EL PROCESO BOLIVARIANO EN VENEZUELA:
¿SOCIALISMO, POPULISMO O NEOLIBERALISMO?[1]
Roberto
López Sánchez[2].
Universidad del Zulia. Venezuela.
INTRODUCCION
Hugo
Chávez ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 1998 luego de una
década de políticas neoliberales en Venezuela. En ese período anterior se
habían sucedido dos gobiernos que ejecutaron sendos programas económicos
neoliberales; había ocurrido el estallido popular espontáneo de febrero-marzo
de 1989, que hizo temblar al sistema político bipartidista vigente desde 1958;
se habían presentado dos alzamientos militares de corte nacionalista e
izquierdista[3];
y un presidente en funciones había sido destituido por el parlamento bajo
acusaciones de corrupción[4].
El
llamado “proceso bolivariano” que se abrió en Venezuela con el triunfo
electoral de Hugo Chávez en 1998 era la respuesta popular ante la crisis de
legitimidad del modelo político de democracia representativa instaurado a
partir de 1958 (López Maya 1994) (Carvallo y López Maya 1989). El fracaso del
modelo productivo de sustitución de importaciones, fundamento de la democracia representativa durante 30
años, se había evidenciado a mediados de la década de los 80 con una profunda
crisis económica que se agudizó con la caída de los precios del petróleo en
1986.
El
estallido popular espontáneo del 27-28 de febrero de 1989, conocido como el
“Caracazo” (Barrios-Ferrer 1990) (Colmenarez 1989) (España 1989), reveló el
gran descontento de la población ante un sistema político-económico que no
satisfacía sus necesidades fundamentales, y la brutal respuesta represiva del
gobierno, que causó centenares de muertos en los barrios de Caracas y ciudades
cercanas, había demostrado que quienes gobernaban no merecían gozar del
respaldo popular que por tres décadas había sostenido al modelo político
bipartidista gobernante (los partidos Acción Democrática –socialdemócrata-, y
COPEI –socialcristiano-).
Ante
la ausencia de opciones políticas alternativas, y con una izquierda en crisis,
tanto en sus versiones electorales como en los grupos que mantenían la lucha
armada, el sistema bipartidista se mantendría en el poder durante una década
más. Pero la descomposición del modelo político bipartidista, asociado al
capital occidental, continuó su curso y en 1992 se suceden dos alzamientos
militares, que fracasan, pero que demostraban que el barco de la democracia
representativa continuaba hundiéndose.
Las
rebeliones militares del 92 significaron un profundo quiebre en el bloque de poder
dominante desde 1958[5].
Un sector muy numeroso de oficiales medios de las fuerzas armadas, descontentos
por haber sido utilizados por el gobierno como “verdugos” del pueblo durante
los sucesos del 27 de febrero del 89, deciden rebelarse enarbolando consignas
anti-corrupción y promoviendo un difuso cambio político nacionalista y popular.
A pesar de que los militares insurrectos fueron derrotados, el bloque dominante
estaba históricamente fragmentado y no pudo recomponerse en los años
siguientes.
En esa
década anterior a Chávez, el segundo gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés
Pérez (1989-1993) había inaugurado el primer plan económico neoliberal
ejecutado a plenitud en Venezuela[6]. El paquete de medidas
aplicadas al inicio de su gobierno, como la liberación de precios y la
eliminación de subsidios (incluyendo el importante subsidio a la gasolina),
fueron los detonantes del Caracazo. Pérez terminó siendo destituido en 1993 por
el Poder Legislativo, acusado de corrupción. Aunque en la realidad su
destitución era una maniobra de la élite gobernante (AD, COPEI y la cúpula
empresarial y militar) para contener el gran descontento social y militar,
buscando “maquillar” a un sistema cuya legitimidad estaba en entredicho
(Revista SIC 1992) (Lander y Uribe 1995).
El
gobierno que sucedió a Pérez fue el del socialcristiano Rafael Caldera
(1994-1999), que también accedía al poder por segunda vez. Con la
característica que Caldera, siendo fundador de Copei, había roto con dicho
partido, y ganado las elecciones con el apoyo de los partidos de izquierda.
Pero el gobierno de Caldera, en vez de ser consecuente con su discurso crítico
ante el plan neoliberal ejecutado por su predecesor, aplicó también la misma
receta económica del Fondo Monetario Internacional[7].
El
rechazo ciudadano ante esta nueva ejecución neoliberal se manifestó entonces de
manera electoral, y le permitió a Hugo Chávez presentarse en 1998 como la
alternativa nacionalista y popular ante veinte años de fracasos económicos y 40
años de desprestigiado modelo político bipartidista (Ellner 2009: 42).
HUGO CHÁVEZ: DE LA TERCERA VÍA AL SOCIALISMO
El
teniente coronel Hugo Chávez había encabezado la rebelión militar “bolivariana”[8] del 4 de febrero de 1992,
y planificado desde la cárcel el levantamiento del 27 de noviembre del mismo
año. Luego de recuperar la libertad, decidió fundar un partido legal
(Movimiento Quinta República – MVR) e incursionar en el proceso electoral de
1998.
En un
crecimiento electoral vertiginoso a lo largo del año 98, Chávez finalmente se
impuso ante el candidato unificado de los partidos Acción Democrática y Copei,
que se habían turnado en el poder desde 1958. Con una propuesta principal de
convocar una asamblea para redactar una nueva constitución, Chávez tenía un
programa político-económico muy cercano al Estado de Bienestar en un contexto
global neoliberal. Su propuesta electoral anunciaba un respaldo a la difusa “Tercera
Vía” formulada por el líder británico Tony Blair (Martinez, 2018).
Al
llegar al gobierno, Chávez fue catalogado como un líder populista similar a
otros a lo largo del siglo XX latinoamericano[9]. Partiendo de que el
populismo ha sido considerado como un concepto ambiguo que puede abarcar
interpretaciones extremas en el ámbito político y que el estudio de sus
expresiones en Latinoamérica parten de distintos enfoques (Rengifo y Medina,
2019: 236), consideramos que el gobierno de Hugo Chávez tuvo características
similares a los gobiernos populistas de mediados del siglo XX (Stanley, 2000:
351): como la presencia de un liderazgo carismático, la imposición de una
democracia con tintes autoritarios (en este caso de Chávez con una muy importante
participación de militares en cargos relevantes de gobierno), un amplio apoyo
popular que se movilizaba de manera constante, y un discurso radical muy
atrayente para las grandes masas empobrecidas.
Pero
su desempeño al frente del gobierno trascendió rápidamente los marcos del
populismo tradicional, acercándose a modelos de “revolución socialista” como
Cuba. En un contexto global de derrumbe del Bloque Socialista en Europa
Oriental una década antes, de fracaso en Latinoamérica de los intentos de cambio
político por medio de la lucha armada (como en El Salvador y Guatemala) y el
aplastamiento de los intentos socialistas por “vía pacífica” (Chile), Chávez
replanteó, en la culminación del siglo XX e inicios del nuevo siglo XXI, un
ideal de “revolución socialista” que empalmaba los principios de soberanía
nacional e integración continental formulados en la Guerra de Independencia,
con las tradiciones de lucha popular revolucionaria expresadas en el último
siglo.
En las
últimas décadas, se ha designado como “populistas” en América Latina a
gobiernos de distintas tendencias que coinciden en desarrollar procesos de
cambio sociopolítico y programas económicos de corte nacionalista, de tipo
keynesiano e incluso que se autodenominan como “socialistas”. Ese calificativo
de “populista” proviene generalmente de analistas conservadores que cuestionan
a los gobiernos que de alguna manera intentan oponerse a los esquemas
económicos neoliberales y se alejan de la tradicional subordinación ante el
gobierno de los Estados Unidos.
La
situación general en América Latina a fines del siglo XX, en cuanto a lo económico
y lo político, incluía un considerable rechazo ciudadano hacia los ajustes de
“shock” neoliberales ejecutados en las dos décadas anteriores, y un descontento
popular acumulado ante los resultados nefastos de dichos ajustes, que habían generado todo un retroceso en los derechos
laborales conquistados en la posguerra, y una caída significativa de los
niveles de ingreso de las clases trabajadoras (Alayón 2007). Esta realidad
obligaba a muchos partidos y líderes progresistas a pronunciarse en contra del neoliberalismo
y su principal promotor, el Fondo Monetario Internacional (FMI), y a postular
caminos alternativos que incluían postulados keynesianos y hasta socialistas.
El
triunfo electoral de Chávez en 1998 contribuyó a revertir ese proceso de caída
de los niveles de ingreso de la clase trabajadora, pues todos los planes
neoliberales que de alguna forma se estaban ejecutando desde febrero de 1989
comenzaron a frenarse y en algunos casos a revertirse debido a políticas
explícitas del nuevo gobierno (Alayón 2007). Particularmente se detuvieron los
procesos de privatización de empresas públicas[10],
incluyendo la llamada “apertura petrolera” propuesta por Pérez e iniciada por
Caldera a partir de 1995 (Toussaint 2009: 255) (Mateo Tome 2010).
En
el plano económico el proyecto se definió por el anti-neoliberalismo y la
superación del rentismo petrolero (Rodríguez 2010) y su reemplazo por una
política de tipo neo desarrollista con fuerte intervención estatal en áreas
estratégicas. El ensayo se llevó a cabo en un proceso de lucha polarizada entre
el gobierno, la derecha política y el empresariado tradicional (surgido en el
período 1958-1998).
En
enero de 2005 Chávez definió su revolución como “socialista”, durante su
participación en el Foro Social de Porto Alegre (Biardeau 2015). Teniendo como
premisas básicas para ese “socialismo”, la democracia participativa y
protagónica del “poder popular” (como oposición a la democracia liberal
representativa); la “igualdad y la justicia”; y la unidad “cívico-militar”.
El
primer paso transformador dado por el gobierno de Chávez fue la convocatoria de
una Asamblea Constituyente, previa realización de un referéndum consultivo el
25 de abril de 1999. La nueva constitución amplió significativamente los
derechos sociales, y algunos derechos políticos nuevos como el referéndum
revocatorio a mitad de período para el presidente de la República y demás
cargos electivos del poder ejecutivo y legislativo.
El
período de Chavez revitalizó la lucha de los trabajadores, modificando las relaciones
laborales y las formas de propiedad. En lo atinente a los derechos laborales, la
Constitución aprobada en diciembre de 1999 ratificó derechos fundamentales de
los trabajadores, ya consagrados en las Constituciones de 1947 y de 1961, como
el derecho a sindicalización; la autonomía de los sindicatos frente al patrono
y el estado; el derecho a contratación colectiva; el derecho a huelga; el
derecho a la seguridad social como servicio público y la obligación del Estado
para garantizarlo; el derecho al trabajo; y estableció la inclusión de nuevos
derechos como la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del
derecho al trabajo; el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad
económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social; el
derecho de las amas de casa a la seguridad social; la progresividad de los
derechos laborales y su carácter irrenunciable; y finalmente destacaba la
reducción de la jornada de trabajo diurna de 48 a 44 horas semanales (López
Sánchez 2017-a, 34-50).
Los
derechos de los trabajadores que fueron consagrados en la Constitución
impulsada por Chávez en 1999, que provienen de las visiones más progresistas
del Estado de Bienestar[11],
tienen el mérito histórico de haber sido ratificados luego de dos décadas de
aplicación de políticas neoliberales a nivel mundial, que llevaban entre sus
objetivos principales el aniquilar dichos derechos y “flexibilizar” las
relaciones laborales.
La
“revolución” de Chávez ratificó y consagró constitucionalmente unos derechos
laborales que el capitalismo mundial había dejado de defender desde un cuarto
de siglo antes. A partir de allí los trabajadores venezolanos se lanzaron en
los años sucesivos a un proceso de profunda reorganización de sus estructuras
sindicales, enarbolando propuestas reivindicativas y políticas que se
enfrentaban y trascendían la década neoliberal anterior y abrían perspectivas a
un rumbo anticapitalista del proceso político venezolano (Chirino 2005).
La
resistencia al paro golpista-patronal que las elites puntofijistas ejecutaron
entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 tratando de derrocar al gobierno de
Chávez, generó la elevación de la lucha obrera en todo el país. El fracaso de
ese paro fue tomado como una victoria por los sectores de trabajadores bolivarianos
que comenzaban a organizarse de manera independiente, al margen de la CTV (que
fue una de las organizaciones convocantes de ese paro, junto a Fedecámaras).
A
partir de 2003 los trabajadores venezolanos recuperaron las empresas que se
encontraban paralizadas y exigieron la nacionalización/renacionalización de
industrias en manos del sector privado nacional o extranjero. Al mismo tiempo
la lucha obrera comenzó a ensayar formas novedosas de organización de la
actividad productiva mediante los consejos de trabajadores y el control obrero,
propuestas que encontraron eco en el gobierno bolivariano y terminaron
convirtiéndose en políticas de Estado (López 2017-a, 34-50).
El
control obrero que surgió como consigna de acción durante el paro patronal de 2002-2003, lanzó las consignas de “fábrica parada,
fábrica ocupada” y de “control por los trabajadores de la actividad
productiva”, llevando a la ocupación por sus trabajadores de numerosas empresas
que habían parado su actividad, como ocurrió en Venepal (Carabobo), Venezolana
de Válvulas (Los Teques), Textiles Fénix (Guárico), Perfumes Cristine-Carol
(Caracas), y otras (López y Hernández 2016, 184-214).
A
partir de 2004, cuando Chávez ordenó la expropiación de Venepal, el control
obrero comenzó a ser considerado como política del estado venezolano. Aunque
fue solo en 2009, luego de la renacionalización de Sidor, cuando el control
obrero fue incluido como lineamiento principal de gobierno en lo que se conoció
como Plan Guayana Socialista (López y Hernández 2016, 184-214).
El
Control Obrero tenía por objetivo lograr el ejercicio pleno de la democracia
participativa y protagónica por parte de los trabajadores, dentro y fuera de la
fábrica (Adarfio 2011, 43-56). Esta experiencia de Control Obrero constituyó un
experimento en la batalla de los trabajadores por reemplazar el Estado Burgués
por un nuevo Estado de transición al socialismo, que no debía repetir los
errores fatales de la experiencia soviética. (Carcione 2010, 56-71).
Otra
experiencia novedosa de organización de los trabajadores fueron los Delegados
de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud Laboral (CSSL), cuya promoción
estuvo en manos del INPSASEL[12]
, instituto adscrito al Ministerio del Trabajo. Su expansión por todo el país y
por diversas empresas e instituciones públicas y privadas los convirtió en una
herramienta organizativa casi tan generalizada como los propios sindicatos. Los
delegados de prevención han cumplido un papel como defensores de los derechos
de los trabajadores sobre todo en las pequeñas empresas, donde no existen
sindicatos (Lopez Sanchez 2017-b).
Una de
las expresiones más relevantes del programa antineoliberal ejecutado durante el
gobierno de Chávez fueron las nacionalizaciones de diferentes empresas a lo
largo y ancho del país (Carcione, 2009):
- Febrero
de 2007: Nacionalización de los campos petroleros operados en la Faja del
Orinoco por empresas trasnacionales de Estados Unidos, Reino Unido,
Francia y Noruega.
- Mayo
de 2007: Nacionalización de la compañía Electricidad de Caracas, creación
de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y estatización de las
empresas privadas regionales.
- Mayo
de 2008: Estatización de la CANTV, comprando las acciones de la empresa
estadounidense Verizon.
- Abril
de 2008: Renacionalización de la Siderúrgica del Orinoco[13]
(SIDOR), que era propiedad de la multinacional italo-argentina Techint,
empresa muy vinculada al gobierno de los Kirchner.
- 2008:
Chávez ordena la nacionalización de las principales industrias cementeras
del país, que eran propiedad de la mexicana Cemex, de la suiza Holcin y la
francesa Lafarge.
- Mayo
de 2009: Nacionalización de las empresas briqueteras como MATESSI, y la
fábrica de tubos TAVSA.
- 2009:
Estatización de 76 empresas medianas que prestaban servicios a la
industria petrolera.
- 2009:
El presidente Chávez ordena la nacionalización de varias empresas de
alimentos como la procesadora de sardinas La Gaviota y Café Fama de
América.
- 2009:
Nacionalización del Banco de Venezuela, que era propiedad del grupo español
Santander.
- Años
2007-2009: Ocupación de tierras ociosas y estatización de numerosos
latifundios en varios estados del país.
Lo más
resaltante de este proceso lo constituyó la re-nacionalización de la
Siderúrgica del Orinoco, SIDOR, como resultado de una larga lucha de sus
trabajadores. SIDOR había sido
privatizada en los 90 y entregada a un consorcio privado argentino[14]
(Giacalone 2003, 53-87). Luego de quince meses de lucha de sus
trabajadores, la decisión del presidente Chávez de estatizar la empresa, fue el
detonante para que se fortaleciera el “Control Obrero” y se aprobara en 2009 el
Plan Guayana Socialista (Pérez Borges y otros 2009, 23-51).
El
Plan Guayana Socialista (PGS) representó el punto culminante de los esfuerzos
realizados durante el gobierno de Hugo Chávez en asumir un camino que
desmontara las políticas neoliberales de las décadas anteriores y avanzara en
la definición de modelos productivos anticapitalistas (Comisión de
Sistematización, 2013).
Dicho
plan encontró desde un primer momento la resistencia y saboteo tanto de la
burocracia incrustada en las estructuras del estado (empresas básicas y
ministerios) como de los sindicatos (Pérez Borges 2010, 63-97).[15].
Ambos sectores reflejaban de alguna manera los intereses de las grandes multinacionales
del hierro y del aluminio que habían sido afectadas por las nacionalizaciones y
se proponían recuperar los negocios que la revolución les había arrebatado
(Carcione y Poliak 2010, 57-62).
Finalmente,
la enfermedad de Chávez a mediados de 2011 terminó de debilitar las fuerzas que
pugnaban por caminos alternativos al viejo recetario neoliberal y en el
trascurso del año 2012 el PGS comenzó a ser desmantelado y abandonado por los
ministerios y empresas involucradas. En
ese desmantelamiento del PGS jugó un papel estelar la FSBT (García Romero 2011)
(Rivero 2010).
En
mayo de 2012 se aprobó una nueva Ley del Trabajo[16]
(LOTTT), restituyendo los derechos conculcados en la reforma de Caldera del 97[17]
e incorporando nuevas reivindicaciones laborales y políticas para la clase
trabajadora (López, 2017-b: ). La aprobación de la nueva LOTTT, quedó como un
aporte jurídico destacado en la lucha de los trabajadores contra el
neoliberalismo y contra la explotación capitalista en general, según la
definición contemplada en su artículo 25, que dice: “El proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial superar
las formas de explotación capitalista” (López 2017-a, 34-50).
Otro
punto destacado de lo ejecutado por Chávez fue la confrontación al Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto empujado por el gobierno de los
Estados Unidos y que terminó siendo derrotado en la IV Cumbre de las Américas
en Mar de Plata (noviembre de 2005), con la participación destacada de los
presidentes de los países del Mercosur[18],
que coincidieron con Chávez para rechazar la propuesta estadounidense y asestar
una derrota histórica a los intereses norteamericanos que estaban allí
presentes con George Bush y Condoleeza Rice (Karg y Lewitt 2015).
El
período de gobierno de Hugo Chávez contribuyó a una mejora relativa del ingreso
de los trabajadores y de sus condiciones de vida, al introducir las misiones
sociales, concebidas como “salario social”. Programas de salud en los barrios,
construcción de viviendas populares, programas de alimentación escolar, ventas
a precios populares de vehículos y electrodomésticos, expansión del sistema
universitario público, expansión del sistema de pensiones a las amas de casa y
trabajadores no cotizantes, entre otros, permitieron mejorar las condiciones
generales de vida de la clase trabajadora. Todo esto a pesar de que los
salarios reales, aunque tuvieron períodos de aumento entre 1999-2001 y
2003-2006, en la primera década del chavismo (1999-2010) tuvieron un descenso
general del 20 % (Mateo Tomé 2010, 43-57).
Si
bien el programa ejecutado por Chávez no fue, estrictamente, un programa
socialista ni comunista, su desempeño al frente del Estado implicó un giro de
180 grados con relación a los anteriores gobiernos de Venezuela desde la
Independencia.
Chávez
rompió radicalmente con la anterior subordinación ante el gobierno de los
Estados Unidos y se alejó del llamado Bloque Occidental (USA y la Unión
Europea), acercándose a potencias emergentes como China, Rusia, Irán y Turquía.
Se enfrentó a la tradicional hegemonía estadounidense en Latinoamérica,
cuestionando con fuerza a la Organización de Estados Americanos (OEA), y
promoviendo la creación de organismos de integración alternativos como la CELAC
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y ALBA (Alternativa
Bolivariana para los pueblos de América).
Mantuvo
un acercamiento permanente con el gobierno comunista de Fidel Castro en Cuba y
durante su mandato se produjo en todo el continente latinoamericano un ascenso
de las fuerzas de izquierda que se tradujo en los triunfos electorales de Lula
Da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff[19] (2011-2016) en Brasil,
Néstor Kirchner (2003.2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en Argentina,
Rafael Correa en Ecuador (2007-2017), Evo Morales en Bolivia (2006-2019),
Tabaré Vazquez (2005-2010) y Pepe Mujica (2010-2015) en Uruguay, Fernando Lugo[20] en Paraguay (2008-2012),
Michelle Bachelet en Chile (2006-2010), Daniel Ortega en Nicaragua (2007-2021),
Mauricio Funes en El Salvador (2009-2014), Manuel Zelaya[21] en Honduras (2006-2009) y
Ollanta Humala en Perú (2011-2016).
El
período de Chávez en la presidencia de Venezuela favoreció la modificación
radical de todo el panorama político latinoamericano. El discurso
antiimperialista, enfrentado al gobierno de los Estados Unidos y su tradicional
influencia en el continente, se fortaleció como nunca antes en la historia,
contribuyendo a identificar a Chávez y al chavismo como una fuerza política
“comunista”, aunque en sus definiciones y en su programa no lo fueran. En los
hechos, la acusación principal hacia Chávez no lo calificaba como “populista”,
sino como “comunista”. La influencia del chavismo por toda Latinoamérica
resucitó el discurso de la antigua “guerra fría” en boca de los voceros del
gobierno de los Estados Unidos y de sus fuerzas aliadas a lo largo y ancho del
continente, aunque esta ya hubiese fenecido en 1991 luego del derrumbe de la
Unión Soviética.
La
campaña levantada por el gobierno de los Estados Unidos contra Chávez y la
influencia del chavismo en el continente implicó resucitar en pleno siglo XXI
la lucha contra la “expansión comunista” realizada en las décadas de 1960, 70 y
80.
La
muerte de Chávez en 2013 y la asunción de Nicolás Maduro (2013-2021) como
presidente significaron el abandono casi total de ese programa antineoliberal,
y el regreso progresivo de las mismas políticas económicas ejecutadas en la
última década del siglo XX. Maduro mantiene el mismo
discurso radical de su antecesor, y se presenta como un gobierno genuinamente
“obrerista”[22]
y “socialista”[23],
que cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios (López 2012, 145-181).Sin
embargo, ha ejecutado un verdadero cambio de rumbo económico, abriendo las
puertas a las políticas neoliberales, en un marco de creciente autoritarismo
(Alarcón 2017); (Luna 2019) (Vivas 2019) (Sutherland 2020).
EL REGRESO AL PASADO NEOLIBERAL Y
AUTORITARIO BAJO EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO
La
realidad de la economía venezolana a más de ocho años de gobierno de Nicolas
Maduro se ubica como el peor desempeño del mundo y uno de los cinco
peores resultados en la historia del capitalismo en los últimos setenta años (Straka 2019) (Bermúdez 2016) (Sutherland 2018) (Vera
2018). Una contracción de más del 50% del PIB en siete años; cierre del 60 % de
las fábricas existentes para 1999; un salario mínimo de menos de 3 dólares
mensuales y una canasta alimentaria de 300 dólares al mes; una sociedad que
recibió un billón de dólares en el boom petrolero entre 2004-2008 y que sin
haber pasado por una guerra tiene hoy una economía totalmente destruida (Straka
2019). Resaltando la ausencia de un plan económico coherente, y la adopción de
medidas que se contradicen entre sí y que profundizan cada día el colapso de la
economía venezolana (Sutherland 2018).
El
fracaso de los proyectos de desarrollo endógeno debido a la mala gestión
estatal de las empresas nacionalizadas se combinó con la caída de los precios del
petróleo en la última década, generando una caída de la producción y el
incremento de la deuda externa para cubrir la financiación del aparato estatal
y las importaciones de manufacturas y alimentos. Estos son los antecedentes del
escenario actual de hiperinflación, sobreendeudamiento y caída de la producción
petrolera (Vera, 2018). En esta coyuntura, es importante no olvidar que esta
crisis ha sido profundizada hasta situaciones de colapso inducido por el
bloqueo de activos y sanciones económicas y financieras aplicadas por Estados
Unidos y sus aliados internacionales en el curso de 2017-2021 (Ayala, 2019).
El
proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) representa tal vez el más claro
ejemplo de propuesta económica neoliberal que entregó a diversas empresas
multinacionales la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros
minerales en un espacio de los Estados Bolívar y Amazonas de 112 mil kilómetros
cuadrados, equivalente al 12 % del territorio nacional (Lander 2016). La
aprobación del AMO no cumplió la exigencia constitucional de consulta a las
comunidades indígenas que habitan en dicho territorio. El proyecto AMO
subordina las diferencias que puedan existir entre el Estado venezolano y las
empresas contratistas a los tribunales internacionales (CIADI), a pesar de las
disposiciones constitucionales expresas que rechazan toda intromisión de
tribunales extranjeros en la economía nacional[24] (El
Estímulo 2016) (Aporrea 2016). A semejanza de las regiones maquiladoras del
neoliberalismo tradicional, el AMO no reconoce la vigencia de los derechos
laborales contemplados en la Constitución y en la LOTTT en las zonas objeto de
concesiones mineras.
Como
lo plantea Edgardo Lander:
“el
gobierno venezolano está tomando en secreto decisiones de carácter estratégico
que podrían estar definiendo el futuro del país por el resto del siglo, sin
debate alguno en el seno de la sociedad. Mediante el decreto presidencial del
Arco Minero del Orinoco, se decidió la creación de una especie de zona franca
minera, bajo control militar, donde se suspenden preventivamente muchos de los
derechos constitucionales entre otros, los derechos de los pueblos indígenas.
Se ha llegado acuerdos con 130 o 150 empresas, sin que … tengamos idea de
cuáles son dichas empresas, y cuál es el contenido de dichos contratos” (Lander
2016).
En
materia de política salarial, el desempeño de los salarios durante el período
1999-2021 expresa una curva muy semejante al recorrido presentado en tiempos
del puntofijismo (1958-1999)[25],
de ascenso en la primera mitad del período (1999-2007) y de caída en los años
siguientes (2008-2021). Con la diferencia de que la caída salarial de los
últimos años alcanza niveles no vistos en ninguna de las experiencias
neoliberales del continente, pues en comparación con los salarios reales de los
años 2006-2007, el descenso alcanza hasta un 96% del mismo para 2020. (Sutherland
2020).
La
Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV,
afirma que la caída del salario en el período 2001-2020 alcanza hasta el 99 %:
“En cuanto al monto en dólares
de los sueldos básicos, en enero de 2001 los profesores instructores TC[26]
ganaban el equivalente a USD 903,43 y los titulares DE un monto de USD
2.659,63… Hoy todos ganan alrededor del 1% de lo que ganaban entonces”. (FAPUV
2020).
Este
abismal derrumbe de los salarios reales en un 99 %, es lo que explica la enorme
migración de más de cinco millones de personas que han salido de Venezuela en
los últimos 8 años. El retroceso salarial de los trabajadores venezolanos es
tan pronunciado que el salario en tiempos de la gran huelga petrolera del año
1936, 5 bolívares de salario diario (equivalente a 1,57 $ diarios por jornada),
implica que hoy en 2021 un trabajador en Venezuela recibe como salario mensual
casi el mismo monto[27]
que un trabajador petrolero ganaba en un día de trabajo hace 84 años (Biardeau
2020).
El
gobierno de Maduro, con el memorando 2792 del ministerio del trabajo de octubre
de 2018 (La izquierda diario, 2018-a), desconoció todas las contrataciones
colectivas vigentes en la administración pública y en el sector privado,
barriendo en un solo acto las conquistas obreras que se habían logrado durante
el período de Hugo Chávez. Como afirma el dirigente sindical clasista Orlando
Chirino: “En las relaciones laborales de los últimos 30
años un gobierno no había producido un instrumento jurídico tan reaccionario y
antiobrero como el memorándum 2792” (Chirino 2019).
La
política del gobierno ha sido la de “aplanar” las tablas salariales,
estableciendo diferencias mínimas entre los salarios iniciales y las escalas
más altas de remuneración, violentando el principio constitucional de
progresividad en los derechos laborales, desconociendo la antigüedad, la
capacitación profesional y técnica, los grados de responsabilidad y la
meritocracia de los trabajadores (La Izquierda Diario, 2018-a).
En
semejanza a los programas neoliberales aplicados por los gobiernos de Carlos
Andrés Pérez y Rafael Caldera entre 1989 y 1999, podemos comprobar la ejecución
de los mismos por el gobierno de Nicolás Maduro:
v Liberación del control de cambio y libre flotación de la
moneda con respecto al dólar. Desde 2017 el bolívar se devalúa a ritmo de
hiperinflación.
v Libre importación de alimentos y otros productos libres
de aranceles. Permisos de importación que se han otorgado a empresarios afines
al gobierno.
v Liberación de precios de los alimentos y demás productos
de la canasta básica. Cuando se establecen regulaciones de precios a una lista
específica de productos, el monto necesario para adquirir dicha lista supera en
más de 20 veces al salario mínimo oficial (Aporrea,
2020).
v Pulverización de los salarios reales, que en relación al
dólar se han reducido entre un 96 % y un 99 % en 20 años.
v Mantenimiento del IVA como un impuesto regresivo que
pecha a los consumidores.
v Procesos de privatización en ramas principales de
industrias como petróleo, hierro, aluminio, oro, diamantes, y en servicios como
la distribución de gasolina, que por ley se supone que está reservada al
estado. El precio “no regulado” de la gasolina lo determinó el gobierno en
0,50$ x litro, introduciendo al dólar como moneda de uso oficial en el país
(Vázquez Heredia 2020).
v Flexibilización laboral casi total, con el memorando 2792
que desconoce los derechos laborales consagrados en la propia Constitución y en
la LOTTT. (Ministerio del Trabajo 2018).
v Limitaciones de las políticas sociales denominadas
“misiones”, las cuales tienen mayor efectividad en la capital Caracas, y son
casi inexistentes en el resto de ciudades y pueblos (Transparencia, 2020). A
las misiones sociales se ha incorporado en los últimos años la entrega del CLAP[28]
y de bonos a quienes poseen el “carnet de la patria” (Aula Abierta, 2018), entrega
que es de forma aleatoria e irregular[29].
Al
mismo tiempo, el gobierno de Maduro ha desarrollado un importante perfil
autoritario, manifestado en:
·
El
gobierno ha suspendido la vigencia de la Constitución Nacional mediante la
llamada “Ley Antibloqueo”[30] (LAB), aprobada por la
anticonstitucional Asamblea Constituyente (2017-2020), la cual le permite al
presidente de la República flexibilizar y suspender
regulaciones y normativas legales y constitucionales “para adelantar una
reorganización y reestructuración de los entes públicos y empresas del Estado,
incluyendo la modificación del régimen empresarial, modelo de negocios y la
participación accionaria del Estado en las empresas mixtas y públicas, en el
contexto de una política de apertura de la economía al capital nacional e
internacional (Márquez, 2021).
·
La LAB también faculta al
presidente para negociar los activos y pasivos de la República a fin de
generar ingresos, lo cual dicho sin eufemismo, es una autorización abierta para
liquidar los activos de la República a través de un proceso de privatización y
de renegociación de los pasivos financieros. Todo ello, sin estar sometido a
los controles legales y constitucionales (Márquez, 2021).
·
La LAB
establece mecanismos excepcionales de contratación, un régimen de
confidencialidad para todas las decisiones económicas del ejecutivo, y somete
las controversias con inversionistas extranjeros a tribunales foráneos, todo lo
cual viola disposiciones expresas de la Constitución, anula todas las funciones
contraloras de la Asamblea Nacional y termina aboliendo el Estado de Derecho en
Venezuela (Márquez, 2021).
·
La Ley de
Regionalización (decreto-ley de 2014) y la Ley de Zonas Económicas Especiales
(proyecto de 2021) apuntan a una reorganización del territorio de la República
al margen de la división territorial consagrada en la Constitución, con las
características de las “zonas de maquila” y enclaves extractivistas propios del
capitalismo salvaje neoliberal, cuyas características son la supresión de
impuestos, y la ausencia de regulaciones laborales y ambientales.
·
La Ley
“contra el odio” que ha servido para encarcelar a decenas de activistas
opositores por el sólo hecho de realizar críticas a las acciones del gobierno
(La Izquierda Diario 2018-b) (Crónica Uno 2020) (Provea 2021).
·
La
suspensión indefinida de todas las elecciones sindicales y gremiales, el
desconocimiento de las federaciones mayoritarias de trabajadores, y la
utilización de pequeñas organizaciones sindicales afines al gobierno para
simular una inexistente “democracia obrera”.
CONSIDERACIONES FINALES.
Más
allá de los importantes errores cometidos en la política económica de su
gestión, el gobierno de Chávez realizó intentos significativos por trascender
el neoliberalismo y fomentar una economía productiva sobre bases de
independencia económica y participación popular. Durante la primera década del
siglo XXI, en Venezuela se escenificaron políticas de gobierno que pretendían
dejar atrás el rentismo petrolero y avanzar a una economía socialista.
Tras
la muerte de Chávez en 2013, el
neoliberalismo y el autoritarismo ha regresado bajo el gobierno de Nicolás
Maduro, que presume ser todo lo contrario. La economista Pascualina Curcio
(2020), destacada defensora del gobierno de Nicolás Maduro, reconoce cómo se ha
modificado regresivamente la distribución del Producto Interno Bruto (PIB)
entre 2014 y 2017[31].
Usando un ejemplo didáctico, Curcio explica q ue
en 2014 “la torta de la economía venezolana”, repartida en 16 trozos, se
distribuyó en 7 trozos para la burguesía, 7 para los asalariados y 2 para el
estado (Curcio 2020). En 2017, con una torta un tercio más pequeña que la de
2014 (la economía se redujo, según el BCV, 34% entre
2014 y 2017), a la burguesía le
tocaron 10 trozos, a los asalariados 5 y al estado 1 trozo. En términos de
precios y salarios, entre 2014 y 2017 los precios
aumentaron 10.013% y los salarios apenas 6.436% (Curcio 2020). La misma
Curcio reconoce que esa regresión
distributiva del PIB se ha acentuado aún más entre 2017 y 2020.
Algunas
consecuencias de estas políticas neoliberales las expuso recientemente la
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC, 2020):
“El
reciente estudio de Caritas, ‘Nutrición
infantil y seguridad alimentaria’ de abril 2020 (Caritas, 2020) detectó que la desnutrición grave de los
niños menores de cinco años creció, en
apenas 6 meses, en un 5.78 %, al pasar de 11.5%
en noviembre de 2019 a 17.3% en abril de 2020. Otro hallazgo importante de
esa investigación es que en ese mismo período disminuyó en casi un tercio, el
número de hogares con acceso a los alimentos subsidiados por el Estado a través
de las “cajas CLAP” de 73% a 41 %,
mientras su inseguridad alimentaria creció en los últimos seis meses de 32.2% a 40%
del cual el 21% sufre de inseguridad alimentaria grave. Al comparar éstas cifras con las plasmadas en el informe
del Programa Mundial de Alimentos de la
ONU (PMA), elaborado con la autorización del gobierno de Nicolás Maduro antes
de que se decretara la cuarentena (2019), se observa que hay una fuerte
aceleración de la desnutrición vinculada con el incremento de la pobreza y la
precarización social masiva Éstas son señales inequívocas que comienzan a
develar el rostro pavoroso de una hambruna en progreso”
El
autodenominado carácter antiimperialista del gobierno de Maduro[32],
que enfrenta la intromisión del
gobierno de los Estados Unidos y de sus aliados de la Unión Europea en los
asuntos internos de Venezuela, injerencia que busca explícitamente la salida de
Maduro del poder y la asunción de un liderazgo político dócil a los intereses
de las grandes potencias occidentales, ha ejecutado de manera simultánea un
plan neoliberal de privatizaciones, flexibilización laboral y represión
política contra el pueblo que lucha.
En la realidad de los hechos, Nicolás Maduro sí
puede considerarse como un gobierno con similitudes a los regímenes populistas
del siglo XX latinoamericano, por el predominio de un discurso demagógico
sumamente radical que no concuerda para nada con una ejecución autoritaria y
neoliberal, de espaldas al pueblo y a los intereses del desarrollo nacional.
Una realidad compleja y contradictoria, que
demuestra cómo los intereses del gran capital multinacional no tienen fronteras
ideológicas, y que el programa económico neoliberal puede ser ejecutado por
gobiernos que se declaran formalmente enemigos de ese mismo neoliberalismo.
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[2] Roberto López
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1999-2012 (2017); La
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1914-2015. (2016); Trayectoria del movimiento de trabajadores en un siglo de
historia de Venezuela (2016); El protagonismo popular en la historia de
Venezuela (2015); Venezuela ante la globalización, la crisis mundial y los retos de
su desarrollo (2012); Movimiento
estudiantil y proceso político venezolano, 1958-1989 (2007). Correo: cruzcarrillo2001@yahoo.com.
[3] El 4 de
febrero y el 27 de noviembre de 1992.
[4] Carlos Andrés Pérez fue
destituido por el parlamento en mayo de 1993.
[5] Bloque de poder
integrado por los partidos Acción Democrática (AD) y Copei, el alto mando
militar, la cúpula empresarial agrupada en Fedecámaras, la jerarquía
eclesiástica, los grandes medios de comunicación y la burocracia sindical de la
CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela). La conformación de este
bloque de poder es considerada por los historiadores a partir del Pacto de
Punto Fijo, firmado en octubre de 1958 por los partidos AD, Copei y URD. Los
gobiernos entre 1959 y 1999 son denominados gobiernos “puntofijistas”.
[6] En 1979 el
gobierno socialcristiano de Luis Herrera Campins (1979.1984) aplicó tímidamente
algunas medidas neoliberales como la liberación de precios. Pero la fuerte
protesta social presentada lo hizo desistir a las pocas semanas.
[7] El plan económico
neoliberal aplicado por Caldera a partir de 1996 fue denominado
“Agenda Venezuela”.
[8] Autodenominado
“movimiento militar bolivariano”, Chávez siempre postuló al pensamiento de
Simón Bolívar como el fundamento ideológico de su propuesta programática. De
allí su postura anti-imperialista y nacionalista, considerando que Bolívar
derrotó y expulsó de Suramérica al Imperio Español, y fue el fundador de lo que
hoy son seis naciones del continente (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y Panamá).
[9] El llamado ” populismo
latinoamericano” se ha identificado con gobiernos y líderes políticos que a lo
largo del siglo XX dieron respuesta a la crisis del orden oligárquico surgido
luego de la independencia, representando la respuesta de ciertas fracciones de
la burguesía industrial, de nuevas fracciones "intermedias" y de
amplios sectores de las masas populares a dicha crisis (Vilas 1988).
[10] En el gobierno de
Caldera se privatizaron la Siderúrgica del Orinoco, la Compañía Nacional de
Teléfonos CANTV, la empresa aérea Aeropostal, y se vendieron al sector privado
los bancos que habían quebrado y se encontraban bajo control del estado desde
la profunda crisis bancaria de 1994.
[11] En los principales países capitalistas occidentales los
derechos laborales no tienen rango constitucional sino que aparecen en leyes y
normativas específicas. Venezuela fue uno de los primeros países, luego de
México (Constitución de Querétaro, 1917), en refrendar constitucionalmente los
derechos fundamentales de la clase trabajadora, con la Constitución surgida de
la Asamblea Constituyente de 1947.
[12] Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, adscrito al Ministerio del
Trabajo.
[13] Había sido privatizada durante el segundo gobierno de
Rafael Caldera, en la década de 1990.
[14]
Sidor
fue subastada en diciembre de 1997 y otorgada en concesión al Consorcio Amazonia,
donde era mayoría el Grupo Techint de Argentina. Otras empresas participantes
en el consorcio: Siderar (Argentina), Tamsa (México), Hylsa (México), Sivensa
(Venezuela) y Usiminas (Brasil)
[15] La corriente sindical
más alineada con la burocracia gubernamental ha sido a todo lo largo del
período Chávez-Maduro la denominada FSBT o FBT (Fuerza Socialista Bolivariana
de Trabajadores), que reproduce las mismas prácticas de la vieja CTV y del Buró
Sindical de Acción Democrática.
[16] Ley Orgánica del
Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, LOTTT.
[17] El punto
principal, que había sido elemento central del discurso programático de Chávez
durante la campaña electoral de 1998, fue la restitución del cálculo
retroactivo para el pago de antigüedades (pago de las prestaciones sociales en
base al último salario). Además se restableció la indemnización doble en caso
de despido injustificado.
[18] Néstor Kirchner, Lula
Da Silva y Tabaré Vásquez.
[19] Destituida por el Poder
Legislativo en su segundo mandato presidencial.
[20] Destituido por
el Poder Legislativo en 2012.
[21] Derrocado por un golpe
militar en 2009.
[22] Maduro fue
activista sindical del Metro de Caracas, empresa en la cual trabajó como chofer
de autobuses en la década de los 80. En la disputa escenificada al interior de
las fuerza sindicales chavistas a partir del 2003, se impuso la tendencia FBT,
gracias al gran respaldo dado por Chávez a su principal dirigente Nicolás
Maduro. La conformación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores
(CBST) en noviembre de 2011 se realizó bajo control casi total de la FSBT,
siendo desplazadas completamente las tendencias más radicales.
[23] Maduro hizo
una primera militancia en el partido Liga Socialista, organización
marxista-leninista que existió desde la década de los 70 hasta su integración
en el PSUV cuando este último fue conformado por Chávez en 2007. La Liga
Socialista envió a Maduro a Cuba en algún momento de la década de los 80, para
formarse políticamente.
[24] Durante la
campaña electoral de 1998, Chávez enfatizó en que esas cláusulas presentes en
los contratos de la apertura petrolera (permitir que las diferencias fueran
arbitradas en tribunales extranjeros) eran equivalentes a un acto de traición a
la patria. Chávez desconoció la concesión realizada por el gobierno de Caldera
a la empresa minera canadiense Gold Reserve, y rechazó pagar la indemnización
dictada por el CIADI cuando dicha empresa recurrió a dicho tribunal. Maduro,
actuando a la inversa, contrató de nuevo con la Gold Reserve y pagó la
indemnización que Chávez había desconocido.
[25] Con la
diferencia que el primer período fue de 40 años aproximadamente y el proceso
chavista-madurista apenas ha recorrido un poco más de 20 años.
[26] TC: Tiempo Completo.
DE: Dedicación Exclusiva. Profesores Instructores: Nivel de ingreso en el
escalafón universitario. Profesores Titulares: Máximo escalafón universitario.
[27] El salario mínimo en
Venezuela estaba al 4 de julio de 2020,
en 400.000 Bs. mensuales. Al cambio oficial de 202.000 bolívares por dólar,
equivale a 1,98 dólares de ingreso
mensual. Para marzo de 2022, el salario mínimo era de 7 bolívares
mensuales, equivalente a 1,59 dólares
mensuales.
[28] Caja de alimentos que
provee el gobierno a trabajadores y familias a través de los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción.
[29] En ciudades principales
de la provincia los CLAP llegan una o dos veces por año. Los bonos que se
reparten a través del carnet de la patria no tienen regularidad en su entrega
ni tienen montos fijos. No aportan ningún tipo de estabilidad a las familias
trabajadoras. Generalmente su monto oscila entre uno y dos (1-2) dólares. Un
poseedor del carnet puede pasar varios meses sin recibir un bono.
[30] La justificación para
aprobar esta ley han sido las sanciones económicas impuestas por el gobierno de
los Estados Unidos contra Venezuela.
[31] Llega hasta 2017 por
ser el último año en que el Banco Central de Venezuela (BCV) ha publicado
estadísticas.
[32].Antiimperialista
con relación a Occidente. Al mismo tiempo el gobierno de Maduro se ha alineado
con el Bloque “Oriental” conformado principalmente por China y Rusia, que en
términos económicos no está distanciado de la filosofía neoliberal y por el
contrario algunos analistas como Hernández Parra (2020) señalan a China como el
nuevo modelo que inspira al Fondo Monetario Internacional.
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