MOVIMIENTOS SOCIALES, ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y PARTIDOS PROGRESISTAS EN LAS CRISIS POLÍTICAS DE ECUADOR, BOLIVIA Y PERÚ[1]

Roberto López Sánchez, Belinda Colina Arenas, Lino
Meneses Pacheco y Lorelli Paredes Valecillos

INTRODUCCIÓN[2]

América Latina ha vivido en las últimas décadas importantes transformaciones en lo económico, político y social. El modelo económico neoliberal, ensayado en las dictaduras militares de Chile y Argentina, y posteriormente impuesto bajo regímenes “democráticos” en el resto del continente, originó a partir de la última década del siglo XX importantes movimientos sociales de protesta, que conllevaron a la caída de gobiernos y contribuyeron al surgimiento de nuevos liderazgos políticos y programas alternativos, que incluían una nueva arquitectura política y social para el ejercicio del poder.

 

De las décadas perdidas de 1980 y 1990, se transitó a períodos de gobiernos progresistas que predominaron desde 1999 hasta 2015,[3] generando un cambio de época y, por primera vez desde las guerras de independencia, muchos países de Nuestra América se rebelaron de manera simultánea contra los mecanismos de dominación imperial y de clase que sobrevivieron a la ruptura colonial. 

 

Esta ola progresista latinoamericana tuvo su origen en movimientos sociales de protesta que derivaron, por diferentes medios, en propuestas electorales hegemonizadas por partidos políticos progresistas o de izquierda que a la postre obtuvieron triunfos electorales en Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Perú.

 

Este proceso tuvo un detonante principal en los programas económicos neoliberales ejecutados en las últimas décadas del siglo anterior, y cabalgó sobre las profundas crisis políticas de unos modelos democráticos basados en la representación y el partidismo tradicional. Junto con los programas económicos enarbolados por los diferentes gobiernos, en su mayoría de corte keynesiano (aunque algunos presidentes hablaron de “socialismo del siglo XXI), se postuló una renovación general de los sistemas políticos, al menos en los países donde se convocaron y realizaron asambleas constituyentes.[4]

 

Esta investigación se propone abordar las crisis políticas del último lustro en Ecuador y Bolivia, dos países donde se realizaron asambleas constituyentes, a los que hemos incorporado Perú, pues aunque allí no se desarrolló hasta ahora un cambio del sistema político tradicional,[5] también ha atravesado recientes crisis políticas y grandes jornadas de protesta social en todo el país.

 

Nuestro análisis considera la tensión existente entre los programas enarbolados en los grandes períodos de movilización popular y lo realmente ejecutado por los gobiernos de la ola progresista. Identificando una tendencia hacia el agotamiento del empuje inicial y el abandono de las principales consignas en los procesos de cambio político, y la adopción de programas de gobierno contradictorios con los objetivos iniciales que llevaron a la toma del poder.

 

En la década pasada, la llamada “Ola de Gobiernos Progresistas” mostró, por diversas causas, claros signos de crisis[6] que se expresaban, por un lado, por la no respuesta a las aspiraciones de cambio de las grandes mayorías populares y, por el otro, por una política impulsada desde los Estados Unidos de América y la Unión Europea en apoyo a las fuerzas tradicionales de derecha que saboteaban explícitamente las gestiones de gobierno y buscaban sacar del poder a los gobernantes de la “Ola Progresista”. La intervención de estos agentes incluye la promoción de movimientos de protesta denominados “revoluciones de colores” o “golpes suaves”,[7] estrategia que aparentemente fue utilizada luego de las elecciones presidenciales en Bolivia 2019, que culminó en el derrocamiento de Evo Morales[8].

 

El debilitamiento de la ola progresista ha dado paso en los últimos años a un replanteamiento de la lucha de clases (Gaussens, 2018: 353), la cual ha resurgido con fuerza inusitada en todo el continente, y distintos movimientos sociales de protesta se han hecho sentir en prácticamente todos los países (resaltando las protestas populares en Chile, Ecuador, Colombia y Perú a partir de 2019), generando crisis políticas de gran significación, que han originado propuestas de renovación democrática (como la Convención Constitucional en Chile) o han repercutido en los procesos electorales recientes (triunfo de candidatos de izquierda en Argentina 2019; en Bolivia 2020; en Perú, Honduras y Chile 2021; y el triunfo parlamentario de la izquierda colombiana en 2022).[9]

 

En el marco de ambas olas progresistas latinoamericanas han sido formuladas propuestas de transformación de las desgastadas democracias representativas, y  en algunos países se ha propuesto su sustitución por formas de democracia participativa.[10]

América Latina ha vivido más de dos décadas de extrema polarización política, entre los defensores de las viejas relaciones de poder subordinadas económicamente al capitalismo occidental, y las fuerzas identificadas con programas de transformación que aprovechan el respaldo de potencias económicas emergentes que representan una idealizada multipolaridad, como China y Rusia.

 

Las amenazas a las democracias latinoamericanas se ubican, por una parte, en la resistencia a los cambios que realizan las tradicionales clases oligárquicas, que se traducen en gobiernos fuertemente represivos y que acuden a un discurso propio de la guerra fría[11] y, por el otra,  dichas amenazas provienen también de los mismos gobiernos progresistas, que han pospuesto muchos de los preceptos establecidos constitucionalmente y han dejado de lado la democracia participativa y protagónica para la toma de decisiones.

 

La democracia como sistema político debe repensarse, replantearse y recrearse sobre nuevas bases, para que sirva de puente por donde transiten los movimientos políticos y sociales, conquistando más y mejores reivindicaciones, en el marco de sistemas sociales más equitativos y justos. Una democracia más amplia e incluyente solo puede surgir del fortalecimiento y la profundización de las luchas sociales.

 

Nos interrogamos hasta qué punto y por cuáles programas estos novedosos sujetos sociales y estas nuevas vanguardias partidistas pueden seguir avanzando, más allá del triunfo en una contienda electoral, pues no se trata solo de alcanzar el control del aparato de Estado a través del sufragio, sino de profundizar sus conquistas a todos los niveles de la vida social, avanzando en una integración regional con mecanismos como la CELAC, buscando una intervención soberana en el orden global.

 

La existencia de abismales asimetrías en los niveles de vida de la población latinoamericana, donde hay grandes sectores en condiciones de extrema pobreza, junto a minorías que disfrutan de grandes privilegios económicos, seguirá propiciando el estallido constante de luchas populares por sus legítimos derechos.

 

Buscamos responder a las inquietudes, anhelos y demandas de las grandes mayorías latinoamericanas que se movilizan y apoyan procesos de transformación sociopolítica, y que a la vez eviten que se desvíen de sus objetivos originales e hipotequen sus anhelos de cambio social.

 

 

MOVIMIENTOS SOCIALES, PARTIDOS POLÍTICOS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LOS RECIENTES PROCESOS DE CAMBIO EN LATINOAMÉRICA

 

Los movimientos sociales como expresión de la lucha de clases

 

Desde hace décadas el conflicto sociopolítico en el capitalismo global se escenifica por medio de los denominados “nuevos movimientos sociales”, expresión de una sociedad más compleja derivada de los cambios estructurales en el sistema capitalista. Más allá del paradigma tradicional que veía una lucha de clases cuyo principal protagonista era el movimiento obrero, surgieron como nuevos sujetos sociales movimientos estudiantiles, feministas, ecologistas, amas de casa, indígenas, gremios profesionales, personas de la tercera edad y pacifistas, entre otros, con nuevos objetivos y novedosas formas de acción social (López y Hernández, 2015).

 

Con los masivos estallidos de protesta social ocurridos a partir de 2011, derivados de la crisis económica global iniciada en 2008, los movimientos sociales[12] estuvieron al frente de estas protestas en diferentes países del mundo y protagonizaron el conflicto político y las propuestas de transformación progresistas.

 

Particularmente, América Latina en los últimos 30 años ha exhibido un renovado auge de la movilización popular (Almeida y Cordero, 2017) como respuestas a las políticas neoliberales adelantadas en nuestros países, que amenazan al ambiente y los derechos económicos de las clases trabajadoras. Caracterizándose por desarrollar luchas no violentas, las movilizaciones sociales enfrentan igualmente los procesos de privatización, las medidas de austeridad y pérdida de derechos impuesta por el neoliberalismo. Las comunidades indígenas siguen siendo protagonistas clave en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Las movilizaciones masivas están directamente vinculadas, además, al apogeo de varios de los gobiernos de izquierda en la región al convertir la política de la calle en resultados electorales exitosos (Almeida y Cordero, 2017).

 

Los nuevos MS tienen su origen en el reajuste estructural que el sistema capitalista mundial experimentó luego de la segunda guerra mundial, que modificó totalmente la estructura productiva de las naciones y el sistema económico en general. El agotamiento del sistema productivo Fordista-Taylorista (Coriat, 1982) y su sustitución por el paradigma de la electrónica y la microelectrónica (Ait El-Hadj, 1990; Coriat, 1982), condujo a la segregación de gran cantidad de fuerza de trabajo que no contaba con los conocimientos complejos que exigían las nuevas tecnologías digitales y los nuevos materiales.

 

La gran industria cedió las tareas productivas y de servicios no nucleares a las pequeñas, medianas, micro empresas y agentes individuales, lo que le permitió a las grandes corporaciones incrementar sus beneficios económicos por el ahorro de costes, especialmente en mano de obra (Romero, 1994).

 

Un gran número de personas desempleadas, excluidas de las grandes empresas, se incorporó a la economía informal y al subempleo (trabajo eventual), constituyendo empleos no dignos, perdiendo derechos elementales como: protección social, contrataciones colectivas, incrementos de sueldos y salarios, derecho a jubilación y vacaciones y sindicalización; privados del acceso a la educación, vivienda, salud pública, recreación, al derecho a defenderse de despidos injustificados, y otros derechos humanos, civiles y ciudadanos.

 

Esta flexibilización laboral impuesta por el modelo neoliberal ha creado un terreno fértil para el malestar, el rechazo y las luchas de distinto tinte que se han desarrollado a partir de las tres últimas décadas del siglo XX hasta el presente.

 

Los nuevos MS han sido teorizados por diversos autores.[13] Diversos autores latinoamericanos han tratado de resumir sus aportes en su aplicabilidad para nuestras realidades (Di Marco y Palomino, 2003: 39):

 

o   Las privaciones no determinan por sí mismas su aparición. También influyen la disposición de recursos y de oportunidades para la acción colectiva.

o   Se desarrollan al margen de las organizaciones burocráticas tradicionales, como partidos y sindicatos. Son una forma de hacer política por medios no convencionales, por parte de los grupos desprovistos de poder y que no tienen acceso a las formas institucionalizadas de acción política.

o   Los códigos culturales (la identidad colectiva) entre los miembros de los MS contribuyen a la permanencia de los mismos.

o   La espontaneidad, la informalidad y el bajo grado de diferenciación son los rasgos definitorios de su organización. Los líderes se basan en su carisma y en la relación directa con los activistas. (López y Hernández, 2015).

o   El principio básico de organización es la democracia asamblearia, que sustituye a las cúpulas que dominan en los partidos y sindicatos.

o   En América Latina nacen de problemas reivindicativos específicos: la tierra, el agua, las mejoras laborales, los derechos humanos, contra la represión, cuestiones de género, igualdad étnica, empleando diferentes formas de lucha, incluyendo la participación electoral (Britto, 2010: 48).

o   Las metas van más allá de cuestionar políticas del gobierno, o reemplazar a las elites encargadas de implementar esas políticas (Romanos, 2011). Elaboran nuevos códigos culturales y diseminan en la sociedad conceptos y perspectivas que de otra forma seguirían siendo marginales.

 

Los MS enmarcan sus luchas en un nuevo concepto de democracia que se distancia significativamente del parlamentarismo liberal (Romanos, 2011). Si bien las propuestas de los movimientos en países europeos y los Estados Unidos no implicaban la abolición de los sistemas vigentes de partidos, en Latinoamérica surgieron procesos hacia una refundación del Estado, que postularon una democracia más incluyente, valorando aspectos como la economía y la propiedad, las relaciones interétnicas y los saberes compartidos, las cuestiones ecológicas, la comunicación, derribando aquellas barreras que confinaban la democracia en los parlamentos (Errejón, 2012).

 

Si bien toda la ola progresista que ha recorrido la América Latina durante más de 20 años tiene mucho que ver con la acción de nuevos movimientos sociales, el acceso al “poder político” de esos MS ha estado mediado por los partidos políticos, cuyos principios de organización y representación generalmente poco tienen que ver con esa democracia participativa.

 

Los partidos políticos como exponentes de la representación social.

 

La izquierda latinoamericana se identificó mayoritariamente,[14] en el último siglo, con el concepto “leninista” de concebir un proceso “revolucionario” dirigido por un “partido de vanguardia”, integrado éste por preclaros líderes que tienen una “formación y experiencia” suficiente para tomar, ellos solos, las decisiones fundamentales de la acción política. El resultado frecuente ha sido que la fuerza democratizadora de los movimientos sociales ha terminado contenida y disuelta ante la barrera partidista, que se abroga la “genuina” representación de las mayorías populares.

 

Aunque las fuerzas progresistas que han conquistado triunfos electorales en las últimas décadas tienen orígenes muy diversos, no dejan de incidir en el desempeño de los partidos en el poder, los viejos modelos derivados de la socialdemocracia y el movimiento comunista.

 

Nos referimos a los partidos centralizados que tienen una dirección política nacional (comité central, comité político nacional, etc.), integrada generalmente por pocas decenas de personas; un secretariado o buró político que concentra las decisiones diarias, integrado por 5-10 dirigentes; y un secretario general que asume amplios poderes decisorios con criterios absolutamente personales.

 

Esta forma de partido la han asumido en Latinoamérica factores políticos ubicados tanto en la izquierda como en la derecha y el centro político. Son modelos de organización vertical, en algunos casos justificados bajo el principio del “centralismo democrático”. Este modelo de partido impone una división del trabajo entre dirigentes y dirigidos, entre trabajo intelectual y trabajo manual (Meschkat, 2021).

 

Esta visión tiene tradición en la cultura política de la izquierda a partir de la conocida tesis de Karl Kautsky, apropiada por Vladimir Lenin en su famoso libro “Qué Hacer”: “…la conciencia socialista es algo introducido desde fuera […] en la  lucha de clase del proletariado, y no algo que ha surgido espontáneamente […] dentro de ella…” (Lenin, 2010: 62). El modelo leninista implica en sí mismo una división del trabajo al interior del partido, que conlleva a un sistema organizativo donde las decisiones las toman muy pocas personas: los intelectuales dirigentes.

 

Antes de Lenin, Carlos Marx había rechazado en 1879 las ideas de Eduard Berstein y otros dirigentes del Partido Socialdemócrata Alemán, quienes sostenían la necesidad de que los  representantes del partido en el parlamento alemán fueran: “…personas que tengan tiempo y posibilidades de estudiar a fondo los problemas. Los simples obreros y los pequeños artesanos […] sólo muy excepcionalmente pueden disponer del ocio necesario” (Berstein en Marx-Engels, 1976: 92).

 

Como respuesta a Berstein, Marx y Engels expusieron que: “… la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos. No podemos, por consiguiente, marchar con quienes declaran abiertamente que los obreros son demasiado incultos para emanciparse ellos mismos, por lo que tienen que ser liberados desde arriba, por los filántropos de la pequeña y la gran burguesía” (Marx-Engels, 1976: 97).

 

Este debate continuó a comienzos del siglo XX, cuando Rosa Luxemburgo cuestionó las tesis “vanguardistas” de Lenin (Luxemburgo, 1977: 532), en dos aspectos claves: la centralización de las decisiones y los revolucionarios profesionales[15]. A la vez defendió el carácter relativamente espontáneo de las masivas oleadas de huelgas obreras en las coyunturas de crisis, justificando esa espontaneidad como parte necesaria del proceso de educación política que las masas obreras deben atravesar en su lucha por avanzar hacia una revolución social: “las revoluciones no se enseñan ni se aprenden en ninguna escuela” (Luxemburgo, 1977: 189).

 

Otros teóricos marxistas, como Antonio Gramsci[16] y Antón Pannekoek[17], continuaron discrepando de Lenin en la primera mitad del siglo XX y enfatizando en el poder decisorio de los trabajadores, oponiéndolo al papel hegemónico del partido. No obstante, el triunfo revolucionario en Rusia en 1917 y la consolidación del Partido Bolchevique en el poder, permitió que el modelo de partido leninista se difundiera por el mundo como uno de los fundamentos principales para la “construcción del socialismo”.

 

La democracia participativa de los movimientos sociales

 

La ampliación de la lucha de clases en América Latina a partir de los ochenta, introdujo el debate sobre qué tipo de democracia figura como objetivo de los procesos de transformación social empujados por las movilizaciones populares, fortaleciendo la democracia participativa o democracia de la calle como el paradigma político-organizativo enarbolado por los MS, que enfrentaban en toda Latinoamérica los paquetes económicos neoliberales impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

 

Dado que los MS van en contra del modelo tradicional de intermediación de intereses de las democracias contemporáneas, su masificación abre opciones de democratización alternativa al convertirse en alternativas de gobierno en distintos países latinoamericanos.

 

Al analizar los nuevos MS, John Holloway concluye que todas las luchas sociales actuales deben ser entendidas como lucha de clases (Holloway, 2005a: 10).[18] En una perspectiva crítica, Sergio Tischler considera que la revolución bolchevique terminó instaurando una nueva forma de dominación sobre los trabajadores, al institucionalizar “la forma estado y la forma partido”; sin embargo, Tischler  considera que en las últimas décadas los MS están reinventando la revolución en el actual momento histórico (Tischler, 2005: 121).

 

Holloway (2005b) propone que la lucha de clases no debe establecer formas predeterminadas de organización de los trabajadores y reconoce que es necesario transformar profundamente o incluso sustituir las formas organizativas convencionales de la izquierda (Holloway, 2005b: 307).  Las acciones de nuevo tipo exigen nuevas organizaciones, incluyentes, complejas, heterogéneas, flexibles (De Sousa, 2005) que reivindiquen una nueva cultura política, que impulse la democracia participativa como alternativa ante la crisis de credibilidad de la democracia representativa liberal (De Sousa, 2010).

 

Chase-Dunn, Morosin y Alvarez (2017) plantean que la rebelión latinoamericana del siglo XXI constituiría una nueva etapa de “respuestas contrahegemónicas” que se han suscitado en los últimos siglos contra la gobernanza global del capitalismo. Las “revoluciones mundiales” (Wallerstein, 2004) han constituido épocas de resistencia en las cuales diferentes pueblos y naciones han desarrollado conflictos que han afectado la gobernanza global. La respuesta contrahegemónica latinoamericana contra la globalización neoliberal se habría iniciado con las decenas de miles de manifestantes espontáneas que ocuparon las calles de Caracas en febrero y marzo de 1989 (Alayón, 2007). [19] 

 

En agosto de 1988, el colectivo venezolano “Desobediencia Popular” postulaba la Democracia de la Calle como “la necesidad de gestar un hombre, una clase, un pueblo, verdaderamente participativo y crítico […] que pugna por ejercitar a los sectores populares en el papel de protagonistas fundamentales de la hora actual y de los tiempos subsiguientes, no como respuesta a la crisis política vigente, sino más bien como superación del orden que alimenta y estimula la misma” (Cuadernos para el Debate, 1988: 74).

 

Al cuestionar la hegemonía de los partidos políticos sometieron a la crítica las concepciones tradicionales de la izquierda, donde predominaban postulados burocrático-paternalistas vinculados a la división social del trabajo (separación de las tareas intelectuales y manuales, contradicción teoría-práctica, divorcio sujeto-objeto, etc.), se confrontaba con el monopolio y la jerarquía del saber propio de las vanguardias autoproclamadas, con conceptos como “el partido educa a las masas”, con el verticalismo, las órdenes inapelables, el control de la opinión, la distorsión comunicativa, la centralización en lo organizativo (Lanz, 1998).

 

Los MS enarbolaron una Nueva Cultura Política, centrada en el combate a la enajenación de los activistas, realizando propuestas que evitaran la concentración del poder de decisión en pocas manos. Al reivindicar que “todos somos políticos”, los MS criticaron a la partidización y el estatismo que sustituían el interés general por el interés particular, que confundía partidismo con política y despolitizaba a la sociedad civil. Buscaron redefinir la política con nuevas estrategias participativas, que impidiera que los asuntos públicos siguieran estando en manos de burócratas y cogollos partidistas. Perseguían convertir a la política en una práctica digna y pertinente para la comunidad organizada.

 

Esa democracia de la calle reivindicó la herencia histórica de la democracia obrera:  elección directa de todos los cargos; rendición de cuenta; revocatoria del mandato[20] y las nuevas demandas de una política antiburocrática: rotación de los cargos; someter a referéndum los temas fundamentales de la acción ejecutiva; delegación funcional del mandato; libre juego de las ideas; democracia deliberativa amplia; democracia del saber. Con base en estos principios de organización se buscaba el control sobre la delegación del poder y salvaguardar la soberanía política del pueblo (Lanz, 1998). [21]

 

La democracia participativa que se conceptualizó como programa de los movimientos sociales a partir del Caracazo, se prolongó en los procesos constituyentes realizados en Venezuela, Bolivia y Ecuador, y constituyó uno de los pilares principales del llamado “socialismo del siglo XXI”. Pero en esos procesos constituyentes no existió una ruptura completa con la tradición representativa partidista del liberalismo burgués.[22]

 

La democracia participativa debe integrarse necesariamente con las formas de organización y de representación ancestrales que mantienen las naciones indígenas, pues ante la desaparición de las relaciones obrero-patronales tradicionales derivadas del desmantelamiento industrial provocado por el neoliberalismo en los 80 y 90, que condujeron al debilitamiento y desaparición de formas de organización tradicionales (Cruz, 2012: 8) como los sindicatos,[23] introducen características del mundo agrario andino como la estructura asambleísta, la representación por familia en función de la posesión de la tierra, el derecho a la tierra como obligación de la acción política en la comunidad (fusión entre lo político y lo social) y la fusión de lo ejecutivo con lo legislativo (García Linera, 2006).

 

La autonomía de los movimientos sociales ante los partidos políticos

 

Los MS tienen importancia como sujetos sociales porque fungen como el canalizador de las demandas de grupos sociales que expresan así su descontento con el statu quo; y por sus funciones como proponentes y catalizadores del cambio social. Pero, al menos hasta ahora, para lograr ese cambio, generalmente han necesitado de otros actores sociales como son los partidos políticos. Los MS enfrentan la disyuntiva de quedarse como fuerzas de oposición luchando por vías extrainstitucionales manteniendo su autonomía, o competir por el poder por medios institucionales, sea en alianza o como parte de un partido político (Somuano, 2007).

 

La participación de los MS por la vía institucional tiende a que el sistema intente cooptarlos y desmovilizarlos. Al mismo tiempo, al ser representados por un partido político, los MS arriesgan su perfil propio y su autonomía, pues pueden terminar disolviendo su esencia y su programa original a favor de los programas y decisiones del partido.

 

Si los partidos representan el programa político de grupos de élite, los movimientos constituyen plataformas reivindicativas amplias y diversas que están en constante reelaboración según el avance del conflicto social.  La mayor autonomía de los MS respecto a los partidos políticos permite generar una construcción democrática sobre nuevas bases (Mirza, 2006).

 

De acuerdo con Hangan (1998) existen cinco tipos de relaciones prácticas por las que pueden optar los movimientos sociales y los partidos políticos: articulación, permeabilidad, alianza, independencia y transformación. Las primeras dos limitan seriamente la autonomía del movimiento; las últimas dos son menos restrictivas (Hangan, 1998). Mirza (2006) define tres categorías de movimientos sociales en su relación con los partidos: reflejo dependientes; moderadamente autónomos; y radicalmente autónomos.

 

La democracia participativa “cooptada” por el estado

 

No estaríamos ante una real democracia participativa si los espacios de participación constituyen iniciativas de los gobiernos en lugar de nacer del impulso, la conciencia y las propuestas de las grandes mayorías (Briceño y Maingon, 2015), pues se anteponen a ésta límites legales, pautas y modalidades de actuación, tornando a estos MS en meros apéndices de los gobiernos. Los MS así constreñidos terminan por abandonar y ceder sus espacios, pasando a ser partes integrantes de la instancia gubernamental a la cual en principio deben vigilar y evaluar.

 

De esta forma, se legaliza una modalidad de participación subordinada a los designios del Estado, mediante mecanismos desprovistos de la necesaria pluralidad y autonomía de acción, sirviendo a la legitimación de regímenes políticos no democráticos (Briceño y Maingon, 2015).  

 

La clave para que las instituciones representativas se organicen sobre la base de una lógica democrática, es la existencia de una sociedad participativa y una ciudadanía activa (Pateman, 1970). La celebración de elecciones periódicas es apenas una primera fase de proyectos de democratización de más profundo alcance. Pateman afirma que es necesario politizar a la sociedad mediante la creación de subsistemas políticos, desarrollando novedosas, originales e imaginativas formas de participar.

 

La posibilidad de que los MS continúen empujando a favor de nuevas formas de democracia dependerá de su capacidad para mantener la autonomía con respecto a los partidos políticos; y de que estos mismos partidos incorporen aspectos vitales de la democracia participativa como la rendición de cuentas, la rotación en los cargos directivos, la revocatoria del mandato, la supresión de la cooptación para integrar órganos directivos, la consulta constante a toda la militancia para la toma de decisiones importantes, el ejercicio deliberativo que involucre el debate y la confrontación de ideas.

 

Si se mantienen los mismos partidos bajo formatos “leninistas” que consideran a los MS como simples “correas de trasmisión” de políticas ya decididas previamente en los cogollos partidistas, los procesos de cambio en Nuestra América seguirán pareciéndose a las viejas experiencias socialdemócratas y reformistas de la segunda mitad del siglo XX.

 

 

LA CRISIS POLÍTICA EN ECUADOR 2019 Y SU RESOLUCIÓN

 

El primero de octubre de 2019 el presidente ecuatoriano Lenin Moreno anunció el decreto 883, que aumentaba el precio de los combustibles, como parte de un paquete de medidas de corte neoliberal para acceder a una nueva línea de crédito con el FMI (Telesur, 2019).

 

Como respuesta, a partir del 2 de octubre se suscitó en todo el país un levantamiento indígena y popular, dirigido principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador,^[24] que casi derroca al presidente Moreno y que tuvo como principal logro, doce días después, la derogación del decreto 883 (Pérez, 2019). Las dimensiones de esta gran movilización social (una de los mayores de la historia del Ecuador), desató una profunda crisis política, con repercusiones económicas, que sólo vino a solventarse, momentáneamente, con las elecciones presidenciales y legislativas del 2021 (Iza, Tapia y Madrid 2020).

 

Moreno finalmente entregó la presidencia al empresario líder de la derecha ecuatoriana,  Guillermo Lasso, el 24 de mayo de 2021. Su gobierno, que originalmente se suponía sería  la continuidad de la “revolución ciudadana” iniciada por Rafael Correa en 2007,[25] había dado un giro hacia el neoliberalismo contraviniendo lo ejecutado en la década anterior por el correísmo, aplicando políticas de flexibilización en las relaciones laborales, privatización de las empresas públicas, reducción del gasto corriente en salud y educación, y abandonando el proyecto de educación bilingüe, entre otras  políticas (Matrone, 2020).

 

El “Correismo” y su impacto en Ecuador

 

Rafael Correa asumió la presidencia del Ecuador en enero de 2007 ofreciendo “una revolución ciudadana”, que generaría un cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente (Correa, 2007). Asumiendo como suya la lucha popular contra el neoliberalismo librada en la década de 1990, Correa adoptó un discurso izquierdista identificado con el “socialismo del siglo XXI” que ya habían asumido otros gobernantes latinoamericanos como Hugo Chávez Frías en Venezuela y Evo Morales en Bolivia.

 

Adelantó una asamblea constituyente, propuesta por la CONAIE con anterioridad, la cual permitió un amplio reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, consagró importantes derechos ciudadanos y estableció las garantías para su cumplimiento (Isch, 2021).^[26] Según Nayra Chalán,^[27] del levantamiento indígena del Inti Raymi en 1990^[28] surgió el movimiento indígena ecuatoriano como un actor político de relevancia nacional, permitiéndole en 1994 elaborar su propio “proyecto político”, siendo la base para la redacción del artículo 57 de la Constitución de 2008, que consagró 21 derechos colectivos de los pueblos indígenas ecuatorianos.^[29]

 

Para Juan Paz y Miño (2017), el gobierno de Correa inició un nuevo ciclo histórico, superando el modelo empresarial/neoliberal:

 

"Se reinstitucionalizó al Estado sobre la base ciudadana, se afirmaron las capacidades regulatorias del Estado en la economía; […] se garantizaron los derechos más amplios; se dio prioridad a las condiciones de vida y de trabajo de la población por sobre los intereses del capital; […] desarrollo y modernización de la economía; progreso material del país (obras públicas) y logros sociales en educación, salud, seguridad social, redistribución de la riqueza y mayor equidad".

 

Pero las valoraciones de dicho período por parte de los movimientos sociales y organizaciones indígenas han sido diferentes (León, 2011: 98) (Latorre y Herrera, 2013: 112). El gobierno de Correa vivió inicialmente un periodo de acercamiento con las organizaciones indígenas y los movimientos sociales,[30] debido a la fuerza de su “agenda expansiva” en lo social y lo político, que rebasaba ampliamente las propuestas anteriores de las organizaciones de base.^[31] Pero después de su primera reelección, Correa inició una gradual derechización.[32]

 

El Correísmo apuntó siempre a consolidar un “Estilo jerárquico del ejercicio del poder”,[33] que trajo como consecuencia la creación de un Estado muy centralizado y presidencialista. “Correa dominó los cinco poderes del estado y los utilizó para controlar y centralizar todo”[34]que contradecía la autodeterminación de las organizaciones indígenas y de los movimientos sociales (Unda, 2011: 116) que postulaban su autonomía frente al Estado.[35]

 

Correa impuso una sobrevaloración del liderazgo unipersonal (Resina, 2015: 292)  por encima de las organizaciones, utilizando la “cooptación de líderes sociales” a favor de la gestión gubernamental en los distintos ámbitos de actividad oficial.[36]

 

Desde el inicio de su segundo mandato, Correa se propuso controlar todas las organizaciones indígenas y movimientos sociales del país.^[37] Al no lograr ese objetivo, promovió organizaciones paralelas, buscando debilitar y anular la influencia de las organizaciones que habían desarrollado relevantes luchas contra el neoliberalismo en los años 90 y a comienzos del presente siglo, como la CONAIE, la FUT^[38] y la UNE.^[39]

 

Para debilitar a la CONAIE, Correa impulsó en forma paralela a la FENOCIM^[40] y a la FEINE.^[41] No obstante, la CONAIE logró mantener sus estructuras organizativas en todo el país.  Para debilitar a la Unión Nacional de Educadores, distanciada de Correa por no respaldar la destitución de los educadores que no superaran la evaluación de desempeño impulsada por el gobierno, Correa impulsó la Red de Maestros (con oficinas en el ministerio de educación).[42] El ataque gubernamental contra la UNE, intensificado en 2016, incluyó la destitución como educadores de los 10 principales directivos del gremio; liquidó su personería legal; le quitó la administración del fondo de cesantía de los maestros, creado por la UNE (con un patrimonio de 403 millones de dólares); les quitó las alícuotas sindicales; y finalmente, en agosto de 2016, asaltó con policías sus sedes principales en Quito y Guayaquil.[43]

 

Las diferencias de Correa con las nacionalidades indígenas se profundizaron a partir del Decreto 1780 de junio de 2009 que otorgó a las misiones católicas existentes en el Ecuador la responsabilidad “de evangelizar e incorporar a la vida socio-económica del país, a todos los grupos humanos que habitan [...] dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado”.[44] La CONAIE argumentó que ese decreto violentaba el carácter plurinacional de la República y el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas garantizado en la Constitución.[45]

 

Tras la aprobación de la nueva Ley de Minería en 2009, la CONAIE protestó por haberse violentado el derecho constitucional de la consulta previa antes de adoptar decisiones legislativas que afectaran los territorios indígenas. Denunciaban que la nueva ley promovía la explotación minera en los territorios indígenas, que la misma era contraria al “buen vivir” (SUMAK KAWSAY) al legalizar la minería a cielo abierto, rompiendo el equilibrio entre las comunidades y su entorno natural (Martinez y Acosta, 2013: 13). Correa respondió criticando los “fundamentalismos e infantilismos” de ciertos grupos indígenas y ambientalistas que buscan “condenarnos a ser mendigos sentados en un saco de riqueza”.[46]

 

La ruptura definitiva entre organizaciones indígenas y movimientos sociales con el gobierno sobrevino en el 2011 cuando Correa convocó un plebiscito para cambiar la constitución, buscando un mayor control sobre el Poder Judicial.[47]  El plebiscito, ganado por Correa por estrecho margen, no fue respaldado por la CONAIE ni por las centrales sindicales (FUT, UNE).[48] Esta reforma entraba en conflicto con el derecho indígena a ejercer su propia justicia en sus territorios reconocidos constitucionalmente.

 

Nayra Chalan (2021) enfatiza la importancia del “derecho a la autodeterminación” contemplado en el artículo 57 de la Constitución: [49]

 

“Este derecho a la autodeterminación nos permite a nosotros el ejercicio jurisdiccional de la justicia indígena, es decir, nosotros podemos hacer sentencias comunitarias que no pueden ser rechazadas por sentencias en el ámbito de la justicia ordinaria”, “nosotros hemos llevado muchos casos a la corte constitucional que es el organismo máximo […] ahí se han ganado muchísimas sentencias”.[50]

 

Para la CONAIE, la disputa jurídica con lo que denominan “el estado burgués” se ha escenificado en los distintos gobiernos “de turno”, incluido el de Correa. Los tribunales del Estado constantemente enjuician a las autoridades territoriales y líderes indígenas, “en base a cinco figuras legales”: tráfico de tierras; usurpación de funciones; incitación al odio y a la discordia; terrorismo y sabotaje; y paralización de servicios públicos.[51]

 

Pese a los significativos logros económicos, políticos y sociales logrados durante el período gubernamental de Rafael Correa, su escasa actitud dialogante hacia las organizaciones indígenas mayoritarias (CONAIE), los movimientos sociales organizados y los otros partidos de izquierda, fueron minando poco a poco el respaldo político que originalmente había logrado con la asamblea constituyente. Según Silvio Álvarez (2021), no fue simplemente un problema de “sectarismo” o ausencia de diálogo, sino que se trató de un deliberado intento de Correa por debilitar los espacios de autonomía que con anterioridad a su gobierno habían conquistado las comunidades indígenas.[52] Conforme con Herán Ouviña (2020), esta conducta de Correa puede ser producto del “daltonismo epistémico de un sector importante de la intelectualidad progresista latinoamericana” que mirando hacia los gobiernos llamados progresistas, dejó de ver a los pueblos y nacionalidades indígenas”.

 

Con la aprobación de la ley de educación intercultural de 2011 y bajo el argumento de “unificar” el sistema educativo, Correa eliminó la autonomía técnica, administrativa y financiera que tenía la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB). La CONAIE, desde 1990, veía en la educación intercultural la clave de la organización de las comunidades, de allí la relevancia que dicha dirección estuviera en manos de los indígenas (González Terreros, 2011: 52). Adicionalmente eliminó una universidad creada por las organizaciones indígenas, la AMAWTAY WASI, que no pasó la evaluación que el gobierno realizó a todas las universidades del país, pero que fue interpretada como una agresión directa hacia el movimiento indígena.

 

La orientación extractivista de Correa puso fin en el 2013 a la iniciativa Yasuní-ITT,[53] que originalmente dejaba sin explotación un importante yacimiento petrolero en un territorio indígena del Amazonas ecuatoriano. Varias organizaciones sociales intentaron convocar un plebiscito para revocar la decisión de explotar el yacimiento, pero el gobierno impidió su realización.[54]

 

El proceso político ecuatoriano de la última década desarrolla en forma paralela dos tendencias en el campo “progresista” y/o de izquierda: el correísmo por una parte y organizaciones como la CONAIE, FUT y UNE por la otra; las cuales no mantienen ninguna comunicación entre sí y que representaron dos opciones electorales distintas en las elecciones presidenciales de 2021, lo cual facilitó el triunfo de Guillermo Lasso.

 

La CONAIE encabeza la rebelión popular

 

El “Estallido” de octubre de 2019 no fue un hecho espontáneo, ni derivado exclusivamente del decreto 883. Debe entenderse como una cadena de acontecimientos de larga data, donde resalta una larga crisis de legalidad en el sistema político, aunado a la tradición de lucha indígena y popular contra el neoliberalismo durante las últimas tres décadas (Iza, Tapia y Madrid, 2020).

 

La enorme movilización popular tuvo como sus principales promotores a las organizaciones que el anterior gobierno de Rafael Correa había intentado anular como actores sociopolíticos: la CONAIE, el FUT, la UNE y el Frente Popular.[55] A pesar del debilitamiento de la sociedad civil promovido durante más de una década por el correísmo, a favor del fortalecimiento del poder estatal, la CONAIE mantuvo su fuerza organizada y su capacidad de convocatoria en todo el país.

 

El estallido permitió un proceso de reorganización de las fuerzas populares, mediante la conformación del “Parlamento Plurinacional de los pueblos, organizaciones y colectivos sociales del Ecuador”, que agrupa a todas las expresiones organizadas que se movilizaron en octubre/19 y que continúa funcionando.[56]

 

La fuerza principal del levantamiento fueron, sin duda, los indígenas. El levantamiento demostró que el movimiento indígena es todavía fuerte, pero fuera de él no hay, por el momento, otros movimientos equivalentes.[57]

 

Medio millón de personas movilizadas, solamente en Quito, generaron una desestabilización casi total del gobierno de Lenin Moreno. El gobierno reportaba que sólo en la capital existían 97 puntos de conflicto para el 12 de octubre. Al decreto de estado de excepción a nivel nacional establecido por Moreno, la CONAIE respondió declarando el estado de excepción en todos los territorios indígenas del país, [58] debido a la “brutalidad y falta de conciencia de la fuerza pública”. “Militares y policías que se acerquen a nuestros territorios serán retenidos y sometidos a la justicia indígena”,[59] advirtieron los líderes de la CONAIE.

 

Conforme a Iza, Tapia y Madrid (2020: 241),

 

“…se creó una guardia comunitaria indígena y popular, se utilizaron herramientas artísticas y de cuidado, se llamó a preservar la vida por sobre todo, buscando sistemas de defensa como barricadas y llegando a la desobediencia civil. En la práctica se construyó la Comuna de Quito. No había forma de luchar bajo una forma individualista, la única manera de seguir en pie resultó ser el sentido de comunidad”.

 

Finalmente el 13 de octubre, con la mediación de la ONU y la Iglesia Católica, se instala una mesa de negociación con los indígenas, quienes desistiendo de la solicitud de renuncia del presidente de la República manifestada en las calles, aceptan suspender las movilizaciones al ser derogado el decreto 883. De esa forma, Jaime Vargas, como presidente de la CONAIE y en clara confirmación de qué sector social y cuál organización era la principal dirigente del levantamiento, solicitó a las 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas volver a sus territorios[60]. Finalizaba así el estallido de octubre de 2019, con un saldo de 11 muertos, 1.700 heridos y 1.250 detenidos.

 

Para Leonidas Iza, principal dirigente del levantamiento de octubre, presidente de ECUARUNARI para ese momento y actual presidente de la CONAIE, la Rebelión de Octubre significó un triunfo contra el FMI. Al reivindicar el sagrado derecho a la protesta y la rebelión, el pueblo ecuatoriano adquirió una experiencia histórica para comprender y propulsar las tendencias de la lucha revolucionaria en el Ecuador  (Iza, Tapia y Madrid, 2020: 173).

 

Como corolario de las protestas de 2019, en julio de 2020 el Parlamento Plurinacional de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales del Ecuador presentó ante la nación el manifiesto denominado “Minga por la Vida” (CONAIE, 2020) en respuesta a la crisis producida por las políticas neoliberales aplicadas en las últimas décadas en el país (EFE, 2020), que propone un amplio programa de luchas que unifica a los sectores movilizados en octubre de 2019.[61]

 

Este manifiesto permite caracterizar a una amplia fuerza sociopolítica, demostrada en el levantamiento de octubre/19, muy distante de la “izquierda progresista” representada en el “Correísmo”. Son, objetivamente, dos fuerzas contrapuestas, y aunque ambas se definan por su oposición al bloque capitalista occidental y su modelo neoliberal, al momento de las constataciones prácticas, es la CONAIE y sus fuerzas aliadas en el Parlamento de los Pueblos la que ha demostrado total consecuencia con su programa de lucha antineoliberal, al contrario de Correa, quien en su dilatada gestión gubernamental ejecutó políticas económicas muy en sintonía con el modelo extractivista (Martínez, 2010: 109).

 

Como afirma el ex-dirigente de la CONAIE Floresmilo Simbaña:[62]

 

“el anticorreismo no es solo un discurso de ciertos dirigentes, sino que es un sentimiento social, sobre todo en las bases del movimiento indígena, por los fuertes ataques recibidos en el gobierno de Rafael Correa con cosas como represión rayanos con crímenes de Estado, procesamiento a cientos de sus dirigentes de base, la violencia extendida en los proyectos mineros, etc. Esa huella va a ser compleja superar”.

 

 

Los resultados electorales de 2021 y el futuro inmediato del Ecuador

 

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 11 de abril de 2021, dio como ganador a Guillermo Lasso[63] (Alianza CREO-PSC) con el 52,5% de los votos válidos, contra el 47,5 % de Andrés Arauz[64] (Unión por la Esperanza-UNES). Previamente, la primera vuelta tuvo resultados controvertidos, incluyendo acusaciones de fraude electoral, pues luego de anunciar el Consejo Electoral un resultado parcial donde el candidato Yaku Pérez (Pachakutik) obtenía el segundo lugar (y pasaba a la segunda vuelta, superando a Lasso), los resultados finales, dados una semana después, le dieron a Lasso el 19,74 %, por encima de Pérez con el 19,39 %.[65]

 

Los resultados electorales para Pachakutik, brazo político de la CONAIE, indican un incremento importante de la votación indígena que tradicionalmente no superaba el 6%.[66] La representación de Pachakutik en la Asamblea Nacional pasó de 4 asambleístas en 2017 a 27 asambleístas en 2021.

 

Las elecciones de 2021 retrataron la profunda crisis política y económica del Ecuador en los últimos años.[67] Los 16 candidatos a la presidencia reflejaron la dispersión del voto popular (en 2009, 2013 y 2017 participaron 8 candidatos), acompañada de bajos indicadores de confianza en las instituciones de la democracia (58,6% en 2017 a 54,40% en 2019), en las elecciones (27,80% en 2017 a 20,80% en 2019), en los partidos políticos (7,90% en 2017 a 7,60% en 2019), y, confianza en el presidente (33,60% en 2017 a 15,90% en 2019), según Latinobarómetro.[68]

 

Los resultados electorales demuestran una ruptura de la anterior polarización entre Correa y la derecha Lasso-Nebot. El Correísmo (UNES) se coloca como primera fuerza legislativa con 49 asambleístas (bajando de 74 diputados en 2017 y de 110 en 2013); Packakutik se consolida como segunda fuerza parlamentaria con 27 asambleístas; y el espectro político se amplía, con Izquierda Democrática con 18 diputados (4 anteriormente), el Partido Social Cristiano también con 18, y CREO (Lasso) con 12 parlamentarios (de 36 en 2017).

 

La derrota de Andrés Arauz es el resultado del progresivo descenso de la influencia política de Rafael Correa. La crisis vivida por su partido Alianza País al voltearse políticamente Lenin Moreno en 2017. De acuerdo a Maya (2021), el correismo necesita superar el estilo jerárquico de dirección, que entra en contradicción con una “sociedad civil donde coexisten actores, redes, tendencias asociativas de distinto signo y diversos propósitos políticos”.[69] A esto se le suma el total distanciamiento político entre Correa y la CONAIE que ha permitido el fortalecimiento de una nueva alternativa ciudadana para Ecuador, expresada en la alta votación de Pachakutik; sin embargo, según Chalan,[70] el Pachakutik debería integrarse a la estructura organizativa de la CONAIE, para poder superar la conducta “independiente” que hasta ahora ha tenido tanto para la designación de candidatos como al momento de asumir determinadas posturas políticas en la Asamblea Nacional.[71]

 

Lo que resulta muy improbable es un acercamiento entre el movimiento indígena y el correismo. La realidad política a futuro en Ecuador apunta al fortalecimiento del movimiento indígena representado en la CONAIE-Pachakutik, que abandera los procesos de cambio para la consolidación de un sistema democrático verdaderamente participativo y protagónico surgido de las bases populares.

 

Los movimientos sociales y las vanguardias partidistas en el marco de la democracia participativa ecuatoriana.

 

La democracia participativa ha sido presentada como un sistema político superior a la democracia representativa. Reveles (2017), califica al Ecuador como uno de los países latinoamericanos que ostenta mayores mecanismos de participación directa, garantizados en su constitución.

 

En el análisis del período que hemos considerado (2007-2022), observamos que pese a estar contemplados en el texto constitucional los fundamentos de una democracia participativa, en los hechos, los mandatarios de turno han asumido una norma de conducta basada en la tradicional democracia representativa, con una fuerte tendencia a la centralización de las actuaciones del Estado en la figura presidencial, dejando de lado las opiniones e intereses representados en los movimientos sociales y pueblos indígenas.

 

La participación popular en la práctica ha sido refrenada, criminalizada y sancionada en los tres períodos de gobierno involucrados en la investigación (mandatos de Rafael Correa, Lenin Moreno y Guillermo Lasso), siendo la gestión gubernamental de Correa, en su primer mandato, la que más aperturó caminos para el ejercicio de la participación ciudadana[72].

 

La democracia participativa sí la han ejercido los movimientos sociales indígenas, populares y las clases trabajadoras, que han batallado y luchan por continuar preservando el espacio conquistado desde décadas anteriores. Pese a las estrategias de atomización realizadas por los gobiernos para debilitarlas, estas organizaciones han luchado contra corriente y mantenido su protagonismo.

 

Hoy en Ecuador la potencia de las fuerzas sociales encarnadas en grupos sociales diversos, liderados por las organizaciones indígenas, han hecho valer su derecho a la réplica ante las medidas impuestas unilateralmente por los gobiernos, doblegándolos, y convirtiéndose en los artífices de la construcción y conducción de las políticas públicas fundamentales, desplazando en buena medida a los partidos políticos tradicionales que han  demostrado su debilidad como vehículos de representación de intereses sociales (Reveles, 2017).

 

DEMOCRACIA PLURINACIONAL, CRISIS POLÍTICA Y GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

 

El 10 de noviembre de 2019 Evo Morales renunció a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, presionado por los mandos de las fuerzas armadas y por una rebelión policial alimentada con protestas en todo el país desatadas a partir de las elecciones generales del 20 de octubre del mismo año. Así finalizaba un largo período de Morales como presidente de Bolivia, encabezando un amplio proceso de cambios sociopolíticos en una nación que desde la independencia había estado de espaldas a su población mayoritariamente indígena.

 

Los 14 años del MAS en el poder

 

En enero de 2006 Evo Morales Ayma, dirigente de los sindicatos de campesinos productores de hoja de coca, asumió la presidencia de Bolivia, con el respaldo del partido Movimiento al Socialismo (MAS), constituyéndose  así en el primer presidente indígena del país y del continente. El triunfo de Evo y el MAS supuso un “punto de inflexión en la historia Bolivia. Tras 2 décadas de sucesivos gobiernos de corte neoliberal (1985-2005), un proyecto político impulsado por los movimientos sociales y fundamentalmente por los movimientos  indígenas lograba triunfar en las elecciones y conseguía acceder al Poder Ejecutivo” (Ucharte, 2017: 132). Durante los 14 años de su gobierno, el PIB creció un 327% (promedio de 4,9% anual), llegando a 44.885 millones de dólares en 2018. Su gobierno logró mantener una macroeconomía estable. La inflación estuvo controlada, encontrándose entre las más bajas del continente.​ Estabilizó el tipo de cambio, fortaleciendo la confianza en el peso bolivano a tal punto que en 2005 solo el 15% de los depósitos estaban en moneda nacional, mientras que en 2019 superan el 90%. El déficit fiscal, que al momento de asumir era del 4,5% del PIB, osciló entre 3,2 y 0,7 durante los siguientes 6 años; aunque posteriormente comenzó a subir, hasta llegar al 8,3% en 2018. Tanto la pobreza como la desigualdad descendieron un 25% y el desempleo se ubicó en torno al 4%. (El País, 2019).

 

Morales ejecutó una serie de nacionalizaciones en el sector petrolero (introduciendo empresas mixtas con participación mayoritaria del Estado), en el de ferrocarriles, en la minería de estaño, en las hidrológicas, metalúrgicas, telefonía y electricidad.

 

En la esfera política convocó a un proceso constituyente que culminó al ser ratificada la nueva constitución mediante referéndum en enero de 2009. La nueva constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia declaró el carácter Plurinacional del Estado boliviano; reconoció derechos fundamentales de los pueblos indígenas incluyendo el derecho a un sistema judicial independiente, a su autonomía y autogobierno; declaró la propiedad estatal de los recursos naturales; reconoció las autonomías regionales; prohibió los latifundios. Estableció mecanismos para la Democracia Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas (artículo 11). De manera general, la Constitución boliviana se erigió como una de las más progresistas del continente, en cuanto a derechos ciudadanos y reivindicaciones nacionales (Constitución Política del Estado, 2009).

 

La pregunta que surge ante estas cifras económicas tan exitosas y logros políticos tan relevantes es: ¿por qué fue derrocado tan fácilmente el gobierno del MAS?

 

Según Javier Gómez (2022),[73] la crisis del 2019 se gestó a partir del error político que significó la convocatoria a referéndum en 2016 para modificar la constitución y permitir una cuarta reelección de Evo Morales, en el cual el gobierno salió derrotado al ganar la opción del NO con 51,3 %.  Este error político, de la cual hubo poca autocrítica y solo se culpó a la “guerra sucia” y a las redes sociales de la derrota (La Fuente, 2016) habría conducido a la “ruptura institucional” implícita en la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en 2017,[74] pues la misma violaba la propia Constitución boliviana (Gómez, 2022). Esto facilitó a la derecha el posicionamiento discursivo del “rechazo de la reelección indefinida” y tachar al MAS de “régimen dictatorial” (Ríos y Larrain, 2021: 9). En vez de aceptar el resultado del referéndum, y dedicarse a la concientización y movilización popular para revertir esa derrota, el MAS buscó vías burocráticas para mantenerse en el poder.

 

Ríos y Larrain (2021) plantean que la raíz debe buscarse en la articulación de la derecha en torno a la campaña por el “No a la reelección” para el referéndum de febrero de 2016. Ese triunfo opositor “tuvo la suficiente contundencia para cohesionar a los sectores más conservadores del país y ampliar sus bases de apoyo en las clases medias urbanas” (Ríos y Larrain, 2021: 8), lo que permitió acumular las fuerzas sociales que posibilitaron las protestas en octubre y noviembre de 2019.

 

La situación planteada para el MAS ante las elecciones del 2019 exigía una reflexión sobre el nuevo período de gobierno. Pero dicha reflexión no se hizo, limitando el debate a la cuestión del liderazgo de Morales como “único requisito” para continuar en el poder. Este error configuró de hecho una crisis de propuesta política, una crisis de crecimiento, y fundamentalmente una crisis de expectativas sobre el nuevo gobierno del MAS (Gómez, 2022). En noviembre de 2019, según Gómez, existía de hecho un vacío de liderazgo en ese partido.

 

En esta debilidad del MAS inciden factores desarrollados a lo largo de su período de gobierno, como la paulatina pero creciente desmovilización de los sectores sociales más dinámicos (indígenas, obreros, campesinos, entre otros) y el acercamiento del gobierno a los grupos más rancios de la burguesía agroexportadora (Ríos y Larrain, 2021: 23).

 

Un factor negativo reside en las restricciones impuestas desde el Estado para el fortalecimiento de expresiones políticas a la izquierda del MAS; de esta forma, las únicas fuerzas políticas que han crecido y fortalecido se ubican en la derecha (Gómez, 2022). Adicionalmente, es relevante la ausencia de debate sobre el modelo económico y la forma de Estado luego de concluida la constituyente (Pachaguaya, 2021). Se mantuvo el modelo extractivista, haciéndolo más redistributivo (Bautista, 2021). Pese a la definición de estado plurinacional, continuó practicándose el modelo de Estado republicano existente con anterioridad (Pachaguaya, 2021). El modelo implementado no abrió una ruta para la transformación del patrón extractivist[75]a ni fortaleció a la economía social-comunitaria, en el marco del Vivir Bien. En cambio, se profundizó el extractivismo (hidrocarburos, minerales y agroindustria de monocultivos) en alianza con el sector privado transnacional y nacional, en menoscabo de la sostenibilidad ambiental, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y la diversificación productiva nacional[76].

 

Según Pedro Pachaguaya (2021)[77]

 

“el proyecto del MAS-Morales se sustentó en la acción de un capitalismo de Estado, desarrollando proyectos industriales y agrarios, ejecutando una redistribución de las riquezas nacionales […] durante este proceso, surgió un funcionariado público que pensaba como burócrata, perdiendo la visión de país y la defensa de su patrimonio dentro del Estado, que responde a los conflictos y exigencias de las comunidades indígenas valorándolas como simples “movimientos sociales”, sin entender que son pueblos poseedores de territorio, idioma, sistemas jurídicos, políticos, económicos, de salud y educativos,  y sin comprender el carácter plurinacional de la República.” (Pachaguaya, 2021).

 

De acuerdo a Javier Gómez (2022) y Ruth Bautista (2021)[78], el MAS implantó desde el gobierno una relación clientelar con las organizaciones sociales, tanto sindicales-gremiales como indígenas, que subordina las aspiraciones sociales a la agenda del estado. En su relación con el mundo laboral, Morales ejecutó una política de flexibilización, afectando las contrataciones colectivas y buscando eliminar sindicatos otrora poderosos como el de los maestros (Gómez, 2022).[79]

 

La antes poderosa Central Obrera Boliviana, hoy languidece en el marco de una derrota general del movimiento de trabajadores, empujada por una estructura económica que desaparece el trabajo productivo e impone nuevas formas de explotación como el trabajo digital, los deliverys, etc. En la práctica, no existen derechos laborales en Bolivia (Gómez, 2022).

 

La representación de las naciones y comunidades indígenas en Bolivia también ha sido un tema conflictivo durante los gobiernos del MAS. Samuel Flores Cruz (2001)[80] Bautista (2001) y  Gómez (2022) coinciden en caracterizar como estructuras clientelares del Estado a las denominadas “trillizas”: la CSUTCB[81], la CSCIB[82] y la CNMCIOB-BS,[83] que defienden un modelo productivo familiar (individual) en su relación con la tierra, mientras valoran positivamente a otras organizaciones como la CIDOB[84] y la CONAMAQ,[85] que reivindican el territorio ancestral y valoran los principios de organización colectiva y democracia comunitaria, contra las cuales el gobierno ha creado estructuras paralelas (Ardanaz, 2014).

 

Según Flores Cruz (2021) su nación Qhara Qhara mantiene demandas históricas desde la misma época colonial, exigiendo  que se respeten las estructuras de gobierno ancestrales de los pueblos originarios, previas a la colonización española. Su exigencia ante la constituyente de tener representación política directa de cada nación no fue satisfecha y sólo se estableció la representación a través de los partidos políticos, lo que consideran una “traición” de parte del MAS. No aceptan ser representados por las organizaciones sociales clientelares al gobierno, pues constituyen naciones preexistentes con idioma, territorio y gobierno propio (Flores Cruz, 2021).

 

Sobre el carácter de clase del Movimiento al Socialismo, Gómez (2022) lo ubica como integrado por intelectuales pequeño burgueses con una base consolidada en el movimiento campesino, pero que a la vez hace tiempo dejaron de ser campesinos y actualmente son productores defensores de la propiedad privada, con posiciones antiobreras.

 

La burocracia del MAS que domina las instituciones del Estado es muy poderosa y carece de formación como para interpretar adecuadamente la realidad socio-antropológica de Bolivia como estado plurinacional (Pachaguaya, 2021).

 

En su afán por impulsar una economía “donde todo es posible” (Bautista, 2021), Morales y García Linera pactaron con el empresariado, con la oligarquía, algo que ha terminado siendo muy negativo (Pachaguaya, 2021). Estas limitaciones de la gestión de gobierno del MAS contribuyeron a debilitar el respaldo popular y favorecieron los acontecimientos de octubre –noviembre de 2019.

 

Golpe de estado y regreso al poder en 2020

 

En el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 incidió, además de lo ya mencionado, la suspensión por 24 horas del conteo de votos (Ríos y Larrain, 2021: 9-11). Esta medida desató las manifestaciones callejeras posteriores a las elecciones, que culminaron en la huelga policial y en la “sugerencia” del alto mando militar para que  Evo Morales renunciara.

 

La renuncia y salida del país de Morales y sus principales funcionarios, dio pie al gobierno de facto de Jeanine Añez que duraría apenas un año, demostrando la incapacidad de las fuerzas de derecha para gobernar Bolivia (Bautista, 2021). La resistencia popular en la calle se desarrolló a pesar de la renuncia abrupta de todos los altos funcionarios del gobierno de Morales, mientras los representantes del MAS en el parlamento reconocían al gobierno de Añez, a cambio de la convocatoria a elecciones en 90 días (Ríos y Larrain, 2021: 14).[86]

 

En contrapartida con las debilidades de la gestión del MAS, también existieron importantes avances que resultaron decisivos en el debilitamiento progresivo de las fuerzas golpistas durante la gestión de facto de Jeanine Añez. Según Bautista (2021), el período del MAS fue un “tiempo de paz”, donde disminuyó considerablemente la conflictividad social anteriormente presentada por la población indígena, los campesinos, los cocaleros, etc. El deseo popular por no regresar a ese pasado conflictivo influyó en el respaldo electoral hacia el MAS en octubre de 2020.

 

Cuando cayó Morales, el pueblo se preguntó: “qué hemos hecho”, al ver los desmanes y crímenes del gobierno de Añez. Siguiendo el principio de organización de los pueblos indígenas, donde primero es el colectivo y luego es el individuo, las comunidades discutieron por quien votar, y decidieron respaldar al MAS. Incluso rivales tradicionales de Evo Morales, como Felipe Quispe (fallecido poco tiempo después), decidió su respaldo a la candidatura de Luis Arce como mecanismo principal para desactivar el peligro contra la democracia boliviana representado en Jeanine Añez y las fuerzas políticas que respaldaron el golpe de 2019 (Pachaguaya, 2021).

 

Situación actual

 

Las elecciones presidenciales finalmente se realizaron en octubre de 2020, triunfando el candidato del MAS, superando ampliamente la votación obtenida por Morales el año anterior. El actual presidente de Bolivia, Luis Arce, es caracterizado como perteneciente a la clase media, de muy pocas apariciones públicas y sin relaciones con los movimientos campesinos e indígenas (Bautista, 2021). A diferencia de David Choquehuanca, actual vicepresidente, quien mantiene su discurso indigenista y con visos democratizadores al interior del partido de gobierno, pero hasta ahora con pocos logros en ambos aspectos. Ambos dirigentes muy distanciados del líder Evo Morales, cuyo “mesianismo” se concibe como un problema (Pachaguaya, 2021; Gómez, 2022).

 

El MAS mantiene una distribución caudillista del poder en las distintas regiones del país. Bautista (2021) considera que son los procesos autonómicos indígenas desde donde se pueden promover verdaderos cambios sociales, comenzando “de abajo a arriba”. Pero de los 300 territorios indígenas titulados, sólo están constituidas cinco autonomías, “muy condicionadas, entorpecidas, burocratizadas, con territorios muy pequeños”. Sólo la autonomía Guaraní Charagua Iyambae  ha avanzado en debatir sobre el tipo de poder, de representación indígena y cómo ejercer la democracia (Bautista, 2021).[87] 

 

Argumenta Bautista (2021) que la democracia comunitaria contemplada constitucionalmente se ejerce de hecho en los territorios rurales, en las comunidades indígenas y campesinas de base, en las cuales la democracia intenta surgir “desde abajo”, y el Estado “plurinominal” la ahoga “desde arriba”. El Estado ha quitado todo el apoyo a las autonomías indígenas y ha hecho retirar toda la cooperación internacional.[88] El proyecto de Estado Plurinacional ha sido abandonado de hecho por la burguesía burocrática (MAS) que gobierna desde La Paz y es rechazado igualmente por la burguesía empresarial desde Santa Cruz.

 

Hoy, en 2022, Bolivia avanza con un nuevo gobierno del MAS, debilitado en las regiones;[89] con unas organizaciones indígenas de base que si bien no desean el retorno de la derecha, insisten en reivindicar su proyecto ancestral de economía colectiva, democracia comunitaria y autonomías territoriales; con una derecha momentáneamente derrotada pero que se fortalece en el polo de crecimiento económico de Santa Cruz,[90] y con una realidad continental y mundial que se complica y se transforma día a día.

 

 

LUCHAS SOCIALES Y CRISIS POLÍTICA PERMANENTE EN EL PERÚ

 

La vida política en el Perú tras la caída de la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000) se ha caracterizado por constantes luchas sociales de gran impacto local en todos los rincones de la nación,[91] y por una permanente crisis política[92] derivada de un sistema democrático inestable que no logra consolidarse, pese al considerable crecimiento económico basado en el extractivismo minero, el cual ha generado grandes niveles de desigualdad en la sociedad peruana. Esta constante crisis política ha conllevado a que en los últimos cuatro años el Perú haya tenido cinco presidentes.

 

Para Raphael Hoetmer (2022), la insurgencia de Sendero Luminoso y el posterior gobierno dictatorial de Alberto Fujimori (décadas de 1980 y 1990),  se constituyeron en dos fenómenos clave que transformaron la cultura política peruana, fragmentándola en facciones de constante enfrentamiento entre ellas, una cultura política muy inmediatista, autoritaria y clientelista, que aunado a lo plateando por Steven Levitsky (Patriau, 2022), Anahí Durand (2022) y Gina Vargas (2022),  se le suman los problemas de la democracia peruana relacionados con debilidad del Estado, la ausencia de partidos políticos consolidados (Patriau, 2022), un Estado capturado por las élites, grupos empresariales y redes de corrupción. (Durand, 2022) y una “dictadura” parlamentaria que no permite trabajar a los últimos gobernantes electos (Vargas, 2022).

 

Insurgencia senderista y dictadura fujimorista en los 90

 

La expansión de la minería en el Perú a partir de 1993 no hubiera sido posible sin la existencia de la “guerra” propiciada por Sendero Luminoso y la posterior “pacificación” impuesta por el régimen autoritario de Fujimori (Hoetmer, 2022). Según Valdizan (2021), el conflicto armado desatado por Sendero fortaleció a sectores conservadores de las Fuerzas Armadas y de la elite política-económica peruana, favoreciendo el golpe de Fujimori en 1992. El ingreso de numerosas empresas extractivistas extranjeras en los  años 90 del siglo XX[93] aumentó la conflictividad social en el Perú, que se ha mantenido en el presente siglo (Valdizan, 2021). En el Perú actual se desarrollan un promedio de 200-250 conflictos por temas ambientales al año (Chirinos, 2021).

 

El período de accionar de la guerrilla de Sendero Luminoso habría determinado una “derrota estratégica” para la izquierda peruana (Durand, 2022), que la llevó a desconectarse de la lucha social. A inicios de los 80`s, Perú tenía la izquierda más fuerte del continente (Hoetmer, 2022), expresada en la coalición partidista Izquierda Unida (Chirinos, 2021), alcanzando el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 1985 y conquistando las alcaldías de ciudades principales incluyendo a Lima, Arequipa y Cusco (Chirino, 2021). La lucha armada de Sendero Luminoso fue en parte contra los grupos de izquierda que no respaldaban su opción violenta. Sendero asesinó a numerosos alcaldes de Izquierda Unida y a dirigentes comunitarios como la recordada María Elena Moyano[94] (Hoetmer, 2022; Durand, 2022).

 

El terrorismo de Estado de la dictadura fujimorista utilizó la excusa de la insurgencia senderista para criminalizar y prácticamente desaparecer a toda la izquierda legal (Chirinos, 2021). En las últimas dos décadas se produce una reconstrucción de las izquierdas, proceso que ha tenido altibajos y que está influido por los traumas producto del período de influencia senderista y del terrorismo de estado fujimorista (Valdizan, 2021). Sendero Luminoso y Fujimori dejaron como legado negativo una cultura política de fragmentación y desconfianza en los movimientos sociales (Hoetmer, 2022).

 

Reconfiguración de la lucha social en el siglo XXI

 

Siguiendo a Durand (2022), al caer la dictadura de Fujimori, las élites pactaron para que continuara el modelo neoliberal impuesto por el fujimorismo. Modelo extractivista que ha encontrado la oposición de movimientos sociales regionales que permiten afirmar que el Perú es el primer país latinoamericano donde se han paralizado entre 10 y 15 megaproyectos mineros[95] (Hoetmer, 2022).

 

Dos de estos megaproyectos detenidos por la protesta social fueron el “Baguazo” y el proyecto “Conga” (Durand, 2022). Fue el Baguazo una protesta de las comunidades indígenas amazónicas en 2009 contra la política de Alan García de fomentar inversiones extranjeras en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. La acción de despeje policial de una carretera tomada por las comunidades generó un fuerte enfrentamiento con el saldo de 33 muertos entre manifestantes y policías.[96] En el caso del proyecto Conga, también detenido por la protesta social en 2012,[97] marcó el viraje a la derecha y al extractivismo neoliberal del gobierno de Ollanta Humala (Durand, 2022).

 

La lucha social en el Perú, si bien no se expresa en grandes organizaciones nacionales como la CONAIE ecuatoriana, ni ha alcanzado conquistas políticas de gran relevancia para la República como los movimientos sociales chilenos que conquistaron la convocatoria de la Convención Constituyente en 2021, tampoco puede caracterizarse como débil y dispersa, como bien lo plantea Hoetmer (2022). Las dos últimas décadas han presenciado constantes protestas sociales en todos los rincones del país, pese a no tener una única expresión organizativa nacional ni responder a partidos políticos específicos. Según el SIMCO (2020),[98] entre abril del 2007 y febrero de 2020, la Defensoría del Pueblo registró 14,558 acciones colectivas de protesta en el país, de las cuales el 21.5% (3123) se expresaron con acciones violentas.[99]

 

Los conflictos socioambientales en el Perú no son, en la mayoría de los casos, antiextractivistas; sino principalmente movimientos redistributivos (Valdizan, 2021), que buscan conquistar reivindicaciones específicas de las compañías mineras, ante un Estado que no garantiza los derechos sociales fundamentales. En menor medida, los conflictos en defensa de territorios indígenas y comunitarios también han enfrentado la ampliación de la fase extractivista minera (Hoetmer, 2022). La nueva oleada de conflictividad social encuentra a movimientos sociales no unificados, sino conformados en base a reivindicaciones regionalistas, territoriales o sectoriales (Valdizan, 2021).

 

Las organizaciones indígenas, como FENMUCARINAP[100] y AIDESEP,[101] aun con escaso impacto político hacia toda la nación, insisten en su lucha por la autodeterminación y autogobierno de los pueblos indígenas, y por el reconocimiento y titulación de sus territorios; en espacios, de los pocos en el Perú, donde el pueblo ensaya formas de autogobierno y de democracia participativa inspiradas en la influencia zapatista (Hoetmer, 2022).

 

La izquierda partidista también ha intentado su reconstrucción a partir de la caída del fujimorismo, que tuvo un primer momento relevante con la constitución del Frente Amplio en 2010 como expresión de una fuerza unitaria de izquierda, la cual en las elecciones de 2016 se convirtió en la primera bancada del parlamento nacional (con 20 congresistas), y su candidata Verónika Mendoza llegara en tercera posición en las presidenciales; aunque se dividió en 2017 y redujera considerablemente su fuerza electoral en las elecciones de 2020 y de 2021. Esta izquierda ha tenido también expresiones exitosas a nivel regional, como Huancayo, Puno, Arequipa y Cuzco (Valdizan, 2021).

 

La izquierda peruana ha representado un 25-30 % de respaldo electoral en los últimos 20 años. En las elecciones presidenciales antes de 2021, en la segunda vuelta la izquierda apoyó a candidatos moderados de derecha para evitar el triunfo de la ultraderecha fujimorista (Hoetmer, 2022). Así sucedió con Alan García en 2006, Ollanta Humala en 2011 y Pedro Pablo Kuczinsky en 2016 (Durand, 2022).

 

Igualmente, la protesta de calle de la oposición de izquierda ha cumplido un papel relevante en la lucha contra la corrupción política en el Estado (Hoetmer, 2022), como ocurrió con las manifestaciones de noviembre de 2020[102] que enfrentaron el “golpe parlamentario”[103] dado por la mayoría derechista en el congreso al destituir al presidente Martin Vizcarra y juramentar al parlamentario Manuel Merino como presidente del Perú, desencadenándose la movilización masiva de los peruanos en las principales ciudades del país que trajo como consecuencia la renuncia del recién juramentado presidente del Perú (Menéndez, 2020; BBC, 2020).

 

El triunfo de Pedro Castillo

 

Las elecciones presidenciales realizadas en 2021 dieron como ganador de manera sorpresiva a Pedro Castillo, dirigente sindical magisterial que no tenía una mayor trayectoria política, y que había sido postulado por el pequeño partido de izquierda Perú Libre.

 

Castillo había encabezado la huelga magisterial realizada en 2017, uno de los mayores conflictos de impacto nacional de las dos últimas décadas (Valdizan, 2021). Según Valdizan, el triunfo de Castillo fue la expresión de un sentimiento regionalista identitario enfrentado al centralismo limeño. Chirinos (2021) afirma que en la explicación del triunfo de Castillo se debe considerar el capitalismo de carácter “colonial” que sigue imperando en el Perú, el cual impone una discriminación cultural muy grande y una tensión permanente entre la población andina y amazónica, por una parte, y la población de las grandes ciudades en las regiones costeras.

 

El voto por Castillo significó “meterle una cachetada” a esa cultura blanca limeña donde sustenta su respaldo la derecha (Chirinos, 2021). La figura de Castillo se promocionó como la contraparte a la elite económica y cultural muy vinculada a Europa, que históricamente ha gobernado desde Lima. Fue visto como un ciudadano más de las provincias peruanas, un paisano por el cual se debía votar (Chirinos, 2021). En el resultado electoral también influyeron los efectos de la pandemia en las poblaciones más humildes (50 mil muertos en el Perú) y la pérdida de confianza en las promesas y prebendas de los candidatos de la derecha neoliberal.

 

Castillo no gana en grandes ciudades como Lima y Piura, pero arrasa en las provincias andinas y amazónicas, reflejando la profunda división social y cultural que arrastra la sociedad peruana (Telesur, 2021). Fue muy importante durante la campaña el trabajo de los profesores (educadores del magisterio) en las provincias. En un Estado muy disminuido, la presencia del profesor es la única representación de los poderes públicos en las provincias rurales (andinas y amazónicas). La campaña electoral de Castillo, basada en la fuerza magisterial, y apoyado también por las Rondas Campesinas[104], tuvo un gran contenido popular (Chirinos, 2021)

 

Las limitaciones del nuevo gobierno de Castillo se derivan de la debilidad misma de la izquierda peruana, El partido que lo postuló, Perú Libre, con el cual Castillo ha tenido muchas contradicciones en lo que lleva de mandato, carece de un programa político desarrollado (Chirinos, 2021); y teniendo un discurso de ultraizquierda es a la vez muy conservador en temas de migración y políticas de género (Vargas, 2022). Perú Libre tiene más influencia en zonas provinciales rurales, pero no fue su campaña como partido la que permitió el triunfo de Castillo (Chirinos, 2021). El otro partido relevante en la izquierda es Nuevo Perú, derivado del extinto Frente Amplio, con mayor fuerza en las grandes ciudades, pero que tuvo escasa votación en estas últimas elecciones.[105]

 

En los recientes intentos por destituir a Castillo, ambos partidos han coincido en rechazar las propuestas de vacancia que ha encabezado el partido fujimorista Fuerza Popular (Velásquez, 2022).

 

Crisis permanente en la democracia peruana

 

Los últimos cuatro años han significado la profundización de una crisis político-institucional que amenaza la estabilidad del sistema democrático. El país ha vivido un progresivo desprestigio de la clase política debido a las crecientes revelaciones de corrupción (Paredes y Encinas, 2020) que han llevado a la destitución de varios presidentes en una constante confrontación entre el ejecutivo y el legislativo.

 

En un país donde la representación política se ha debilitado por la acción de grandes poderes económicos que crean y financian nuevos partidos, e inciden directamente en las propuestas del legislativo (Valdizan, 2021); un sistema político cerrado que impide se inscriban nuevos partidos del campo popular (Durand, 2022); con una democracia muy precaria, con gran fragmentación institucional y un fuerte rechazo popular a las instituciones; se ingresa ahora a una confrontación más polarizada aún a partir del triunfo electoral del izquierdista Pedro Castillo.

 

Los grandes grupos empresariales (vinculados a grandes trasnacionales mineras y petroleras) y los partidos políticos de extrema derecha (Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País) han resucitado el discurso de la guerra fría y pugnan por la destitución de Pedro Castillo en nombre de la lucha contra el “comunismo” en el continente. Resalta en esta crisis el excesivo peso dentro del Estado que ha asumido el poder legislativo.[106] “El congreso termina dándole línea  al gabinete” (Durand) e impera una especie de “dictadura parlamentaria” (Vargas, 2022).

 

Cometiendo errores garrafales como el reciente aumento de combustibles y la declaración de toque de queda en la capital,[107] que generaron una significativa revuelta popular en varias ciudades, Castillo continúa su mandato contra los pronósticos de la derecha continental y a pesar de sus propias limitaciones. Sus fortalezas a futuro pueden radicar en un movimiento ciudadano con conciencia y capacidad de movilización, que se expresan en nuevos movimientos como el feminista (Vargas, 2022), y que hoy hacen esfuerzos unitarios por conformar un instrumento político que logra dar respuesta a este amplio campo de lucha social que existe hoy en el Perú (Durand, 2022).

 

 

CONSIDERACIONES FINALES

 

1)    Los procesos de cambio sociopolítico en Ecuador y Bolivia, con importantes logros en cuanto a derechos consagrados constitucionalmente y avances nacionalistas en lo económico, presentan limitaciones similares en cuanto a no haber roto completamente con la estructura básica del Estado liberal burgués, pese a haber modificado sus sistemas políticos mediante asambleas constituyentes.

2)    Viene actuando como barrera a la democracia la continuidad de los sistemas de representación partidista heredados del viejo liberalismo. Se plantea delinear una nueva institucionalidad democrática que prescinda de la “forma partido” (abandonando el concepto de “revolucionarios y políticos profesionales”), y consolide formas de representación ciudadana a través de los mismos movimientos sociales.

3)    En el Perú no ha podido consolidarse una sólida institucionalización democrática que permita una competencia efectiva de los partidos políticos, y de incorporar a esa institucionalidad a los movimientos sociales y comunidades indígenas respetando su autonomía.

4)    De manera general, la libertad de expresión y asociación, el acatamiento y la observancia de las leyes, el respeto a las garantías de los derechos humanos, la rendición de cuentas, y la necesaria transparencia gubernamental, continúan siendo tareas pendientes de los procesos políticos que en Latinoamérica se plantean transformaciones progresistas.

5)    En los tres países estudiados, destacan las permanente trabas legales para la actuación tanto de los movimientos sociales como de los partidos políticos progresistas no gubernamentales, trabas mantenidas incluso en los gobiernos de izquierda como los de Rafael Correa y Evo Morales.

6)    Destacan también las restricciones legales a las expresiones autónomas de las organizaciones indígenas, incluso en los países donde esos derechos a la soberanía territorial fueron consagrados constitucionalmente.

7)    Es imprescindible un análisis particular de las organizaciones de los pueblos y naciones indígenas, que no pueden ser estudiadas como simples “movimientos sociales”, pues son etnias que tienen su lengua y su historia, su territorio propio, que tienen sistemas jurídicos, sistemas políticos, sistemas económicos, de salud, educativos, preexistentes incluso a la invasión europea,  y que por tanto imponen una complejidad que además choca en la mayoría de los casos con la forma de estado liberal existente en cada país, que no coinciden con la racionalidad de la participación política en las democracias occidentales y tampoco con la racionalidad de las nuevas democracias “participativas”. Hasta el punto de que los mismos principios que reconocen la multiculturalidad, la plurinacionalidad y los derechos indígenas, consagrados en las nuevas constituciones de Bolivia y de Ecuador no se han ejecutado a plenitud por haber sido escritos en “código occidental” y no en código indígena originario.

8)    Los movimientos sociales y las organizaciones indígenas continúan siendo, en los tres países estudiados, el motor principal de las propuestas de transformación progresista enmarcadas en una democracia participativa, una soberanía económica, y una diversidad plurinacional y multicultural.

9)    La dinámica contradictoria entre Estado, partidos progresistas y movimientos sociales/organizaciones indígenas, afecta la solidez de las propuestas de cambio sociopolítico. La solución de este conflicto radica exclusivamente en el predominio de formas de democracia participativa en la interacción entre Estado, partidos y movimientos sociales/organizaciones indígenas.

10) Los sistemas políticos latinoamericanos deben repensarse superando la tradicional “representación” del liberalismo burgués, avanzando a formas de organización ciudadana que impidan la conformación de elites que terminan usurpando la soberanía popular. En la democracia participativa ejercida en los movimientos sociales, y en las formas de organización y de representación ancestrales que mantienen las naciones indígenas, están las claves para el avance de los procesos de cambio sociopolítico que nuevamente se abren en Nuestra América.

 

 

Nuestros agradecimientos a:

 

Silvio Álvarez, Ruth Bautista, Anahí Durand, Nayra Chalan, Floresmilo Simbaña, Ricardo Chirinos,  Samuel Flores Cruz, Javier Gómez, Raphael Hoetmer, Milton Maya, Pablo Ospina, Pedro Pachaguaya, Guillermo Valdizán, Laura Isabel Vargas, Gina Vargas, Edgar Isch, Stalin Herrera y Alfredo Velásquez por habernos dedicado parte de su tiempo para la realización de esta investigación.

 

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Entrevistas

 

ÁLVAREZ, Silvio. (2021). Abogado, dirigente indígena Aiwá, Ecuador. Entrevista realizada el 8 de octubre de 2021.

BAUTISTA, Ruth. (2021). Socióloga. Investigadora del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, Bolivia. Entrevista realizada el 18 de octubre de 2021.

DURAND, Anahí. (2022). Socióloga. Profesora de la Universidad de San Marcos. Ministra de la Mujer en el gobierno de Pedro Castillo. Entrevista realizada el 19 de marzo de 2022.

CHALAN, Nayra. (2021). Comunicadora Social. Vicepresidenta de ECUARUNARI, Ecuador. Entrevista realizada el 8 de noviembre de 2021.

CHIRINOS, Ricardo (2021). Arqueólogo de Qhapaq Ñan, Perú. Entrevista realizada el 27 de septiembre de 2021.

FLORES CRUZ, Samuel. (2021). Ex curaca de la Nación Qhara Qhara, Perú. Entrevista realizada el 30 de octubre de 2021.

GÓMEZ, Javier. (2022). Economista. Director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA),  Bolivia. Entrevista realizada el 22 de febrero de 2022.

HERRERA, Stalin. (2022). Sociólogo. Coordinador de CLACSO Ecuador. Director de Estudios Ecuatorianos (ONG). Entrevista realizada el 09 de febrero de 2022.

HOETMER, Raphael (2022). Profesor Universidad de San Marcos. Asesor Regional de Amnistía Internacional, Perú. Entrevista realizada el 09 de marzo de 2022.

ISCH, Edgar (2021). Profesor de la Universidad Central del Ecuador. Quito. Ministro en el gobierno de Lucio Gutierrez. Entrevista realizada el 14 de diciembre de 2021.

MAYA, Milton. (2021). Investigador del Centro Andino de Investigación Popular (CAAP), Ecuador.  Entrevista realizada  el 25 de julio de 2021.

OSPINA, Pablo. (2021). Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Entrevista realizada el 4 de noviembre de 2021.

PACHAGUAYA, Pedro (2021). Miembro de la Asociación de Antropólogos de La Paz, Bolivia. Entrevista realizada el 22 de octubre de 2021.

SIMBAÑA, Floresmilo. (2021).  Dirigente kichwa de la ECUARUNARI, Ecuador. Entrevista realizada el 21 de diciembre de 2021.

VALDIZÁN, Guillermo. (2021). Sociólogo, docente de la FLACSO. Entrevista realizada el 20 de octubre de 2021.

VARGAS, Laura Isabel. (2022). Presidenta del Unión Nacional de Educadores del Ecuador-UNE. Entrevista realizada el 05 de marzo de 2022.

VARGAS, Gina. (2022). Socióloga e integrante del movimiento de mujeres, Perú. Entrevista realizada el 06 de marzo de 2022.

VELÁSQUEZ, Alfredo. (2022). Educador. Secretario de Relaciones Internacionales del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP). Entrevista realizada el 20 de febrero de 2022.

 

 

 

 

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[1] Publicado en: “Derechos en Cuestión. Amenazas y desafíos para las democracias”. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO. Colección Becas de Investigación. Buenos Aires: CLACSO, marzo de 2023.
ISBN 978-987-813-429-1. www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana Pp. 81-142.

[2] Nuestros agradecimientos a Silvio Álvarez, Ruth Bautista, Anahí Durand, Nayra Chalan, Floresmilo Simbaña, Ricardo Chirinos, Samuel Flores Cruz, Javier Gómez, Raphael Hoetmer, Milton Maya, Pablo Ospina, Pedro Pachaguaya, Guillermo Valdizán, Laura Isabel Vargas, Gina Vargas, Edgar Isch, Stalin Herrera y Alfredo Velásquez,
por habernos dedicado parte de su tiempo para la realización de esta investigación. A Carmen Alicia Hernández Rodríguez y a Gladys Gordones, por su participación como asistentes en la investigación. Al profesor Eduardo Rinesi, por su asesoría como tutor designado por CLACSO para esta investigación.

[3] Tomamos como fecha referente las elecciones presidenciales argentinas de diciembre de 2015, como el inicio del declive de esa primera ola progresista del continente.

[4] La Asamblea Constituyente venezolana fue convocada y ratificada por un referéndum ratificatorio en 1999. La Asamblea Constituyente en Bolivia se realizó en 2006-2007, con referéndum ratificatorio en 2009. La Constituyente en Ecuador inició en 2007 y culminó en 2008.

[5] Pedro Castillo, electo en junio de 2021, incluyó como propuesta programática fundamental la realización de una Asamblea Constituyente.

[6] Considerando la derrota electoral del Kirchnerismo en Argentina en 2015; la destitución de Dilma Roussef en Brasil en 2016; la ruptura con el correísmo por parte de Lenin Moreno en 2017; las derrotas electorales del Frente Farabundo Martí en El Salvador y del Frente Amplio en Uruguay en 2019.

[7] Las revoluciones de colores fue un esquema de intervención política promovido por EUA y la UE para influir en la Europa Oriental y en países de la antigua Unión Soviética, pero que también han sido intentados en otros países. Implica la movilización de grupos sociales para generar una crisis política que justifique acciones de fuerza surgidas de un movimiento conspirativo simultáneo, con respaldo y dirección extranjera (López, Suárez y Paredes, 2016).

[8] También se produjo el derrocamiento de presidentes electos por vía democrática, como Zelaya en Honduras 2009 y Lugo en Paraguay 2012.

[9] Ya en 2018 había sido electo Andrés Manuel López Obrador como presidente en México y en el 2019 en Ecuador, las movilizaciones sociales antineoliberales dieron paso al fortalecimiento de dos fórmulas electorales progresistas: Andrés Araúz (representante del Correísmo) y de Yaku Pérez (representante de la organización indígena Pachakutik), división que precipitó el triunfo del derechista Guillermo Lasso en abril de 2021, resultado que replantea el debate de la relación entre partidos políticos progresistas y movimientos sociales que nos proponemos desarrollar en esta investigación.

[10] La Constitución venezolana de 1999 estableció en su preámbulo la democracia participativa y protagónica, e incorporó la utilización del referendo popular para aprobar y abrogar leyes; para consultar materias de trascendencia nacional, estadal, municipal y parroquial; y para revocar cualquiera de los cargos de elección popular.

[11] Gobiernos como los de Piñera, Bolsonaro y Duque, entre otros, recurren frecuentemente a una retórica anticomunista contra las fuerzas progresistas, movimientos sociales y organizaciones indígenas.

[12] En adelante MS.

[13] Desde los Estados Unidos se propuso la “Teoría de la Movilización de Recursos”, cuyos exponentes principales son Charles Tilly (1993), Sidney Tarrow (1997), Doug Mc Adam, Sidney Tarrow, y Charles Tilly (2005). Los aportes europeos han sido denominados “Teoría de las Identidades Colectivas”, siendo sus exponentes Alan Touraine (2005) y Alberto Melucci  y Alejandro Massolo (1990), entre otros.

[14] Salvo excepciones como el EZLN en México (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) y Desobediencia Popular-Proyecto Nuestra América en Venezuela (cuyos principales líderes fueron Carlos Lanz Rodríguez, Roland Denis y Luis Villafaña).

[15] Los “revolucionarios profesionales” de Lenin son equivalentes a los “políticos profesionales” de los sistemas políticos liberales. Representan una división muy marcada del trabajo, entre intelectuales que toman las decisiones y militantes que cumplen esas decisiones.

[16] Consultar el texto de Antonio Gramsci: “Los Consejos de Fabrica” (2004).

[17] Consultar el texto de Serge Bricianer:  “Anton Pannekoek y los consejos obreros” (1976).

[18] A Holloway se le ha considerado como teórico del movimiento zapatista en México, el cual actúa bajo principios antiestatales y antipartidistas.

[19] Estallido social que fue duramente reprimido mediante las Fuerzas Armadas y suspendiendo las garantías constitucionales durante tres semanas, con un saldo de centenares de civiles asesinados.

[20] Democracia obrera que Carlos Marx sistematizó de la experiencia de la Comuna de París, en su obra: “La Guerra Civil en Francia” (1978).

[21] Algunos de estos principios, como el referéndum popular,  la revocatoria del mandato y la rotación en los cargos, fueron recogidos en artículos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999 (artículos 70 al 74, 95).

[22] Las formas de representación política asumidas por las nuevas constituciones surgidas de los procesos constituyentes en Venezuela, Ecuador y Bolivia continuaron mediadas por los partidos políticos, le dio continuidad a la vieja representatividad partidista de las democracias liberales occidentales

[23] García Linera enfatiza en la desaparición de la otrora poderosa Central Obrera Boliviana, COB, como actor político principal del conflicto social boliviano (García Linera, 2008:349).

[24] En adelante CONAIE.

[25] Período de significativas transformaciones políticas enmarcadas en la llamada “Ola Progresista” de gobiernos de izquierda que accedieron al poder mediante procesos electorales en la primera década de este siglo XXI y que tuvieron impacto en todo el continente

[26] Edgar Isch, exministro del ambiente del Ecuador, entrevista realizada el 14 de diciembre de 2021.

[27] Nayra Chalán, vicepresidenta de ECUARUNARI, entrevista realizada el 8 de noviembre de 2021.

[28] Para conocer más sobre el levantamiento indígena del Inti Raymi de 1990, recomendamos la obra de  Segundo Moreno Yánez y José Figueroa (1992), titulada: El levantamiento indígena Inti Raymi de 1990.

[29] Nayra Chalán también resalta el carácter colectivo de esos derechos indígenas que consagró la Constitución del 2008: “están otros actores como sujeto de derecho y es un sujeto colectivo y dice el titular de derechos son las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades”

[30] Pablo Ospina, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, entrevista realizada el 4 de noviembre de 2021.

[31] Silvio Álvarez, dirigente indígena Aiwá, entrevista realizada el 8 de octubre de 2021. Pablo Ospina, ibídem.

[32] Isch, ibídem.

[33] Milton Maya, investigador del Centro Andino de Investigación Popular (CAAP), entrevista realizada  el 25 de julio de 2021.

[34] Laura Isabel Vargas, presidenta del Unión nacional de educadores del Ecuador-UNE, entrevista realizada el 05 de marzo de 2022.

[35] Para Alberto Acosta (2017), expresidente de la Asamblea Nacional “Correa es un caudillo: no se fortaleció la democracia, por el contrario, se restringieron las libertades, se estableció un marco jurídico represivo y se golpeó duramente a los movimientos sociales que viabilizaron el triunfo de Correa en el 2006".  De igual manera nos lo refiere Stalin Herrera en una entrevista que le realizamos el 09 de febrero de 2022. “En los constantes discursos de Correa contra las organizaciones indígenas y los movimientos de trabajadores, éste les da un trato de “enemigo interno”...”

[36] “Profesores, no necesitan a la UNE, vengan directamente a conversar conmigo. Indígenas, no necesitan a la CONAIE, venga directamente conmigo para solucionar sus exigencias”. (Isch, 2021)

[37] Así lo refieren diferentes entrevistados como Edgar Isch, Silvio Álvarez, Nayra Chalán y Pablo Ospina.

[38] Frente Unitario de Trabajadores, creado en los años 80 como espacio de unificación de las principales centrales sindicales ecuatorianas.

[39] Unión Nacional de Educadores. El principal sindicato ecuatoriano de educadores, fundado en 1944.

[40] Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras.

[41] Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador.

[42] Vargas, Ibídem.

[43] Vargas, Ibídem.

[44] Ver decreto de Correa en: https://www.vicariatoaguarico.org/index.php/documentos/ecuador/1168-decreto-presidencial-n-1780

[45] Ver relatoría de los derechos de los Pueblos indígenas para contestar un cuestionario para el "Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos en relación a los derechos de propiedad indígena sobre las tierras, territorios y recursos naturales" en: https://www.inredh.org/archivos/pdf/informe_cuestionario_indigenas.pdf

[46] Ver: https://www.mch.cl/2009/01/28/controvertida-ley-de-mineria-es-aprobada-en-ecuador/

[47] Ospina, Ibídem

[48] La cultura política en el Ecuador ha ganado el plebiscito.  https://www.dw.com/es/la-cultura-pol%C3%ADtica-en-el-ecuador-ha-ganado-el-plebiscito/a-15086001.

[49] El numeral 9 del artículo 57 de la Constitución  del Ecuador dice: “Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral”. El numeral 4 consagra la propiedad sobre sus tierras: “Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles” en: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

[50] Chalan, ibídem.

[51] Chalan, ibídem.

[52] Álvarez, Ibídem.

[53] Rafael Correa pone fin a la iniciativa Yasuní ITT, cuya propuesta original la había realizado el propio Correa. Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/15/nota/1294861/rafael-correa-pone-fin-iniciativa-yasuni-itt/.

[54] Ospina, Ibídem.

[55] Chalan, ibídem y Álvarez, Ibídem.  Es importante destacar aquí que El Frente Popular está impulsado por el partido Unidad Popular, organización política con varias décadas de existencia. Su anterior denominación, Movimiento Popular Democrático, fue anulada por el Consejo Electoral durante el gobierno de Correa.

[56] Isch. Ibídem.

[57] Floresmilo Simbaña,  dirigente kichwa de la ECUARUNARI, entrevista realizada el 21 de diciembre de 2021.

[58] Chalan, Ibídem.

[59] Vargas, 2019.

[60] Pérez Torres, 2019.

[61] El historiador Juan Paz y Miño, cercano al correísmo, valora así las propuestas de la Minga: “las soluciones más "estructurales" del documento "Minga" […] son comunes a las aspiraciones que movilizan a la mayoría de ecuatorianos democráticos y progresistas” (Paz y Miño, 2021).

[62] Simbaña, ibídem.

[63] Empresario y banquero. Líder de la derecha ecuatoriana que hizo oposición constante al gobierno de Rafael Correa.

[64] Candidato del correísmo, que había ganado la primera vuelta con un 32,7 % de los votos.

[65] “Yaku Pérez debió entrar a la segunda vuelta […] hay elementos que indican que hubo fraude”. Isch. Entrevista citada.

[66] Maya. Ibídem.

[67] Maya. Ibídem.

[68] Corporación Latinobarómetro, 2018.

[69] Maya. Ibídem.

[70] Chalan, Ibídem

[71] Sostiene Nayra Chalan, al cuestionar acuerdos que Pachakutik ha realizado con la derecha en la Asamblea Nacional para combatir el correísmo: “somos una organización que se identifica claramente como izquierda, no estamos en el limbo, no decimos no estamos ni en la derecha ni en la izquierda, no estamos sueltos, tiene una línea ideológica por dónde camina y es la izquierda […] es el proyecto político de la CONAIE”. Chalan. Entrevista citada.

[72]  No obstante, Correa mantuvo una política agresiva contra el movimiento indígena, los ecologistas, y la “izquierda infantil”, considerándolos como los “peores enemigos del proceso” (Martínez y Acosta, 2014: 14).

[73] Javier Gómez, Director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bolivia, entrevista realizada el 22 de febrero de 2022. “El error político del MAS permitió que una oposición sin propuestas, sin alternativas, vaya acumulando fuerzas sociales y termine de agotar al gobierno de Evo Morales”, en los sucesos de noviembre de 2019.

[74] “El Tribunal Constitucional de Bolivia autoriza a Evo Morales a buscar la reelección como presidente sin límites” (BBC, 2017) .

[75] “Existe actualmente un mayor consenso sobre las similitudes entre las políticas sociales y económicas y un modelo neoextractivista, implementados tanto por gobiernos conservadores como progresistas en la región” (Rodrìguez, 2020: 235)

[76] El conflicto por la construcción de una carretera en el Parque Nacional y zona indígena TIPNIS ha sido emblemático en la lucha de comunidades indígenas contra el modelo extractivista. Véase: Siete años del conflicto entre el TIPNIS y el MAS.  http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion/siete-anos-del-conflicto-entre-el-tipnis-y-el-mas. El TIPNIS símbolo de la defensa de los Derechos Territoriales y de la Madre Tierra. https://cenda.org/especial-tipnis

[77] Pedro Pachaguaya, miembro de la Asociación de Antropólogos de La Paz, entrevista realizada el 22 de octubre de 2021.

[78] Ruth Bautista, investigadora del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, entrevista realizada el 18 de octubre de 2021.

[79] El MAS y las organizaciones sociales afines al gobierno de Morales promovieron un desconocimiento de los sindicatos de maestros por apoyar un paro de la COB exigiendo aumento de salarios. Ver: https://www.opinion.com.bo/articulo/el-pais/represalia-campesinos-instruyen-expulsar-maestros-faltones/20110417080200395968.html

[80] Entrevista a Samuel Flores Cruz, ex curaca de la Nación Qhara Qhara, entrevista realizada el 30 de octubre de 2021.

[81] Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

[82] Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia.

[83] Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – “Bartolina Sisa”.

[84] Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, fundada en 1982. En las conclusiones de la VI Comisión Nacional de la CIDOB en 2012 se concluyó: “queda claro la intromisión política del gobierno de turno en las estructuras orgánicas del movimiento indígena, creado a través de un reducido grupo de hermanos serviles a sus intereses que se han convocado para crear una falsa GAMPI violando nuestros estatutos y reglamentos viciado de nulidad, aptitud que reprocha el movimiento indígena toda vez que esta organización obedece a los intereses del gobierno de turno y líneas del MAS […] Que el gobierno del MAS viene violando los derechos fundamentales de la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales como son el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.” (CIBOB, 2012).

[85] CONAMAQ: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, fundado en 1997. En Enero de 2014 su sede principal fue asaltada por una turba enviada por el gobierno, con respaldo policial y judicial, procediendo a instalar una nueva directiva nacional afín al MAS (CONAMAQ, 2014).  

[86] “Con su voto, el MAS creía poder evitar la continuación de las violencias, pero al hacerlo ofrecía una apariencia de legitimidad democrática al golpe de Estado” (Habel, 2020).

[87] Ver el Estatuto de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae (2014).

[88] Evo Morales dijo al respecto: “Fundación que perjudique la explotación de los recursos naturales” en Bolivia “se tiene que ir del país” (Wanderley, 2018).

[89] El MAS perdió 6 de las 9 gobernaciones regionales en las elecciones subnacionales de abril de 2021 (Molina, 2021).

[90] Hacia Santa Cruz existe una migración interna del 11 % anual. El proyecto de modernidad del agro negocio y la minería aún no ha encontrado su contraparte en la izquierda (Gómez, 2022).

[91] Según Ricardo Chirinos (2021), con “el retorno de la democracia, en el año 2000, se reconfiguran los movimientos sociales a partir de la lucha contra el extractivismo minero y petrolero.

[92] Guillermo Valdizan  (2021) la denomina “Crisis de régimen”. Para Valdizan (2021), el neoliberalismo conformó en el Perú un “estado mínimo” que no es capaz de garantizar los derechos sociales fundamentales, lo que genera los constantes conflictos de las últimas décadas.

[93] Casi el 70 % del territorio nacional ha sido entregado en concesiones a compañías mineras y petroleras. (Chirinos, 2021)

[94] Para conocer la historia de María Elena Moyano recomendamos  la lectura del trabajo de Luis Martín Valdiviezo Arista (2020), titulado:  “María Elena Moyano: construyendo ciudadanía y paz desde el Perú excluido”.

[95] Como el Proyecto Minero Conga, que tenía prevista una inversión de 4.800 millones de dólares. https://iimp.org.pe/noticias/las-razones-de-la-paralizacion-del-proyecto-minero-conga

[96] ¿Qué fue el Baguazo? Causas y consecuencias de una matanza.   https://rpp.pe/peru/actualidad/que-fue-el-baguazo-causas-y-consecuencias-de-una-matanza-noticia-996965

[97] El conflicto minero en Cajamarca atenaza al Gobierno de Perú.   https://elpais.com/internacional/2012/06/22/actualidad/1340367008_274476.html

[98] Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO) de la Defensoría del Pueblo. Perú.

[99] Defensoría del Pueblo. Perú. 2020. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Especial-026-2020-DP-Prevenci%C3%B3n-y-Gesti%C3%B3n-de-conflictos-APCSG.pdf

[100] Federación Nacional de Mujeres Campesinas, artesanas, indígenas, nativas y asalariadas del Perú.

[101] Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.

[102] La marcha de protesta del 12 de noviembre de 2020 es considerada una de las más concurridas de los últimos 20 años.

[103] “El Congreso de la República controlado por el fujimorismo cobró un protagonismo que no tenía precedentes desde la transición democrática”. (Paredes y Encinas, 2020).

[104] Las Rondas Campesinas son organizaciones creadas en los 70 en comunidades rurales con el fin de mantener la seguridad y organizar trabajos comunales  en las poblaciones del campo (Piccoli, 2009).

[105] Nuevo Perú participó en 2021 dentro de la coalición Juntos por el Perú, porque al no alcanzar el porcentaje requerido en las elecciones de 2020 el órgano rector electoral anuló su inscripción legal.

[106] Congresistas consideran que “Gabinete en la sombra” debería ser removido por Pedro Castillo (Barboza, 2022).

[107] Crece la crisis política en Perú y Pedro Castillo se tambalea. Portafolio. 07/04/2022. https://www.portafolio.co/internacional/crece-la-crisis-politica-en-peru-y-pedro-castillo-se-tambalea-563859