“FURIA BOLIVARIANA” BUSCA CONTENER EL DESCONTENTO POPULAR
Y VIOLENTAR NUEVAMENTE LA CONSTITUCIÓN
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
Luego
de denunciar en la Asamblea Nacional una serie de supuestas conspiraciones
contra su gobierno, y coincidente con las masivas jornadas de protesta que
maestros y trabajadores en general han realizado en todas las principales
ciudades de Venezuela desde el pasado 9 de enero, el presidente Nicolás Maduro
ha ordenado a sus seguidores, activar el plan “Furia Bolivariana” (https://www.facebook.com/watch/?v=2241841659346412), cuyos detalles no han sido especificados por el
gobierno, pero simultáneamente a ese llamado se ha producido una serie de
detenciones contra dirigentes sindicales y activistas políticos, a los cuales
el gobierno involucra en las supuestas conspiraciones ya mencionadas.
En
esta arremetida represiva, la Furia Bolivariana se ensañó contra dirigentes del
sindicato de educadores FENATEV (Federación Nacional de Trabajadores de la
Enseñanza de Venezuela), al allanar violentamente la sede sindical en la ciudad
de Barinas, y detener a su presidente, el profesor Víctor Venegas, educador con
29 años al servicio del magisterio venezolano (https://elpitazo.net/los-llanos/barinas-victor-venegas-lider-sindical-detenido-29-anos-al-servicio-del-magisterio/). Resalta el hecho de que fue en Barinas donde se
realizaron masivas manifestaciones de los educadores en los días anteriores a
la detención del profesor Venegas, lo que hace presumir que su detención
constituye una retaliación directa por encabezar la legítima y legal protesta
laboral que exige salarios y pensiones justas al gobierno.
El
allanamiento policial violentó la sede de Fenatev en Barinas, generó el derribo
de la puerta de metal de dicho sindicato, y no sólo se llevaron detenido al
profesor Venegas, sino que “incautaron” las computadoras del gremio y los
teléfonos celulares a los educadores allí presentes. En días posteriores,
coincidiendo con la conmemoración del 23 de enero de 1958, los cuerpos
policiales allanaron las sedes de varias organizaciones sociales (como el
Colegio de Ingenieros en Puerto Ordaz) y partidos políticos de oposición, y
procedieron a detener a varios líderes regionales del partido “Vente”, a los
cuales acusaron de estar involucrados también en la conspiración magnicida que
denunció Maduro.
Es
de resaltar que la supuesta conspiración, denominada “brazalete blanco” se
conoce, cómo única “prueba”, a partir de la “confesión” de uno de los
participantes en la misma, un militar que se había “fugado” de Ramo Verde, que
estaba en los Estados Unidos asilado, y que fue detenido al intentar ingresar a
Venezuela por una trocha cercana a la población de Cúcuta. Pues con dicho
militar la fiscalía y el gobierno repitieron el mismo guion ya conocido en
casos anteriores, de colocar al delator frente a una cámara, mientras lee la
confesión donde involucra a una serie de personalidades opositoras, las cuales
todas o casi todas se hallan fuera del país.
Esas
“confesiones” o delaciones, se realizan sin estar presentes ni fiscales ni
abogados defensores del detenido, y sin que se puedan verificar las condiciones
físicas y anímicas de la persona detenida. Ya es un hecho reiterativo que el
gobierno descubra supuestas conspiraciones contra el Estado venezolano,
utilizando el mismo expediente de colocar a un “delator estrella” que confiesa
todo ante las cámaras, e involucra a personalidades de la oposición política
(como también actuó la fiscalía en el caso de la desaparición de Carlos Lanz
Rodríguez).
La
supuesta conspiración, que según el “delator estrella” implicaba asaltar un
cuartel en el estado Táchira, habría sido planificada por oficiales en retiro
que se encuentran asilados en los Estados Unidos, e incluía la estrategia de
marchar hasta Caracas desde San Cristóbal, con las fuerzas militares que se
reunirían en esa ciudad luego de la toma del cuartel. Este dato hace poco
creíble la confesión del “delator estrella”, y más que un plan elaborado por
militares retirados hoy en el extranjero, parece un cuento paranoico de
personajes que se han alejado tanto de la realidad que consideran que cualquier
cuento de camino puede convencer a la opinión pública venezolana.
Con
esa confesión como única prueba que se ha dado a conocer, el gobierno pretende
acusar a una parte de la oposición política venezolana de estar involucrada en
una conspiración para asaltar un cuartel militar e intentar asesinar a un
gobernador y al propio presidente de la República. Esta forma de actuar,
contraria a principios fundamentales de la justicia, porque la “confesión” se
obtiene sin las garantías procesales mínimas y sin respetar el derecho del
acusado en cuanto a asistencia jurídica pertinente y necesaria, mediante la
tortura, como instrumento macabro e inhumano, cada vez más es utilizada por el
gobierno de Nicolás Maduro, como la principal herramienta para obtener la
confesión con guiones preestablecidos, aplicado a cualquier detenido político,
sea civil o militar, y mediante ello, arremeter contra dirigentes sindicales y
de partidos opositores.
Hay
que resaltar que algunas de las conspiraciones “develadas” en los últimos años,
a través de la confesión pública de personas supuestamente implicadas, generan
dudas razonables. El gobierno habla de supuestos grupos clandestinos que
previamente nadie conoce de su existencia, que no tienen nombre como
organización política, que no tienen líderes conocidos, y que posteriormente a
la actuación policial-militar contra ellos, dejan de tener existencia política.
Elementos que hacen pensar que esos grupos conspiradores son un invento de los
organismos de inteligencia del gobierno madurista, que no existen realmente, y
que dicha estrategia se usa para involucrar a voceros relevantes del
descontento ciudadano y de la protesta social democrática que se viene ejecutando
en el país en los últimos años.
Cualquier
ciudadano que haga oposición democrática al gobierno del PSUV-militares, corre
el riesgo de ser involucrado en estas supuestas conspiraciones que Maduro viene
utilizando como instrumento para justificar la represión, extorsión, chantaje,
persecución y aniquilamiento de los sectores políticos que intentan rescatar la
vigencia de la Constitución y del orden democrático en Venezuela.
El
remate de esta campaña de furia bolivariana ha sido la ratificación por el TSJ
de la inhabilitación de dos importantes dirigentes de oposición, lo que amenaza
con cerrar las puertas de la participación electoral a cualquier candidato que
pueda recoger el gigantesco descontento social y rechazo político que existe
hacia el gobierno de Nicolás Maduro.
Desde
la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, ratificamos que la lucha
democrática, pacífica y electoral, es la que puede lograr el restablecimiento
de la Constitución Nacional y lograr, en su marco, un cambio de gobierno. Esta lucha del pueblo venezolano no la
concebimos como un simple “muñequeo” de negociaciones entre élites políticas,
sino que la entendemos fundamentalmente en las movilizaciones pacíficas que
maestros, enfermeras y demás grupos de trabajadores venezolanos vienen
realizando en los últimos años por reconquistar sus derechos laborales
conculcados por el madurismo.
Tampoco
creemos, y en cambio rechazamos de manera clara, que la intervención de
potencias extranjeras, a través de sanciones y de posibles invasiones,
constituyan caminos que conduzcan a solucionar la crisis política en Venezuela.
La resolución de la crisis generada por el gobierno madurista debe ser obra de
los propios venezolanos, sin intervención extranjera de ningún tipo, más allá
de las delegaciones como observadores electorales (las cuales sí son
necesarias).
El
gobierno de Nicolás Maduro perdió completamente el respaldo popular que heredó
del presidente Chávez. Sólo se puede sostener mediante acciones de fuerza, y
violaciones reiteradas a la Constitución. Esta campaña de “Furia Bolivariana”
es la respuesta represiva y cuasi fascista que da Maduro ante las grandes
manifestaciones de protesta laboral que se suscitan desde hace varios años en
toda Venezuela, y es la respuesta a la posibilidad casi segura de derrota en el
escenario electoral presidencial previsto para este 2024.
Criminalizar
a los dirigentes sindicales y sociales, involucrarlos en supuestas
conspiraciones militares de las cuales no presentan pruebas, más allá de las
“confesiones” obtenidas sin las debidas garantías constitucionales y legales,
(ni un cuchillo de cocina ha presentado el gobierno como prueba de esos
supuestos planes magnicidas, en contraste con el armamento pesado incautado a
bandas hamponiles como el Koki y el Niño Guerrero), es la estrategia de terror
desatada desde el Estado para contener el descontento popular, desarticular a
las organizaciones políticas opositoras, y evitar una segura derrota en las
presidenciales.
Rechazamos
el plan fascista “Furia Bolivariana”, exigimos la libertad de todos los
dirigentes sindicales y de partidos políticos opositores que han sido
detenidos, y rechazamos la inhabilitación de candidatos opositores. Emplazamos
a Nicolás Maduro a que respete los acuerdos de Barbados tendientes a facilitar
unas elecciones presidenciales con garantías democráticas.
Exhortamos
a todo el pueblo venezolano, a las fuerzas sindicales y gremiales que exigen
salario justo y derechos laborales constitucionales, a los partidos políticos y
demás organizaciones de la sociedad civil que hacen oposición al madurismo, a
que bajo un espíritu de unidad en la diversidad, y en base a un programa mínimo
de transformaciones económicas, políticas y sociales tendientes a la
recuperación de la nación, se mantenga la lucha pacífica y democrática, en las
calles y en los centros de trabajo y de estudio, en las fábricas y campos, pues
sólo esa lucha pacífica, democrática, unitaria, es la que puede permitir
consolidar una fuerza social que obligue al madurismo a respetar la
Constitución y permitir elecciones con garantías democráticas de participación.
¡RECONQUISTEMOS LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN!
¡NO AL FASCISMO DE LA LLAMADA FURIA BOLIVARIANA!
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
Santiago Arconada. Juan García. Edgardo Lander. Roberto
López Sánchez. Gustavo Márquez. Oly Millán. Héctor Navarro. Ana Elisa Osorio.
Ana Sofía Viloria.
República Bolivariana de Venezuela, 28 de enero de 2024
