Solidaridad con el Paro Nacional del Movimiento Indígena y Popular en Ecuador

Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución - www.aporrea.org
30/06/22 - www.aporrea.org/ddhh/a313602.html

Desde el lunes 13 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), convocó a un Paro Nacional del movimiento indígena y popular en base a un pliego de diez puntos. El paro nacional cuenta también con el respaldo de las otras dos grandes organizaciones indígenas del Ecuador, como son el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), además de importantes sindicatos y federaciones de trabajadores como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Unido de Trabajadores (FUT). Los diez puntos que exige el movimiento indígena y popular, ratificados por Leonidas Iza y Zenaida Yasacama[1], presidente y vicepresidenta de la CONAIE respectivamente, en las reuniones que se realizaron el lunes 27 entre el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso y la dirigencia indígena del país, responden a las necesidades más urgentes de la población trabajadora del Ecuador (no exclusivamente de los indígenas), y constituyen la plataforma de las luchas populares que se han desarrollado en el Ecuador en la última década, que fueron la razón del Levantamiento Indígena y Popular de octubre de 2019, y que hoy vuelven a movilizar al pueblo ecuatoriano: "Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el diésel a USD 1,50 y la gasolina extra y ecopaís[2] a USD 2,10, derogar los decretos 1158 , 1183, 1054 Y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores… Alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). No al embargo de los bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago. Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más; no al cobro de regalías en las flores. Para que millones de campesinos, pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo. Empleo y derechos laborales. Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social - IESS. Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales, para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decreto 95 y   Decreto 151  . Respeto a los 21 derechos colectivos: Educación Intercultural Bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas. Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos/as (Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras). Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados. Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador." La respuesta del gobierno de Lasso ante este Paro Nacional indígena y popular ha sido la represión más brutal y la descalificación hacia las organizaciones indígenas y sus dirigentes. Lasso ha ordenado a sus cuerpos represivos "ejercer el uso progresivo de la fuerza" para acabar con las movilizaciones indígenas y específicamente para intentar expulsar de Quito las decenas de miles de indígenas que se han movilizado hasta esa ciudad. El gobierno ha atacado con sus cuerpos policiales y militares todos los espacios de concentración y marchas indígenas-populares tanto en Quito como en todo el país, con un resultado de 6 manifestantes asesinados por la acción policial-militar, más de un centenar de heridos y varios centenares de detenidos. La continuidad del Paro Nacional, luego de más de quince días, ha obligado al gobierno de Lasso a ceder en algunas de las peticiones formuladas por la CONAIE, quien por su parte, entre otras solicitudes, ha exigido al gobierno, en el marco de la reunión negociadora auspiciada por la iglesia católica, la indemnización de las familias de todos los asesinados y heridos por la acción de la fuerza pública; la libertad inmediata de todos los detenidos; la paralización y anulación de todos los procedimientos judiciales en curso contra los dirigentes indígenas; y finalmente, la destitución del ministro del interior, por ser responsable directo de todos los desmanes cometidos por militares y policías contra las manifestaciones pacíficas en todo el país. De lo contrario, continuará el Paro Nacional. La represión desatada por Lasso no solo no ha podido disminuir la intensidad de la protesta, sino que nuevos sectores sociales se han incorporado al Paro Nacional, como son los estudiantes universitarios, y gremios del transporte en varias provincias del país. El Paro Nacional indígena y popular que encabeza la CONAIE en el Ecuador pareciera constituir una nueva manifestación de la lucha de los pueblos de Nuestra América para enfrentar las agendas económicas neoliberales y extractivistas que han venido desarrollando en la última década por todos los gobiernos latinoamericanos (incluyendo los "progresismos" representados en los gobiernos de Correa, Evo y Maduro). La continuidad de los estallidos sociales populares en todo el continente pueden sentar las bases políticas para la construcción de nuevos programas de transformación social, que trasciendan la demagogia de los gobiernos "progresistas" que como Maduro y Ortega han traicionado abiertamente las agendas de cambio social popular que animaron la ola izquierdista en el continente en los tres primeros lustros de este siglo XXI. Esas nuevas bases programáticas para la transformación social están contenidas en la agenda de los movimientos indígenas que hoy luchan en el Ecuador: una lucha consecuente contra el extractivismo minero-petrolero; una democracia comunitaria sustentada en las decisiones desde las bases populares y la autonomía local y regional; formas de representación política que excluyen a los "políticos profesionales" y enfatizan en los dirigentes naturales de las distintas organizaciones sociales; soberanía nacional ante las agendas que desde el exterior imponen las compañías multinacionales de todo el mundo globalizado; sistemas de seguridad social que garanticen condiciones de vida y de trabajo para toda la población; administración del Estado en todas sus instancias con base en la transparencia y la contraloría popular, para evitar y castigar la corrupción; respeto a la diversidad cultural y étnica; una economía social basada en la producción comunal autónoma, organizada nacionalmente utilizando las formas de democracia indígena que ya existen en confederaciones como la CONAIE. Nuestro llamado a la solidaridad con el actual Paro Nacional Indígena y Popular en Ecuador lo es también para la construcción de nuevas referencias populares de transformación social que contribuyan a orientar los nuevos esfuerzos que en distintos países, como Chile, Colombia y Honduras, están en pleno desarrollo, intentando superar las limitaciones y errores de la anterior "ola progresista", y evitar así nuevos fracasos y traiciones que hipotequen las aspiraciones de cambio de los pueblos de Nuestra América. Ahora que el gobierno de Lasso se ha retirado de la mesa de negociación, argumentando que no desea reunirse más con Leonidas Iza (y exige a la CONAIE que designe otro representante, algo inaceptable para el movimiento indígena), se hace muy necesaria toda la solidaridad que desde los pueblos latinoamericanos se manifieste ante esta justa lucha, que es nuestra propia lucha. La última información de la noche del miércoles es que el gobierno de Lasso regresa a la mesa de negociación debido a la continuidad y fortaleza del Paro Nacional indígena y popular. PLATAFORMA CIUDADANA EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Oly Millán, Juan García, Esteban Emilio Mosonyi, Santiago Arconada, Edgardo Lander, Gustavo Márquez, Roberto López Sánchez, Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro. Venezuela, 30 de junio de 2022   _____________________ [1] https://www.proamazonia.org/entrevista-a-zenaida-yasacama/ [2] Este combustible se elabora a base de la mezcla de Naftas de Alto y Bajo Octano con Etanol, para de esta forma alcanzar los requisitos de calidad que establece la Norma INEN 935, la cual regula la calidad de las combustibles. Articulo leido aproximadamente 514 veces