. Participó en los actos de la semana del estudiante en
febrero de 1928, y por esa razón fue detenido hasta 1934. En la cárcel actuó
como difusor de las ideas comunistas entre los jóvenes presos políticos.
[2] Quien fundó en 1926, mientras se encontraba en el exilio en México, el
Partido Revolucionario Venezolano, primer partido político moderno fundado por
venezolanos, aunque no tuvo mayor desarrollo en nuestro país.
[3] Autores como Alberto Pla sostienen que el movimiento obrero venezolano
tiene sus antecedentes desde las últimas décadas del siglo XIX, aunque “no
implicaba la existencia de un movimiento obrero organizado” (Pla, 1982: 17).
[4]Del cual era fundador Rómulo Betancourt, y cuyos integrantes
confluyeron posteriormente, en su mayoría, en la fundación del partido Acción
Democrática en 1941.
[5] Fundada por Jóvito Villalba basándose en su condición de presidente de
la Federación de Estudiantes de Venezuela. Sus integrantes confluirían
posteriormente en la fundación del partido Unión Republicana Democrática (URD)
en 1946.
[6] Organización manpara creada por los comunistas debido a la prohibición
existente para actuar legalmente.
[7] Posteriormente Presidente de la República en el período 1964-1969.
[8] El control de la CTV por parte de Acción Democrática como partido de
gobierno, originará en 1963 la conformación de la CUTV (Central Unitaria de
Trabajadores de Venezuela) por parte de los sindicatos influidos por el Partido
Comunista (Arrieta, 1995-b: 24). Otras dos centrales de trabajadores, de
orientación socialcristiana, se constituyeron en el período puntofijista:
Codesa (Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela, fundada en 1964) y
la CGT (Confederación General de Trabajadores de Venezuela, fundada en 1971),
como desprendimiento de la primera de estas. El partido socialcristiano Copei
tuvo incidencia en la fundación de Codesa, aunque mantuvo a la vez su
participación en la CTV.
[9] El período del llamado Pacto de Punto Fijo, celebrado en 1958 por los
jefes de los partidos Acción Democrática (AD), Copei (socialcristiano) y Unión
Republicana Democrática (URD), abarca desde 1959 hasta 1999. El Pacto de Punto
Fijo, luego de derrocada la dictadura militar encabezada por Marcos Pérez
Jiménez, perseguía objetivos de gobernabilidad mediante dos aspectos centrales:
el acercamiento a los intereses de los Estados Unidos, y el marginamiento
absoluto del Partido Comunista de cualquier participación en el nuevo gobierno
surgido de elecciones.
[10] Por Puntofijismo se entiende en Venezuela al período de gobierno del
llamado Pacto de Punto Fijo.
[11] Representado principalmente por la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV), que adoptó ese nombre en el III Congreso Nacional de
Trabajadores celebrado en 1959 (Godio, 1986:76).
[12] Alayón reporta que para 1996 las remuneraciones al capital
significaban el 75 % de la renta nacional, y sólo 25 % a los asalariados. Esto
contrasta con la distribución de 56%-44% dada por Mateo Tomé para la relación
capital-trabajo en 1998. Ambas cifras pudieran ser ciertas (las de Mateo Tomé y
las de Alayón), ya que corresponden a
años diferentes (1996 y 1998).
[i]Historiador.
Profesor Titular de la Universidad del Zulia. Facultad Experimental de
Ciencias. Departamento de Ciencias Humanas. Av. Universidad. Edificio Grano de
Oro. Maracaibo. Correo: cruzcarrillo2001@yahoo.com.
[ii]Abogada.
Consultora Jurídica de Fundacite Zulia. Av. Cecilio Acosta con Av. Universidad.
Maracaibo. Correo: carmenaliciahr@yahoo.com.
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