LAS TRABAS PARA INVESTIGAR LOS CRÍMENES POLÍTICOS EN VENEZUELA. LA VERDAD SOBRE LA COMISIÓN POR LA JUSTICIA Y LA VERDAD
Publicado en: TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina
Vol. 4, N° 6 (2015) ISSN: 0328-7726
http://www.tallersegundaepoca.org/taller/article/view/119/128
ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
CARMEN ALICIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Recibido: 25-11-2015 |Aceptado: 15-12-2015
Resumen:
El trabajo analiza el estado actual de la lucha contra los crímenes políticos cometidos en Venezuela durante el período 1958-1998. A partir de la aprobación de la “Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958 – 1998”, se consideran las limitaciones que ha tenido la actuación de la Comisión por la Justicia y la Verdad, encargada de ejecutar los objetivos de dicha ley. Se concluye que la inacción de las instituciones estatales encargadas de hacer cumplir la ley para sancionar los crímenes políticos de la democracia representativa, amenaza con hacer fracasar todo el esfuerzo de los comités de familiares y víctimas de la represión política y dejar un manto de impunidad sobre los miles de asesinados, desaparecidos, torturados y perseguidos que durante un período de 40 años lucharon por conquistar una sociedad de mayor justicia social.
Palabras clave: crímenes políticos, Ley contra la impunidad, Comisión de Justicia y Verdad.
Historiador. Profesor Titular de la Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias. Departamento de Ciencias Humanas. Av. Universidad. Edificio Grano de Oro. Maracaibo. Correo: cruzcarrillo2001@yahoo.com
Abogada. Integrante de la Asociación Zuliana de Familiares y Víctimas de la Represión 1958-1999. Maracaibo. Correo: carmenaliciahr@yahoo.com
CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO: López Sánchez, Roberto; Hernández Rodríguez, Carmen Alicia (2015) “Las trabas para investigar los crímenes políticos en Venezuela. La verdad sobre la Comisión por la Justicia y la Verdad”. TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina, Vol. 4, N° 5, pp. 128-143.
LAS TRABAS PARA INVESTIGAR LOS
CRÍMENES POLÍTICOS EN VENEZUELA
LA VERDAD SOBRE LA COMISIÓN
POR LA JUSTICIA Y LA VERDAD
Roberto López Sánchez[i].
Carmen Alicia Hernández Rodríguez[ii].
“No es el odio el que hablará
mañana,
Sino la justicia misma,
fundada en la memoria”
Albert Camus[iii]
INTRODUCCIÓN:
En
septiembre de 2013 escribimos sobre la lucha contra los crímenes políticos
cometidos en Venezuela en el período 1958-1998[iv].
Allí establecimos que los crímenes cometidos por razones políticas han sido una
constante en Venezuela desde que nos conformamos como república. Afirmamos en esa ocasión que estas violaciones
a los derechos humanos ocurrieron no sólo durante los períodos dictatoriales, sino
que se siguieron manifestando en los gobiernos democráticos, particularmente en
los sucedidos entre 1958 y 1999.
Intentamos
resumir allí el estado de la lucha contra la impunidad de los crímenes
políticos cometidos durante el período 1958-1999, abordando un tema que a pesar
de su relevancia había tenido escaso interés en la última década por parte de
las propias instituciones gubernamentales bolivarianas, y que sólo a partir de
octubre de 2011, con la aprobación de la llamada Ley contra la Impunidad, se comenzó
a transitar la senda de la justicia tantas veces postergada.
La
pronta culminación del período de vigencia de la citada Ley Contra la
Impunidad, en noviembre de 2015 (tres años de vigencia más uno de prórroga) ha
prendido las alarmas ante la escasa actuación que ha tenido la Comisión por la
Justicia y la Verdad. Asesores de la Comisión por la Justicia y la Verdad como
Luis Britto García[v] e Ignacio Ramírez Romero[vi],
han dicho públicamente que las instituciones del estado venezolano no han
impulsado ni facilitado la actuación de la Comisión.
Britto
García es contundente cuando afirma que “encomendar la reparación de los horrores
de tres décadas de violencia sistemática a tres decenas de ciudadanos de a pie,
sin recursos, sin poderes jurídicos, sin acceso a expedientes inexplicablemente
“secretos” o destruidos, y que tienen que trabajar a tiempo completo en otra
cosa para ganarse la vida, equivale a relegar todo al olvido”.
Por su parte Ramírez Romero agrega: “Es inaudito que se haya acudido a los
despachos de varios Ministros, y sólo salgamos con un cumulo de ofrecimientos y
promesas incumplidas”.
Como advertíamos en nuestro artículo del
2013, el tiempo demasiado corto atentaba incluso contra la no prescripción de
los crímenes de lesa humanidad, y los objetivos justicieros de la ley podían
terminar sancionando la impunidad de los crímenes que originalmente se buscaba
castigar. La Comisión de la Justicia y la Verdad, de
conformidad al contenido del Art. 8 de la ley, tiene un corto período de vida
de tres (03) años, prorrogables por un año, dentro de los cuales debía elaborar
y presentar el informe final correspondiente a las investigaciones sobre los
crímenes políticos durante el período previsto.
Esta intención del legislador de someter a término las acciones para
sancionar los delitos de lesa humanidad, y las violaciones a los derechos
humanos, entran en franca violación de los principios Constitucionales
correspondientes y establecidos en el Art. 29, Titulo III: Derechos Humanos y
deberes, en el cual se establece que dichos delitos son “imprescriptibles”[vii].
Por tanto, la citada ley contra el olvido estaría violando la propia
constitución nacional al establecer un lapso durante el cual la Comisión de la
Verdad debía actuar en función de lograr sus objetivos. Puesto que los delitos
de lesa humanidad y de manera general las violaciones a los derechos humanos
son imprescriptibles según la CRBV, mal puede una ley establecer un lapso de
apenas tres años para investigar y sancionar los delitos antes referidos. En
vez de lograr el objetivo propuesto, y considerando que la Comisión de la
Verdad fue designada más de un año después de haber sido promulgada la ley,
pudiera ocurrir que en lugar de castigar la impunidad y el olvido de los
crímenes políticos de la IV República, se extendiera indefinidamente un manto
de impunidad y olvido sobre crímenes tan relevantes como el Caracazo y las
masacres de Cantaura, Yumare y El Amparo.
Es importante señalar, que nuestra carta magna establece, en su Art.
25, que: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o
menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y
los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten
incurren en responsabilidad penal, civil, administrativa, según los casos, sin
que les sirvan de excusa órdenes superiores”.
Sólo queda proponer a la Asamblea Nacional que modifique el contenido
del artículo nº 8 de la “Ley para sancionar los crímenes, desapariciones,
torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en
el periodo 1958 – 1998”, por cuanto las investigaciones a desarrollar por la
“Comisión de la Justicia y la Verdad” no deben tener tiempo de prescripción,
sino que las mismas deben durar el tiempo que sea necesario para que se
establezcan las responsabilidades y se castigue a los culpables de dichos
crímenes. Sólo de esa forma se podrá hacer justicia con la historia y con los
miles de ciudadanos que sufrieron la represión de los regímenes políticos que
dominaron a Venezuela entre 1958 y 1998.
Como bien dice uno de sus asesores, las tareas propias de la Comisión
por la Justicia y la Verdad “corresponden
por obligación constitucional a órganos del Estado que disponen de
competencias, funcionarios, presupuesto y poderes para ello, tales como los
cuerpos de investigación policial, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo”
(Britto García, 2015). Pero el Estado Venezolano ha pretendido dejar en manos
de particulares unas tareas que sólo se pueden cumplir institucionalmente.
“La postura del Estado y particularmente de altos funcionarios para con
la Comisión no sólo luce incomprensible sino contradictoria a las razones
plenamente justificadas de investigar y procesar los crímenes que por razones
políticas cometieron quienes nos gobernaron desde 1.958 hasta 1.998” (Ramírez
Romero, 2015).
Esta
realidad denunciada por destacados defensores de los derechos humanos de las
últimas cuatro décadas nos obliga a emplazar al gobierno de Nicolás Maduro, y
al Estado Bolivariano en todas sus instituciones, para que asumen de una buena
vez las responsabilidades necesarias para investigar los crímenes políticos del
período 1958-1998. Ya basta de discursos y falsas poses de radicalismo
pseudoizquierdista, cuando en la realidad se actúa de manera cómplice con
quienes cometieron esos miles de crímenes que se han ido identificando en las
investigaciones adelantadas por los representantes de las organizaciones de
familiares de víctimas de la represión. Ya es hora de actuar o de quedar
desenmascarados ante la historia.
EN
LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA (1958-1999) TAMBIÉN EXISTIÓ REPRESIÓN POLÍTICA
HACIA LOS SECTORES QUE HACÍAN OPOSICIÓN.
El
advenimiento de la dictadura militar que derribó al gobierno constitucional de
Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948, la cual duraría casi una década,
(1948-1958) generó numerosas violaciones a los derechos humanos, mediante una
represión selectiva focalizada principalmente contra los partidos políticos que
hicieron resistencia a la dictadura: Acción Democrática (AD) y el Partido
Comunista de Venezuela (PCV). El asesinato de importantes dirigentes de la
resistencia (como ocurrió con el secretario general de AD, Leonardo Ruiz
Pineda, asesinado en Caracas en 1952), la tortura sistemática hacia los centenares
de presos políticos, la expulsión hacia el exilio de otro gran número de dirigentes,
y la disolución de partidos y sindicatos, se convirtieron en las principales
armas de la dictadura para mantenerse en el poder.
La
caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, ocurrida el 23 de enero
de 1958, trajo el inicio de un período democrático, el cual sin embargo
continuaría manifestando expresiones extremas de violaciones a los derechos
humanos. Las décadas de 1960, 70, 80 y 90 estarían signadas por nuevos hechos
de crímenes políticos y torturas, junto a nuevas manifestaciones de represión
como las desapariciones y los asesinatos masivos (resaltando en esto último la
masacre ocurrida durante el Caracazo, en febrero-marzo de 1989). La casi
totalidad de los historiadores coinciden en que la cantidad de crímenes
políticos ejecutados durante el período democrático posterior a 1958 fue
considerablemente superior a los cometidos durante la dictadura militar
inmediatamente anterior.
La
represión selectiva contra las fuerzas políticas opositoras al régimen
“democrático” que surgió de las elecciones celebradas en diciembre de 1958,
adquirió gran amplitud a partir de la lucha armada que organizaciones
revolucionarias promovieron desde los primeros años de la década de 1960. Pero
antes de ello, el propio gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964) actuó como
provocador de esa violencia izquierdista, al reprimir violentamente las
distintas expresiones de lucha social que se expresaban en ese entonces (años
de 1959 a
1961), derivadas estas luchas de la crisis económica que afectó al país en esos
años. Un ejemplo de ello lo menciona la historiadora Elia Oliveros, al afirmar
que “sólo en el mes de enero de 1962
asesinaron a 35 personas en manifestaciones, hubo 202 heridos y 1.053
detenidos. Para este momento, aún los grupos armados no habían comenzado a
actuar” (Oliveros, 2012: 44).
Los
tiroteos contra manifestaciones de desempleados, con saldo de muertos y
heridos, y los asaltos de bandas armadas contra las sedes de sindicatos
controlados por la izquierda (principalmente el PCV y MIR), se hicieron comunes
en esta década, pasando posteriormente a una feroz persecución contra
activistas y dirigentes de los partidos involucrados en la lucha armada.
La
lucha armada sólo vino a desaparecer completamente a mediados de los 80, aunque
sus expresiones más relevantes ocurrieron a lo largo de los 60. Bajo la excusa
del combate al extremismo izquierdista, los distintos gobiernos “democráticos”
de este período recurrieron a distintas formas de represión política para
garantizar lo que denominaban la “paz social”. En centenares y acaso miles de
ocasiones, esta paz social se relacionó directamente con la paz de los
cementerios, que era donde terminaban los líderes y activistas de movimientos
obreros y estudiantiles vinculados con la izquierda revolucionaria.
Las
dos últimas décadas del siglo XX presenciaron el desgaste y debilitamiento
progresivo del sistema democrático representativo. El desarrollo combinado de
la crisis económica, desde principios de los 80, con la crisis política que
irrumpe con fuerza a partir del “Caracazo, en febrero de 1989, va a significar
el paso de la represión selectiva contra los revolucionarios a la represión
masiva contra el pueblo [viii]que
protesta los incumplimientos de la democracia. De las masacres selectivas
contra revolucionarios, como la de Cantaura en 1982 y Yumare en 1986, se pasará
a la masacre generalizada del Caracazo, en 1989, con centenares y tal vez miles
de muertos.
La
llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 significó una ruptura con esas
prácticas represivas del aparato estatal “democrático” de Venezuela. Pero no
obstante durante más de una década no se pudo avanzar mucho en la investigación
de los crímenes políticos cometidos durante el período 1958-1999, hasta que en octubre
de 2011 es aprobada por la Asamblea Nacionalla Ley para
Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras violaciones de los
Derechos Humanos por razones políticas en el Período 1958-1998[ix],
que se ha dado a conocer como la
Ley contra la Impunidad o Ley contra el Olvido.
Hubo
que esperar hasta marzo de 2013 para que se juramentara la Comisión por la Justicia y la Verdad , derivada de la
mencionada ley contra la impunidad[x].
Esta comisión buscaba saldar una deuda histórica que tiene la sociedad y el
propio Estado venezolano para con los miles de ciudadanos, familiares y amigos,
que fueron objeto de la represión política entre 1958 y 1999.
Otros
países latinoamericanos, como Argentina y Uruguay, que sufrieron dictaduras
militares en décadas recientes, cuya represión política fue aún mayor que la presenciada
en Venezuela, han logrado mayores avances institucionales en la investigación y
castigo de los crímenes políticos cometidos invocando la “seguridad de Estado”
y el mantenimiento de la “paz social”. Numerosos jefes militares del período
dictatorial han sido condenados en Argentina a largas penas de presidio por su
responsabilidad en esos crímenes, siendo este país el que más ha logrado
avances en esa dirección.
“En Argentina la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep),
en su informe Nunca Más, reveló en 1984 un saldo de 8.960 desaparecidos durante
las dictaduras de derecha. Un trabajo similar reveló que Pinochet hizo ejecutar
en Chile 3.065 asesinados y que entre secuestrados, exiliados y atropellados,
victimizó a unas 40 mil personas. Para el cumplimiento de sus funciones, ambos
grupos contaron con el más decidido y amplio respaldo y apoyo de las
autoridades”. (Luis
Britto García, 2015).
Pero en Venezuela, a pesar del proceso de transformación revolucionaria iniciado en 1999, no fue posible durante más de una década el que se aprobara en
LA
DENUNCIA DE LA REPRESIÓN POLÍTICA EN VENEZUELA SE INICIÓ HACE VARIAS DÉCADAS.
La
denuncia contra la represión política del período que hemos señalado
(1958-1999) se inició en Venezuela en la medida en que las violaciones a los
derechos humanos se iban presentando. Algunas individualidades como José
Vicente Rangel, quien fuera diputado en los 60, 70 y 80 y tres veces candidato
a la presidencia en esos años, adquirieron renombre por su denuncia firme de
las violaciones a los derechos humanos, muchas de las cuales resumidas en su
libro “Expediente Negro”.
Los
gobiernos de la época recurrieron de manera constante a la tortura, el
asesinato y la desaparición de dirigentes y activistas de la izquierda
revolucionaria. Entre los crímenes individuales más sonados podemos mencionar
el de Fabricio Ojeda[xii],
ahorcado en 1966 en las propias oficinas del servicio de inteligencia militar
(SIFA); el de Alberto Lovera[xiii],
lanzado al Mar Caribe en 1965 y reflotado su cadáver en las playas de
Lecherías, estado Anzoátegui; el de Jesús Márquez Finol[xiv]
(el “Motilón”), asesinado en una calle de Caracas en 1973; el de Jorge
Rodríguez[xv], muerto en salvajes
torturas por la Disip (policía política) en 1976; el de Tito González Heredia[xvi],
también asesinado en una calle caraqueña en 1976.
Junto
a estos asesinatos, ocurrieron igualmente las desapariciones. Algunos autores
señalan que fue en Venezuela durante los años 60 donde se presentó por vez
primera la táctica de la desaparición forzada de personas como mecanismo
represivo para combatir a la oposición política en América Latina[xvii]
y que se inició con propiedad durante el gobierno de Raúl Leoni (1964-1969).
Dirigentes guerrilleros como Víctor Soto Rojas[xviii]
y Trino Barrios fueron capturados con vida y luego asesinados, sin que hasta el
presente hayan aparecido sus cadáveres. El estudiante de la UCV Noel Rodríguez,
secuestrado por la inteligencia militar en 1973 y cuyo cadáver sólo vino a
aparecer este año 2013[xix].
Otros
desaparecidos de la violenta década de los 60 fueron: José Ramón Pasquier,
Andrés Pasquier, Eduardo Navarro Lauren, Francisco Palma Prado, Alejandro
Tejero, Eduardo Acosta Navarro, Felipe Malaver Moreno, José Carmelo Mendoza, Pedro
Ramón González Marcano, Raúl Castro González, José Gregorio Suárez, José Miguel
Rodríguez Flores, Donato Carmona, Eduardo Mijares, Carlos Guillén Rodríguez,
César Burguillos, Roger Zapata, Octavio Romero, todos denunciados en su momento
por José Vicente Rangel, quien para junio de 1967 calculaba en más de 200 los
desaparecidos en Venezuela (Rangel, 1969: 37.
La
Comisión por la Justicia y la Verdad tiene publicada en su página web unos
cuadros referidos a los “Detenidos, torturados, desaparecidos,
fusilados y masacrados durante el periodo 1958-1998”[xx].
Sin embargo, dicha lista
es todavía incompleta y en proceso de elaboración. Fecha
de consulta: 25/10/2015.
Ya
antes hemos dicho también que otra forma de la represión política lo fue el
tiroteo policial contra manifestaciones pacíficas. Fueron centenares los
muertos como resultado de esta represión violenta contra manifestaciones,
principalmente estudiantiles. Sólo en el primer gobierno de Rafael Caldera
(1969-1974) fueron asesinados más de 30 estudiantes que participaban en movilizaciones
de protesta. No sólo asesinatos, sino detenciones y torturas masivas contra el
estudiantado. A manera de ejemplo, en el allanamiento contra la Universidad
Central de Venezuela, ocurrido en diciembre de 1966, fueron detenidos más de
700 estudiantes, de los cuales 63 quedaron a la orden de la “justicia”
(Oliveros, 2012: 326).
Otra
expresión represiva lo fue la ejercida en las zonas campesinas cercanas a los
frentes guerrilleros. Se instalaron los Teatros de Operaciones (TO) y
Campamentos Antiguerrilleros, que significaron la tortura, el asesinato y la
desaparición para centenares de humildes campesinos, sospechosos de colaborar
con las guerrillas izquierdistas. Los campos más famosos (diríamos que
tristemente famosos, por la cantidad de crímenes cometidos en ellos) fueron el
TO4 de Cocollar (estado Anzoátegui), el TO5 de Yumare (estado Yaracuy) y el TO3
de Urica (estado Monagas), el campamento antiguerrillero de Cachipo. Uno de los
casos más emblemáticos fue el de Juan Chacón Lanza, campesino oriental
incorporado al frente guerrillero “Antonio José de Sucre”, quien fue capturado
en 1969 luego de una operación militar, y conducido al TO4 de Cocollar, en
donde fue golpeado y torturado para finalmente ser quemado vivo en una hoguera
dentro del propio cuartel militar.
Las
cárceles fueron otro escenario de violación constante de los derechos
constitucionales, las cuales albergaban a centenares de presos políticos. Allí los
presos eran sometidos al aislamiento en celdas de castigo, a constantes provocaciones
y agresiones físicas por parte de los carceleros, humillaciones a los
familiares en los días de visita, pésima alimentación a los presos, requisas
periódicas, suspensión de consultas médicas. Tristemente célebre fue el que
luego fuera diputado por la Liga Socialista, David Nieves, quien estuvo más de
un año encerrado a oscuras en una celda de castigo de 1x1 mts, y quien relatara
su horrible experiencia en el libro “La tortura y el crimen político” (Nieves,
1979). Además de los campamentos antiguerrilleros, los presos políticos fueron
ubicados principalmente en el Cuartel San Carlos, en la Cárcel de La Pica, y la
Isla del Burro en Tacarigua
Ya
en los años 80, la represión política de los gobiernos adeco-copeyanos recurrió
a la ejecución de masacres, como la ocurrida en Cantaura (Anzoátegui) en
octubre de 1982, que implicó el asesinato de 23 revolucionarios, todos
capturados con vida y rematados en el sitio[xxi].
De igual forma se sucedió la masacre de Yumare, en mayo de 1986, donde fueron
asesinados 9 revolucionarios que primero fueron torturados salvajemente (no
hubo enfrentamiento armado, aunque si se simuló el mismo por la policía
política Disip).
En
la masacre del Amparo (estado Apure, limítrofe con Colombia), en 1988, fueron
asesinados 14 pescadores venezolanos que las autoridades venezolanas hicieron
pasar como supuestos guerrilleros colombianos; este tipo de masacre es lo que
ahora llaman en Colombia “falsos positivos”, es decir, el asesinato de
ciudadanos comunes que son presentados ya muertos con uniformes militares y
armas de fuego para favorecer determinadas recompensas hacia las fuerzas
policiales y militares antiguerrilleras.
Finalmente,
cuando la crisis de legitimidad que vivía la democracia burguesa ya no podía
contener la protesta social, los gobiernos adeco-copeyanos recurrieron a la
represión masiva en contra del pueblo. La insurrección popular espontánea de
febrero-marzo de 1989[xxii],
ocurrida en Caracas y otras ciudades del país, generó una respuesta
violentísima por parte del estamento dominante, sacando las fuerzas militares a
la calle, suspendiendo las garantías constitucionales y decretando el toque de
queda por varias semanas. El resultado, casi 300 muertos reconocidos
oficialmente por el gobierno, y la sospecha de que tal vez hayan sido varios
miles, enterrados en improvisadas fosas comunes que hasta el momento no han
sido descubiertas.
En
esta represión desatada contra el Caracazo tuvieron un papel central las
fuerzas armadas venezolanas. Aunque ciertamente la responsabilidad principal
hay que ubicarla tanto en el presidente de ese entonces, Carlos Andrés Pérez,
sus ministros y demás jefes de las instituciones del Estado, también es cierto
que los mandos superiores y medios de las fuerzas armadas que ordenaron
disparar masivamente contra civiles indefensos no pueden argumentar que
“cumplían órdenes superiores”, pues el cumplimiento de los derechos humanos y
particularmente del derecho a la vida no puede suspenderse en circunstancia
alguna, salvo situaciones de guerra y siempre que se enfrenten fuerzas
militares regulares, que no era ni de lejos lo ocurrido en el Caracazo.
Esta
implicación de jefes militares en los centenares de asesinatos de febrero-marzo
de 1989, pensamos que actuó y sigue actuando en estos 16 años de revolución
bolivariana como elemento que ha entrabado tanto la aprobación de la “ley
contra el olvido” como el desarrollo específico de las investigaciones
dirigidas a determinar y castigar a los responsables de esos crímenes de lesa
humanidad. Pues hay que tener en cuenta el importante peso que han tenido los
militares tanto en el gobierno de Hugo Chávez como en el actual gobierno de
Nicolás Maduro. No es descabellada nuestra hipótesis de que algunas “manos
peludas”, como decimos aquí en Venezuela, han actuado intentando dificultar y
entrabar las iniciativas propuestas para la investigación y el castigo de éste
y otros crímenes políticos cometidos en el último medio siglo.
LA
PRESIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES PERMITIÓ EN 2011 LA APROBACIÓN DE LA LEY.
Durante
las últimas décadas, en Venezuela se constituyeron una diversidad de
Asociaciones de Familiares y Amigos de las Víctimas de la Represión Política
durante el llamado período democrático, mencionando entre otras: Asociación
Cantaura Vive, Fundación Juan Chacón Lanza, Fundación Américo Silva, Fundación
Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez,
Asociación Bolivariana Contra el
Silencio y el Olvido (ABCONSOL), Fundación de Derechos Humanos Sección
Venezuela (DEHUVE), Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos y Desaparecidos (FEDEFAM) y la Asociación Americana de Juristas -
Capítulo Venezuela (AJJ). Estas y otras asociaciones se convirtieron en las
principales promotoras de la Ley contra el Olvido, e introdujeron los primeros
borradores ante la Asamblea Nacional, concluyendo dichos esfuerzos en octubre
de 2011 con la aprobación de la ley.
Dicha Ley estableció por objeto “establecer
los mecanismos para garantizar el derecho a la verdad y sancionar a los
responsables de los hechos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa
humanidad, tales como homicidios, desapariciones forzadas, torturas,
violaciones, lesiones físicas, psíquicas y morales, privaciones arbitrarias de
libertad, desplazamientos forzados de personas, expulsiones, deportaciones o
exilios arbitrarios, violaciones de domicilio, hostigamientos,
incomunicaciones, aislamientos, difamaciones e injurias, perjuicio patrimonial,
represiones masivas urbanas y rurales, simulación de hechos punibles o
procedimientos administrativos fraudulentos, que como consecuencia de la
aplicación de políticas de terrorismo de Estado, fueron ejecutados por motivos
políticos contra militantes revolucionarios y revolucionarias, luchadores y
luchadoras populares víctimas de la represión, quienes perseguían el rescate de
la democracia plena, la justicia social y el socialismo, así como el rescate de
la memoria histórica de tales hechos y la reivindicación moral, social y
política al honor y la dignidad de las víctimas de la represión que se generó,
por parte del Estado Venezolano, durante el período transcurrido de los años
1958 a 1998”.
Para llevar a cabo dicho objetivo, en el texto de la ley se estableció
como finalidad la creación de la “COMISIÓN POR LA JUSTICIA Y LA VERDAD” cuyo
objeto sería investigar los hechos, la violación de los derechos humanos y los
delitos de lesa humanidad, así como las causas y las consecuencias que generó
el terrorismo de Estado durante las décadas comprendidas en el periodo 1958 a
1998.
Dicha “Comisión por la Justicia y la Verdad” quedó integrada por: dos
(2) representantes del Consejo Moral Republicano (uno por el Ministerio Público
y uno por la Defensoría del Pueblo); cuatro (4) representantes del Ejecutivo
Nacional (uno por el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia,
uno por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia,
uno por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, y uno por el Ministerio del Poder Popular para
Servicios Penitenciarios); tres (3) diputadas o diputados de la Asamblea
Nacional y diez (10) representantes del Frente Social de Familiares y Amigos de
Asesinados, Desaparecidos y Torturados por motivos políticos en el período
1958-1998.
La Comisión por la Justicia y
la Verdad fue designada y juramentada el 27 de febrero de 2013, más de un año
después de haber sido aprobada la referida ley, retraso que consideramos
injustificable si tomamos en cuenta la relevancia de los hechos a investigar y
la necesidad de saldar una deuda histórica y moral para con el país y la
ciudadanía. La Comisión de la Verdad y la Justicia quedó finalmente integrada
por Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República; Gabriela Ramírez,
Defensora del Pueblo; José Vicente Rangel, designado por el Despacho de la
Presidencia, Tareck Williams Saab por el Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Jorge Rodríguez por el Ministerio de
Relaciones Exteriores; padre José Numa Molina por el Ministerio de Servicios
Penitenciarios; y por la Asamblea Nacional los diputados Orangel López, Edgar
Lucena, Jesús Farias, Yul Jabour, Claudio Farías, y Liris Sol Velásquez (tres
principales y tres suplentes).
También conforman la Comisión,
por el Frente Social de Familiares y Víctimas: Matías Camuñas, María del Mar Lovera,
Luis Brito García, Mónica Venegas, Antonio Arias, Pura Soto Rojas, Elia Oliveros,
Raquel Castro, David Palis y Alejandro Bastardo, teniendo como suplentes a Omar
Narváez, Lídice Navas, Humberto Vargas, Alberto Lovera, Tatiana Gabaldón,
Marelis Pérez Marcano, Brenda Hernández Esquivel, César Millán, Ángel Suzzarini
y Aramita Padrino.
La instancia tiene como
asesores políticos a Fernando Soto Rojas, Vladimir Acosta, Nora Castañeda
(fallecida en 2015), Paul de Río (fallecido en 2015), Ítalo Américo Silva, Luis
Britto García, Pedro Pablo Linares (fallecido en 2014) y Ignacio Ramírez Romero.
Precisamente, uno de estos
asesores, Ignacio Ramírez, afirma hace apenas unas semanas, que por parte del
estado ha existido “un desdén y hasta falta de respeto no sólo
para quienes trabajamos dentro de este equipo pequeño de hombres y mujeres que
con las uñas vamos dando pasos para cumplir con los retos y cometidos de su
creación, sino lo que es más grave aún, un acto de inconsecuencia política para
miles de víctimas sobrevivientes y sus familiares que abrigaron la falsa
esperanza de que algún día averiguarían a donde fueron a parar los restos de su
familiares detenidos por los cuerpos policiales o militares de entonces y que
además serían sancionados los responsables de esas violaciones a los DDHH”. Agrega: “Ni hablar de aquellas víctimas o familiares que requieren de una
vivienda, una pensión de vejez, alojamiento en un geriátrico honorable,
tratamiento médico o medicinas, en fin la asistencia de un Estado que en el pasado
fue su principal victimario” (Ramírez, 2015).
EL AVANCE DE ALGUNAS INVESTIGACIONES.
MASACRE
DE YUMARE:
Desde el año 2006 la Fiscalía adelanta investigaciones referidas a los sucesos
de Yumare, estado Yaracuy, el
8 de mayo de 1986, cuando nueve dirigentes sociales fueron capturados y
posteriormente asesinados por un comando de la Disip, a las órdenes del
entonces comisario López Sisco.
Durante
los años 2006 y 2007 se llevó a cabo el proceso de exhumación de las
nueve víctimas, como parte de la investigación orientada a establecer las
responsabilidades penales. Muchos testigos de ese lamentable incidente declararon
que las nueves personas asesinadas por el comando de la Disip habían sido
primero detenidas, luego torturadas y, por último, ejecutadas. Posteriormente,
los propios funcionarios les colocaron ropa militar encima de su ropa civil
para indicar que eran guerrilleros.
En
2009 el Ministerio Público presentó formal acusación contra el comisario
jubilado de la Disip, Henry Rafael López
Sisco, por su presunta responsabilidad en la muerte de 9 ciudadanos, en la
masacre de Yumare, ocurrida el 08 de mayo de 1986 en el
caserío La Vaca, estado Yaracuy. Los fiscales 48° y 65° nacional y 14° del
estado Yaracuy, Zair Mundaray Rodríguez, María Teresa Cortes y Miguel Ángel
Gómez, respectivamente, acusaron a López
Sisco por la presunta comisión de los delitos de concurso real de homicidio
calificado con alevosía por motivos innobles en grado
de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas.
Adicionalmente,
el Ministerio Público solicitó al Tribunal 6° en funciones de Control del
estado Yaracuy que inicie el trámite del proceso de extradición ante la
Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra López
Sisco, quien también fue Secretario de
Seguridad Ciudadana del estado Zulia. Hasta el presente, López Sisco, quien en
su trayectoria en la policía política estuvo incurso en numerosos crímenes como
la masacre de Turmero, la de Cantaura, y en las torturas contra David Nieves,
no ha sido detenido y permanece prófugo en el exterior del país. También han sido acusados los ex funcionarios de la
extinta Disip: Oswaldo Ramos, Eugenio Creasola, Freddy Granger, William Prado,
Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega.
En 2011, después de 25 años de la masacre, se logró desmontar
la versión sostenida por los funcionarios del gobierno de Jaime Luisinchi,
cuando fiscales del estado Yacacuy lograron condenar a 13 años de prisión al
general retirado del Ejército, Alexis Sánchez Paz, quien admitió su
responsabilidad en los hechos de Yumare.
MASACRE
DE CANTAURA:
El lunes 4 de octubre de 1982, el Frente
Américo Silva del Partido Bandera Roja fue atacado en una zona boscosa cercana
a la población de Cantaura, estado Anzoátegui. En una Operación de Cerco y
Exterminio más de mil quinientos soldados, funcionarios de la Disip y la PTJ
cercaron al campamento. Aviones Bronco y Camberra, y helicópteros UH1H
bombardearon al FAS. En tierra, las ráfagas del ejército y DISIP estrecharon el
anillo militar. 17 revolucionarios rompen el cerco y escapan. 23 no lo logran y
son asesinados. Entre los caídos hay 17 hombres y 6 mujeres. Casi todos son
heridos, capturados y ejecutados con tiros de gracia, como se ha verificado
tras las exhumaciones e investigaciones que actualmente efectúa el Ministerio
Público.
La premeditación de la acción, la desproporción de fuerzas
y armas empleadas, y la ejecución sumaria de los heridos hechos prisioneros,
señalan que se cometió una Masacre, que merece ser calificada como Crimen de
Guerra o Crimen de Lesa Humanidad. Así es denunciado desde un primer momento
por organismos de defensa de los derechos humanos y por actores políticos
progresistas. El año 2009, 27 años después, la Fiscal General, Luisa Ortega
Díaz, se compromete a reabrir el caso de la Masacre de Cantaura y realizar las
investigaciones.
Dentro de las actuaciones adelantadas por el Ministerio
Publico en el
caso de la masacre de Cantaura, ha sido citado en carácter de imputado en
agosto de 2013 el Teniente Coronel del Ejército Ismael Antonio Guzmán,
quien comandaba el Batallón de Cazadores "Coronel Vicente Campo Elías N°
63". También han sido citados a declarar como imputados Remberto Uzcátegui
Bruzual, ex director de la extinta Dirección General de los Servicios de
Inteligencia y Prevención (Disip) y José Domínguez Yépez, ex director de
Inteligencia de la Disip.
Hasta 2011 la fiscalía había promovido la
exhumación de 18 de los 23 asesinados en Cantaura, encontrando que todos ellos
tenían tiros de gracia, indicando con ello que habían sido rematados en el
mismo sitio del combate. Es de señalar que en Cantaura el ejército y la Disip
no efectuaron ninguna detención, sólo hubo muertos en el bando revolucionario[xxiii].
Hasta ahora nadie ha sido condenado a pena alguna por la masacre de Cantaura.
EL CARACAZO: El 27 y 28 de febrero de 1989 se produjo un
levantamiento popular espontáneo en Caracas y otras ciudades del país, como
reacción ante las medidas económicas neoliberales que comenzaba a aplicar el
gobierno de Carlos Andrés Pérez. Las protestas populares se extendieron por lo
menos hasta el viernes 03 de marzo. Desde un comienzo, las manifestaciones
populares derivaron en violencia, particularmente mediante saqueos
generalizados contra establecimientos de comida y todo tipo de comercios,
aunque inicialmente se protestara por los aumentos en las tarifas de transporte
y el desabastecimiento de productos de primera necesidad.
La respuesta gubernamental fue desatar una
represión masiva, sacando a la calle a las Fuerzas Armadas, decretando el toque
de queda y suspendiendo las garantías constitucionales. El resultado de esto
fue una gran masacre, que cuenta con numerosos testimonios audiovisuales, en la
cual fallecieron varios centenares de ciudadanos. Debido al conocimiento de fosas
comunes clandestinas, se sospecha que la cantidad de muertos fue mucho mayor.
Durante los 20 años posteriores al Caracazo,
prácticamente no se efectuaron investigaciones judiciales sobre el mismo. Sólo
a partir de 2009 la fiscalía asumió de nuevo el caso y hasta ahora se han
dictado seis acusaciones contra personas que cuando El Caracazo ejercían cargos
públicos: Italo del Valle Allegro, ministro de
la Defensa para la época; Virgilio Ávila Vivas, ex gobernador del Distrito
Capital; Freddy Maya Cardona, ex comandante del Comando Regional Nº 5 de la
Guardia Nacional (GN); Rafael Vidal Orsoni, ex comandante de la extinta Policía
Metropolitana (PM); Luis Guillermo Fuentes, ex segundo comandante de la PM, y
Manuel Heinz Azpúrua, ex comandante del Comando Estratégico Operacional[xxiv].
En agosto de 2013, la Fiscal General informó
que producto del trabajo de investigación obtuvieron 125 bolsas de osamentas
que se encontraban depositadas en La Peste, el lugar donde se encontró, el 26
de noviembre de 1990, una fosa común con 68 cuerpos de víctimas de los sucesos
de febrero y marzo de 1989. Luisa Ortega Díaz ha dicho que las investigaciones
sobre este caso aún no concluyen y que todavía se deben adelantar muchas
acciones judiciales.
CONCLUSIONES.
En Venezuela durante 40 años, entre 1958 y 1999, el Estado desató una
política de terror policial-militar destinada a reprimir toda disidencia,
invocando la excusa de la insurgencia armada y del peligro comunista. Los
resultados de ese terrorismo de Estado significaron centenares de asesinados,
centenares de desaparecidos, miles de detenidos y torturados, perseguidos,
exiliados, y la instauración cotidiana de una conducta violatoria de los
derechos humanos fundamentales, estableciendo una contradicción flagrante entre
los valores democráticos que invocaban los gobernantes “democráticos” y la
ejecución real de prácticas nada distantes de las cometidas en las
tradicionales dictaduras latinoamericanas.
La investigación judicial sobre estos crímenes recién comenzó en el
último lustro, y parece que no tendrá continuidad. La revolución bolivariana,
que ha sido vanguardia en numerosos aspectos de las transformaciones
sociopolíticas que se vienen desarrollando en Nuestra América, se ha quedado
rezagada en este campo de combatir la impunidad y hacer justicia con una etapa
muy cercana de nuestra historia republicana.
La aprobación de la “Ley para sancionar
los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras violaciones de los Derechos
Humanos por razones políticas en el periodo 1958 – 1998” (18/10/2011), y la posterior
designación de la Comisión por la Justicia y la Verdad (27/02/2013), constituyeron
pasos que parecían definitivos para arrancar en firme por el camino de la
justicia para con una etapa en la cual se violentaron todos los principios
constitucionales, y en la cual el Estado se convirtió en lo contrario de lo que
pregonaban las leyes fundamentales del país.
Pero cuando se acerca la fecha de finalización
del período de vigencia de la ley, noviembre de 2015, podemos hacer un balance
muy negativo sobre la actuación cumplida por la Comisión de Estado derivada de
dicha ley y designada para hacer cumplir sus objetivos.
Britto García revela los resultados de la
Comisión: “los
miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad precisaron hasta ahora en
8.048 los asesinados por los gobiernos de la Cuarta República, sin incluir las
muertes del Caracazo, indemnizadas por Chávez. Si estimamos que por cada
asesinato hay otras tres víctimas entre torturados, detenidos, ultrajados o
desamparados, podemos calcular conservadoramente en más de 24.800 las víctimas.
Algunos miembros de la comisión le añaden el espantoso saldo de unos mil
campesinos “desaparecidos” o víctimas de “ley de fuga” por sospechas de
colaborar con la guerrilla. Los deudos de todos quedaron en el desamparo más
hostil; a veces perseguidos por razones de parentesco o amistad: atropellados,
vejados, olvidados. Cada historia es más espantosa que la otra”.
Sigue diciendo Britto: La comisión “ha entrevistado a
406 víctimas en estado de extrema necesidad. Ninguna ha recibido una sola de
las ayudas solicitadas. Anuncia el gobierno la concesión de 3.500 pensiones
para transportistas, la entrega de 20.000 taxis, el otorgamiento de unas
200.000 unidades de la Misión Vivienda para colombianos. ¿No podría ir aunque
fuera uno de esos auxilios para quienes lo dieron todo por Venezuela?” (Britto, 2015)
Ciertamente el resultado de las
investigaciones deja mucho que desear. No se han castigado a los responsables
de los crímenes más emblemáticos, y no se han tramitado hasta ahora las
reparaciones hacia los sobrevivientes y familiares directos de las víctimas de
la represión.
Desde el estado Zulia, en nuestra condición de
miembros del equipo regional de la Comisión por la Justicia y la Verdad, hemos estado
comprometidos en este esfuerzo de impulsar la justicia y rescatar la memoria de
una época convulsa de nuestra historia. Pero ciertamente hemos podido constatar
la nula disposición de los entes gubernamentales para que la comisión pueda
desarrollar sus funciones. Ni siquiera se nos otorgaron credenciales al momento
de la juramentación, y no ha sido puesto a disposición de la comisión regional
zuliana ninguna oficina, recurso logístico, personal de apoyo ni algún otro
requerimiento imprescindible para su funcionamiento. Nuestra actividad se ha
limitado a lo propagandístico, y a las entrevistas a los sobrevivientes y
familiares de víctimas de la represión.
Sólo una intervención decidida del propio
presidente Nicolás Maduro puede voltear la suerte casi decidida de una Comisión
de la Verdad que no pudo condenar a los asesinos, torturadores y represores de
la Cuarta República, y tampoco ha reparado a las víctimas, familiares y
sobrevivientes.
Maracaibo, Tierra del
Sol Amada. 25 de octubre de 2015.
Bibliografía:
- Asamblea Nacional. 2011. Ley
para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras violaciones
de los Derechos Humanos por razones políticas en el Período 1958-1998.
Gaceta Oficial Nº 39.808 del 25/11/2011.
http://www.asambleanacional.gov.ve/uploads/leyes/2011-10-18/doc_ba6fabfdb3ec0d3ec7391e7e9c3ee04e5f8582f2.pdf
Fecha de consulta: 25/10/2015.
- Britto García, Luis. 2015. Las
víctimas no tienen quien les escriba. http://www.rnv.gob.ve/las-victimas-no-tienen-quien-les-escriba-por-luis-britto-garcia/.
Fecha de consulta: 25/10/2015.
- Comisión por la Justicia y la Verdad. 2015. http://www.comisionporlaverdad.org.ve/site/?.
Fecha de consulta: 25/10/2015.
- Hernández Rodríguez, Carmen Alicia. 2012. A propósito de la ley contra el olvido. Disponible desde
Internet en: http://www.aporrea.org/ddhh/a153524.html.
Fecha de consulta: 25/10/2015.
- Hurtado Bravo, Rafael. 2008. Cantaura:
la masacre anunciada. Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Fondo Editorial El Perro y la Rana. Caracas (Venezuela). 194 p.
- Linarez, Pedro
Pablo. 2006. La lucha Armada en Venezuela: Apuntes sobre guerra de
guerrillas venezolanas en el contexto de la Guerra Fría (1959-1979) y el
rescate de los desaparecidos. Ediciones
Universidad Bolivariana de Venezuela. Caracas (Venezuela). 215 p.
- Nieves, David.
1979. La tortura y el crimen
político. Editorial Poseidón. Caracas (Venezuela). 164 p.
- Oliveros, Elia. 2012. La
lucha social y la lucha armada en Venezuela. Editorial El Perro y la
Rana. Ministerio de la Cultura. Caracas (Venezuela). 430 p.
- Ramírez Romero, Ignacio. 2015. Una reflexión necesaria y oportuna. Comisión por la Justicia y
la Verdad. http://www.comisionporlaverdad.org.ve/site/?m=ExQZDggOBhjUCQoZBhERCg==&N=3N3d.
Fecha de consulta: 25/10/2015.
- Rangel, José Vicente. 1969. Expediente
negro. Editorial Domingo Fuentes. Segunda edición. Caracas
(Venezuela). 310 p.
- Rosas, Alexis. 2005. La
masacre de Cantaura. Editorial Texto. Caracas (Venezuela). 162 p.
[i] Historiador.
Profesor Titular de la Universidad del Zulia. Facultad Experimental de
Ciencias. Departamento de Ciencias Humanas. Av. Universidad. Edificio Grano de
Oro. Maracaibo. Correo: cruzcarrillo2001@yahoo.com.
[ii] Abogada.
Integrante de la Asociación Zuliana de Familiares y Víctimas de la Represión
1958-1999. Maracaibo. Correo: carmenaliciahr@yahoo.com.
[iii] Palabras al inicio del
libro “Expediente Negro”, de José Vicente Rangel.
[iv] Revista Historia Actual
n° 33, verano de 2014. http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/viewArticle/974
[v] Artículo
publicado el 11/10/2015 en el diario Ultimas Noticias. http://www.rnv.gob.ve/las-victimas-no-tienen-quien-les-escriba-por-luis-britto-garcia/
[vi] Artículo publicado en la
propia página oficial de la Comisión por la Justicia y la Verdad, el
13/10/2015. http://www.comisionporlaverdad.org.ve/site/?m=ExQZDggOBhjUCQoZBhERCg==&N=3N3d
[vii] Carmen Alicia Hernández.
2012. Violaciones a los derechos humanos
y delitos de lesa humanidad no prescriben. http://www.aporrea.org/ddhh/a153524.html.
[ix] http://www.asambleanacional.gov.ve/uploads/leyes/2011-10-18/doc_fe0375a5d026bca9bc979da12c86e6782e5ff901.pdf.
Fecha de consulta: 09/09/13.
[x] http://www.saren.gob.ve/index.php/noticias-anteriores/320-venezuela-instala-la-comision-de-la-verdad-y-la-justicia.
Fecha de consulta: 09/09/13.
[xi] Un diputado del PSUV, en
funciones ante la Asamblea Nacional, Roger Cordero, militar retirado de la
aviación, ha sido señalado de participar como piloto en la Masacre de Cantaura,
ocurrida en octubre de 1982 y que trajo la muerte de 23 revolucionarios.
[xii] Quien fuera presidente
de la Junta Patriótica en la clandestinidad al momento de ser derrocada la
dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Había cambiado su curul como diputado por el
partido URD, por un puesto en los frentes guerrilleros del occidente del país a
mediados de 1962.
[xiii] Secretario Militar del
Partido Comunista de Venezuela al momento de su detención. Era profesor de la
Universidad Central de Venezuela.
[xiv] Dirigente del Partido
Bandera Roja.
[xv] Secretario General del
partido Liga Socialista.
[xvi] Economista, profesor de
la UCV y dirigente del partido Bandera Roja.
[xviii] Hermano de Fernando Soto
Rojas, actual diputado por el PSUV y quien fuera Presidente de la Asamblea
Nacional en 2011.
[xxi]
Como se desprende de la exhumación de los cadáveres que adelanta la Fiscalía
desde hace algunos años.
[xxii]
Manifestada principalmente mediante saqueos contra locales comerciales y
supermercados, además de protestas callejeras, bloqueo de vías y choques con la
policía.
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